La Sala Constitucional de Costa Rica declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo tras determinar que la extracción mecanizada intensiva en el río Tempisque ha causado daños ambientales significativos y una respuesta estatal insuficiente. El Tribunal advirtió que estas actividades han provocado la alteración del cauce, daños a la biodiversidad y un fenómeno de “drenaje inverso” que afecta el equilibrio hídrico. Además, se señaló que la falta de fiscalización técnica pone en peligro la seguridad de los habitantes de Filadelfia, debido al debilitamiento de las bases del muro de contención y al riesgo de hundimiento en la zona.

En consecuencia, la sentencia ordena a instituciones como la Dirección de Geología y Minas, SETENA, SINAC y las Municipalidades de Liberia y Carrillo ejecutar acciones coordinadas en un plazo de tres meses. Entre las órdenes destacan la elaboración de un informe integral sobre las concesiones vigentes, la evaluación de impactos acumulativos en los humedales y el refuerzo de la vigilancia territorial. Asimismo, el fallo resalta la necesidad de proteger la actividad de los extractores artesanales como una práctica cultural y fuente de trabajo legítima.

La resolución, aprobada por mayoría, advierte a las autoridades que el incumplimiento de estas disposiciones conlleva penas de prisión de hasta dos años. Aunque la mayoría de los magistrados respaldaron la tutela efectiva del ambiente, hubo votos salvados que sugirieron que el caso debía dirimirse en la jurisdicción contencioso-administrativa. Finalmente, se condenó al Estado y a las municipalidades involucradas al pago de costas, daños y perjuicios por las omisiones presentadas.

El Colegio de Químicos de Costa Rica expresó su profunda preocupación ante el aumento significativo en el decomiso de cianuro, una sustancia altamente peligrosa cuyo manejo inadecuado representa un riesgo grave para la salud pública y el ambiente.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud compartidos al Colegio de Químicos, durante el año 2025 se destruyeron 3.875 kilogramos de cianuro, mientras que en lo que va del 2026 la cifra asciende ya a 13.200 kilogramos. En total, desde el año 2019 y hasta abril de 2026, se han destruido 33.980 kilogramos de este producto. El material es destruido bajo contrato con gestores de residuos o empresas autorizadas, conforme a la normativa vigente.

“Estas cifras evidencian la magnitud del problema y refuerzan la preocupación sobre el trasiego de sustancias químicas peligrosas bajo condiciones de manipulación y almacenamiento dudosas, lo que incrementa la probabilidad de incidentes no controlados con consecuencias negativas para la salud y el ambiente, debido a sus propiedades altamente tóxicas y potencialmente letales. Sustancias químicas peligrosas”, expresó el presidente del Colegio de Químicos, Alexander Mata.

Las situaciones no controladas que involucran sustancias peligrosas pueden provocar afectaciones negativas a la salud y al ambiente, debido a que estas pueden presentar características corrosivas, tóxicas, inflamables, irritantes, radioactivas, explosivas, pirofóricas o cancerígenas.

El Colegio advierte que, además del trasiego ilegal del cianuro que se ha decomisado, existe una exposición cotidiana de los  productos químicos del hogar, muchos de los cuales son almacenados en condiciones inadecuadas, sin rotulación o en recipientes deteriorados. Esta realidad aumenta el riesgo de intoxicaciones, incendios y otros eventos que pueden afectar tanto a las personas como al entorno.

En ese sentido, se hace un llamado a la población a informarse sobre el manejo seguro de productos químicos del hogar y a adoptar prácticas adecuadas de almacenamiento, con el fin de reducir riesgos innecesarios en el entorno doméstico.

Paralelamente, el Colegio de Químicos de Costa Rica reitera su disposición de colaborar con las autoridades competentes en la atención de este tipo de situaciones  y en el fortalecimiento de acciones preventivas frente al manejo de sustancias químicas peligrosas.

