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Presentan consulta de constitucionalidad de proyecto de Ley que pretende convertir a Cóbano en un cantón
Un grupo de 10 diputados presentó el 17 de octubre una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV para definir si un proyecto de Ley que pretende convertir a Cóbano en un cantón más de la provincia de Puntarenas -iniciativa aprobada en primer debate- se ajusta a la normativa jurídica que rige la creación de nuevos territorios.
La consulta ante el Tribunal Constitucional lleva la firma de los legisladores Daniel Vargas, Ada Acuña, Jorge Rojas, Paola Nájera, Luis Fernando Mendoza, Manuel Morales, Melina Ajoy, María Marta Badilla, Alejandra Larios y Dinora Barquero.
De acuerdo con la legisladora Ajoy el trámite de un posible cantonato para Cóbano “ha causado un sinsabor para toda la provincia de Guanacaste a pesar de que existe un artículo dentro del mismo proyecto de que en el momento que exista una resolución definitiva de un Contencioso Administrativo pasaría a ser parte de la provincia”.
“Esta lucha aún no se ha perdido, seguiremos defendiendo los territorios peninsulares. Nosotros como Comisión de Guanacaste vamos a seguir impulsando el proyecto (del diputado Daniel Vargas para convertir a Cóbano, Lepanto y Paquera en el cantón 12 de Guanacaste) que actualmente se encuentra en discusión, tenemos varias mociones de audiencia, para que estos territorios sean parte de la provincia (de Guanacaste) como así lo ha dicho la historia”, añadió Ajoy.
La posibilidad de crear un cantón en Cóbano -geográficamente ubicado en la Península de Nicoya- se tramita en el expediente 23 109. La consulta de constitucionalidad se entregó en la Sala (3:43 p.m.) donde se conoce con el número de gestión 24-029226-007-CO.
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Trabajadores reclaman pago de trabajo realizado en cantones de Guanacaste
Un grupo de trabajadores de los cantones de Nicoya y Santa Cruz, quienes laboraron realizando encuestas entre mayo y junio pasado, reclaman el pago de labores realizadas para la empresa Campo de Operaciones S.A. firma para la que recolectaron -como flujo vehicular en carretera- destinados al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI).
Durante ese par de meses 30 personas de esos lugares de Guanacaste recolectaron información para la compañía en centros urbanos en jornadas de 7 a.m. a 5 p.m. en que los contratados debían permanecer en los lugares para registrar información acerca del paso de vehículos, motocicletas y bicicletas -entre otros detalles que luego se entregan a la compañía subcontratada por el COSEVI.
Uno de los trabajadores contratados -quien pidió el anonimato- indicó que el salario ascendía a ¢104 mil semanales más ¢6 mil de viáticos diarios. Sin embargo, luego de realizadas las funciones solamente se pagaron los viáticos.
En un número de teléfono celular que aparece registrado a nombre de Campo de Operaciones S.A. se indica que la firma tiene “más de 35 años de experiencia en el estudio de mercados y análisis de comportamiento del consumidor, con presencia en más de 10 países y más de 1000 encuestadores”.
Guana Noticias trató de buscar la versión de esa sociedad anónima a través de ese teléfono y un correo electrónico, pero al momento de esta publicación no se había obtenido respuesta.
Además, se llamó un segundo teléfono que aparece en Linkedin, pero una grabación indica que “el número marcado no existe”.
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Funcionario Municipal calificó de meros “papelitos” información pública utilizada por Guana Noticias
Alcalde de Santa Cruz indicó que el uso de esos insumos puede generar “demandas millonarias”
Un mes después de esa afirmación el OIJ y el Ministerio Público allanaron el gobierno local y la casa del hijo del alcalde porque ambos figuran como imputados en una causa penal
-Jerarca alaba a influencer que lo acompañó en una gira a Playa Tamarindo
Por Luis Castrillo Marín.
El alcalde de Santa Cruz, Jorge Alfaro, calificó de meros “papelitos” los documentos públicos utilizados por Guana Noticias para difundir durante los últimos meses informaciones relacionadas con diversos acontecimientos ocurridos en la Municipalidad de ese cantón.
La descalificación de Alfaro se produjo durante el 23 de septiembre en el programa de entrevistas “Acá entre nos” que produce este medio de comunicación digital.
Apenas cuatro semanas después de esa declaración el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía de Probidad Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público allanaron el gobierno local santacruceño y la casa del hijo del alcalde, Jorge Alfaro Molina.
