Como parte de la conmemoración de la Semana de la Alfabetización Preventiva en materia Penal Juvenil, el Poder Judicial de Costa Rica inauguró el Festival de la Prevención del Delito 2025 en la provincia de Guanacaste, este 19 de mayo en el Colegio Técnico Profesional de Hojancha.

La iniciativa es liderada por el Juzgado Penal Juvenil, en coordinación con la Fiscalía, la Defensa Pública y el programa de Justicia Restaurativa de Nicoya. El Festival se desarrollará del 19 al 22 de mayo, en donde se visitarán ocho colegios públicos y se impartirán talleres educativos y actividades de sensibilización dirigidas a más de 2.400 estudiantes.

El objetivo del festival es fomentar desde edades tempranas una conciencia preventiva, con un enfoque socioeducativo e interinstitucional, que permita a las personas menores de edad conocer sus derechos, deberes y las implicaciones legales que establece la legislación penal juvenil costarricense.

Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia resaltó la importancia de estas iniciativas para que las personas menores de edad puedan informarse en las formas de prevención del delito penal juvenil y que tengan herramientas para ser personas de bien. 

“Queremos que este festival sea una oportunidad para conocer sus derechos, para expresar sus ideas, para fortalecer su voz y para comprender que la prevención empieza en cada decisión que tomamos día a día. Estamos aquí para acompañarlos, para escucharlos y para recordarles que el futuro comienza ahora, con cada paso que dan”, expresó el Presidente de la Corte.

Gerardo Rubén Alfaro Vargas, magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa destacó que, en esta ocasión el Festival abarcó zonas rurales y a estudiantes de 8 colegios públicos.

“Qué importante es poder ir a los colegios y compartir con los muchachos y muchachas, hacer actividades académicas, lúdicas de juegos para que ellos puedan enseñarnos y aprender con nosotros, además de hablar sobre procesos formativos de cómo tenemos que mantenernos alejados del delito”, indicó el magistrado Alfaro.

Jose Pablo Monge Arguedas, Juez del Juzgado Penal Juvenil de Nicoya resaltó que “el Festival es una estrategia novedosa para alfabetizar en la prevención del delito dirigida a estudiantes de secundaria, mediante actividades lúdicas y educativas que ofrecen una forma atractiva de brindar herramientas a los adolescentes para que conozcan la Ley y eviten incurrir en situaciones de violencia o comisión de delitos”.

Concurso #EligeBien en TikTok.

Este año, el festival innova con el lanzamiento del concurso #EligeBien, dirigido a estudiantes de secundaria. La iniciativa invita a las juventudes a crear videos cortos en TikTok que promuevan mensajes de prevención del delito.

Estudiantes del CTP Nandayure obtuvieron el primer lugar del concurso de TikTok #Eligebien del Festival de la Prevención del Delito. Los chicos y chicas hicieron un TikTok creativo donde explotaron sus talentos y con un mensaje educativo.

Con este festival, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la prevención del delito en la población joven, promoviendo una justicia formativa, cercana y restaurativa, que permita a las personas adolescentes superar conflictos y reintegrarse plenamente a sus familias y comunidades.

En el acto inaugural se contó con la participación de  Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte; Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa; Carlo Díaz Sánchez, Fiscal General de la República; Michael Soto Rojas, Subdirector del OIJ; Juan Carlos Pérez Murillo, Director de la Defensa Pública; Siria Carmona Castro, Ana Isabel Orozco Álvarez, Gary Bonilla Garro, integrantes del Consejo Superior, así como integrantes del equipo de Justicia Restaurativa de Nicoya y representantes del gobierno local y demás instituciones colaboradoras.

Centros educativos participantes:

·           Colegio Técnico Profesional de Hojancha

·           Liceo de Los Ángeles de El Porvenir

·           Liceo de El Carmen

·           Liceo de Colonia del Valle

·           Liceo de San Francisco de Coyote

·           Colegio Técnico Profesional de Nandayure

·           Colegio Técnico Profesional de Jicaral

·           Liceo de Lepanto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detectó a un empleado bancario sospechoso de crear páginas web falsas utilizadas para cometer fraudes electrónicos (ver video adjunto de Telenoticias).