Finalmente, se hace un llamado a la población y a las instituciones públicas y privadas para que, ante dudas, emergencias o necesidad de información sobre cualquier producto químicos, su almacenamiento, manipulación segura y riesgos asociados, acudan al Colegio de Químicos de Costa Rica o a profesionales en Química debidamente colegiados, quienes cuentan con la formación científica y técnica necesaria para proteger la salud y el ambiente.

• La organización destaca su modelo de gestión sostenible basado en la conservación ambiental, el uso responsable de recursos y el desarrollo comunitario.
• Sus programas reflejan resultados sostenidos en biodiversidad, eficiencia operativa y educación ambiental.

Abril, 2026. En el marco del Día de la Tierra, Reserva Conchal pone en valor su estrategia integral de sostenibilidad como eje central de su modelo de gestión y reafirma su compromiso con la protección del entorno natural y el desarrollo sostenible.

Más que una fecha conmemorativa, esta efeméride representa para el destino una oportunidad para visibilizar un enfoque que forma parte de su operación diaria, donde cada decisión responde a criterios de conservación de los recursos naturales, protección de la biodiversidad y bienestar de las comunidades locales.

Actualmente, Reserva Conchal impulsa una serie de programas que reflejan esta visión integral. En materia de biodiversidad, destaca la gestión del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal, orientada a la protección de ecosistemas terrestres, e iniciativas como la operación de 2 apiarios y el desarrollo de un laboratorio genético de abejas enfocado en el mejoramiento de la especie, con el objetivo de fortalecer su resiliencia ante el cambio climático y contribuir a la estabilidad de los ecosistemas.

De forma complementaria, en alianza con la Fundación Salvemonos, se ha realizado una inversión de $60 mil destinada a la protección de la fauna, que ha permitido la instalación de 82 pasos de fauna y ha beneficiado directamente a 7 comunidades.

En cuanto a la gestión del recurso hídrico, el destino asegura el tratamiento total de las aguas residuales provenientes tanto del componente hotelero como residencial, lo que permite su reutilización en el riego de áreas verdes y del campo de golf.

Las operaciones de hoteles, club de playa y campo de golf cuentan con certificación de carbono neutralidad, lo cual refuerza su compromiso con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

En gestión de residuos, a marzo de 2026 se alcanzó una tasa de valorización del 95,77% en las operaciones hoteleras, mediante la adecuada separación y tratamiento de fracciones como orgánicos, reciclables, coprocesamiento y agregados de construcción, lo que minimiza la disposición final en relleno sanitario.

La estrategia también incorpora programas de educación ambiental como Simbiosis, enfocado en niños de comunidades aledañas. Desde 2017, esta iniciativa ha capacitado a más de 3.700 niños, lo cual fortalece la conciencia ambiental y promueve una relación responsable con el entorno desde edades tempranas.

Este enfoque se complementa con iniciativas como la huerta agroecológica Najui, “mujer” en idioma chorotega, liderada por mujeres de la comunidad, donde se impulsa la producción agrícola sostenible que actualmente abastece a los hoteles del destino y fomenta la innovación junto a profesionales del sector.

“Nuestro enfoque de sostenibilidad parte de entender el destino como un sistema interconectado, donde cada decisión tiene un efecto en el entorno y en las personas. Por eso, trabajamos con una visión integral que prioriza la consistencia en el tiempo, la toma de decisiones informadas y la articulación con distintos actores. Más que iniciativas aisladas, buscamos consolidar una forma de operar que evoluciona, se adapta al contexto y responde de manera responsable a los retos ambientales y sociales del territorio”, señaló Gabriela Meza, gerente de Sostenibilidad de Reserva Conchal.

En los últimos años, estos programas han mostrado una evolución sostenida, reflejada en una mayor eficiencia en el uso de los recursos, la consolidación de áreas de conservación y una creciente participación de colaboradores y comunidades locales como aliados estratégicos.

De cara a 2026, el destino mantiene metas orientadas a continuar optimizando el uso del agua, seguir fortaleciendo la conservación de ecosistemas, avanzar en la reducción del impacto ambiental de sus operaciones y profundizar la integración de las comunidades en los programas de sostenibilidad.