Esa acción de las autoridades judiciales se produjo el 20 de octubre como parte de un proceso que se tramita en la causa penal 23-000012-1957-PE en que el padre y el hijo -junto con otras personas- figuran como imputados por un “presunto tráfico de influencias y otros en perjuicio de los deberes de la Función Pública”.
Durante la entrevista con Guana Noticias el alcalde alabó el trabajo de un influencer que lo acompañó semanas atrás a la costa de Santa Cruz -a Playa Tamarindo, entre otros lugares- donde el generador de contenido en la red social Facebook exaltó el trabajo del funcionario municipal.
“A Guana Noticias le mandan un papelito de estos y lo publican, en cuánto se están exponiendo que eso sea falso, quién le firma a Usted ese documento”, precisó el alcalde en la entrevista.
“Ustedes son el medio de comunicación que le da información a Canal 7 y si se ponen a publicar porque les mandan un papelito, al final de cuentas quien asume las consecuencias: Guana Noticias”, indicó el alcalde Alfaro.
Además, en la conversación indicó que el uso de información pública de parte de este medio digital podría ocasionar una “demanda millonaria” porque, según él, los documentos provenientes de la Municipalidad que llegan a Guana Noticias son “anónimos”.
En los últimos meses este medio de comunicación ha publicado numerosas notas con base en investigaciones y advertencias de la Unidad de Auditoría Interna de la Municipalidad de Santa Cruz y acuerdos aprobados por el Concejo de Regidores -entre otras fuentes documentales- en relación con temas como: obras viales deterioradas al poco tiempo de concluidas, decenas de millones gastados en reparaciones de vehículos viejos y el fracaso en la gestión financiera de las Fiestas Típicas Nacionales 2026, entre otros temas.
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TIG denuncia campaña sistemática de desprestigio
Empresa advierte sobre publicaciones en redes sociales que difunden acusaciones sin verificar, cuestionan su trayectoria y buscan generar desconfianza entre los usuarios.
La empresa Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG) denunció públicamente -en un comunicado oficial- lo que considera es una campaña sistemática de desprestigio contra sus operaciones, su trayectoria empresarial y los servicios de transporte público que brinda a miles de guanacastecos.
La compañía asegura que durante las últimas semanas se ha intensificado la difusión de publicaciones, videos y falsas acusaciones en redes sociales locales que, a su criterio, buscan desacreditarla ante la opinión pública.
Según la empresa, parte de estos ataques circulan en distintas páginas de Facebook de la región, donde se reproducen señalamientos falsos, versiones parciales de determinados acontecimientos y referencias a situaciones ocurridas años atrás que, de acuerdo con TIG, ya fueron atendidas o solucionadas.
La compañía también señala la presunta utilización de publicaciones pagadas para amplificar mensajes negativos sobre sus operaciones.
TIG cuestiona que algunos de estos contenidos sean difundidos por personas que se presentan como comunicadores, sin contrastar adecuadamente la información ni ofrecer a la empresa una oportunidad efectiva de explicar los hechos antes de ser publicados.
A su juicio, la reiteración de estas publicaciones plantea interrogantes sobre los intereses que podrían estar detrás de los cuestionamientos.
“Una cosa es la crítica legítima y otra muy distinta es convertir acusaciones no verificadas, versiones parciales o videos aislados en instrumentos para desacreditar sistemáticamente a una empresa”, señala el pronunciamiento público.
La compañía recordó que su participación en el transporte público guanacasteco es resultado de procesos públicos de selección en los que ha debido acreditar requisitos técnicos, financieros y legales ante las instituciones competentes. Rechazó además cualquier insinuación de que sus operaciones sean producto de privilegios o favores.
Asimismo, destacó las inversiones realizadas en renovación de flotillas, incorporación de autobuses modernos, infraestructura de terminales y mejoras en las condiciones de seguridad y comodidad para beneficio de los pasajeros.
La empresa sostiene que estas acciones forman parte de un esfuerzo por modernizar el transporte público de Guanacaste, bajo la fiscalización del Consejo de Transporte Público (CTP) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
TIG aclaró que no pretende desconocer las inconformidades legítimas de los pasajeros ni afirmar que su servicio esté libre de dificultades. Por el contrario, manifestó que tiene la obligación de investigar los incidentes, atender los reclamos y procurar soluciones oportunas. Y aseveró que así lo hacen cuando hay quejas formales por medio de sus canales de comunicación.
Sin embargo, advirtió que la crítica constructiva no debe confundirse con la difusión reiterada de acusaciones sin sustento. La empresa considera preocupante que se utilicen hechos aislados o información desactualizada para proyectar una imagen negativa de toda su operación.
