El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zuñiga, hizo un enfático llamado a la unión y cooperación entre los distintos cuerpos policiales del país, en medio de recientes tensiones institucionales.

“Juntos como cuerpos policiales hermanos”, expresó Zuñiga, destacando la importancia de trabajar en equipo para garantizar la seguridad ciudadana.

El jerarca rechazó cualquier insinuación de conflictos internos o rivalidades entre instituciones encargadas de la seguridad. “Solo en una mente limítrofe o desquiciada se puede pensar en una lucha fratricida o rivalidad”, afirmó.

Zuñiga enfatizó que el bienestar del país debe estar por encima de los intereses personales. “Costa Rica es mucho más que egos desbordados. Merecemos más como país”, agregó.

Finalmente, subrayó la necesidad de mantener la cohesión institucional en momentos críticos. “Unidos prevaleceremos, divididos caeremos. La seguridad es para todos”, concluyó.

San José, Costa Rica. – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que vetará la recientemente aprobada Ley de Extinción de Dominio, una normativa que permitiría al Estado confiscar bienes obtenidos mediante actividades ilícitas —como narcotráfico, corrupción y lavado de dinero— incluso sin una condena penal.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario expresó su preocupación por lo que considera un debilitamiento de garantías constitucionales, especialmente la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad privada. “En Costa Rica debemos castigar a los delincuentes, sí, pero respetando siempre las garantías constitucionales”, afirmó Chaves.

¿Qué establece la ley?

La Ley de Extinción de Dominio permite al Estado recuperar bienes que no puedan ser justificados con ingresos lícitos, aun cuando no exista una sentencia penal. El proceso se llevaría a cabo en la jurisdicción civil, y la carga de la prueba podría recaer sobre el propietario, quien debe demostrar el origen legal de sus bienes.

Puntos clave de la ley:

• No se requiere condena penal para incautar bienes.
• El proceso es independiente del juicio penal.
• El Estado debe demostrar que el bien proviene de una actividad ilícita.
• El propietario puede ser obligado a justificar la legalidad de sus activos.

Argumentos del Ejecutivo

Según el análisis jurídico del Ejecutivo, el texto aprobado abre la puerta a posibles abusos administrativos, permite afectaciones a personas inocentes y no ofrece suficientes garantías legales para evitar el uso político de esta herramienta.

El presidente dejó claro que no se opone al concepto de extinción de dominio, pero sí a su implementación tal como fue planteada en esta legislación.

Reacciones divididas

El anuncio del veto provocó reacciones mixtas. Mientras algunos sectores aplauden la decisión por los posibles riesgos legales que implica la ley, otros, especialmente desde el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Asamblea Legislativa, insisten en que esta herramienta es fundamental para enfrentar al crimen organizado.

La Fiscalía ha recalcado que el poder económico del narcotráfico ha penetrado distintas instituciones del país, y que la extinción de dominio es clave para debilitar financieramente a las estructuras criminales.

El país queda ahora a la espera del veto formal por parte del Ejecutivo y de una posible renegociación legislativa que permita reformular el texto con mayores garantías constitucionales, sin debilitar su eficacia frente al crimen.

Tras 10 horas de audiencia, minutos antes de la medianoche del miércoles, un juez puso en libertad al exministro de Obras Pública y Transportes, Mauricio Batalla; así como al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado.

De igual manera, ordenó la excarcelación del director general de Aviación Civil, Marcos Castillo, y de un funcionario de apellido Villalobos; todos investigados en el escándalo de supuesta corrupción conocido como “Pista Oscura”.

Sus liberaciones se dieron luego de que, en una audiencia de solicitud de medidas cauteles, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) descartara la prisión preventiva entre las disposiciones peticionadas mientras continúa la investigación por supuestas anomalías en la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.

El Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública ordenó la liberación bajo la condición de que los sospechosos se presenten nuevamente a los tribunales de Goicoechea este jueves, para continuar con la vista, confirmó a Teletica.com el defensor de Castillo, José Francisco Madrigal.

Batalla y los funcionarios públicos son investigados, junto a otro grupo de personas, por aparentes irregularidades en una modificación del contrato que se había suscrito con la Constructora MECO para los arreglos en la zona de aterrizaje.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron la mañana de este jueves a los sospechosos de acabar con la vida de su exagente, Ruddy Campos.

Las detenciones se llevaron a cabo durante allanamientos ejecutados en Ticabán de Pococí y en Barranca de Puntarenas (vea video adjunto de Telenoticias).

En el primero de los puntos, la Policía Judicial detuvo al presunto autor intelectual del hecho, mientras que en el segundo, el aparente perpetrador del crimen. Las identidades de los sujetos no han trascendido al cierre de esta publicación.

