Las arcas de la Municipalidad de Puntarenas se encuentran atiborradas de dinero ocioso que nunca se invierte en proyectos que beneficien a la ciudadanía porque, de acuerdo con las cifras oficiales de la Contraloría General de la República, el 74,8 por ciento del presupuesto está clasificado como superávit.

Según la página web del ente contralor el gobierno local porteño tenía (al 29 de noviembre) registrado un presupuesto de ¢26 632 millones que al tipo de cambio de ese día equivalían a $USD 51,7 millones.

No obstante, esa enorme cifra en el 2024 la Municipalidad apenas lleva usado -en obras, gastos operativos y otros rubros- el 25,2 por ciento (¢ 7 164 millones) manteniendo “congelados” ¢19 468 millones (74,8 por ciento).

La última medición del Indice de Competitividad Nacional 2024 señala que Puntarenas mantiene una tendencia hacia la baja en las condiciones socioeconómicas porque en esa medición del 2023 aparecía en la casilla 60, mientras que en el 2024 bajó al lugar 62 de los 82 cantones evaluados.

El diputado del Partido Liberación Nacional, Francisco Nicolás, mediante una nota escrita solicitó a la Alcaldía de Puntarenas una explicación clara de las circunstancias en relación con un accidente de tránsito ocurrido el 23 de agosto pasado, percance que afectó un vehículo asignado a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGV) del gobierno local de ese cantón.

Los hechos ocurrieron ese día en la ruta Esparza-Puntarenas en horas de la mañana cuando el automotor era conducido por el Alcalde de Puntarenas, Randall Chavarría, quien tiene asignado otro carro oficial para llevar a cabo las funciones propias de su cargo.

En el oficio AL-FPLN-48-OF337-2024 del 5 de noviembre pasado Nicolás le solicita a Chavarría porqué razón manejaba el carro placa SM 7735 de la UTGV en lugar del vehículo discrecional a disposición del Alcalde.

Además, el legislador pidió a la Alcaldía de Puntarenas contestar las siguientes preguntas:

-¿Se encontraba realizando diligencias personales u oficiales, si su respuesta es oficial, favor indicar cuales eran esas diligencias y aportar los respaldos respectivos?

-Este vehículo Placas SM 7735 fue adquirido mediante recursos de la ley 8114 y asignado al director de la UTGV, ¿Existe algún oficio donde se autorizada el traslado o la asignación de ese vehículo para uso del alcalde ese día?

-Favor suministrar las bitácoras de salida de vehículo utilizada por los oficiales de seguridad del predio finca Socorrito de los días 21,22,23 y 24 de agosto de 2024.

-Suministrar toda la información de la inspección realizada por Instituto Nacional de Seguros el día de los hechos.

-Favor indicar en qué etapa se encuentra el proceso judicial del accidente y aportar copia del expediente.

-En relación con los daños del vehículo indicar ¿Cuál es la valoración o costos estimados de la reparación?

-Indicar si la Municipalidad de Puntarenas cuenta con un Reglamento de uso de vehículos y si lo ocurrido en el accidente se apega a esa reglamentación.

El nuevo Código Eléctrico de Costa Rica establece que todas las viviendas deben contar con un dispositivo de protección contra sobretensiones, una medida que busca prevenir daños a equipos eléctricos y garantizar el funcionamiento de sistemas de seguridad como detectores de humo e incendio. Sin embargo, la normativa genera preocupación entre algunos ciudadanos debido a los costos asociados.

Este dispositivo, que debe instalarse como parte integral de la acometida eléctrica o inmediatamente después, tiene un precio en el mercado nacional que varía entre ¢55.000 y ¢250.000, dependiendo de la marca, modelo y especificaciones técnicas. Aunque la inversión puede parecer elevada para algunos hogares, expertos aseguran que el aparato es clave para evitar pérdidas económicas mayores causadas por fallos eléctricos.

“Una sobretensión puede dañar electrodomésticos costosos como televisores, refrigeradoras e incluso sistemas de seguridad. Este dispositivo actúa como un seguro preventivo para proteger tanto los equipos como a las personas dentro del hogar”, explicó un especialista en electricidad consultado.