En su pronunciamiento, TIG también planteó la posibilidad de que detrás de algunas publicaciones existan intereses distintos a la defensa de los usuarios.
Posibles accione legales
La empresa anunció que se reserva el derecho de acudir a las instancias correspondientes para defender su reputación y exigir las responsabilidades que procedan cuando existan elementos suficientes para ello.
“Nuestra trayectoria no se construyó con publicaciones en redes sociales, sino con años de trabajo, responsabilidad e inversión. Y será con hechos, no con ataques, como continuaremos respondiendo”, manifestó la compañía.
No cobra equipaje
Finalmente, TIG insistió en informar que es totalmente falso que cobra montos adicionales por el equipaje permitido para cada pasaje. Explicaron que el Consejo de Transporte Público (CTP) definió que cada pasajero puede llevar un maletín o bolso de mano y una maleta con su equipaje personal de hasta 10 kilogramos.
Aún así, la empresa permite hasta 15 kilogramos. Lo que el usuario transporte en forma adicional se cobra aparte con una tabla de precios que se define dentro de los parámetros que el mismo CTP estableció.
“El servicio que ofrecemos es de transporte de personas. Si ocupan transportar carga adicional y el espacio del bus lo permite, pues llevan un costo adicional tal y como lo hace toda empresa de transporte de pasajeros”, manifestó TIG ante en el boletín oficial.
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Fiestas Típicas Nacionales 2027 carecen de carteles de licitación
Por Luis Castrillo Marín.
6 de noviembre del 2026. Cuando apenas faltan poco más de ocho semanas para que se inicien las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz 2027 la organización de ese evento permanece sin elaborar al menos un cartel de licitación de acuerdo con una revisión llevada a cabo por Guana Noticias en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
Este medio de comunicación buscó los expedientes de SICOP tramitados por la Municipalidad de Santa Cruz desde el 3 de enero al 5 de noviembre del presente año, pero en ninguna parte aparece contratación alguna relacionada con las FTN 2027.
Durante la sesión del pasado 29 de octubre el Concejo Municipal de Santa Cruz acordó aprobar el permiso para la organización de las Fiestas del 14 al 18 de enero del 2027 en honor del Santo Cristo de Esquipulas según consta en un oficio del pasado 4 de noviembre.
No obstante, a pesar del corto tiempo para que inicie el evento a la fecha en SICOP no hay una sola licitación relacionada con temas como contratación de una productora para un eventual concierto, construcción de la barrera o los tablados para las corridas de toros o el diseño de la distribución del campo ferial por parte de un profesional en Ingeniería, ni tampoco para la adquisición de los bienes y/o servicios que necesita la Comisión para poner en marcha el evento.
El último de los registros de la Municipalidad de Santa Cruz en SICOP tiene fecha del 26 de octubre y está relacionado con la contratación de servicios profesionales de Ingeniería Civil o Arquitectura.
Opinión técnica
Jorge Pérez Villarreal, presidente de la Asociación de Auditores Internos Municipales de Costa Rica, señaló en relación con este tema que “la Comisión de Fiestas Cívicas, en su condición de órgano adscrito a la Municipalidad de Santa Cruz, está obligada a sujetar su gestión al ordenamiento jurídico municipal y al régimen de contratación pública. No existe una norma que habilite a la Comisión para promover o tramitar procedimientos de contratación por fuera de SICOP”.
“Por el contrario, el artículo 16 de la Ley General de Contratación Pública exige que toda actividad contractual se realice mediante el sistema digital unificado y dispone la nulidad absoluta de los procedimientos promovidos por otro medio. La única exclusión aplicable sería la prevista expresamente en esa norma ante un caso fortuito o fuerza mayor, siempre que la Administración acredite esas circunstancias ante la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda y esta autorice, mediante acto motivado, la exclusión total o parcial del sistema”, acotó Pérez Villarreal.
El presidente de la citada Asociación añadió que la cercanía de las Fiestas, la falta de planificación o la conveniencia administrativa no sustituyen el requisito de SICOP, además “los ingresos y gastos proyectados para la actividad deben contar con respaldo presupuestario e incorporarse al presupuesto municipal, con sus respectivos registros contables y mecanismos de control. Actuar sin esas previsiones, o al margen de SICOP, podría comprometer la validez de las actuaciones y generar responsabilidades para quienes intervengan, según los hechos que se determinen.”