El detenido, identificado como Castro Alcócer, de 33 años, fue capturado este martes por agentes del OIJ de Cartago y la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, poco antes de ingresar a su lugar de trabajo.

Las autoridades lo señalan como el creador de sitios web fraudulentos que vendía a grupos criminales especializados en estafas electrónicas.

Uno de los portales que clonó fue el del Municipio de Cartago, lo que permitió que delincuentes lo utilizaran en octubre de 2024 para engañar a una víctima con el timo del falso funcionario municipal.

La persona afectada creyó que recibiría ayuda en el trámite de declaración de bienes inmuebles, pero en lugar de eso, le sustrajeron ₡335.000 de su cuenta bancaria.

Además, una mujer identificada como Brenes González fue arrestada por prestar su cuenta bancaria para recibir el dinero robado.

Según el OIJ, el sospechoso adquirió en Suiza y Dinamarca los derechos para crear los sitios web falsos y utilizó su tarjeta de crédito, lo que permitió rastrear los dispositivos electrónicos empleados en los fraudes.

El banco donde trabajaba el detenido aseguró que ha colaborado plenamente con la investigación y enfatizó que el hecho responde a una acción individual, ajena a la política institucional de la entidad financiera.

En el operativo, las autoridades decomisaron la tarjeta de crédito utilizada en las transacciones, además de tres componentes de computadora y un celular.

Un documento oficial emitido por la Contraloría General de la República (CGR) determinó que de las 91 entidades locales existentes en el país (84 municipios más siete Concejos de Distrito), un 44 por ciento (40 instituciones) operan con Oficinas de Auditoría Interna donde solamente labora un funcionario.

Según establece el oficio DFOE-LOC-0818 del 9 de mayo firmado por Vivian Garbanzo y María del Milagro Rosales -Gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo Local y Fiscalizadora de la CGR, respectivamente- el presupuesto anual promedio de esas 40 Oficinas de Auditoría Interna es de apenas ¢39,8 millones suma de la cual se debe rebajar el salario del funcionario y; por esa razón, las cantidades para contratación de servicios externos (como avalúos en caso de ser necesario) o pago de viáticos es casi nula.

El Oficio de la CGR surgió en repuesta a una solicitud del Presidente de la Asociación de Auditores Internos de Gobiernos Locales, Jorge Pérez, quien entre otros datos solicitó conocer cuántas municipales del país contaban con un subauditor interno.

Pérez señaló que la respuesta de la Contraloría pone en evidencia de forma objetiva una situación que “nuestra Asociación ha venido señalando desde hace varios años: el preocupante debilitamiento estructural y funcional del régimen municipal en materia de control interno”.

De acuerdo con el Presidente de la Asociación es “sumamente revelador que de todas las Auditorías Internas municipales, solo cinco cuenten con un subauditor interno nombrado, lo cual impide asegurar continuidad técnica, supervisión efectiva y la existencia de una línea de mando mínima, esencial en cualquier unidad de control.

“Estas cifras confirman que, a pesar de haber transcurrido más de dos décadas desde la promulgación de la Ley General de Control Interno, el sistema superior de fiscalización aún no cuenta con un pilar fuerte en el nivel municipal. Este debilitamiento compromete no solo la independencia funcional de las auditorías internas, sino la calidad de la gestión pública y el uso eficiente de los recursos públicos”, añadió Pérez.

Actualmente en la Asamblea Legislativa se discute el proyecto de Ley 24 931 para dotar a las Oficinas de Auditoría Interna con una suma equivalente al 3 por ciento del presupuesto anual de cada gobierno local.

El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, fue el único de los investigados en el caso de presunta corrupción conocido como “Pista Oscura” que salió ileso de la audiencia de medidas cautelares celebrada en la última semana.

Contra el jerarca, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) pretendía incluso que se le suspendiera del cargo por un año.

Sin embargo, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública estuvo lejos de acoger ese pedido e, incluso, descartó otras medidas de menor gravedad, como el impedimento de salida del territorio costarricense, la prohibición para ingresar a su lugar de trabajo o de acercarse a testigos.