Para facilitar la adquisición, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ofrece estos dispositivos a crédito, permitiendo a los usuarios pagarlos en plazos de tres o seis meses, con los cobros integrados en la factura eléctrica mensual. Esta opción busca aliviar el impacto económico de la nueva disposición y promover su adopción entre las familias costarricenses.

¿Por qué es obligatorio?

El Código Eléctrico establece esta exigencia como parte de un esfuerzo por modernizar las instalaciones eléctricas del país y prevenir accidentes o daños causados por fluctuaciones en el suministro. Según expertos, las sobretensiones pueden ocurrir por diversos factores, como tormentas eléctricas, fallas en la red o fluctuaciones en la distribución de energía.

Los dispositivos de protección están diseñados para desviar el exceso de corriente hacia tierra, evitando así que afecte los equipos conectados en el hogar. Además, aseguran que sistemas críticos, como los detectores de humo, sigan operando correctamente durante eventos eléctricos inesperados.

Opiniones divididas

Aunque la medida ha sido bien recibida por especialistas en seguridad eléctrica, algunos usuarios consideran que el costo puede ser una carga para las familias de bajos ingresos. “Es una inversión importante, pero creo que el Estado debería buscar formas de subsidiar o abaratar estos dispositivos, especialmente para personas con recursos limitados”, comentó una vecina de Desamparados.

Por otro lado, sectores de la industria eléctrica han elogiado la medida como un avance necesario para actualizar los estándares de seguridad en el país.

Recomendaciones para los usuarios

Antes de adquirir el dispositivo, se recomienda consultar a un electricista certificado para garantizar que el aparato cumpla con las especificaciones del Código Eléctrico y sea compatible con la instalación de cada vivienda. También es importante comprar en establecimientos reconocidos para evitar productos de baja calidad.

La implementación de esta nueva disposición será un paso hacia la mejora de la seguridad eléctrica en los hogares costarricenses, aunque su costo inicial plantea retos para algunos sectores de la población.

El Gobierno de la Republica y el Poder Judicial protagonizaron un nuevo enfrentamiento este miércoles, durante la conferencia semanal del Ejecutivo. Esta vez, la disputa surgió a raíz de una resolución del juez Wilbert Granados Monge, del Juzgado de Ejecución de la Pena en Limón, que anuló una circular emitida por el Ministerio de Justicia para regular las tiendas internas conocidas como “pulperías” en las cárceles.

El presidente Chaves y el ministro de Justicia, Gerald Campos, criticaron con dureza la decisión judicial, que calificaron como un retroceso en la gestión penitenciaria. Según Campos, la circular buscaba establecer un control sobre los productos vendidos en estas tiendas para evitar desigualdades y promover orden dentro de los centros penales. Sin embargo, el juez Granados consideró que la medida violaba derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, como el principio de igualdad y el derecho al trabajo.

“El juez actuó en favor de quienes propician la criminalidad”, expresó Campos, quien anunció que han denunciado a Granados ante el Ministerio Público por presunto abuso de autoridad y también ante la Inspección Judicial. Además, el jerarca criticó que no se les concedió una audiencia para justificar la directriz anulada.

Por su parte, el Poder Judicial defendió la actuación del juez Granados, asegurando que la resolución se basó en el derecho y en criterios de proporcionalidad. En un comunicado, el organismo judicial argumentó que la circular prohibía la comercialización de ciertos productos dentro del centro penitenciario sin respaldo técnico y permitía su ingreso por otras vías, lo que podía generar desigualdades internas entre los reclusos.

“Se razonó que la prohibición carecía de criterio técnico y, por el contrario, podía establecer desigualdades en el acceso a productos básicos como artículos de aseo e higiene personal. Estas limitaciones no solo son desproporcionadas, sino que también contradicen los derechos humanos”, explicó el Poder Judicial.

El presidente Chaves fue más allá y ordenó al ministro Campos cerrar las pulperías en las cárceles de Limón, argumentando que el Estado no está obligado a cubrir gastos como la electricidad y el uso de infraestructura para negocios operados por privados de libertad. “Usted, señor juez, avergüenza al Poder Judicial y al pueblo de Costa Rica”, afirmó Chaves, cuestionando la legitimidad de permitir estas operaciones en los centros penales.