En declaraciones a este medio de comunicación el presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz, Carlos Barrenechea, indicó que el presupuesto para la organización de las FTN 2027 oscila entre ¢500 y ¢600 millones gestión que se encuentra, según el regidor, en la Contraloría General de la República.
Acerca de este tema el jueves 5 de noviembre se enviaron tres preguntas a Celia Pastrana, presidenta de la Comisión de FTN 2027 para conocer su versión al respecto; sin embargo, al momento de publicar esta información (6 de noviembre: 8:21 p.m.) la respuesta estaba pendiente.
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Cocinarán casi una tonelada de chicharrones en Playa Coyote de Nandayure
Por Luis Castrillo Marín.
6 de noviembre del 2026. Un grupo de 25 personas de varias partes del país cocinará 915 kilos (casi una tonelada métrica) de chicharrones durante un encuentro que se llevará a cabo en el salón del Campo Ferial de la comunidad de Playa Coyote de Nandayure a partir de las 12 m.d. del 21 de noviembre.
La degustación de los chicharrones será completamente gratuita; además, estará dedica al vecino de San Ramón, Rodolfo Losilla Badilla, quien a pesar de que vive en ese cantón de Alajuela hace muchos años colabora con obras sociales en Playa Coyote como el trazado de una trocha y la organización de cabalgatas para recolectar fondos destinados a proyectos locales.
Rodrigo Baltodano, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Playa Coyote, destacó que el ramonense es un hombre “que quiere mucho a nuestra comunidad, él viene aquí como una vez por mes y se involucra en la solución de los problemas sociales”.
“Este es un homenaje muy merecido para una persona que ha trabajado por el bien de esta localidad de una manera desinteresada”, destacó Baltodano.
Durante la chicharronada participarán 25 cocineros de Hojancha, Mansión, Nicoya, Nosara, Cóbano, Jicaral, Bejuco, San Jorge, San Juan, La Trocha, El Bongo, Coyote, Palmares y Santa Ana de San José.
“Este es un evento que hacemos todos los años, la primera vez fue en el 2019 y cada vez ha ido creciendo más, en esta edición esperamos un éxito todavía más grande; por dicha, pudimos reunir gente de varias partes del país que son muy buenos haciendo chicharrones de varias maneras cada uno a su propio estilo”, precisó Baltodano.
Objetivo social
La chicharronada será completamente gratuita, pero los fondos que se recolecten por las ventas de comidas, platillos y refrescos se donarán a la comunidad aledaña de San Jorge que actualmente gestiona la compra de un terreno para destinarlo a una plaza de futbol.
“Para esa localidad vecina a la nuestra, a unos dos kilómetros, esta iniciativa es muy importante para fomentar el deporte que como sabemos es un arma muy poderosa para alejar a la juventud de los vicios y; de paso, estimular la sana convivencia social entre la gente que comparte la práctica de cualquier disciplina aparte de que mejora las condiciones de salud personal”, añadió el presidente de la Asociación de Desarrollo de Playa Coyote.
El programa del evento en Playa Coyote incluye un rodeo (5 p.m.) y una corrida de toros (7 p.m.).
Costa Rica Info Link señala que esa Playa del distrito de Bejuco de Nandayure se destaca porque es un “paraíso virgen tropical con una gran bahía en forma de herradura y un trayecto largo de arena suave, rodeada de altas palmeras y fascinantes estuarios de manglares repletos de aves. sus aguas son muy tranquilas y poco profundas, ideales para la natación, ya que la marea se mantiene baja la mayor parte del tiempo”.
Quienes deseen conocer más detalles de la actividad pueden llamar al teléfono 87190397.
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Vetan acuerdo para reducir el monto de licitaciones que puede adjudicar la Alcaldía de Santa Cruz
Por Luis Castrillo Marín.
El alcalde de Santa Cruz, Jorge Alfaro, vetó un acuerdo del Concejo Municipal que pretendía disminuir significativamente los montos de las licitaciones que la oficina de ese funcionario puede adjudicar para la compra de bienes y servicios en esa entidad que el año pasado manejó un presupuesto de ¢20 mil millones.
Los regidores del Concejo aprobaron de manera unánime una moción para reformar los artículos 4, 20 y 29 del Reglamento Interno de Contratación Pública de la Municipalidad de Santa Cruz, “así como las disposiciones que resulten necesarias para su debida concordancia, con el fin de modificar la distribución de competencias para la aprobación de los pliegos de condiciones y la emisión del acto final de los procedimientos de contratación pública”.