A través de estas acciones, Reserva Conchal reafirma su compromiso con una operación responsable, enfocada en la conservación del entorno natural, la generación de valor para sus huéspedes y el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

El pasado 22 de abril en Playa Panamá (Guanacaste), habitantes y colectivos como Salvemos Playa Panamá, SalveMonos, ContraGentrificación Costa Rica y Savage Lands realizaron una movilización pacífica para expresar su preocupación ante la tala prevista de una zona de bosque costero.

“El bosque no es solo un conjunto de árboles, sino un sistema que regula el agua y el clima”, señala una nota de los organizadores.

Los participantes destacaron la importancia de proteger los ecosistemas existentes, especialmente en una región afectada por el aumento de temperaturas y la presión sobre los recursos hídricos.

La Asociación de Concesionarios del Polo Turístico Golfo de Papagayo (ASOPAPAGAYO) manifestó su profunda preocupación y alerta sobre los posibles efectos ante la resolución emitida por el magistrado de la Sala Constitucional, don Fernando Cruz C., que impone una moratoria total sobre permisos de corta de árboles y suspende el otorgamiento de autorizaciones de construcción y modificaciones de densidad dentro del Polo. -PTGP-

Es una decisión que, según el criterio de nuestros abogados, resulta ilegal, abusiva y se atribuye potestades que solo corresponden al pleno de la Sala.  En sus efectos, genera inseguridad jurídica, afectación de la credibilidad en las instituciones y paralización del proyecto turístico más importante y que más empleo y atracción de inversión genera para Guanacaste

“Aquí no solo se está frenando un proyecto, se está poniendo en duda la seguridad jurídica del país”, afirmó Rodrigo Castro, director ejecutivo de la Asociación de Concesionarios del Polo Turístico Golfo de Papagayo (ASOPAPAGAYO).

El Polo Turístico Golfo de Papagayo es producto de una política pública de más de 50 años, sustentada en leyes, planificación técnica y decisiones del Estado costarricense. Es, además, el proyecto más regulado y supervisado del país. Su Plan Maestro, vigente desde 1995, establece reglas claras y obligatorias para concesionarios y autoridades, lo que garantiza el cumplimiento del deber constitucional de protección ambiental.

La evolución del PTGP responde a decisiones legítimas del Estado mantenidas por más de medio siglo. Por eso, cualquier cambio abrupto en sus reglas afecta directamente la seguridad jurídica, debilita la confianza de inversionistas y pone en riesgo la estabilidad de un modelo que ha sido exitoso y ha generado resultados reales para todo el país.

“Estamos hablando de un modelo que el propio Estado construyó y ha respaldado durante más de 50 años, que ha sido avalado y ratificado por la misma Sala, por lo que esta abrupta y sorpresiva decisión genera gran incertidumbre”, agregó Castro.

La medida cautelar decretada, es a todas luces desproporcional e inconexa con el objeto de la acción de inconstitucionalidad planteada.  Además, impacta en el necesario equilibrio entre desarrollo, protección ambiental, bienestar social y la seguridad jurídica.

El impacto es inmediato. El PTGP ha canalizado más de $2.200 millones en inversión ejecutada y mantiene cerca de $2.900 millones en desarrollo, para un total que supera los $5.100 millones. Estas cifras reflejan la confianza sostenida de inversionistas nacionales e internacionales en la estabilidad jurídica y ambiental de Costa Rica. Hoy, esa confianza se ve comprometida.

“Si el proyecto de Costa Rica mejor regulado, con normativa estricta y directrices muy robustas puede ser paralizado de esta forma, el mensaje para la inversión es muy preocupante”, señaló Castro.