El choque refleja una creciente tensión entre los poderes del Estado en Costa Rica, particularmente en torno a temas de justicia y derechos humanos. Mientras el Ejecutivo busca reforzar su control en los centros penitenciarios, el Poder Judicial insiste en el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, abriendo un nuevo capítulo en la disputa entre ambos poderes.

Paola Amador, quien es la única sobreviviente del accidente aéreo ocurrido el lunes en el cerro Pico Blanco, se recupera en el Hospital del Trauma, en La Uruca.

Así lo confirmó el Instituto Nacional de Seguros (INS), por medio de un comunicado de prensa, en donde agregó que fue ingresada a las 3:40 p. m. de este martes.

Según la entidad, la paciente está en condición estable; no obstante, no pueden brindar mayores detalles de su salud debido a que la mujer así lo prefirió.

“Ella recibirá atención médica interdisciplinaria, diagnósticos de imágenes médicas, laboratorios, servicios quirúrgicos y apoyo emocional, tanto para ella como su familia”, acotó el INS.

Amador es atendida al amparo de la póliza de Riesgos del Trabajo, pues el accidente ocurrió por consecuencia de su labor.

Agregó: “Esta es una póliza que no tiene límite de cobertura y le permitirá recibir todas las atenciones médicas, quirúrgicas y terapéuticas que requiera para su recuperación, además, este hospital cuenta con personal altamente especializado en trauma y tecnología de punta que ponemos a disposición de nuestros pacientes”.

El accidente

Esta tragedia se suscitó el lunes pasado poco después del mediodía cuando la torre de control del aeropuerto Juan Santamaría perdió contacto con la aeronave que era piloteada por Mario Miranda.

Se presume que la poca visibilidad, así como el mal clima, fueron los causantes del percance. 

Una vez que se pierde contacto, se da alerta a las autoridades, las cuales comenzaron a hacer sobrevuelos por la zona en donde fue reportada por última vez. Tras varios minutos, lograron ubicar la avioneta estrellada.  

La Cruz Roja logró llegar hasta el sitio luego de horas de caminata en un terreno bastante complicado. 

Allí, hallaron fallecidos tanto a Miranda como a otros cuatro ocupantes. La única que estaba viva era Amador, a quien lograron extraer del sitio para trasladarla, de primero, al hospital San Juan de Dios.

A partir de ahí, las autoridades se centrarán en investigar qué fue lo que pasó para lograr determinar la causa exacta del accidente.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informa que, con corte a las 9 de la mañana del lunes 18 de noviembre, se registra un restablecimiento del 99,9% de los 93.852 servicios afectados por las lluvias de días recientes. Desde ayer domingo, las nuevas afectaciones en el abastecimiento de energía han disminuido.

Los 106 pendientes se concentran en Osa (Quebrada Grande) y Puntarenas (Florida de Cóbano). El Instituto trabaja intensamente para que estos casos sean resueltos a la brevedad posible y alcanzar el 100% de restablecimiento. La Región Huetar Caribe cuenta con la totalidad de sus servicios afectados ya restituidos.

En cuanto a telecomunicaciones, se suman 104 averías resueltas y 28 aún por resolver, con cerca de 50.000 clientes con algún grado de afectación de telefonía móvil o de internet fijo. El Instituto continúa enfrentando dificultades de acceso en los puntos a intervenir; 169 técnicos especializados permanecen en campo.

Los sistemas de generación y de distribución operan con normalidad. Grupo ICE mantiene activos sus canales de comunicación para informar los detalles de la rehabilitación de la energía y la conectividad en el territorio nacional.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca detener a tres sospechosos de perpetrar estafas a través de la plataforma de comercio en línea, Marketplace.

Para ello, realizó un allanamiento la mañana de este jueves en una vivienda en Santa Marta de Montes de Oca.

Se cree que este sitio era utilizado como un centro de llamadas, desde donde se contactaban usuarios de Facebook interesados en vender artículos por internet (vea video adjunto de Telenoticias).

Aparentemente, luego de establecer el contacto y mostrar interés en el producto, estos acordaban un encuentro.