Esa medida tenía como meta bajar el monto de (¢695,2 millones) de las licitaciones puede que puede adjudicar la persona titular de la alcaldía y reducirlo a un máximo de ¢64,5millones, según establecieron los umbrales de la Contraloría General de la República Rige a partir del 1 de enero de 2026 en resolución R-DC-00142-2025 publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
Sin embargo, esa decisión del Concejo fue vetada por el alcalde aduciendo, entre otras razones, porque la decisión de la votación excluyó la dispensa de trámite en la Comisión de Presupuesto para que se aprobara en firme.
En relación con el veto el abogado, Albán Ugalde García especialista en derecho municipal, respondió que “las acciones recursivas en materia de Contratación Pública según el artículo 164 del Código Municipal se rigen por lo establecido en la Ley General de Contratación Pública, y además en el numeral 169 de la misma norma, prohíbe al Alcalde vetar un acuerdo del Concejo en aquellas circunstancias donde el alcalde tenga un interés personal, directo o indirecto; ambos escenarios podrían afectar la eficacia del veto interpuesto”
Como antecedente el Concejo Municipal anterior mediante la aprobación del reglamento citado había delegado un amplio poder en la figura del alcalde de Santa Cruz, otorgándole la posibilidad de adjudicar licitaciones o emitir actos finales de las licitaciones hasta la suma máxima de ¢695,2 millones. El Concejo actual de Santa Cruz, lo que pretendía con la moción era tener mejor control interno sobre este tipo de procedimientos y fondos públicos.
La reducción del monto que puede licitar la alcaldía se propuso con base en los artículos 13 incisos c) y e), 43 y 44 del Código Municipal, Ley N.° 7794; de la Ley General de Contratación Pública, Ley N.° 9986; del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N.° 43808-H y sus reformas; y de los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia, eficacia, integridad y adecuada administración de los fondos públicos.
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Municipalidad de Nandayure confirma investigación por concusión
Por Luis Castrillo Marín.
Un comunicado de prensa emitido por la Municipalidad de Nandayure confirmó que en la actualidad en el Ministerio Público tiene abierta una causa por una supuesta concusión relacionada con trámites en concesiones de Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en ese gobierno local.
El artículo 355 del Código Penal indica que la concusión se castiga con “prisión de dos a ocho años” al funcionario público que “abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.
La mañana del 4 de noviembre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Auxiliar de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público de Santa Cruz allanaron las Oficinas de la Municipalidad en los departamentos de ZMT y de Tecnologías de la Información (TI).
Además, fueron detenidos dos funcionarios de apellidos Aju Altamirano (Gestor de ZMT) y Venegas, inspector de esa misma Oficina.
En un boletín de prensa el gobierno local manifestó la versión oficial acerca de este tema indicando que se decomisaron expedientes y documentación relacionada con la investigación.
“Ante esta situación, consideramos importante aclarar que la denuncia que dio origen a la investigación fue interpuesta por un ciudadano del cantón de Nandayure, en ejercicio de su derecho ciudadano de fiscalizar la función pública, denunciar posibles irregularidades y acudir directamente ante las autoridades judiciales competentes”, el comunicado que se publicó en la red social Facebook
Igualmente, ese punto de vista negó que la denuncia que inició la causa penal se haya originado por una gestión de la Oficina de Auditoría Interna. En febrero del 2025 esa dependencia municipal generó una advertencia llamando la atención acerca de 373 expedientes en ZMT pendientes de resolver.
Versión institucional
La Municipalidad de Nandayure añadió que es “respetuosa de las competencias de las autoridades judiciales y manifiesta su plena disposición de colaborar con el proceso investigativo, facilitando la información y documentación que sea requerida por las instancias competentes”.
“Es importante señalar que la Administración Municipal ha realizado recientemente cambios en la estructura organizativa del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, creando a nivel organizacional la figura del Coordinador de Zona Marítimo Terrestre, plaza exclusivamente destinada a un abogado, precisamente para garantizar la legalidad y atención de los asuntos legales del Departamento”, destaca el boletín oficial.
La nota de prensa indica que el gobierno local reitera su “compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto al debido proceso. Corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales determinar los hechos investigados y las eventuales responsabilidades en sede penal que pudieran derivarse de estos procedimientos, por lo que hacemos un llamado a evitar especulaciones y señalamientos anticipado”.
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OIJ allana dos oficinas de la Municipalidad de Nandayure
Detienen a funcionarios de Zona Marítimo Terrestre.
