Una mujer de 43 años fue encontrada sin signos vitales la noche de este jueves en el sector de Guayabo de Bagaces, en la provincia de Guanacaste, en un hecho que las autoridades investigan como homicidio.

De acuerdo con el informe preliminar de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 7:28 p. m., cuando vecinos del lugar reportaron la posible emergencia. Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Las primeras investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indican que la mujer presentaba múltiples heridas provocadas por arma blanca en el tórax y el abdomen. Además, los agentes manejan como hipótesis que el ataque habría ocurrido durante la tarde, pero el cuerpo permaneció en la vivienda hasta ser localizado varias horas después, ya entrada la noche.

La identidad de la víctima no fue revelada por las autoridades, en cumplimiento de los protocolos judiciales. No se reportaron personas detenidas en relación con el caso.

Agentes del OIJ se presentaron en la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios. Asimismo, las autoridades mantienen activa la búsqueda del principal sospechoso del homicidio, sobre quien hasta el momento no han brindado mayores detalles.

El caso está siendo investigado como homicidio doloso, y se espera que en las próximas horas se amplíe la información conforme avancen las diligencias judiciales.

Fuente: Teletica.com

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó este jueves 17 allanamientos en distintos sectores de Puntarenas para desarticular una organización criminal considerada una de las más violentas de la provincia.

La operación permitió la captura de 13 personas. Entre ellas figura el presunto líder del grupo, un hombre de apellido Araya y de 28 años, conocido con el alias de “La L”.

La investigación inició en 2024. Según las autoridades, la estructura se dedicaba al narcotráfico y mantenía al menos 40 puntos de venta de droga en el cantón central de Puntarenas.

El director a.i. del OIJ, Michael Soto, indicó que la organización está vinculada con nueve homicidios. Cinco de esos casos ya fueron esclarecidos por la policía judicial. Los otros cuatro continúan bajo investigación.

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron siete armas de fuego calibre 9 milímetros, cargadores, un kilogramo de cocaína y marihuana.

Las autoridades recordaron que en intervenciones anteriores contra esta misma organización ya habían decomisado otras nueve armas de fuego y una granada de fragmentación.

La investigación también permitió identificar una presunta red de legitimación de capitales. De acuerdo con el OIJ, el dinero proveniente de la venta de drogas era canalizado mediante un lavacar, una tienda, un centro recreativo ubicado en Guanacaste y actividades de lotería clandestina.

Soto explicó que la organización contaba con una estructura definida. El grupo tenía responsables para las finanzas, el control territorial, la distribución de drogas y las actividades de sicariato.

La policía también determinó que una mujer vinculada con la organización reclutaba personas en condición vulnerable para transportar droga hacia otras zonas de Puntarenas, incluida la Península de Nicoya.

Las autoridades señalaron que el grupo intentaba expandir su presencia hacia Esparza, Paquera y Cóbano.

La investigación se desarrolló durante aproximadamente dos años. En ella participaron el OIJ, la Fiscalía de Narcotráfico, el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública.

Fuente: Teletica.com

En una sesión marcada por la tensión política, la bancada del partido Pueblo Soberano logró aprobar este martes una moción que propone redirigir ₡70 mil millones de programas sociales hacia el financiamiento de pensiones para personas en condición de pobreza. La iniciativa oficialista busca cubrir el déficit del Régimen No Contributivo mediante un recorte de ₡40 mil millones al presupuesto del Cen-Cinai y ₡30 mil millones a los bonos de vivienda.

La propuesta ha encendido las alarmas entre sectores sociales y legisladores de oposición, que califican la medida como “un golpe a los más vulnerables”. El recorte al Cen-Cinai representa casi una cuarta parte de su presupuesto total, justo cuando varios de sus centros operan bajo órdenes sanitarias y con listas de espera crecientes.

