A pesar de que el primer semestre del año suele ser un periodo de menor dinamismo para las arcas nacionales, el Día de la Madre se erige como un salvavidas para el comercio. Este 2026, la celebración del 15 de agosto mantiene su estatus como la tercera fecha más importante para el sector, solo por detrás de Navidad y el Día del Padre, inyectando un aire de optimismo en tiendas, centros comerciales y restaurantes.

Los comercios ya alistan vitrinas y promociones para atender el aumento de la demanda típico de estas fechas. Sin embargo, los expertos en mercadeo y tendencias de consumo advierten que el perfil del comprador ha mutado. “Ya no se trata solo de comprar lo primero que se ve. Los hijos buscan experiencias o detalles más personalizados, alejándose de los regalos genéricos que se estilaban hace una década”, señalan analistas del sector.

La tradición que no pasa de moda

Aun con la evolución en la elección del obsequio, hay un clásico que pervive y se fortalece: la salida a comer en familia. Restaurantes y sodas ya reportan un alto porcentaje de reservas para el sábado 15, convirtiendo la comida en el epicentro del festejo. Para muchos, más que el valor del regalo material, lo que perdura es el momento compartido alrededor de una mesa.

Consejos para un festejo sin contratiempos

Ante el bullicio comercial, la Defensoría del Consumidor y expertos en derechos ciudadanos hacen un llamado a la cautela y a la información. Si el plan es comprar o cenar fuera, recuerde que como consumidor goza de derechos irrenunciables:

• Trato digno: Tiene derecho a recibir una atención respetuosa y a no ser víctima de discriminación por ninguna razón.
• Garantías: Antes de pagar, consulte explícitamente los plazos y condiciones de la garantía del producto.
• Créditos y promociones: No se deje llevar por la urgencia. Lea la letra pequeña de los créditos y verifique que los descuentos publicitados se apliquen correctamente en caja.

“Conocer estos detalles no solo evita inconvenientes, sino que empodera al consumidor para tomar decisiones más acertadas”, concluyen los especialistas. Ya sea con un regalo tecnológico, un ramo de flores o una cena familiar, el 15 de agosto promete mover la economía y los corazones, siempre y cuando la celebración se haga con información y responsabilidad.

La mayor parte del territorio nacional enfrentará una semana sin lluvias, con poca nubosidad, temperaturas elevadas y vientos alisios en disminución, según el pronóstico meteorológico.

El fenómeno responde a la canícula, periodo en el que la estación lluviosa se reduce considerablemente, y se ve reforzado por la influencia del fenómeno de El Niño, de acuerdo con expertos de la región.

Aunque la onda tropical número 31 atraviesa el país, no ha encontrado condiciones favorables para generar precipitaciones. Se espera que sea hasta el próximo domingo, con el paso de la onda tropical número 32, cuando regresen las lluvias.

Las autoridades advierten que este miércoles se registrarán temperaturas particularmente altas, lo que incrementa la sensación de calor en varias zonas del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica el paso de la onda tropical número 30 sobre Costa Rica. El fenómeno generará un aumento en la humedad durante los próximos días.

A pesar del paso de la onda tropical, los expertos no esperan fuertes aguaceros en el territorio nacional.

El IMN también prevé la continuidad de las condiciones ventosas en diferentes sectores del país.

Otro de los cambios previstos corresponde a la presencia de polvo del Sahara. Los meteorólogos anticipan una disminución en la concentración de este material en la atmósfera.

El aumento en la humedad marcará parte de las condiciones del tiempo durante el paso de la onda tropical número 30.

Los expertos recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico meteorológico ante posibles cambios en las condiciones atmosféricas.

Los efectos de la onda tropical número 29 todavía se sienten este jueves en distintos puntos del país, principalmente en San Carlos, donde las lluvias provocaron viviendas inundadas y alcantarillas colapsadas.

Florencia, La Fortuna, Ciudad Quesada y Aguas Zarcas se encuentran entre las comunidades más afectadas por las condiciones lluviosas.