“La señora jueza consideró que había algunos aspectos relacionados con el tema de la participación de él. Vamos a ver, es importante aclarar que, con relación a los hechos en específico, la jueza no los cuestiona, considera que sí existe la delincuencia que aquí se ha investigado por parte de la Fiscalía. Pero ella tiene dudas respecto de la influencia que don Alejandro pudo haber generado sobre otras personas que también participaron en los hechos”, explicó el representante del Ministerio Público, Diego Maroto.

Pero el defensor de Picado, José Francisco Quesada, considera que las declaraciones de su contraparte no fueron lo suficientemente claras.

En ese sentido, el abogado amplió que la decisora descartó que se haya aportado prueba alguna que ligue al presidente ejecutivo con los hechos por le achacan en el expediente 24-000454-1218-PE.

“Lo que dijo la señora jueza fue que la Fiscalía ha traído prueba de que efectivamente no había nexo causal y que, aparentemente, los documentos en los que solicita la integración del cantón de Liberia en el decreto (de emergencia por los efectos del huracán Bonnie) y en el plan de inversión están basados en un tratamiento de un informe que había hecho la unidad de Infraestructura de la Dirección General de Aviación Civil totalmente manipulado. Eso fue lo que la jueza dijo, que trajeron prueba sobre eso.

“No obstante, hasta el día de hoy, no hay prueba de que don Alejandro, en primer lugar, haya tenido conocimiento de que los documentos que se le presentaron a la Comisión Nacional de Emergencias habían sido manipulados en su contenido. En segundo lugar, tampoco trajeron prueba de que don Alejandro haya torcido la voluntad de los miembros de la Comisión Nacional de Emergencias, para aprobar, tanto la sugerencia a incluir al cantón de Liberia en el decreto o que haya influido en la voluntad de los miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias para aprobar el plan de inversión”, indicó el jurista 

De esta manera, sostuvo Quesada, el órgano jurisdiccional no tuvo otra posibilidad más que rechazar las medidas cautelares, ya que no se cumplían los requisitos exigidos por el artículo 239 del Código Procesal Penal.

La Fiscalía, por su parte, apeló esa decisión. Ahora deberá programarse una vista ante el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, donde se conocerá el recurso.

A diferencia de Picado, el exministro Mauricio Batalla, el director general de Aviación Civil, Marcos Castillo, así como un ingeniero de apellido Villalobos, deberán descontar disposiciones leves mientras se avanza en la investigación que a todos se les sigue por presunto tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública en la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.

Desde la madrugada del lunes 19 de mayo, la Municipalidad de Carrillo y en conjunto con diversas instituciones y empresas, ha realizado labores para garantizar la seguridad y el bienestar de los transeúntes y usuarios del transporte público en la zona.

Acciones realizadas

• Instalación de toldos: Se colocaron seis estructuras para proteger a las personas de las condiciones climáticas, como el sol intenso y la lluvia.
• Despeje de árboles: Se llevó a cabo el descuaje de árboles cercanos al puente que obstruían el paso de autobuses hacia la zona de llegada de pasajeros.
• Mejoras en iluminación: Se instalaron luminarias en el puente, los toldos y el área de estacionamiento de buses, mejorando la visibilidad y seguridad durante la noche y horas de poca luz.

Trabajo en equipo

Estas labores contaron con el apoyo interinstitucional de:

• Policía de Tránsito
• Cruz Roja
• Fuerza Pública

Asimismo, se recibió el respaldo de empresas comprometidas con la comunidad:

• COOPEGUANACASTE
• Transporte Polo Turístico Papagayo
• Pulmitan de Liberia

Compromiso continuo

Las autoridades municipales e instituciones involucradas han mantenido presencia en la zona desde el inicio de los trabajos, asegurando que las mejoras implementadas cumplan su propósito. Estas acciones reflejan el esfuerzo conjunto por ofrecer un entorno más seguro y funcional para los habitantes y visitantes de Carrillo.

“Seguimos trabajando por un cantón más ordenado, accesible y preparado para atender las necesidades de nuestra gente”, destacaron desde la Municipalidad.

Con estas medidas, Carrillo reafirma su compromiso con el desarrollo urbano y la calidad de vida de su población.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zuñiga, hizo un enfático llamado a la unión y cooperación entre los distintos cuerpos policiales del país, en medio de recientes tensiones institucionales.