Empleo guanacasteco en peligro

El impacto también se refleja con claridad en el empleo. Entre 4.000 y 5.000 empleos directos, según la temporada, dependen del Polo Turístico Golfo de Papagayo, junto con alrededor de 13.500 empleos indirectos en encadenamientos productivos vinculados a servicios, comercio, agricultura, pesca y transporte. A esto se suma la actividad constructiva, que en momentos de mayor desarrollo ha llegado a concentrar más de 5.000 trabajadores en un solo día, lo que refleja la magnitud del dinamismo económico que hoy se ve amenazado.

El 90% de la fuerza laboral del Polo es guanacasteca. Es el principal generador de empleo formal en la provincia e incide directamente en los cantones de Liberia y Carrillo. Además, es muy relevante en comunidades enteras como Guardia, Playa Panamá, Altos del Roble y El Triunfo, y genera encadenamientos productivos en agricultura, pesca, transporte, servicios y emprendimientos locales.

La paralización no está afectando solo un proyecto, está impactando un ecosistema socioeconómico completo y a comunidades enteras, a las que se les cercenan oportunidades sin ninguna alternativa real. Está en juego la credibilidad del país. “Costa Rica ha construido una reputación de estabilidad. Decisiones como esta ponen esa reputación en riesgo”, afirmó Castro.

ASOPAPAGAYO hace un llamado urgente a los señores magistrados para que rectifiquen esta decisión, porque lo que está en juego no es menor. “Hoy no solo se paraliza un proyecto. Se pone en duda la estabilidad jurídica de Costa Rica”, concluyó Castro.

En las zonas rurales de Costa Rica, la minería artesanal y de pequeña escala se ha convertido, para muchas familias, en el principal medio de sustento. Sin embargo, esta actividad conlleva una doble cara: aunque representa una fuente de ingresos vital, también implica serios riesgos para la salud humana y el medioambiente debido al uso de mercurio en los procesos de extracción de oro.

Ante este panorama, el país se prepara para impulsar una transformación en el sector con el lanzamiento del proyecto planetGOLD Costa Rica, una iniciativa internacional que busca eliminar el uso de mercurio y promover prácticas más seguras y sostenibles dentro de la minería artesanal.

La iniciativa es financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y ejecutada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la Alianza por la Minería Responsable. Su objetivo central es reducir la exposición al mercurio —un metal altamente tóxico— y mitigar su impacto en ecosistemas estratégicos.

A través de este programa, se impulsará la adopción de tecnologías limpias que permitan extraer oro sin recurrir al mercurio, se fortalecerán las capacidades técnicas de los mineros y se trabajará en la integración de los pequeños productores en mercados formales. Todo ello, con la meta de mejorar las condiciones laborales y disminuir la huella ambiental de una actividad que ha operado históricamente en los márgenes de la formalidad.

El reto es significativo. La informalidad, el difícil acceso a tecnologías limpias y las barreras económicas han limitado durante años la posibilidad de modernizar los procesos productivos. Frente a esta realidad, el proyecto planetGOLD se plantea como una ventana de oportunidad para construir un nuevo modelo.

El proyecto se extenderá durante los próximos cinco años, un período en el que se espera avanzar hacia una minería artesanal más responsable, segura y sostenible en el territorio costarricense, demostrando que es posible compatibilizar el desarrollo económico con la conservación ambiental y el bienestar de las comunidades.

El proyecto de ley expediente 22 981, que propone crear el Área Silvestre Protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal, avanza en su trámite y actualmente se encuentra en discusión en el Plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

La iniciativa busca fortalecer la protección ambiental del lago y su entorno, garantizar la calidad del agua potable y de riego, así como establecer reglas claras para el desarrollo de actividades turísticas sostenibles en la zona.

El proyecto introduce la figura de Paisaje Nacional dentro del sistema de áreas protegidas administrado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, lo que permitiría proteger el embalse y su biodiversidad sin impedir las actividades productivas sostenibles que se desarrollan en el territorio.

Además, la propuesta establece medidas para prevenir la contaminación del lago, proteger sus ecosistemas y asegurar el acceso al agua para las actuales y futuras generaciones, especialmente en la provincia de Guanacaste.