Por su parte, las consecuencias de las lluvias también alcanzaron la infraestructura vial.

Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) procedieron al cierre de la Ruta 32 desde las 5:50 p. m. del miércoles, debido al desprendimiento de material provocado por la acumulación de agua en los terrenos.

De acuerdo con la Oficina de Prensa del MOPT, durante las primeras horas de este jueves se realizarán labores de limpieza con el objetivo de habilitar el paso lo antes posible.

Por ahora, la principal vía entre San José y Limón permanece cerrada.

Como alternativas, los conductores pueden utilizar las rutas por Turrialba o por Chilamate-Vuelta Kooper, tomando en cuenta las condiciones de las vías y las recomendaciones de las autoridades.

La Sala Constitucional tramita un recurso de amparo relacionado con una solicitud de acceso a información pública en relación con los fundamentos técnicos que respaldaron la elaboración y aplicación del Examen de Excelencia Académica para la incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

El recurso fue presentado por el Licenciado Max Alejandro Rodríguez Gamboa, quien sostiene que el Colegio no respondió oportunamente una solicitud de información presentada el 2 de junio de 2026, mediante la cual requirió documentación relacionada con la construcción técnica del examen, incluyendo acuerdos administrativos, actas, informes técnicos, estudios psicométricos, análisis estadísticos, validaciones académicas, criterios metodológicos y demás antecedentes documentales que sustentaran decisiones relevantes adoptadas durante el diseño y aplicación de la prueba.

La última aplicación del Examen de Excelencia Académica se realizó en abril de 2026 y participaron 1 123 graduados en Derecho, de los cuales 13 obtuvieron una calificación aprobatoria.

Según explicó Rodríguez Gamboa, ante la ausencia de respuesta dentro del plazo correspondiente acudió a la Sala Constitucional mediante un recurso de amparo por considerar vulnerados los derechos consagrados en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, relativos al derecho de petición y al acceso a la información pública.

“El Colegio únicamente emitió una respuesta después de que la Sala Constitucional dio traslado del recurso de amparo. Sin embargo, a mi criterio, esa respuesta no resolvió el objeto de mi solicitud. En lugar de responder si existían o no los documentos técnicos solicitados, desarrolló una explicación sobre las facultades que le confiere el Reglamento del Examen y la forma en que este regula la prueba, pero dejó sin contestar la cuestión central que planteé”, manifestó Rodríguez Gamboa.

El recurrente indicó que la información solicitada no pretendía obtener el banco de preguntas ni revelar el contenido del examen, sino conocer la existencia de los documentos técnicos que respaldaron decisiones administrativas relacionadas con una evaluación cuyos resultados determinan el acceso al ejercicio profesional.

“Nunca solicité conocer las preguntas del examen ni información que pudiera comprometer futuras evaluaciones. Lo que pedí fue saber si decisiones como el incremento del porcentaje de casos prácticos, la metodología utilizada, el tiempo asignado, los criterios de validación y otros cambios relevantes estaban respaldados por estudios, informes técnicos o acuerdos administrativos. Esa información fue la que solicité desde el 2 de junio”, afirmó Rodríguez Gamboa.

Transparencia en evaluaciones de alto impacto

Los principales estándares internacionales en materia de evaluación educativa, entre ellos los Standards for Educational and Psychological Testing, desarrollados conjuntamente por la American Educational Research Association (AERA), la American Psychological Association (APA) y el National Council on Measurement in Education (NCME), establecen que las evaluaciones de alto impacto deben sustentarse en evidencia documentada sobre aspectos como su validez, confiabilidad, consistencia, metodología de elaboración y adecuación al propósito para el cual fueron diseñadas.

“Cuando una evaluación define si un profesional puede o no incorporarse al ejercicio de su profesión, resulta razonable esperar que las decisiones adoptadas durante su construcción estén respaldadas por criterios técnicos verificables. Ese es precisamente el origen de mi solicitud de información”, expresó Rodríguez Gamboa.