“Juntos como cuerpos policiales hermanos”, expresó Zuñiga, destacando la importancia de trabajar en equipo para garantizar la seguridad ciudadana.

El jerarca rechazó cualquier insinuación de conflictos internos o rivalidades entre instituciones encargadas de la seguridad. “Solo en una mente limítrofe o desquiciada se puede pensar en una lucha fratricida o rivalidad”, afirmó.

Zuñiga enfatizó que el bienestar del país debe estar por encima de los intereses personales. “Costa Rica es mucho más que egos desbordados. Merecemos más como país”, agregó.

Finalmente, subrayó la necesidad de mantener la cohesión institucional en momentos críticos. “Unidos prevaleceremos, divididos caeremos. La seguridad es para todos”, concluyó.

San José, Costa Rica. – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que vetará la recientemente aprobada Ley de Extinción de Dominio, una normativa que permitiría al Estado confiscar bienes obtenidos mediante actividades ilícitas —como narcotráfico, corrupción y lavado de dinero— incluso sin una condena penal.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario expresó su preocupación por lo que considera un debilitamiento de garantías constitucionales, especialmente la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad privada. “En Costa Rica debemos castigar a los delincuentes, sí, pero respetando siempre las garantías constitucionales”, afirmó Chaves.

¿Qué establece la ley?

La Ley de Extinción de Dominio permite al Estado recuperar bienes que no puedan ser justificados con ingresos lícitos, aun cuando no exista una sentencia penal. El proceso se llevaría a cabo en la jurisdicción civil, y la carga de la prueba podría recaer sobre el propietario, quien debe demostrar el origen legal de sus bienes.

Puntos clave de la ley:

• No se requiere condena penal para incautar bienes.
• El proceso es independiente del juicio penal.
• El Estado debe demostrar que el bien proviene de una actividad ilícita.
• El propietario puede ser obligado a justificar la legalidad de sus activos.

Argumentos del Ejecutivo

Según el análisis jurídico del Ejecutivo, el texto aprobado abre la puerta a posibles abusos administrativos, permite afectaciones a personas inocentes y no ofrece suficientes garantías legales para evitar el uso político de esta herramienta.

El presidente dejó claro que no se opone al concepto de extinción de dominio, pero sí a su implementación tal como fue planteada en esta legislación.

Reacciones divididas

El anuncio del veto provocó reacciones mixtas. Mientras algunos sectores aplauden la decisión por los posibles riesgos legales que implica la ley, otros, especialmente desde el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Asamblea Legislativa, insisten en que esta herramienta es fundamental para enfrentar al crimen organizado.

La Fiscalía ha recalcado que el poder económico del narcotráfico ha penetrado distintas instituciones del país, y que la extinción de dominio es clave para debilitar financieramente a las estructuras criminales.

El país queda ahora a la espera del veto formal por parte del Ejecutivo y de una posible renegociación legislativa que permita reformular el texto con mayores garantías constitucionales, sin debilitar su eficacia frente al crimen.

Tras 10 horas de audiencia, minutos antes de la medianoche del miércoles, un juez puso en libertad al exministro de Obras Pública y Transportes, Mauricio Batalla; así como al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado.

De igual manera, ordenó la excarcelación del director general de Aviación Civil, Marcos Castillo, y de un funcionario de apellido Villalobos; todos investigados en el escándalo de supuesta corrupción conocido como “Pista Oscura”.

Sus liberaciones se dieron luego de que, en una audiencia de solicitud de medidas cauteles, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) descartara la prisión preventiva entre las disposiciones peticionadas mientras continúa la investigación por supuestas anomalías en la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.

El Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública ordenó la liberación bajo la condición de que los sospechosos se presenten nuevamente a los tribunales de Goicoechea este jueves, para continuar con la vista, confirmó a Teletica.com el defensor de Castillo, José Francisco Madrigal.

Batalla y los funcionarios públicos son investigados, junto a otro grupo de personas, por aparentes irregularidades en una modificación del contrato que se había suscrito con la Constructora MECO para los arreglos en la zona de aterrizaje.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron la mañana de este jueves a los sospechosos de acabar con la vida de su exagente, Ruddy Campos.