Preliminarmente, se maneja que el homicidio se ejecutó por venganza, luego de que la víctima tomara la decisión de enfrentarse a la criminalidad local.

Campos fue asesinado de 25 disparos el 16 de enero de 2024 en La Rita de Pococí, cuando fue interceptado mientras conducía su motocicleta. Se cree que, tras cometer el crimen, el responsable del hecho robó la moto y un arma de fuego que portaba el ofendido.

El agraviado laboró en la Policía Judicial en 2009 y del 2013 al 2020. También fue parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) desde finales de 2009 hasta 2011.

El gobierno de Rodrigo Chaves mantiene un silencio total después de la detención de dos de sus jerarcas en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.

Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y Marcos Castillo, director de Aviación Civil, fueron arrestados durante los allanamientos llevados a cabo a primeras horas de la mañana. También están involucrados en el caso otros funcionarios, entre ellos un individuo de apellido Villalobos y el exministro de Transportes, Mauricio Batalla.

A pesar de que las diligencias judiciales comenzaron antes de las 6 a. m., la Presidencia de la República no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre los arrestos. Ni en las redes sociales ni en los canales oficiales se ha ofrecido declaración alguna, y tampoco ha respondido a la consulta realizada por Teletica a las 2:36 p. m. sobre la situación.

Se espera que el presidente Chaves y su gabinete se pronuncien mañana, alrededor de la 1 p. m., en la conferencia de prensa semanal que suelen ofrecer.

Este silencio oficial plantea interrogantes sobre cómo la administración Chaves maneja los casos de alto perfil dentro de su gobierno.

La Fiscalía de Puntarenas confirmó que un juez ordenó tres meses de prisión preventiva contra una mujer sospechosa de proporcionar información bancaria de 14 mil clientes a una organización criminal dedicada a cometer estafas.

La detenida, de 30 años y conocida como “Topo”, fue capturada el pasado jueves por agentes de la Sección Especializada Contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El arresto se efectuó durante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle El Bosque, en Higuito de Desamparados, San José.

Según la Policía Judicial, la sospechosa trabajaba en una empresa que prestaba servicios a entidades bancarias y, presuntamente, utilizó su acceso a bases de datos confidenciales para vender la información a la organización delictiva.

Esta banda fue desarticulada el pasado 27 de noviembre de 2024, tras una serie de siete allanamientos dirigidos por la Fiscalía Adjunta de Puntarenas. En ese operativo, se intervino un “call center” en Sabana Sur, San José, y se detuvo a 23 personas sospechosas de haber sustraído 125 millones de colones a seis clientes bancarios.

Actualmente, los 23 miembros de la organización cumplen prisión preventiva.

El abogado de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, por quien la DEA ofrece una recompensa de 500 mil dólares, aseguró que no hay ningún contacto entre su cliente y su familia.

El representante legal cuestionó la veracidad de ciertos elementos de la investigación, señalando que las fotografías carecen de fecha y que no hay garantía de que los audios amenazantes hayan sido enviados por Arias Monge.

Alias “Diablo” es considerado uno de los criminales más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Según las autoridades estadounidenses, Arias Monge ha conspirado con diversas organizaciones de narcotráfico para transportar cargamentos de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos, pasando por Costa Rica, Honduras, Guatemala y México.

El requerimiento de la DEA señala que la organización de Arias Monge también intimida a los ciudadanos costarricenses mediante la publicación de imágenes de armas de fuego, mensajes amenazantes y videos de asesinatos. Además, las autoridades han identificado células criminales operadas por él en las siete provincias de Costa Rica.

Su defensa critica que todos los crímenes y organizaciones de narcotráfico desarticuladas en el país sean relacionadas con su cliente. Actualmente, alias “Diablo” es requerido en Costa Rica por tráfico de drogas, homicidio y robo agravado.

Un adulto mayor de 80 años fue rescatado con vida esta mañana por personal de la Cruz Roja en las montañas de Alto Pavas, en Carrizal de Alajuela, después de permanecer desaparecido desde la tarde del lunes. El hombre, quien tiene experiencia en actividades de montaña, había caído a un río y pasó más de 14 horas perdido en la zona boscosa antes de ser encontrado.

Según informaron los equipos de rescate, el octogenario fue localizado alrededor de las 8:00 a.m. de este martes en condiciones estables, aunque presentaba signos de agotamiento por la exposición prolongada al clima y el terreno difícil. Los paramédicos iniciaron de inmediato el proceso de extracción para llevarlo a un lugar seguro, donde evaluaron su estado de salud y determinaron si requería traslado a un centro médico.