Por Luis Castrillo Marín.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó las Oficinas de Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y de Tecnologías de la Información (TI) de la Municipalidad de Nandayure debido a denuncias interpuestas por la Unidad de Auditoría Interna de ese gobierno local.
La intervención del OIJ se produjo el 4 de noviembre en horas de la mañana cuando los agentes llegaron a la sede de la Municipalidad para incautar información relacionada con el trámite de concesiones de ZMT en las playas de Nandayure.
Como producto de los allanamientos fueron detenidos dos funcionarios municipales de apellidos Aju Altamirano (Gestor de ZMT) y Venegas, inspector de esa misma Oficina.

En febrero del 2025 la Auditoría Interna de ese gobierno local generó la Advertencia número 008-ADVAIM-2025 debido al “atraso exorbitante en los trámites de concesión en el departamento de Zona Marítimo Terrestre”.

La información de AI indica que en ese momento existían 373 trámites de concesiones pendientes de resolver en las playas Islita, Coyote, San Miguel, Corozalito y sector costero sur de Islita.
“Según los datos proporcionados por el Departamento de ZMT, actualmente existen 211 solicitudes de concesiones nuevas sin resolver, cuyas fechas de presentación datan entre los años 2000 y 2025. Los casos especiales que se indican, son solicitudes donde presuntamente no son áreas concesionables. Un 85 por ciento de esas solicitudes tienen más de un año de haber sido presentadas a la Municipalidad para su debida resolución”, precisó la AI.
Los persistentes atrasos en el trámite de concesiones de ZMT exponen, según la AI, a la Municipalidad entre otros riesgos a:

Fraude o corrupción: La ausencia de políticas y procedimientos claros puede propiciar oportunidades para prácticas corruptas dentro de la gestión de concesiones.
-Pérdida de Ingresos: Los cánones de concesión representan una fuente importante de financiamiento para la municipalidad. El atraso en la tramitación de concesiones impide que estos ingresos se generen oportunamente, afectando la capacidad de la municipalidad para ejecutar proyectos y cubrir gastos operativos esenciales.
Demandas y litigios: Los concesionarios o solicitantes afectados por los atrasos podrían interponer recursos legales en contra de la Municipalidad, generando costos adicionales y deterioro de la imagen institucional.
El allanamiento, en el que participaron 12 agentes del OIJ, estuvo dirigido por el Fiscal Auxiliar de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, José Luis Sibaja, del Ministerio Público de Santa Cruz.
Este medio de comunicación llamó a Teddy Zúñiga, alcalde de Nandayure, para conocer su versión en relación con este tema, pero al momento de la publicación esa versión estaba pendiente.
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Surfea por una buena causa
En diciembre, las olas de Tamarindo volverán a ser el escenario de algo más grande que una competencia: la segunda edición del Pico Surf Series, un torneo que usa el surf como vitrina para promover el desarrollo sostenible mediante limpiezas de playa, reciclaje y educación ambiental.
El evento es organizado por Dreamsea Surf Camp y la Fundación The Clean Wave, y cuenta con el patrocinio de Worldpackers (patrocinador principal), Sharkys Tamarindo, Nuevo Mundo y Buses Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG).
Inscripción gratuita: cada atleta suma
Participar no cuesta nada. Worldpackers cubrirá la inscripción de cada atleta y donará esos $10 USD a The Clean Wave para financiar proyectos ambientales en Tamarindo. Cada surfista que se inscribe entra al agua a competir y, además, deja un aporte directo a la comunidad y al océano. Mientras más atletas participen, mayor será el impacto.
El torneo tendrá categorías junior, amateur y profesional. Las inscripciones están abiertas en: https://starticket.cr/en/e/pico-surf-series-2026/10347
Más que un torneo: un día para toda la comunidad
Además de la competencia, la jornada incluirá una limpieza de playa, un mercado de marcas locales y música en vivo de artistas locales, para que familias, visitantes y vecinos disfruten de Tamarindo mientras apoyan el talento y el comercio de la zona.
El mejor día lo decide el mar
Como el surf depende de las condiciones, la fecha exacta se definirá dentro de una ventana entre el 1 y el 15 de diciembre, en la que se monitoreará el pronóstico de olas. El día específico se anunciará primero en Instagram, así que sigue a @picosurfseries en Instagram para enterarte apenas se confirme la fecha, ver el avance del evento y no perderte ninguna novedad.