Además del recurso de amparo la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas (UNIRE) -organización que representa a 15 universidades privadas del país– al Colegio la posibilidad de revisar el examen aplicado con fines académicos y de retroalimentación.  Esa organización también solicitó al Colegio de Abogados información relacionada con la prueba; sin embargo, debido a una repuesta negativa UNIRE decidió retirarse del Comité Consultivo del Colegio.

Igualmente, Rodríguez Gamboa presentó un proyecto de Ley con el propósito de fortalecer el marco normativo que regula los exámenes de incorporación a los Colegios Profesionales.

Según explicó, la iniciativa busca establecer reglas más claras sobre la documentación técnica que debe respaldar las decisiones relacionadas con la prueba, fortalecer el acceso a la información pública respecto de los antecedentes administrativos y técnicos que fundamenten modificaciones relevantes del examen e incorporar expresamente la observancia de estándares internacionales

La aplicación de la próxima prueba para incorporarse al Colegio de Abogados se llevará a cabo el 30 de septiembre.

El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) presentó un proyecto de ley que busca impedir que una persona obtenga beneficios legales mientras permanezca prófuga de la justicia.

La iniciativa plantea reformar el Código Procesal Penal y el Código Penal para suspender el plazo de prescripción de la acción penal, así como de las penas, mientras el imputado o condenado se encuentre en fuga.

Especialistas en derecho penal consideran que la propuesta ofrece ventajas en materia de seguridad y justicia, aunque también presenta retos para su aplicación.

La reforma forma parte de la agenda de seguridad que impulsa el oficialismo en el Congreso.

La decisión de la Comisión de Asuntos Sociales de archivar el expediente 24.793, que pretendía eliminar las pensiones vitalicias para expresidentes de la República, volvió a encender el debate sobre los privilegios financiados con recursos públicos.

Con los votos en contra de Anna Katharina Müller Castro, Esmeralda Britton González, Iztarú Alfaro Guerrero, Roberth Junior Barrantes Camacho y Royner Mora Ruiz, diputados del oficialismo y del Partido Pueblo Soberano, la iniciativa fue rechazada. A favor del proyecto votaron Edgardo Araya Sibaja, Karol Vanessa Matamoros Montoya y Víctor Hidalgo Solís.

El diputado Edgardo Araya cuestionó el resultado de la votación y aseguró que la decisión demuestra que, cuando se trata de beneficios para quienes ejercen el poder, el discurso de eliminar privilegios queda de lado.

Los críticos sostienen que mantener este régimen de pensiones también preserva la posibilidad de que, en el futuro, quienes lleguen a cumplir los requisitos legales para acceder a ese beneficio —como podría ocurrir con el presidente Rodrigo Chaves y una eventual expresidenta Laura Fernández, si llegaran a estar cubiertos por la normativa vigente— continúen teniendo acceso a una pensión vitalicia. No obstante, el proyecto no hacía referencia a personas específicas, sino al régimen en general.

Para diversos sectores, la votación representa “más de lo mismo” en la política nacional: mientras se insiste en discursos de austeridad y eliminación de privilegios, iniciativas que buscan suprimir beneficios históricos para la clase política terminan siendo archivadas en comisión.

El rechazo del expediente vuelve a abrir la discusión sobre el uso de los recursos públicos y sobre si las pensiones vitalicias para expresidentes deben mantenerse o eliminarse por completo.

La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa rechazó, con cuatro votos del oficialismo (PPSD) y tres del Bloque Democrático, una moción presentada por la diputada guanacasteca Dra. Karol Matamoros para abrir una investigación sobre la Enfermedad Renal Crónica no Tradicional (ERCnt), padecimiento que afecta principalmente a Guanacaste.

La propuesta buscaba abrir un expediente legislativo y convocar a instituciones como la CCSS, el Ministerio de Salud, AyA, la Defensoría de los Habitantes y especialistas en nefrología para analizar las acciones del Estado frente a esta enfermedad.