Era en ese momento que aprovechaban para mostrar un supuesto comprobante de transferencia. Sin embargo, este era falso.

Así, la víctima entregaba el bien, a pesar de que nunca recibió dinero alguno por este.

El pendiente que el Ministerio de Hacienda mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en las transferencias por concepto del impuesto a los productos de tabaco, es un motivo más de preocupación para los sindicatos de esa institución.

Así lo hicieron ver las organizaciones de trabajadores de la entidad administradora de los servicios de salud públicos, este martes, tan solo un día después de que se revelara la existencia de una deuda por ¢26.980 millones, acumulada en tres años.

“El dinero para el tratamiento de pacientes de cáncer tiene una deuda de más de ¢28.000 millones… no lo han trasladado (ese monto) para tratar a los pacientes de cáncer, como la señora de Purral (en Goicoechea). Aquí algo pasa”, dijo el presidente del Sindicato de Médicos Especialistas (Siname), Mario Quesada.

Las transferencias pendientes se suman a una creciente deuda que el Estado mantiene con la Caja, por más de ¢4 billones.

Desde hace meses, tanto con protestas como con declaraciones en espacios públicos, incluida la Asamblea Legislativa, el sector sindical de la institución ha demandado que el Gobierno honre la deuda que día a día crece.

“Hoy tengo una preocupación más aunada a esto, y es lo que está pasando también con el impuesto para el cáncer. Son ¢29.000 millones que no está girando el Ministerio de Hacienda. Esa es una preocupación más a esta deuda billonaria del Estado.

“Un impuesto que se creó en este Congreso para resolver los problemas de una enfermedad o patología grave en nuestro país, como es el cáncer. Imagínense, 29.000 millones que no está girando el Ministerio de Hacienda a la Caja. La Caja no está quebrada, es el Estado, y especialmente este Gobierno, el que se niega a honrar sus obligaciones, poniendo en riesgo la salud de los costarricenses”, aseguró el secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca), Marvin Atencio.

Por su parte, el secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Luis Chavarría, enfatizó en que —desde su punto de vista— existe una actitud “destructiva” de parte del Poder Ejecutiva hacia la institución administradora de los hospitales del país.

La vicepresidenta de la Unión Médica Nacional (UMN), Janice Sandí, se dijo “estupefacta” por la información trascendida.

“Este Gobierno no solo no honra su deuda como patrono, sino que comete la barbaridad, porque no tenemos otra forma de expresarlo, de retener un impuesto que viene de una ley y que tiene un destino específico”, indicó la médica.

La dirigente sindical reprochó que esos recursos no solo se utilizan para financiar el tratamiento de pacientes con cáncer, sino también a personas con enfermedades cardiovasculares; mismas que constituyen la primera causa de muerte en el país.

Consultado por Teletica.com respecto a por qué existen pendientes en el traslado de recursos relacionados con este tributo, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, defendió que ello responde a un tema de priorización y disponibilidad.

En ese sentido, el jerarca recordó que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece la posibilidad de limitar el giro de recursos a destinos específicos siempre que la deuda del Gobierno supere el 50% del producto interno bruto (PIB), como ocurre en la actualidad.

En el sector conocido como Invu, en Quepos, Puntarenas, un deslizamiento de tierra provocó la caída de un árbol sobre una casa, lo que dejó un saldo de cuatro personas afectadas, entre ellas una mujer adulta y cuatro menores de edad que resultaron gravemente heridos.

La Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos movilizaron varios recursos hacia el lugar tras recibir la alerta.

“Se trata de una adulta de 55 años, una niña de 8 años, una niña de 5 años y una niña de 1 año y cuatro meses.

“Se valora el traslado aéreo de la menor de 1 año y cuatro meses a San José, debido a su condición médica”, indicó Bomberos por medio de su oficina de prensa.

Las autoridades hacen un llamado a la población a extremar precauciones, especialmente en áreas con alto riesgo a deslizamientos.

Expertos de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (ALAMYS) escogieron a Costa Rica como su sede para la realización del 37° Congreso Anual y Asamblea General de ALAMYS.