“Es un evento comunitario que busca unir la cultura del surf con una mentalidad amigable con el ambiente. No es solo surf: también habrá limpieza de playa, mercado de marcas locales y música en vivo de artistas locales. El surf es el vehículo para llevar un mensaje de protección de las zonas costeras y los ecosistemas marinos”, explicó Juan Roberto Arias Tyrell, cofundador de The Clean Wave.
Worldpackers, patrocinador principal
Worldpackers es una plataforma internacional de voluntariado con presencia en más de 140 países. Ofrece oportunidades inclusivas para personas de distintos orígenes y niveles de experiencia, y fomenta el intercambio cultural, el crecimiento personal y el impacto positivo en comunidades de todo el mundo. Apoyó la primera edición del torneo, llevando voluntarios a participar en proyectos reales. “No es solo ir a un lugar como turista, sino llegar a participar en diferentes proyectos”, recordó Arias.
Camino a los 10 años de The Clean Wave
La Fundación cumplirá 10 años en julio de 2027. En ese tiempo ha impulsado campañas para evitar la extracción de conchas, limpiezas de fondos marinos, recuperación de microplásticos y reciclaje, en Tamarindo y otras zonas de Guanacaste. Hoy cuenta con un programa de buceo que certifica personas y las suma a las limpiezas submarinas, en alianza con BA Divers.
Todos los fondos recaudados se destinarán a proyectos ambientales de la Fundación.
¡Síguenos y sé parte de la ola! Inscríbete en https://starticket.cr/en/e/pico-surf-series-2026/10347 y sigue a @picosurfseries en Instagram para conocer la fecha oficial, los artistas y las marcas que estarán en el mercado local.
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Fiscalía de Santa Cruz desestimó mayoría de las causas en contra del alcalde de ese cantón
Por Luis Castrillo Marín
Santa Cruz, 30 de octubre del 2026. La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con sede Santa Cruz, tramitó entre el 2022 y el 2026 un total de 11 causas en contra del alcalde de ese cantón, Jorge Alfaro, procesos que la mayoría de las veces terminaron desestimados o todavía permanecen en fase de “investigación”.
Una consulta realizada por Guana Noticias en la Oficina de Prensa del Ministerio Público permitió determinar que en el ente acusador del Estado en Santa Cruz fueron desestimados siete procesos por los presuntos delitos de:
–Prevaricato, expediente 23-000325-1218-PE. Remitido ante Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
–Incumplimiento de deberes, expediente 23-001755-0412-PE, remitido al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública con solicitud de desestimación.
-Abuso de autoridad, expediente 23-001756-0412-PE, remitido al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública con solicitud de desestimación.
-Tráfico de influencias, expediente 22-000002-1957-PE, remitido al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública con solicitud de desestimación.
-Influencia contra la Hacienda Pública, expediente 23-000011-1957-PE, remitido al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública con solicitud de desestimación.
-Prevaricato, expediente 22-001646-0412-PE, remitido al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública con solicitud de desestimación.
-Prevaricato, 23-000325-1218-PE, remitido al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública con solicitud de desestimación.
Además, en la Fiscalía de Santa Cruz aún investigan cuatro causas (una de ellas desde hace dos años) relacionadas con probables:
-Abuso de autoridad, expediente 25-000106-0033-PE.
-Tráfico de influencias, expediente 24-000011-1957-PE.
-Influencia en contra de la Hacienda Pública, expediente 25-000018-1957-PE.
-Incumplimiento de deberes, expediente 26-000015-1957-PE.
El pasado 9 de octubre el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía Auxiliar Adjunto de Probidad Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público de San José allanaron la Municipalidad de Santa Cruz debido a la causa penal 23-000012-1957-PE donde Alfaro y su hijo, Jorge Arturo Alfaro Molina -entre otras personas- figuran como imputados por un presunto tráfico de Influencias en perjuicio de los deberes de la Función Pública.
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Recomiendan separar de sus cargos a funcionarios municipales imputados por el Ministerio Público
Por Luis Castrillo Marín.
La Oficina de Auditoría Interna de la Municipalidad de Santa Cruz elaboró una advertencia en relación con la causa penal N.° 23-000012-1957-PE que el Ministerio Público mantiene contra funcionarios de ese gobierno local de apellidos Zumbado Arrieta (ex asesor de la alcaldía), Moreno Zapata (encargado del Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo), Cedeño Leiva e Hidalgo Miranda (inspectores municipales).
El pasado 20 de octubre, con base en una orden del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José (Penal de Hacienda y Función Pública), la Fiscalía de Probidad Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público allanó el citado gobierno local para “investigar la posible existencia de una organización criminal conformada por funcionarios” en relación con permisos de construcción y concesiones en la Zona Marítimo Terrestre.