El rechazo ocurre meses después de que también se desestimara la creación de una Comisión Especial de Guanacaste, pese a que anteriormente se había argumentado que los temas de la provincia podían abordarse en las comisiones ya existentes.

Durante un control político realizado el 28 de julio, Matamoros presentó cifras que calificó de alarmantes. Indicó que entre 2014 y 2019 se registraron 2.548 muertes y 1.893 egresos hospitalarios relacionados con la enfermedad, siendo Guanacaste la provincia con mayor impacto. Además, señaló que los guanacastecos tienen una probabilidad 2,5 veces mayor de morir por esta causa que el promedio nacional y que la provincia concentra la mayor cantidad de pacientes en terapias renales sustitutivas por millón de habitantes.

La legisladora también cuestionó que la Comisión Nacional para Nefropatía Mesoamericana permanezca inactiva desde finales de 2025 por la falta de nombramiento de su coordinación, e insistió en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y atención de una enfermedad que continúa cobrando vidas en Guanacaste.

El pasado domingo 2 de agosto, Costa Rica conmemoró el Día de la Virgen de los Ángeles, conocida cariñosamente como «La Negrita». Aunque la fecha ya quedó atrás, muchos trabajadores aún revisan su recibo de pago y se preguntan si ese día se les liquidó correctamente, sobre todo si les tocó laborar. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ya había aclarado el panorama antes de la fecha, y acá le contamos, sin rodeos, qué decía la ley y cómo debió aplicarse en su salario.

¿Feriado de pago no obligatorio? Así funcionó
Según el artículo 148 del Código de Trabajo, el 2 de agosto pasado fue un feriado de pago no obligatorio. Esto significó que el patrono no estaba forzado a dar el día libre, pero si el colaborador no asistió, tampoco estaba obligado a pagarle ese día… a menos que su esquema de pago lo incluyera de forma automática. Y ahí estuvo el detalle que marcó la diferencia.

Dos reglas claras según cómo le pagan (y cómo debió aplicarse)

🔹 Si le pagan por semana y trabaja en actividades NO comerciales (por ejemplo, industrias, servicios, agropecuario):

• El salario se calcula por días efectivamente laborados.
• Si no trabajó el domingo, no se le pagó ese día.
• Si laboró en el feriado, recibió un salario sencillo por esa jornada (sin recargo adicional por ser feriado, solo el valor del día ordinario).
• Si además hizo horas extras, esas se pagaron con el recargo del 50 % (tiempo y medio).

🔹 Si le pagan mensual, quincenal o es comercio con pago semanal:

• Su salario de esa semana, quincena o mes ya incluía el día completo, así que el 2 de agosto ya venía pagado aunque no hubiera trabajado.
• Si ese domingo le tocó trabajar, el patrono debió agregarle un salario sencillo adicional (para que en total recibiera el doble por ese día).
• Las horas extra que se realizaron ese día, igual que en el caso anterior, se debieron cancelar a tiempo y medio.

Ojo: la norma aplica (y aplicó) para todas las empresas, sin excepción
El MTSS enfatizó que esta normativa aplica a todo centro de trabajo en territorio costarricense, sin importar si es nacional, transnacional o internacional. Para el 2 de agosto, la regla fue pareja para todos los sectores.

¿Se puede renunciar al feriado o al pago doble?
Rotundamente no. El artículo 11 del Código de Trabajo declara nulo cualquier convenio o acuerdo en el que el trabajador renuncie al disfrute de los días feriados o a las condiciones de pago establecidas. Así que, aunque su jefe le haya propuesto un trato «alternativo» para esa fecha, recuerde que la ley lo respalda y esa renuncia no tiene validez legal.