El evento, que se realizará del 1 al 5 de diciembre en ese país, reunirá a más de 50 representantes, con vasta experiencia en proyectos ferroviarios desarrollados en naciones como España, Alemania y Japón, entre otras.

Para los especialistas, Costa Rica tiene un alto potencial ferroviario gracias a los proyectos que están ejecutándose desde la presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), liderada por el Ing. Álvaro Bermúdez Peña, principalmente el Tren Eléctrico Metropolitano del Gran Área Metropolitana (GAM).

Los 16 000 pasajeros que utilizan diariamente los trenes operados por INCOFER en el GAM, serán los más beneficiados con las conclusiones y recomendaciones que se establezcan en este evento.

Entre las ponencias del evento se encuentran temas como el Tren Maya en México, el Metro de Panamá y el modelo ferroviario español. Estas experiencias contribuirán a las mejoras en el sistema ferroviario costarricense.

El reconocido Congreso se realizará por primera vez en Costa Rica, decisión de gran relevancia tomando en cuenta que esa nación no es miembro de esta Asociación.

La organización ALAMYS inició sus actividades el año 1986, reuniendoa los principales operadores de transporte público de España y Portugal, así como otros operadores de Latinoamérica, formando el grupo de Miembros Principales. Posteriormente se fueron integrando algunos de los más conocidos proveedores del sector ferroviario de Europa y América, formando el grupo de Miembros Adherentes.

Actualmente, la Asociación cuenta con 37 Miembros Principales de 11 países de Latinoamérica y la Península Ibérica (operadores y autoridades en el ámbito de los Ferrocarriles Metropolitanos) y 33 Miembros Adherentes de 11 países (proveedores de equipos, sistemas y servicios ferroviarios), 6 Miembros Honorarios distinguidos por su larga y fructífera trayectoriaenla Asociación y el sector ferroviario y, también, colabora con otras 5 Asociaciones relevantes del sector.

Grandes éxitos

La organización ALAMYS promueve la implementación y expansión de sistemas ferroviarios de transporte público como una solución sostenible para la movilidad de personas en las ciudades, contribuyendo en la mejora de la calidad de vida y el ambiente.

De acuerdo con la firma consultora Statista los sistemas de transporte público, como los trenes o los metros -entre otras modalidades- son utilizados actualmente por alrededor de cuatro mil millones de usuarios en todo el mundo.

“Pero estos sistemas no solo se han convertido en aliados de la población, especialmente en las grandes ciudades, sino también del medio ambiente. Y es que, el uso de estos medios de transporte permite la descongestión del tráfico y, por ende, reduce las emisiones de dióxido de carbono de los automóviles. No sorprende así que numerosos gobiernos hayan instaurado políticas para potenciar su utilización, recurriendo incluso a la restricción del acceso a los centros urbanos de los vehículos más contaminante”, indica Statista.

Esa fuente señala que, en el año 2023, aproximadamente el 56 por ciento de la población mundial usó en alguna ocasión el transporte público, “esto supuso un crecimiento de cerca de siete puntos porcentuales con respecto a la tasa de penetración que este tipo de transporte registró durante el año previo”.

Las previsiones apuntan a que la tasa de penetración se mantenga en torno a esta cifra durante el próximo quinquenio. Quienes deseen conocer detalles más específicos del Congreso pueden ingresar en en el link: Alamys – 37° CONGRESO ANUAL Y ASAMBLEA GENERAL DE ALAMYS: SAN JOSÉ (COSTA RICA) 2024

El segundo frente frío de la temporada impactará notablemente a Guanacaste, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Este fenómeno intensificará los vientos alisios en la región, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h, especialmente en zonas montañosas y abiertas. Esto podría incrementar el riesgo de caídas de ramas, árboles y daños en techos o estructuras débiles.

En términos de lluvias, aunque el Pacífico Norte no será el área más afectada, se prevé nubosidad variable con chubascos aislados durante las noches y madrugadas. Las temperaturas descenderán ligeramente, especialmente en las mañanas y noches, con mínimas cercanas a los 19°C en lugares como Bagaces y alrededores de Liberia.