El proyecto también resguarda la generación eléctrica del embalse, considerada su función estratégica principal, y promueve que el turismo en la zona se desarrolle de forma ordenada y compatible con la conservación del recurso hídrico.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones del sector turístico, entre ellas la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica, la Cámara de Turismo de Guanacaste, la Cámara de Turismo de Tilarán, la Cámara de Turismo El Castillo, la Cámara de Turismo Arenal-Fortuna y la Cámara de Turismo de Monteverde, así como de gobiernos locales como las municipalidades de Tilarán y San Carlos.

De aprobarse, la gestión del área protegida involucraría a instituciones como el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, junto con municipalidades y actores locales.

La propuesta pretende proteger el Lago Arenal y asegurar un desarrollo sostenible que combine conservación ambiental, turismo responsable y bienestar para las comunidades de la región.

La Sala Constitucional declaró con lugar un nuevo amparo por la inacción del Estado frente a la minería ilegal que tiene lugar en Cutris de San Carlos.

Mediante el voto 2026-10560, los magistrados acogieron una serie de reclamos por las omisiones sistemáticas y reiteradas del Gobierno de la República frente a la actividad que se lleva a cabo en el fallido proyecto minero.

En el recurso se alegó que diferentes instituciones públicas han incumplido sus deberes constitucionales y legales de protección de los derechos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, a la seguridad pública y al acceso al agua potable.

Puntualmente, se acusa una inacción de parte de los ministerios de la Presidencia, de Salud, de Seguridad Pública (MSP), así como de Ambiente y Energía (MINAE), además del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Tal situación ha provocado que una actividad ilegal, aparentemente perpetrada por extranjeros que ingresan de forma irregular al territorio nacional, derive en daños ambientales irreparables, contaminación de fuentes hídricas por mercurio y arsénico, pérdida de diversidad, entre otros.

Asimismo, se señala que lo anterior ha comprometido la soberanía nacional.

En tal sentido, a las autoridades recurridas se les dispuso:

Al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.

• Mantener de modo permanente e indefinido la presencia policial.
• Reforzar el control migratorio en los puntos fronterizos requeridos para impedir el ingreso ilegal de personas.
• Mantener el control y vigilancia con la finalidad de evitar que continúe la actividad de minería ilegal de cualquier tipo en esta región.
• Adoptar las medidas pertinentes dentro del marco de sus competencias para contar con el presupuesto y el recurso humano necesario para el desarrollo eficiente y efectivo de las actividades de vigilancia, prevención, seguimiento y control en la zona.
• Coordinar medidas y acciones con otras instituciones involucradas en el tema.

A la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, Lourdes Sáurez.

• Continuar con el suministro de agua potable a las poblaciones afectadas mientras permanezca el riesgo latente de contaminación por la minería ilegal en Crucitas.
• Adoptar las medidas necesarias a fin de que, en el plazo de 18 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, concluya el Proyecto integral de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Llano Verde, Crucitas, Jocote, Chorreras, El Roble y Chamorro.
• Continuar con las labores de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Salud y con las demás instituciones que se requieran para atender la problemática de la contaminación de agua potable y la obligación de suministrar agua potable en el lugar, en lo que a su ámbito de competencia se refiere.

A la ministra de Salud, Mary Munive.

• Continuar con el control y seguimiento en lo que a su ámbito de acción corresponde.
• Mantener su participación activa en la Comisión Interinstitucional para Atender de Forma Integral las Necesidades Ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad en la Zona de Crucitas, en lo que a su ámbito de acción atañe a fin de dar una solución definitiva al problema denunciado.

Al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, en conjunto con la ministra de la Presidencia, Laura Fernández.