Recomendación final para revisar su salario de esta quincena

• Si trabajó ese domingo, revise su recibo de salario: asegúrese de que el pago adicional (o el doble, según su régimen) esté reflejado correctamente.
• Si descansó, confirme con su departamento de recursos humanos que el día no se les descontó, a menos que su régimen semanal no comercial así lo estipule.
• Ante cualquier discrepancia, el MTSS tiene habilitados sus canales de consulta y denuncia para hacer valer sus derechos.

La Virgen de los Ángeles es motivo de fe y tradición, pero también un recordatorio de que los derechos laborales no son negociables. Que la bendición les haya llegado, pero con el salario bien calculado.

La incertidumbre sobre el futuro de los sistemas de pensiones y la necesidad de contar con mayores ingresos durante la jubilación han impulsado a más costarricenses a invertir en una pensión voluntaria. Sin embargo, pese al crecimiento registrado en los últimos años, la cantidad de personas que utiliza este mecanismo de ahorro sigue siendo relativamente baja.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones (Supen), los planes voluntarios registraron un crecimiento del 10,5% en los últimos seis años, mientras que durante los últimos 12 meses el incremento fue del 13%.

La tendencia refleja una mayor preocupación de los trabajadores por complementar los recursos que recibirán al momento de retirarse, especialmente ante los desafíos que enfrentan regímenes como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Otro aspecto que destaca la Supen es que cada vez más personas comienzan a ahorrar para su jubilación a edades más tempranas. Actualmente, la mayor parte de quienes cuentan con una pensión voluntaria se encuentra en el rango de edad entre los 35 y 65 años.

A pesar de este crecimiento, la cobertura sigue siendo limitada.

Según las cifras de la Superintendencia, alrededor de 168.000 personas poseen al menos un plan de pensión voluntaria, lo que equivale a apenas un 7,2% de la población económicamente activa.

Además, no todos los afiliados realizan aportes de manera constante. De ese total, solo 97.000 personas mantienen depósitos periódicos, es decir, apenas el 4,2% de la población económicamente activa.

Las pensiones voluntarias pueden contratarse tanto en colones como en dólares, y los montos de aporte se ajustan a la capacidad económica de cada persona.

Además del beneficio de crear un ahorro para la jubilación, estos instrumentos ofrecen incentivos fiscales, ya que los aportes pueden estar exentos de ciertos impuestos y cargas sociales.

Fuente: Teletica.com

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a 10 personas durante ocho allanamientos realizados la madrugada de este jueves en distintos puntos de Heredia y San José. Las autoridades vinculan a los sospechosos con un homicidio ocurrido en septiembre de 2025 y con otros hechos delictivos.

Entre los detenidos hay cuatro mujeres. Los operativos se realizaron en San Pablo de Heredia, Belén, San Francisco de Heredia, barrio Escalante y Desamparados (ver video adjunto en la portada).

Según el OIJ, la organización estaría relacionada con la venta de drogas en sectores de Heredia y con una disputa por el control territorial.

Uno de los principales casos que se les atribuye es el homicidio de Denis González Rodríguez, de 33 años, conocido como “Gringo”.

El crimen ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en Barreal de Ulloa, Heredia. De acuerdo con la investigación, la víctima era perseguida por dos sujetos en motocicleta y un vehículo.

González intentó refugiarse en un taller. Sin embargo, los sospechosos llegaron hasta el lugar y le dispararon en múltiples ocasiones. El OIJ señala que recibió al menos 19 impactos de bala.

La investigación apunta a que el homicidio habría sido producto de una disputa por territorios relacionados con la venta de drogas.

Usaban uniformes falsos

El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que la estructura criminal investigada utilizaba uniformes falsos para cometer delitos.

Las autoridades ya habían relacionado a integrantes del grupo con un aparente asalto a una vivienda ocurrido aproximadamente un mes atrás. En ese caso fueron decomisados chalecos similares a los utilizados por cuerpos policiales, además de armas de fuego.

Según Soto, algunos de los sospechosos utilizaban prendas que simulaban ser de cuerpos oficiales para ejecutar los hechos delictivos.