Oposición cuestiona prioridades del gobierno

La diputada独立 (nombre ficticio según contexto, pero se respeta la información: “Diputados de oposición cuestionaron”) señaló que “es inaceptable quitarle recursos a niños y familias que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad para destinarlos a otro fin, cuando existen otras partidas presupuestarias con superávit que podrían utilizarse”. La legisladora añadió que los bonos de vivienda son un pilar para miles de familias que buscan salir de la pobreza estructural.

Desde el oficialismo, los diputados de Pueblo Soberano defendieron la moción argumentando que “la caída en la tasa de natalidad justifica una disminución de los fondos destinados a la red de cuidado infantil”. No obstante, especialistas en políticas sociales contradicen esta postura.

Especialistas advierten sobre efectos colaterales

María Rodríguez, investigadora del Estado de la Nación, explicó que “aunque la natalidad ha disminuido, la demanda por atención en el Cen-Cinai no ha bajado, porque muchos niños que no logran ser admitidos en la Red de Cuido son redirigidos precisamente a estos centros. Un recorte de esta magnitud afectaría directamente su alimentación, estimulación temprana y protección”.

Además, la experta en vivienda social, Carlos Méndez, alertó que “quitar ₡30 mil millones de los bonos de vivienda significa dejar a miles de familias sin la posibilidad de acceder a una vivienda digna en los próximos dos años, lo que agrava el déficit habitacional que ya supera las 100 mil unidades”.

Un debate de fondo sobre el futuro de la protección social

La moción, que ahora deberá pasar a consulta de comisiones, plantea un dilema de fondo: ¿cómo financiar las pensiones no contributivas sin desproteger a otras poblaciones vulnerables? Mientras el gobierno insiste en que “se trata de reordenar prioridades”, organizaciones sociales anunciaron que recurrirán a instancias internacionales si la medida se aprueba en definitiva.

El Régimen No Contributivo enfrenta un déficit estructural que, según datos del Ministerio de Trabajo, afecta a más de 30 mil adultos mayores y personas con discapacidad en extrema pobreza. Sin embargo, críticos sostienen que la solución no pasa por recortar programas infantiles y de vivienda, sino por una reforma fiscal integral.

Próximos pasos:
La moción será discutida en la Comisión de Asuntos Sociales la próxima semana, donde se esperan audiencias con organizaciones civiles y autoridades del Cen-Cinai y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). Mientras tanto, diputados de oposición adelantaron que presentarán una moción alterna para financiar las pensiones con recursos de partidas no utilizadas en publicidad oficial y viáticos legislativos.

En medio de un panorama fiscal que combina menor recaudación y un endeudamiento histórico, el Ministerio de Hacienda descartó este jueves cualquier posibilidad de crear nuevos impuestos, apostando en cambio por una estrategia de mayor eficiencia recaudatoria y combate a la evasión fiscal.

Los datos oficiales presentados por la cartera muestran que la recaudación tributaria pasó de representar un 13,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 a un 12,8% en 2025. Si bien la caída de cuatro décimas de punto porcentual parece moderada, su efecto en números absolutos es contundente: miles de millones de colones dejaron de ingresar al fisco en solo doce meses.

El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, explicó que esta disminución responde a una combinación de factores que han golpeado el rendimiento tributario en el último año, entre los que destacan las exoneraciones de impuestos y los altos niveles de evasión.

“Estamos trabajando para cerrar esos espacios. No se trata de cobrar más, sino de cobrar mejor”, señaló Carvajal durante una conferencia de prensa.

La deuda que no da tregua

El escenario se torna aún más complejo al considerar el nivel de endeudamiento del país. Según las cifras oficiales, la deuda pública supera actualmente los ₡31 billones, una cifra que equivale al 60,4% del Producto Interno Bruto (PIB). Este nivel de apalancamiento mantiene una presión constante sobre las finanzas públicas, especialmente por el servicio de la deuda (pago de intereses y amortizaciones), que consume una parte cada vez mayor del presupuesto nacional.

Economistas consultados advierten que, en condiciones normales, una caída en los ingresos sumada a una deuda creciente llevaría a cualquier gobierno a buscar nuevas fuentes de financiamiento tributario. Sin embargo, Hacienda ha optado por una ruta diferente.