Recomendaciones específicas para Guanacaste:

1. Precaución en carretera: Los fuertes vientos pueden dificultar la conducción, en particular para vehículos altos o livianos.
2. Revisión de estructuras: Asegúrese de que techos y elementos expuestos al aire libre estén bien asegurados.
3. Atención agrícola: Los productores deben tomar medidas para proteger cultivos vulnerables al viento y temperaturas más bajas.

El IMN enfatiza que estas condiciones se extenderán hasta los primeros días de la próxima semana, marcando el inicio de la transición hacia la estación seca en Guanacaste, con cielos más despejados y menor humedad en los próximos días.

Condiciones climáticas esperadas

De acuerdo con el IMN, este fenómeno provocará un aumento notable en los vientos alisios, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en áreas montañosas como Cañas, el Cerro de la Muerte y el Volcán Irazú. Mientras tanto, las lluvias se concentrarán principalmente en el Caribe, dejando al resto del territorio nacional con un clima más fresco y ventoso.

El climatólogo Daniel Poleo, del IMN, explicó que este frente frío coincide con el desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical hacia el sur, lo que permitirá la llegada de condiciones más secas en regiones como el Valle Central y el Pacífico Norte. “A partir del 24 de noviembre, comenzaremos a notar cielos más despejados y una reducción en las lluvias en estas zonas”, comentó.

Duración e impacto del fenómeno

Se espera que este empuje frío se extienda hasta los primeros días de la próxima semana. Las autoridades han hecho un llamado a la población para tomar precauciones ante las fuertes ráfagas de viento, especialmente en zonas cercanas a árboles, estructuras débiles o áreas expuestas.

En el Caribe, las lluvias podrían generar acumulaciones de agua, lo que representa un riesgo para ciertos sectores. La Comisión Nacional de Emergencias y el IMN han instado a los habitantes a mantenerse atentos a los reportes y alertas preventivas.

Un cambio hacia la época seca

Este segundo frente frío marca un punto clave en el ciclo climático del país, al dar inicio a la transición hacia la temporada seca. Aunque las lluvias continuarán en el Caribe durante los próximos días, las regiones del Valle Central y el Pacífico Norte comenzarán a experimentar cielos despejados, menor humedad y temperaturas más cálidas, típicas de esta época del año.

Recomendaciones para la población

Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para minimizar riesgos:

• Evitar actividades al aire libre en zonas expuestas a fuertes vientos.
• Revisar techos, árboles y estructuras que puedan estar en riesgo de desprendimiento o caída.
• Mantenerse informado a través de los reportes meteorológicos oficiales y las alertas de la Comisión Nacional de Emergencias.

Con este fenómeno, Costa Rica se despide gradualmente de la temporada lluviosa, dando paso a los días soleados y menos húmedos que marcarán el cierre del 2024.

Como parte de su compromiso con el desarrollo profesional y social de las comunidades cercanas, Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) ha integrado a 14 estudiantes de diversos centros educativos de la región a su programa de admisión de practicantes.

Esta iniciativa refuerza el enfoque estratégico de SPC en contribuir activamente al crecimiento local, brindando a los jóvenes la oportunidad de adquirir experiencia en el sector portuario y desarrollar habilidades que serán clave en su futura vida profesional.

Los 14 estudiantes, provenientes de diferentes centros de estudio, están participando en una experiencia de aprendizaje – práctica que abarca diversas áreas operativas y administrativas en SPC. Durante el tiempo que realicen su práctica profesional, cuentan con la guía de profesionales altamente capacitados, lo que les permite vincular la teoría con la práctica en un entorno real de trabajo.

“En SPC, creemos firmemente en el poder transformador de la educación y el aprendizaje práctico. A través de este programa, buscamos no solo formar a los futuros profesionales de Costa Rica y en especial de la provincia de Puntarenas, sino también fortalecer el vínculo entre la empresa y las comunidades que nos rodean”, afirmó. Ricardo Ospina, Gerente General de SPC.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso continuo de SPC con la comunidad, la formación de talento local y el crecimiento económico y social de la región. Al ofrecer oportunidades de aprendizaje a los jóvenes, se refuerza su papel de la compañía como motor del desarrollo comunitario, asegurando que la próxima generación de profesionales esté bien preparada para enfrentar los retos del futuro.