• Que procedan de manera inmediata a adoptar las medidas pertinentes para que dentro del  improrrogable de tres meses a partir de la notificación de esta sentencia, le remitan al Alto Tribunal un plan detallado de las acciones que va a emprender cada una de las instituciones que integren la Comisión Interinstitucional para Atender de Forma Integral las Necesidades Ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad en la Zona de Crucitas, con indicación y cronogramas claros de las medidas por adoptar para proteger los recursos ambientales afectados, así como de las acciones de restauración, saneamiento y mitigación por desarrollar.
• Deberán verificar que cada órgano integrante de ese foro determine, de acuerdo con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente les corresponde ejecutar, dentro de un plan único que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta.
• Adoptar las medidas apropiadas dentro del ámbito de sus competencias para que las acciones propuestas dispongan de los recursos económicos, materiales y humanos que se requieran con miras a que sean ejecutadas a más tardar en 12 meses, a partir de la notificación de esta sentencia.

Los jueces además condenaron al Estado, así como a Acueductos y Alcantarillados, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

De igual forma, la Sala advirtió a los recurridos que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de 3 meses a 2 años, o de 20 a 60 días multa, a quien incumpla una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo.

La gestión fue conocida y resuelta por los magistrados Fernando Castillo (presidente), Fernando Cruz, Paul Rueda (instructor), Luis Fernando Salazar, Jorge Araya, Anamari Garro e Ingrid Hess.

Cruz consignó una nota separada, mientras que Garro salvó el voto en cuanto a la sede de la ejecución de la sentencia y Salazar hizo lo propio y se inclinó por declarar el recurso sin lugar por corresponderle a la jurisdicción contenciosa administrativa.

La resolución integral del expediente 25-026634-0007-CO está en redacción. Una vez que ese proceso concluya y se notifique a las partes, la misma será publicada en el sitio de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Nexus, de modo tal que toda persona interesada pueda leerla.

Fuente: Teletica.com

En un operativo de gran escala que se desarrolla desde las primeras horas de este miércoles, la Fiscalía Adjunta Ambiental, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ejecuta seis allanamientos simultáneos en el distrito de Bijagua, cantón de Upala, como parte de una investigación por el presunto trasiego y comercio ilegal de vida silvestre.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, las diligencias se llevan a cabo en cinco instalaciones dedicadas a la actividad turística y en una casa de habitación ubicada en esa misma localidad de la región norte de Alajuela. La zona de Bijagua es reconocida internacionalmente por su gran biodiversidad y su potencial para el ecoturismo, lo que otorga una relevancia particular a este caso.

Los allanamientos responden a la causa penal 25-000049-0611-PE, en la cual se investiga a un grupo de personas por su presunta participación en la captura, traslado y ocultamiento de animales silvestres. Según detalló la Fiscalía, las pesquisas apuntan a que los especímenes eran mantenidos en cautiverio y exhibidos ante turistas sin contar con los permisos de ley otorgados por las autoridades competentes.

El objetivo principal de los operativos es ubicar y asegurar evidencia clave para la investigación, así como localizar y rescatar posibles ejemplares de fauna que estarían siendo víctimas de estos delitos. Las autoridades tienen especial interés en encontrar especímenes de alto valor ecológico, tales como osos perezosos (de dos y tres dedos), lapas rojas y verdes, y diversas especies de tortugas, entre otra fauna silvestre propia de la región.

Las intervenciones cuentan con el apoyo técnico indispensable del SINAC, entidad encargada de la verificación de las especies, su manejo y posterior resguardo. Además, la investigación no solo se centra en los propietarios o administradores de los negocios turísticos, sino que también contempla la eventual participación de vendedores locales que podrían estar abasteciendo ilegalmente de animales a estos establecimientos.

Este tipo de operativos busca combatir el delito de tráfico de fauna silvestre, una de las actividades ilícitas que más afecta la biodiversidad del país. Se espera que conforme avancen las diligencias en las próximas horas, las autoridades brinden un informe más detallado sobre la cantidad de animales decomisados y las posibles personas detenidas.

Fuente: teletica.com

• Autoridades impulsan acción conjunta contra los delitos ambientales.

En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, este martes 3 de marzo, más de 200 funcionarios de instituciones que aplican la Ley fortalecieron sus capacidades para enfrentar uno de los delitos ambientales más graves que enfrenta el país: el tráfico ilegal de fauna silvestre.