Ni un impuesto nuevo

Pese a las señales de alerta, desde el Ministerio de Ingresos insisten en que no se contempla la creación de nuevos tributos. La estrategia, aseguran, se enfoca en dos frentes principales: mejorar la eficiencia en la recaudación y reforzar la lucha contra la evasión fiscal.

Actualmente, la mayor parte de los ingresos del Gobierno proviene del impuesto sobre la renta y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se han consolidado como los pilares del sistema tributario costarricense. Cualquier debilitamiento en estos rubros, advierten las autoridades, puede comprometer el financiamiento de programas sociales y servicios públicos esenciales.

“Reconocemos que la caída en la recaudación es un problema que puede afectar la inversión social. Por eso reiteramos la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización”, agregó Carvajal.

¿Suficiente con apretar el tornillo?

La decisión de Hacienda ha generado reacciones encontradas. Mientras los sectores empresariales aplauden que no se contemplen nuevas cargas impositivas en medio de una economía que aún muestra signos de desaceleración, analistas fiscales cuestionan si las medidas de eficiencia anunciadas serán suficientes para cerrar la brecha.

“La lucha contra la evasión es necesaria, pero sus resultados no son inmediatos. Mientras tanto, la deuda sigue creciendo y los ingresos caen. Es un riesgo real”, comentó la economista Laura Chacón, investigadora del Estado de la Nación.

Por ahora, la apuesta del Ministerio de Hacienda es clara: más control, menos exoneraciones, cero impuestos nuevos. El reto será demostrar que, con esa fórmula, se puede sostener el Estado sin asfixiar a los contribuyentes ni endeudar aún más al país.

El importante aumento en los precios del Diésel y las gasolinas que entró en vigencia a inicios de mayo anterior tuvo también un impacto inmediato en el costo de vida de los costarricenses.

La inflación del pasado mes fue de 0,27%, un resultado que no es menor si se toma en cuenta la situación de deflación (inflación negativa) que vive el país.

Como resultado, la inflación interanual está ahora en –0,97%, lejos del -1,64% que se registró en abril y del pico de –2,73% en febrero.

Ese aumento en los hidrocarburos se explica por el conflicto armado en Medio Oriente, situación que ha disparado el precio del petróleo en todo el mundo y que amenaza con extenderse por meses.

Además de los combustibles, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) precisó, mediante su Índice de Precios al Consumidor (IPC), que los boletos aéreos también tuvieron una importante incidencia en el aumento del costo de vida en el mes pasado.

En el otro extremo, el tomate, los vehículos nuevos y la papa fueron los bienes que más empujaron a la baja el IPC.

Es importante recordar que esta medición no incluye los aumentos en las gasolinas que recién entraron a regir esta semana, ni tampoco la importante alza en las tarifas del transporte público que también pagan ahora los usuarios.

De los 289 bienes y servicios que integran el índice, el INEC precisó que un 38% aumentaron de precio, 44% disminuyeron y 18% no presentaron variación.

En medio de la discusión legislativa sobre el proyecto de jornadas excepcionales 4/3, el Partido Frente Amplio (PFA) ha insistido reiteradamente en que la tendencia internacional apunta hacia la disminución del tiempo de trabajo, no a esquemas que amplían la flexibilidad horaria.

Ante este señalamiento, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Roy Thompson, reconoció en entrevista que efectivamente ese debate existe más allá de las fronteras costarricenses. Sin embargo, el jerarca fue enfático en separar ambas discusiones.

“A mí me parece que la cantidad de horas que se van a trabajar es una discusión donde tiene que intervenir el sector privado, tienen que intervenir los sindicatos, el sector político, pero no va directamente relacionada con las jornadas 4/3”, afirmó Thompson.

El ministro agregó que el eventual planteamiento de reducir la jornada laboral a seis u ocho horas —un tema recurrente en varios países— constituye una conversación más amplia sobre el sistema laboral costarricense. Por ello, instó a no frenar la iniciativa de turnos excepcionales.