El operativo de búsqueda había comenzado la tarde del lunes, luego de que familiares reportaran su desaparición minutos antes de las 6:00 p.m. Durante la noche, los rescatistas lograron establecer contacto auditivo con el hombre, pero las condiciones climáticas y la densa vegetación impidieron ubicarlo visualmente hasta la mañana de este martes.

“Afortunadamente, el señor seguía consciente y pudo responder a nuestros llamados cuando reiniciamos la búsqueda al amanecer”, explicó un vocero de la Cruz Roja. El adulto mayor vestía camiseta, pantaloneta y botas al momento de extraviarse.

Autoridades destacaron que este es el tercer rescate exitoso de adultos mayores en zonas montañosas de Alajuela en lo que va del año, por lo que recomendaron evitar caminatas solitarias en áreas agrestes, especialmente durante la temporada lluviosa.

El hombre fue trasladado a una clínica local para una evaluación médica completa, donde se confirmó que se encuentra estable y bajo observación. Las autoridades continuarán las indagaciones para determinar las circunstancias exactas de cómo cayó al río y pasó la noche en la montaña.

Estructuras criminales emergentes están utilizando el nombre de Alejandro Arias, alias “Diablo”, para enfrentar a sus rivales y generar miedo en comunidades donde operan, según investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Este modus operandi ha sido detectado en varias zonas del país. Recientemente, en Guanacaste, autoridades desarticularon a los “Diablos Nicoyanos”, una banda que pretendía vincularse con la organización de Arias para fortalecer su influencia ilegal.

La estructura real de “Diablo” tiene su base en Pococí, donde se le relaciona con narcotráfico, homicidios y legitimación de capitales. Actualmente, es el criminal más buscado de Costa Rica.

En un giro significativo, la DEA de Estados Unidos ofreció esta semana una recompensa de $500 mil por información que lleve a su captura, intensificando la persecución internacional en su contra.

El cierre definitivo de la Terminal de Autobuses 7-10, ubicada en Barrio México, San José, ha generado un reajuste en las operaciones de transporte interurbano e internacional. Según información confirmada por El Financiero, las actividades en dicha terminal cesaron el pasado 30 de abril por decisión de Portafolio Inmobiliario, empresa propietaria del inmueble, la cual indicó que el espacio será destinado a un nuevo proyecto.

La terminal, inaugurada en agosto de 2015 con una inversión de $10 millones (aproximadamente ₡5 mil millones), operaba como un centro logístico y de transporte que incluía estacionamientos, áreas de encomiendas, oficinas administrativas, andenes de carga y descarga, así como servicios complementarios como locales comerciales y comedores. Desde sus instalaciones partían rutas hacia destinos nacionales como Jacó, La Fortuna, Ciudad Quesada, Cóbano y Zarcero, además de servicios internacionales a Nicaragua y El Salvador.

Ante el cierre, las empresas de transporte han reubicado sus operaciones en diferentes terminales de la capital. Transportes Jacó y Transmonteverde trasladaron sus servicios a la Terminal del Atlántico Norte, situada 450 metros al norte del Parque La Merced, misma que también albergará las rutas hacia la Zona Norte. Por su parte, Nicabus estableció como nuevo punto de partida y llegada la Terminal Comtrasuli, cercana al Mercado de la Coca-Cola. Mientras tanto, Transportes del Sol operará temporalmente desde esa ubicación hasta finalizar la construcción de su propia terminal, ubicada 75 metros al norte de la antigua 7-10.

Aunque circulan versiones no confirmadas en redes sociales sobre la posible instalación de un centro comercial de origen oriental en el lugar, ninguna fuente oficial ha validado dicha información. Las autoridades competentes y las empresas involucradas no han emitido mayores declaraciones sobre los planes futuros para el inmueble.

El cierre de la terminal representa un cambio significativo en la dinámica del transporte público capitalino, obligando a los usuarios a adaptarse a las nuevas disposiciones de rutas y horarios. Se espera que en los próximos días se brinden mayores precisiones sobre las alternativas disponibles para los afectados.

osta Rica enfrenta una creciente amenaza debido a la actividad de grupos delictivos y cárteles internacionales que operan en diversas regiones del país. 

Informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Seguridad Pública estiman que alrededor de 300 bandas criminales están activas en el territorio nacional, con un impacto significativo en la seguridad ciudadana. 

La violencia generada por estas organizaciones ha alcanzado niveles sin precedentes, reflejados en el aumento de homicidios (este año se contabilizan más de 232), enfrentamientos armados y expansión territorial de las agrupaciones mencionadas.

Las zonas más peligrosas y la disputa territorial

Rándall Zúñiga, director del OIJ, describe la situación como una lucha constante entre grupos criminales por el control del territorio y las actividades ilícitas.