Cada año, más de 1.000 animales silvestres son extraídos ilegalmente de sus hábitats en Costa Rica para ser vendidos como mascotas, integrados a colecciones privadas o traficados hacia mercados internacionales. Este delito no solo afecta a especies emblemáticas, sino que debilita ecosistemas completos y alimenta redes de criminalidad organizada.

La Comisión Nacional de Seguridad Ambiental (CNSA), en colaboración con Humane World for Animals, y en el marco del proyecto “Mejorando la Capacidad de Costa Rica para Combatir el Tráfico de Vida Silvestre”, ha desarrollado más de 20 actividades de capacitación especializada.

En estas jornadas han participado funcionarios de:

• Policía de Fronteras
• Fuerza Pública
• Policía Turística
• Servicio de Vigilancia Aérea
• Servicio Nacional de Guardacostas
• Organismo de Investigación Judicial
• Ministerio Público
• Servicio Nacional de Salud Animal
• Correos de Costa Rica
• Dirección General de Aduanas
• Ministerio de Ambiente y Energía

Este esfuerzo representa uno de los procesos de fortalecimiento institucional más amplios realizados en el país para enfrentar los delitos contra la biodiversidad.

La CNSA ha consolidado un modelo de cooperación interinstitucional que articula al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, mediante la Fiscalía Ambiental, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Ambiente y Energía.

Este grupo interdisciplinario ha promovido:

• Atención integral de la delincuencia ambiental.
• Uso eficiente de recursos humanos y financieros.
• Intercambio estratégico de información.
• Trabajo multidisciplinario para desarticular redes criminales.

El tráfico de vida silvestre no es un delito menor: es una actividad ilícita que genera altas ganancias y que impacta directamente la seguridad ambiental, la salud pública y la imagen internacional del país.

En el Día Mundial de la Vida Silvestre, Costa Rica reafirma que la protección de su biodiversidad es un compromiso de Estado.

Fortalecer la capacidad de investigación, persecución penal y control fronterizo es fundamental para frenar la extracción ilegal de especies que pertenecen al patrimonio natural de todos los costarricenses.

La biodiversidad no es mercancía. Es vida, es patrimonio y es futuro.

• 84 brigadistas y distintas instituciones públicas, privadas y comunitarias intervinieron 2,8 km de ronda cortafuego en el Parque Nacional Barra Honda.

• La articulación entre autoridades ambientales, cuerpos de bomberos y sector privado fortalece la resiliencia del área protegida ante la temporada de incendios.

Por tercer año consecutivo, el pasado 28 de febrero se llevó a cabo la jornada interinstitucional impulsada por Reserva Conchal con el fin de fortalecer la prevención de incendios forestales en el Parque Nacional Barra Honda, una de las áreas silvestres protegidas más representativas del bosque tropical seco en Costa Rica.

En esta edición participaron 84 personas entre brigadistas y voluntarios, quienes intervinieron 2,8 kilómetros de ronda cortafuego estratégica dentro del área protegida, además de realizar labores de mantenimiento general y mejoras en el aula ambiental.

La jornada reunió capacidades técnicas de distintas instancias, entre ellas el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, brigadas forestales regionales, organizaciones ambientales y voluntarios del Hotel Westin y W Costa Rica, junto a Reserva Conchal como facilitador de esta iniciativa.

La acción se desarrolla en un contexto donde la temporada seca incrementa la vulnerabilidad del bosque tropical seco ante incendios forestales. Las rondas cortafuego constituyen una herramienta preventiva clave para reducir la propagación del fuego y facilitar una respuesta más efectiva por parte de las autoridades competentes.

En este esfuerzo conjunto se facilitó la coordinación entre actores y se generaron las condiciones logísticas y organizativas necesarias para que el conocimiento técnico de las autoridades ambientales y brigadas especializadas se tradujera en acciones concretas de prevención en el Parque Nacional Barra Honda. Esta continuidad consolida una visión de largo plazo en la que la prevención se asume como una estrategia estructural de protección ambiental.