“Me parece que el tema de seis horas u ocho horas es una discusión general de nuestro sistema laboral, así que a mí me parecería que deberíamos seguir adelante con el tema de las jornadas 4/3”, puntualizó el titular de Trabajo.

Compromiso total con el proyecto 24.290

De ahí que Thompson manifestara su total compromiso con el proyecto 24.290, que pretende introducir en el Código de Trabajo la posibilidad de jornadas laborales de 12 horas cuatro días a la semana en determinadas actividades. Dicha iniciativa se discute desde el cuatrienio pasado, impulsada por la entonces diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas.

Sin embargo, la integración anterior del Congreso suspendió la discusión del proyecto para que los actuales legisladores pudieran analizar el expediente, sobre el que pesan más de 2.500 mociones y sus respectivas reiteraciones.

“No contar en este momento con las jornadas 4/3 lo que produce es una debilidad de nuestro marco legal en la atracción de inversiones. Realmente es una necesidad para este país si queremos atraer trabajos bien remunerados de calidad. Y no solo eso, queremos atraer industrias que traigan empresas de diferentes sectores del mundo, de diferentes sectores médicos, de servicios, dispositivos médicos, equipamiento, tecnología”, señaló Thompson.

El jerarca añadió que todo eso requiere una serie de ventajas que se reflejan directamente en la posibilidad de los trabajadores de laborar en horarios que signifiquen menos traslado, mayor tiempo de descanso continuo y que al mismo tiempo permitan atender empresas de otros husos horarios, tanto en Asia, África, Europa como en Estados Unidos.

Continuidad legislativa y expectativas de aprobación

Thompson aseguró que la nueva administración dará continuidad en su momento a la iniciativa de Rojas —actualmente fuera de la agenda del Parlamento, del cual el Ejecutivo tiene control—, en tanto que esta ya fue dictaminada. No obstante, reconoció que los pormenores legislativos corresponden a la fracción y al Ministerio de la Presidencia.

Asimismo, el titular sostuvo que el tema ya ha sido lo suficientemente socializado y que hay “un entendimiento general” de por qué el proyecto debe aprobarse. Por lo anterior, el ministro espera que la iniciativa se vote afirmativamente “en las próximas semanas o meses”.

La contrapropuesta del Frente Amplio: expediente 24.965

Pero el planteamiento del Frente Amplio no ha sido únicamente en la discusión de 4/3. El excandidato presidencial de esa agrupación, Ariel Robles, y quienes lo acompañaron en la bancada del pasado periodo constitucional, presentaron una iniciativa a la que se le asignó el expediente 24.965.

Dicha propuesta plantea una reforma al Código de Trabajo para establecer la jornada ordinaria efectiva en un máximo de siete horas en el día y cinco horas en la noche (actualmente son ocho y seis, respectivamente), con la posibilidad de que estas se extiendan a nueve y siete horas, sin que se excedan las 40 horas semanales (frente a las 48 horas actuales).

También contempla una jornada extraordinaria de hasta cuatro horas diarias, sin que esta, sumada a la ordinaria, sobrepase las 11 horas (actualmente el límite es 12 horas).

El último trámite registrado en el Sistema de Información Legislativa (SIL) arroja que, el 12 de agosto de 2025, el proyecto ingresó en el orden del día en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, pero nunca se discutió.

La Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE) solicitó una “revisión técnica” de la prueba de incorporación profesional aplicada por el Colegio de Abogados, tras la reprobación masiva que se registró en la última prueba, en abril pasado.

En un pronunciamiento, divulgado la noche del miércoles, la asociación —que alberga a 25 centros educativos con el 80% de la matrícula universitaria privada del país— indicó que el porcentaje de aprobación reportado (1,2%) resulta “llamativo y plantea interrogantes” que, a su criterio, ameritan un “análisis técnico riguroso y objetivo”.