Las detenciones se llevaron a cabo durante allanamientos ejecutados en Ticabán de Pococí y en Barranca de Puntarenas (vea video adjunto de Telenoticias).

En el primero de los puntos, la Policía Judicial detuvo al presunto autor intelectual del hecho, mientras que en el segundo, el aparente perpetrador del crimen. Las identidades de los sujetos no han trascendido al cierre de esta publicación.

Preliminarmente, se maneja que el homicidio se ejecutó por venganza, luego de que la víctima tomara la decisión de enfrentarse a la criminalidad local.

Campos fue asesinado de 25 disparos el 16 de enero de 2024 en La Rita de Pococí, cuando fue interceptado mientras conducía su motocicleta. Se cree que, tras cometer el crimen, el responsable del hecho robó la moto y un arma de fuego que portaba el ofendido.

El agraviado laboró en la Policía Judicial en 2009 y del 2013 al 2020. También fue parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) desde finales de 2009 hasta 2011.

El gobierno de Rodrigo Chaves mantiene un silencio total después de la detención de dos de sus jerarcas en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.

Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y Marcos Castillo, director de Aviación Civil, fueron arrestados durante los allanamientos llevados a cabo a primeras horas de la mañana. También están involucrados en el caso otros funcionarios, entre ellos un individuo de apellido Villalobos y el exministro de Transportes, Mauricio Batalla.

A pesar de que las diligencias judiciales comenzaron antes de las 6 a. m., la Presidencia de la República no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre los arrestos. Ni en las redes sociales ni en los canales oficiales se ha ofrecido declaración alguna, y tampoco ha respondido a la consulta realizada por Teletica a las 2:36 p. m. sobre la situación.

Se espera que el presidente Chaves y su gabinete se pronuncien mañana, alrededor de la 1 p. m., en la conferencia de prensa semanal que suelen ofrecer.

Este silencio oficial plantea interrogantes sobre cómo la administración Chaves maneja los casos de alto perfil dentro de su gobierno.

La Fiscalía de Puntarenas confirmó que un juez ordenó tres meses de prisión preventiva contra una mujer sospechosa de proporcionar información bancaria de 14 mil clientes a una organización criminal dedicada a cometer estafas.

La detenida, de 30 años y conocida como “Topo”, fue capturada el pasado jueves por agentes de la Sección Especializada Contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El arresto se efectuó durante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle El Bosque, en Higuito de Desamparados, San José.

Según la Policía Judicial, la sospechosa trabajaba en una empresa que prestaba servicios a entidades bancarias y, presuntamente, utilizó su acceso a bases de datos confidenciales para vender la información a la organización delictiva.

Esta banda fue desarticulada el pasado 27 de noviembre de 2024, tras una serie de siete allanamientos dirigidos por la Fiscalía Adjunta de Puntarenas. En ese operativo, se intervino un “call center” en Sabana Sur, San José, y se detuvo a 23 personas sospechosas de haber sustraído 125 millones de colones a seis clientes bancarios.

Actualmente, los 23 miembros de la organización cumplen prisión preventiva.

El abogado de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, por quien la DEA ofrece una recompensa de 500 mil dólares, aseguró que no hay ningún contacto entre su cliente y su familia.

El representante legal cuestionó la veracidad de ciertos elementos de la investigación, señalando que las fotografías carecen de fecha y que no hay garantía de que los audios amenazantes hayan sido enviados por Arias Monge.

Alias “Diablo” es considerado uno de los criminales más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Según las autoridades estadounidenses, Arias Monge ha conspirado con diversas organizaciones de narcotráfico para transportar cargamentos de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos, pasando por Costa Rica, Honduras, Guatemala y México.

El requerimiento de la DEA señala que la organización de Arias Monge también intimida a los ciudadanos costarricenses mediante la publicación de imágenes de armas de fuego, mensajes amenazantes y videos de asesinatos. Además, las autoridades han identificado células criminales operadas por él en las siete provincias de Costa Rica.

Su defensa critica que todos los crímenes y organizaciones de narcotráfico desarticuladas en el país sean relacionadas con su cliente. Actualmente, alias “Diablo” es requerido en Costa Rica por tráfico de drogas, homicidio y robo agravado.