Esta intervención no solo reduce el riesgo de propagación de incendios durante la temporada seca, sino que fortalece la seguridad ecológica de un área protegida que resguarda biodiversidad, procesos ecológicos esenciales y servicios ambientales clave para la región.

Asimismo, la jornada evidenció la creciente participación de mujeres bomberas forestales en labores operativas, técnicas y de liderazgo, reforzando la evolución del manejo del fuego en Costa Rica hacia equipos más diversos y resilientes.

Más allá de la intervención puntual, esta tercera edición del voluntariado reafirma que la protección del territorio es una responsabilidad compartida. La articulación lograda demuestra que cuando instituciones, comunidades y sector privado coordinan esfuerzos, se fortalecen las capacidades colectivas para enfrentar desafíos ambientales complejos.

“Proteger el Parque Nacional Barra Honda significa resguardar procesos ecológicos esenciales que sostienen biodiversidad y almacenamiento natural de carbono. Nuestra ruta climática se traduce en acciones concretas como esta jornada interinstitucional, que por tercer año consecutivo fortalece la prevención desde el trabajo técnico y articulado. Que esta movilización crezca e incorpore más capacidades, incluido el liderazgo de mujeres brigadistas en primera línea, demuestra que la resiliencia territorial se construye con preparación, conocimiento y visión de largo plazo”, señaló Gabriela Meza, Gerente de Sostenibilidad de Reserva Conchal.

En ese sentido, se hace un llamado a más organizaciones, empresas e instituciones a sumarse a este tipo de estrategias preventivas que fortalecen la protección del Parque Nacional Barra Honda y otras áreas protegidas del país. La sostenibilidad territorial requiere visión compartida, coordinación y compromiso en el tiempo. Con esta jornada, Reserva Conchal reafirma su compromiso con el fortalecimiento de alianzas estratégicas y con la protección anticipada del patrimonio natural de Costa Rica.

Cientos de personas se dieron cita el pasado sábado 28 de febrero en el Parque Nacional Palo Verde para participar en la novena edición del Festival de las Aves, una actividad gratuita organizada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Familias, comunidades vecinas, visitantes nacionales y autoridades ambientales disfrutaron de una jornada dedicada a la educación ambiental, la recreación y la convivencia, que incluyó música en vivo, actividades culturales y deportivas, así como espacios informativos sobre la riqueza natural del humedal.

El festival se realiza cada mes de febrero en el marco del Día Mundial de los Humedales, con el objetivo de abrir las puertas del Parque Nacional Palo Verde a la ciudadanía y visibilizar la importancia ecológica de estos ecosistemas, así como el valor de las aves residentes y migratorias que encuentran en el humedal un sitio clave para su refugio y reproducción.

Durante la actividad, las personas asistentes tuvieron la oportunidad de aprender sobre la biodiversidad del humedal, participar en dinámicas recreativas y fortalecer el vínculo entre la comunidad y el área silvestre protegida. Además, el evento se consolida como un espacio de acercamiento institucional y rendición de cuentas con la población.

El Festival de las Aves nació a partir de la campaña “Salvemos Palo Verde”, impulsada en el año 2012, cuyo propósito fue recaudar fondos para la adquisición de maquinaria destinada al mantenimiento de los humedales. El éxito de esta iniciativa permitió no solo alcanzar la meta planteada, sino también invertir en otras labores prioritarias del Parque y fortalecer los procesos de educación ambiental.

“Con esa campaña nos dimos cuenta de que dentro de la misma comunidad había muchas personas que no conocían el Parque. Nos pareció muy importante acercarnos con este enfoque de educación ambiental en aves y conservación de la fauna. Hoy celebramos con orgullo la novena edición del Festival”, señaló Alexander León, director del Área de Conservación Arenal Tempisque.

Con esta novena edición, el Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT) reafirma su compromiso con la protección de los humedales y la promoción de actividades que fomenten el conocimiento, la participación comunitaria y la conservación de la biodiversidad en Guanacaste.