“Las personas que integran los diferentes grupos criminales, al verse asediadas por un grupo rival o inclusive por la Policía, tratan de repeler el ataque como tal. Ellos todos los días se están enfrentando, están en una disputa territorial, luchando por el control del negocio”, indicó Zúñiga.

Según el jefe policial, las bandas más peligrosas han sido golpeadas por las autoridades y muchos de sus cabecillas están en prisión. No obstante, esto no ha detenido la violencia.

“En la provincia de Limón, en su momento, eran la banda de ‘La H’, la de ‘Peña Rusell’, la del ‘Valle de la Estrella’ y la de alias ‘Diablo’ (Alejandro Arias Monge, el narco más buscado del país), las que han logrado expandir su capacidad territorial no solo en Limón, sino ubicarse en otras partes del país, lo que ha aumentado los conflictos de control territorial internos de Costa Rica y nos tiene con este aumento de homicidios”, explicó Zúñiga.

El conflicto también se ha trasladado a otras zonas del país.

“Los barrios del sur de San José son los más calientes, así como los del norte de San José, como Guadalupe. Este último se debe a la captura del cabecilla alias ‘Sobrino’, lo que ha generado que bandas de León XIII estén tratando de apoderarse de los territorios que controlaba este grupo criminal. 

“Puntarenas centro tiene 10 bandas fraccionadas que están disputándose todo el control territorial, incluyendo la zona de Barranca, El Roble, Fray Casiano, 20 de Noviembre y Puntarenas centro”, agregó el jerarca.

Zúñiga también señaló que hay una expansión de la violencia hacia zonas donde anteriormente no se registraban altos niveles de criminalidad.

“En la parte de Parrita, Quepos y Jacó hay otra situación importante de criminalidad, así como en Guanacaste, principalmente en Santa Cruz y Nicoya, que generan violencia. También hay situaciones nuevas en las provincias de Heredia y Alajuela, que antes no tenían tanta criminalidad, y algunas partes de los anillos en Cartago, como el Proyecto Manuel de Jesús Jiménez y Llanos de Santa Lucía, en el límite de Paraíso”, manifestó el director de la Policía Judicial.

Un panorama cambiante

Las zonas de mayor criminalidad fluctúan con el tiempo. “Hace año y medio teníamos una criminalidad muy fuerte en Batán. En el 2023 cerramos con 51 homicidios en este cantón de Matina, es decir, prácticamente un homicidio por semana. En el caso de Limón, como cantón, teníamos 100 homicidios, pero tras intervenciones del OIJ, se logró reducir esta cifra”, indicó Zúñiga.

Actualmente, el foco de violencia se ha trasladado a los barrios del sur y norte de San José, donde la captura de cabecillas ha desatado nuevas disputas. En Puntarenas, la fragmentación de bandas ha generado un ambiente de constante inestabilidad, mientras que Guanacaste también presenta problemas en Santa Cruz y Nicoya. Asimismo, zonas como Heredia y Alajuela, que antes no tenían altos niveles de criminalidad, han visto un incremento en la actividad delictiva.

El crecimiento de la violencia y la presencia de estas bandas han generado preocupación en la ciudadanía, afectando la percepción de seguridad y el desarrollo económico en algunas regiones. Comerciantes y habitantes de las zonas más afectadas denuncian que viven con temor debido a las constantes disputas entre grupos criminales.

Las autoridades han implementado operativos para desarticular estas organizaciones, pero el fenómeno sigue evolucionando.

“El problema es que cuando logramos desarticular una banda, surgen nuevas estructuras criminales que intentan ocupar su lugar. Es una lucha constante”, señaló Zúñiga.

Para combatir esta problemática, se han anunciado estrategias para fortalecer la seguridad y mejorar la coordinación entre las fuerzas policiales. Sin embargo, los expertos advierten que sin una intervención social profunda y políticas de prevención del delito, el problema seguirá creciendo.

El desafío para Costa Rica no solo radica en contener la violencia, sino en atacar las causas estructurales del crimen organizado.

La falta de oportunidades, el desempleo juvenil y la penetración del narcotráfico en comunidades vulnerables son factores que continúan alimentando este problema. Mientras tanto, las autoridades continúan su lucha contra estas bandas que han puesto en jaque la seguridad del país.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) interpuso este jueves una querella contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, luego de que el mandatario calificara al sindicato como “corrupto”.

Según el secretario general de la ANEP, Albino Vargas, la Junta Directiva Nacional del sindicato tomó la decisión unánime de proceder legalmente por presunta difamación, injuria y calumnia. Antes de presentar la acción legal, la ANEP envió una carta al presidente solicitando una retractación y disculpas públicas en un plazo de 24 horas. En caso de no recibir respuesta, el sindicato procederá con la demanda en sede judicial la próxima semana .