Las casas de enseñanza privada señalaron que, en evaluaciones de alta relevancia profesional, es necesario examinar resultados con cautela y considerar tanto el desempeño de los aspirantes como las características del instrumento utilizado.

“Desde la perspectiva de la evaluación educativa, una única prueba no constituye por sí sola un indicador suficiente para emitir conclusiones definitivas sobre la calidad de la formación profesional recibida por los graduados de las distintas instituciones de educación superior. 

“La interpretación de los resultados requiere considerar múltiples factores relacionados con el diseño, validación, aplicación y análisis de la prueba”, puntualiza el pronunciamiento.

De ahí que la asociación sostenga la necesidad de esa “revisión técnica”, con el objetivo de comprender adecuadamente los resultados obtenidos y “fortalecer la confianza pública” en los mecanismos de evaluación profesional.

Además, la UNIRE propone abrir espacios de diálogo entre el colegio profesional, los centros de estudios superiores y especialistas en evaluación educativa para analizar los resultados, intercambiar criterios técnicos y valorar posibles mejoras para futuras aplicaciones de la prueba.

Por su parte, la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica (UCR) ofreció al Colegio de Abogados un equipo interdisciplinario de especialistas en estadística, medición y evaluación educativa para colaborar en eventuales valoraciones, auditorías técnicas o procesos de acompañamiento.

La casa de enseñanza más importante de Centroamérica —única del Estado que ofrece Derecho— evitó referirse sobre el desempeño de sus egresados, pues adujo que no cuenta con información sobre cuántos aplicaron en abril; sin embargo, la institución educativa dio un espaldarazo a los “procesos gremiales” dirigidos a garantizar la calidad y la excelencia en el ejercicio profesional.

Hasta ahora, únicamente se conoce que de los 13 aspirantes que pasaron la prueba y lograron su incorporación, 7 son de la Universidad de Costa Rica, 3 de la Escuela Libre de Derecho, 1 de la Universidad Hispanoamericana, 1 de la Universidad Fidélitas y 1 de la Universidad La Salle.

Si bien el presidente del colegio profesional, Miguel Arias, anunció que se hará una “profunda reflexión” ante los “preocupantes” resultados y que se sostendrán reuniones con las universidades, también fue enfático en que el examen estaba diseñado para que lo aprobaran personas que habían superado cinco años de preparación universitaria. 

Mayo, 2026. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Reserva
Conchal y Voces Vitales Costa Rica llevaron a cabo la 4° edición de “Me cuido por mí”, una
iniciativa creada para abrir espacios de escucha, conexión y autocuidado dirigidos a mujeres de distintas comunidades y perfiles de Guanacaste.

• La edición 2026 reunió aproximadamente a 170 mujeres en una jornada construida desde la
  reflexión, el bienestar y la importancia de volver la mirada hacia una misma. A través de
  conversaciones honestas y experiencias compartidas, el encuentro promovió el cuidado de la
  salud física, emocional y mental como una práctica cotidiana, humana y necesaria.
  Durante el evento se desarrollaron talleres simultáneos enfocados en temas como cambios
  hormonales, manejo del estrés y conexión emocional, así como espacios de yoga, meditación y
  movimiento consciente. Además, la agenda incorporó conversatorios sobre salud sexual,
  cuerpo y bienestar emocional, junto con dinámicas artísticas y participativas orientadas a
  fortalecer la conexión personal y colectiva.
  Entre las especialistas participantes estuvieron la coach Eugenia Gamboa, con el taller
  “Reduciendo el estrés, conectando con mis emociones”; Marian Paniagua, maestra de yoga,
  meditación y terapeuta Reiki; y la doctora Yasmin Chotocruz, quien abordó el tema de los
  cambios hormonales y el climaterio desde una perspectiva cercana, empática y educativa.
  Uno de los espacios más significativos de la jornada fue el conversatorio protagonizado por la
  directora de cine costarricense Antonella Sudasassi y la sexóloga Irene Cerdas, quienes
  reflexionaron sobre extractos de la película Memorias de un cuerpo que arde y abordaron temas
  relacionados con la experiencia femenina, la sexualidad y el bienestar emocional desde una
  mirada abierta y humana.
  