La investigación también relaciona a esta organización con un ‘tumbonazo’ de droga ocurrido el 9 de julio en Santa Bárbara de Heredia. Por ese caso, varias personas fueron detenidas y permanecen en prisión preventiva.

OIJ investiga posible contratación de sicarios

El director del OIJ explicó que la investigación apunta a la participación de dos grupos diferentes.

Por un lado, estaría la organización asentada en Heredia y dedicada a la venta de drogas. Por otro, un grupo dedicado al sicariato con presencia en Desamparados y Aserrí.

La hipótesis de las autoridades es que el primer grupo habría contratado al segundo para ejecutar el homicidio de González.

Soto indicó que todavía no se tiene claro cuánto dinero se pagó por este asesinato. Sin embargo, explicó que en otros casos investigados por el OIJ los pagos por sicariato pueden oscilar entre ¢100.000 y ¢1 millón, dependiendo del perfil de la víctima y de la dificultad para ejecutar el crimen.

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron armas de fuego y droga, entre esta marihuana y cocaína. Una pistola calibre 9 milímetros figura entre las evidencias que ahora serán analizadas para determinar si tiene relación con el homicidio.

Las 10 personas detenidas quedaron a las órdenes del Ministerio Público. La Fiscalía deberá definir las medidas cautelares que solicitará contra los sospechosos.

Una sofisticada organización criminal logró exportar cerca de 14 toneladas de cocaína hacia Europa y Estados Unidos durante los últimos tres o cuatro años, aprovechando una falla en el sistema de control de la terminal de contenedores de Moín, en Limón .

El método, bautizado por los investigadores como “mete y saca”, consistía en retirar contenedores del predio sin que los registros informáticos detectaran el movimiento. Según información brindada por las autoridades, los contenedores ingresaban limpios a la terminal. Luego, integrantes de la estructura lograban sacarlos sin activar las alertas del sistema.

El contenedor quedaba registrado como si permaneciera dentro de las instalaciones. En realidad, era trasladado a un predio cercano, donde los miembros de la organización lo contaminaban con cocaína. Posteriormente, lo ingresaban nuevamente a la terminal, dejándolo listo para su posterior traslado marítimo .

Una estructura con “empleados” dentro del puerto

La investigación, desarrollada por la Policía de Control de Drogas (PCD), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Crimen Organizado, permitió identificar una estructura de logística infiltrada dentro de la terminal . Entre los investigados figuran cinco personas que trabajaban en APM Terminals, quienes recibían y despachaban contenedores, y controlaban el momento de ingreso y salida de las unidades.

La organización también contaba con la presunta colaboración de traileros y oficiales de la Policía de Fronteras. Las autoridades detuvieron a nueve policías vinculados con la investigación.

El operativo “Leviatán”

El golpe a la red se ejecutó este martes con 65 allanamientos en Cartago, Alajuela, Puntarenas, Heredia y Limón . Las autoridades buscaban detener a más de 60 personas. Hasta el momento, 52 personas fueron detenidas.

El operativo movilizó a más de 1.000 oficiales de distintas unidades del Ministerio de Seguridad Pública, agentes del OIJ y funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

Líderes y dinero

Entre los principales objetivos figura un hombre de apellido Casanova, señalado como presunto líder de la estructura. También es buscada su esposa, una mujer de apellido Fernández e hija del extraditable conocido como Macho Coca. Casanova figura como sospechoso del aparente delito de tráfico internacional de drogas, mientras que su esposa es investigada por el presunto delito de legitimación de capitales.

La investigación inició tras la detección de un cargamento de 50 kilos de droga con destino a Estados Unidos. La PCD relacionó ese caso con otros hechos registrados entre 2023 y 2025.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que la estructura “brindaba servicios de logística a otros narcotraficantes” para facilitar la salida de los cargamentos desde Costa Rica, consolidando una red que operó durante años bajo la aparente normalidad del puerto limonense