Según el Oficio No. AIM-168-2026 de Auditoría Interna -en poder de Guana Noticias– la permanencia de los mencionados servidores municipales en puestos relacionados con las materias objeto de la investigación del Ministerio Público implica los siguientes riesgos:
-Integridad de la información institucional. Posibilidad de acceso, modificación, eliminación o disposición de expedientes, registros electrónicos y documentación vinculada con los procedimientos investigados, cuando no existan controles suficientes para garantizar su conservación y trazabilidad.
-Independencia de funcionarios y posibles testigos. Eventuales interferencias o presiones derivadas de relaciones de jerarquía o subordinación que puedan afectar la independencia de las actuaciones administrativas y la colaboración con las autoridades judiciales.
-Continuidad de actuaciones administrativas. Participación de personas comprendidas en la investigación en la tramitación, aprobación, fiscalización o resolución de asuntos relacionados con los hechos investigados, cuando puedan presentarse conflictos de interés o riesgos para la objetividad de las decisiones.
La advertencia recomienda al Concejo Municipal “la separación (de los funcionarios imputados por el Ministerio Público) temporal con goce salarial cuando resulte jurídicamente procedente y exista justificación individual suficiente”.
En la sesión del pasado martes 27 de octubre el Concejo avaló la advertencia de la AI documentó que trasladó al Ministerio Público para que valore la posibilidad de solicitar al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José (Penal de Hacienda y Función Pública) la suspensión temporal de los imputados.
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Oficina de Zona Marítimo Terrestre de Santa Cruz defiende actuaciones en relación con trámite de concesión en Playa Tamarindo
Por Luis Castrillo Marín.
La Oficina de Zona Marítimo Terrestre (ZMT) de la Municipalidad de Santa Cruz salió al paso de señalamientos realizados por la Auditoría Interna (AI) de ese Gobierno Local en relación con el trámite de un expediente para concesionar 55 mil 462 metros cuadrados en Playa Tamarindo.
Un informe del 17 de agosto pasado de AI de la Municipalidad precisó que esa propiedad no se podía concesionar debido a que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del Ministerio de Ambiente y Energía; por esa condición, era imposible que entregara en favor de una sociedad anónima representada por un hombre de apellido Kapeta. Además, la AI señaló supuestas debilidades de control Interno en la Oficina de ZMT.
No obstante, en relación con ese tema Giancarlo Hernández, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad rechazó esas deficiencias indicando que “en cuanto a las debilidades de control interno señaladas, resulta necesario contextualizarlas en las limitaciones de recurso humano que enfrenta el Departamento”.
En una nota dirigida a Guana Noticias del 23 de octubre -como derecho de respuesta- Hernández afirmó que “pese al esfuerzo del personal por atender sus funciones con diligencia y de la mejor manera posible, el volumen y la complejidad de las labores superan la capacidad operativa disponible, lo que dificulta la atención oportuna de la totalidad de las tareas y el fortalecimiento de los mecanismos de control. Esta circunstancia se expone como un factor que incide en la gestión departamental y que requiere atención institucional para implementar mejoras efectivas”.
Según el jerarca en el marco de una revisión de expedientes con avalúos considerados vencidos funcionarios de ZMT remitieron el expediente n. 2257-18 para actualizar su valoración “sin advertir lo señalado en el estudio técnico N.o DDUR-DCT-ZMT-1229-07-2025 que consignó que el área solicitada no era susceptible de concesión, al identificar que el terreno correspondiente al plano 5-2036399-2018 estaba destinado a Patrimonio Natural del Estado, uso bosque, bajo administración del MINAE”.
No obstante, Hernández señalo la elaboración de un avalúo “no determina que el inmueble sea jurídicamente concesionable, no modifica su condición de Patrimonio Natural del Estado, ni confiere un derecho adquirido a obtener una concesión”.
El Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad precisó que la solicitud de concesión fue presentada en el 2018 por la sociedad anónima representada por Kapeta.
“Se tramitó inicialmente con base en un oficio del SINAC de ese año que indicaba la inexistencia de áreas de Patrimonio Natural del Estado en el sitio consultado. Un estudio técnico de 2025 identificó posteriormente el terreno como Patrimonio Natural del Estado, uso bosque y lo señaló como no concesionable”, relató Hernández.
El funcionario destacó que, desde el 8 de diciembre de 2025, el expediente no ha registrado actuaciones encaminadas a otorgar una posible concesión.
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