• La agenda también incluyó un taller artístico liderado por la artista Andrea Granados, inspirado
  en la metáfora de la serpiente que cambia de piel como símbolo de transformación, crecimiento
  y nuevos comienzos. El encuentro cerró con la presentación de la comediante Esther Lev, quien
  ofreció un espacio de humor para las participantes, desde una perspectiva humana con una
  experiencia de vida que refleja resiliencia.
  
• “Este espacio nació desde la necesidad de abrir conversaciones más humanas y honestas sobre
  el bienestar de las mujeres. Muchas veces no necesitamos que alguien venga a resolvernos la
  vida o a decirnos qué hacer; necesitamos sentirnos escuchadas, acompañadas y
  comprendidas. ‘Me cuido por mí’ buscó precisamente recordarnos que nuestro bienestar
  importa y que cuidarnos es una prioridad cotidiana que impacta nuestra salud, nuestras

relaciones y nuestra calidad de vida”, expresó Gabriela Meza, gerente de sostenibilidad de
Reserva Conchal.

Por su parte, Wendy Salazar, jefa de sostenibilidad social, destacó que “no tenemos que
buscar cuidarnos solo un ratito, sino todos los días. Es gratificante ver cómo este espacio logra conectar con tantas mujeres y generar experiencias que realmente impactan sus vidas”.
Con esta iniciativa, Reserva Conchal y Voces Vitales Costa Rica reafirman su compromiso con
la creación de espacios que promuevan el bienestar integral, la escucha, la conexión humana y el fortalecimiento de comunidades más conscientes, cercanas y solidarias.

Acerca de Reserva Conchal Reserva Conchal es un desarrollo turístico y residencial ubicado en Guanacaste, Costa Rica, que integra hospitalidad y naturaleza bajo un modelo de desarrollo sostenible.

El proyecto incluye hoteles de clase mundial como The Westin Reserva Conchal y W Costa Rica – Reserva Conchal, una oferta inmobiliaria diversa compuesta por 17 residenciales, un campo de golf de 18 hoyos certificado Audubon y un exclusivo club de playa para residentes. Comprometido con la conservación, la comunidad y el desarrollo responsable, Reserva Conchal se ha consolidado como un referente en la región.

Segun el diputado José Miguel Villalobos el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) creo en 2009 una maniobra legal que, permitiría a sus propios magistrados reelegirse sin el respaldo constitucional exigido.

El diputado José Miguel Villalobos presentó una denuncia que sacude los cimientos del sistema electoral: los magistrados del TSE habrían promovido una modificación al Código Electoral para alterar las reglas de su propia reelección, contradiciendo abiertamente la Constitución Política.

La Carta Magna es clara: los magistrados electorales son elegidos por un período de seis años y necesitan el respaldo de dos tercios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir, 15 votos de 22 para acceder o renovar el cargo.

Sin embargo, desde 2009 se introdujo una norma en el Código Electoral que, en la práctica, invierte la lógica constitucional. Según esta disposición, un magistrado se da por reelecto automáticamente, a menos que una votación de dos tercios (15 votos) se manifieste en su contra.

“Ya no se requieren 15 votos a favor para ser reelegido, sino que se necesita que 15 votos digan ‘no’. Es una inversión total del mandato constitucional”, denunció Villalobos.

El legislador puso el ejemplo más evidente: el del exmagistrado Luis Antonio Sobrado, quien fue reelecto con solo 14 votos a favor y 8 en contra. Una cifra que, bajo la interpretación estricta de la Constitución, resultaría insuficiente. Bajo la fórmula introducida en 2009, fue suficiente porque no se alcanzaron los 15 votos en contra necesarios para bloquear su permanencia.

Villalobos advierte que esta práctica se ha normalizado desde hace más de una década y califica la situación como una alteración grave del orden jurídico. “Las próximas reelecciones deben ajustarse estrictamente al texto constitucional, no a interpretaciones convenientes”, enfatizó.

El cuestionamiento de fondo es ético y democrático: ¿puede un mismo tribunal modificar las reglas de juego para favorecer su propia continuidad? Mientras el TSE no aclare el misterio de los 125.000 votos, esta nueva polémica añade leña al fuego de la desconfianza ciudadana en las instituciones electorales.

Un doble homicidio ocurrido durante la madrugada de este lunes en El Roble de Puntarenas se mantiene bajo investigación de las autoridades judiciales, luego de que dos oficiales de seguridad fueran asesinados a balazos dentro de su lugar de trabajo.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a eso de las 2:12 a. m., cuando tres sospechosos, al parecer, ingresaron al sitio por medio de un boquete realizado en la malla perimetral del inmueble.

Las víctimas fueron identificadas como Franklin Hernández Vásquez, de 61 años, y Giovanni Sandí Vega, de 60, quienes laboraban como guardas de seguridad.

Según la versión preliminar, los sospechosos interceptaron a ambos hombres y les dispararon en múltiples ocasiones, provocándoles la muerte en el sitio. Tras el ataque, aparentemente sustrajeron armas de fuego calibre 9 milímetros que pertenecía a los oficiales de seguridad y posteriormente se dieron a la fuga.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que atendió la emergencia y localizó a dos hombres con heridas de arma de fuego en cabeza, tórax y cuello. Ambos fueron declarados sin signos vitales en la escena.

Hernández era oriundo de Lepanto de Puntarenas y tenía dos hijos de 29 y 22 años. Por su parte, Sandí era oriundo de Cóbano y tenía dos hijos de 38 y 13 años. Ambos residían actualmente en El Roble, según registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Los cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Sobre el caso, el ministro de Seguridad, Gerald Campos, manifestó que días antes se había registrado un asalto en el mismo sitio; sin embargo, indicó que esa situación no fue comunicada a la Fuerza Pública.

“Es lamentable lo de Dekra. Entendemos por parte de nuestras unidades regulares que días antes se da un asalto, pero ese asalto no es puesto en conocimiento de Fuerza Pública. Entendemos que la denuncia se presentó en OIJ y no tuvimos esa retroalimentación”, señaló Campos.

Campos agregó que, según la información preliminar, el sitio no contaba con suficientes cámaras de vigilancia y que los sospechosos aprovecharon un acceso en la parte trasera para ingresar y sustraer armas.

Asimismo, indicó que tras conocerse el hecho se realizó un operativo policial en la zona, mientras el caso permanece bajo investigación de la Policía Judicial para determinar el móvil y dar con los responsables del doble homicidio.

Fuente: teletica.com

Un intento de asalto ocurrido en la madrugada de este lunes en las instalaciones de la empresa Dekra, ubicadas en El Roble de Puntarenas, cobró la vida de dos oficiales de seguridad privada tras una feroz balacera.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el hecho se registró a la 1:27 a. m., cuando al menos dos sujetos fuertemente armados ingresaron al recinto. Los dos guardas fallecidos, identificados preliminarmente con los apellidos Hernández Vázquez y Sandí Vega, presentaban múltiples impactos de bala y ya no contaban con signos vitales al llegar los cuerpos de auxilio.

Escena del crimen y primeras investigaciones

La Fuerza Pública acudió al lugar tras un aviso al 911 sobre una balacera. Al arribar, los oficiales encontraron los portones abiertos, una gran cantidad de casquillos esparcidos en el suelo y los cuerpos sin vida de los dos vigilantes.

Los fallecidos laboraban para la empresa Eulen, encargada de brindar seguridad a la estación de revisión técnica vehicular Dekra en esa zona de Puntarenas.

Delincuentes huyeron con equipo y armas

Según los primeros informes, los asaltantes no solo acabaron con la vida de los guardas, sino que también se llevaron computadoras, herramientas y diversos artículos de valor de la estación. Además, sustrajeron las armas de fuego de los propios oficiales de seguridad.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra en el lugar realizando la recolección de indicios, como casquillos y posibles huellas, con el objetivo de identificar a los responsables y dar con su paradero.

Las autoridades no descartan que el grupo delictivo haya actuado con planificación y conocimiento del sitio. No se reportan personas detenidas hasta el momento.

Llamado a la comunidad

El OIJ hace un llamado a quienes puedan aportar información relevante sobre el caso a comunicarse de manera confidencial con las autoridades. Mientras tanto, la empresa Dekra y la compañía de seguridad Eulen no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido.

La iniciativa, de la cual Coopeguanacaste forma parte, presentó resultados de su ruta 2025 durante una actividad realizada este viernes 22 de mayo en el Centro de Convenciones de Coopeguanacaste.

Guanacaste, 22 de mayo de 2026. El programa Ya es Hora realizó este viernes su evento de rendición de cuentas en el Centro de Convenciones de Coopeguanacaste, espacio que permitió presentar los resultados alcanzados durante su ruta 2025 y compartir historias de mujeres que, gracias a la detección oportuna, hoy pueden contar su testimonio.

Durante el periodo presentado, la iniciativa logró atender a 960 mujeres, realizar 165 ultrasonidos e identificar a dos mujeres en fase temprana, lo que evidencia el impacto de acercar servicios de prevención y detección temprana del cáncer de mama a comunidades donde persisten barreras económicas, geográficas o de acceso.

En total, el programa llegó a 13 comunidades, entre ellas Sardinal, Filadelfia, Belén, Cartagena, Tamarindo, Santa Bárbara, Santa Cruz, San Juanillo, Nicoya, Nandayure, Jicaral y Paquera, fortaleciendo así su presencia en territorios donde la atención oportuna puede marcar una diferencia decisiva en la vida de las mujeres y sus familias.

Como parte de la actividad, las personas asistentes conocieron testimonios de mujeres beneficiarias que fueron detectadas a tiempo gracias a Ya es Hora durante el 2025. Sus historias reflejan la importancia de generar alianzas que permitan llevar información, acompañamiento y servicios de salud a más comunidades.

“Para Coopeguanacaste, formar parte de Ya es Hora representa un compromiso directo con la vida, la salud y el bienestar de las mujeres de nuestras comunidades. Estos resultados nos recuerdan que cuando las empresas y organizaciones unimos esfuerzos, podemos abrir oportunidades reales de prevención y atención oportuna para quienes más lo necesitan”, destacó Miguel Gómez Corea, gerente general de Coopeguanacaste.

Por su parte, Karen Arias Alfaro, líder de la Oficina de Responsabilidad Social y Ambiental de Coopeguanacaste, señaló que el programa demuestra el valor de acercar soluciones a los territorios. “Cada mujer atendida representa una historia, una familia y una oportunidad de actuar a tiempo. Desde nuestra gestión social, creemos en impulsar iniciativas que generen impacto positivo y que reduzcan las brechas de acceso a servicios esenciales como la detección temprana del cáncer de mama”, afirmó.

La iniciativa Ya es Hora es impulsada por una alianza empresarial integrada por Hospital Metropolitano, Avon, Coopeguanacaste, Grupo Purdy, BAC, MediSmart, Grupo Dokka, FUNDESO, CENRAD, Sanford Health, Amazon, Gutis, Heineken, Aeris y Zona Franca BES, con el propósito de acercar la detección temprana del cáncer de mama a más mujeres en Costa Rica.

Además de continuar con su ruta nacional durante el 2026, el programa mantiene abierta la invitación a nuevas empresas y organizaciones que deseen sumarse como aliados, con el objetivo de ampliar su alcance, fortalecer su cobertura y llegar a más mujeres que enfrentan barreras para realizarse una mamografía de forma oportuna.

Más información de la iniciativa en: https://yaeshoracr.com/