Apenas un día después de asumir como la presidenta número 50 de Costa Rica, Laura Fernández asistió a una misa en la Basílica de Los Ángeles junto a miembros de su gabinete y su esposo, Jeffrey Umaña.

En medio del ambiente solemne y tradicional de la celebración religiosa, también llamó la atención el atuendo elegido por la mandataria: un conjunto en tonos rosados, con textura floral y un estilo femenino que marcó diferencia durante la actividad.

Desde antes del traspaso de poderes, Fernández ha mostrado preferencia por outfits con personalidad, color y detalles distintivos, manteniendo una línea elegante que volvió a destacar en esta simbólica jornada del inicio de su gobierno. ✨🇨🇷

San José, Costa Rica – Jueves 8 de mayo, 2026

La presidenta Laura Fernández firmó este jueves un decreto que establece que el año carcelario se contabilizará por 365 días naturales, eliminando la reducción histórica que lo fijaba en ocho meses para el cumplimiento de penas.

“A los criminales, a los narcotraficantes, no los queremos en Costa Rica. Por eso, a partir de este momento, el año carcelario es de 365 días naturales y no de ocho meses. No queremos alcahueterías, ya los jueces no podrán hacer interpretaciones con la gente que nos quita la paz”, declaró la mandataria.

El decreto forma parte de un nuevo reglamento de “mano dura” contra el crimen y busca evitar reducciones automáticas en las condenas.

Fernández también firmó otros dos decretos en su primer día: uno que delimita las funciones de ministros, viceministros y vicepresidentes, y otro que convoca al Congreso un paquete de proyectos de ley que calificó como “vitales para el país” y que, según dijo, no avanzaron antes por “mezquindad política”.

El economista y analista político Luis Paulino Vargas Solís cuestionó el uso del concepto de “Tercera República” impulsado por Laura Fernández, al considerar que la propuesta carece de profundidad histórica y política en comparación con las transformaciones que dieron origen a la Segunda República de Costa Rica.

En un texto de opinión, Vargas señaló que el discurso de Fernández se centra en consignas como “mano dura”, “cambio” y “no aflojar”, además de proyectos de infraestructura como una marina en Limón, una “Ciudad Gobierno”, una cárcel en Alajuela y el tren eléctrico. Sin embargo, afirmó que estas iniciativas no son suficientes para justificar una transformación histórica comparable con la Segunda República.

El analista recordó que ese proceso comenzó en la década de 1940 con reformas sociales de gran impacto, entre ellas el Código de Trabajo, las Garantías Sociales, la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social y la Universidad de Costa Rica. Añadió que estos cambios fueron resultado de una alianza política entre el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, la Iglesia Católica liderada por Monseñor Víctor Manuel Sanabria y el Partido Comunista encabezado por Manuel Mora.

Asimismo, destacó que tras la guerra civil de 1948 y la Junta Fundadora de la Segunda República, encabezada por José Figueres Ferrer, se consolidó una nueva Constitución y una serie de reformas institucionales que transformaron profundamente al país y le dieron reconocimiento internacional.

Vargas concluyó que la construcción de obras públicas o proyectos de infraestructura no basta para hablar de una nueva república, ya que, a su criterio, los grandes cambios históricos requieren reformas estructurales, visión de país y amplios consensos sociales.

Opinión: Argenis Cascante

A más de dos décadas de haber asumido la Presidencia de la República un 8 de mayo del 2002, la figura de Abel Pacheco de la Espriella vuelve a generar reflexión entre muchos costarricenses que hoy comparan aquella época con la compleja realidad nacional marcada por el narcotráfico, el sicariato y la inseguridad.

Durante años, sectores políticos y parte de la opinión pública calificaron al exmandatario como un presidente “pasivo” o aseguraron que “no hizo absolutamente nada”. Sin embargo, con el paso del tiempo, crece la percepción de que su administración representó una etapa de estabilidad, paz social, tranquilidad ciudadana y manejo prudente de las finanzas públicas.

Incluso el actual presidente, Rodrigo Chaves Robles, conocido por sus constantes enfrentamientos políticos y críticas directas a figuras del pasado, evitó entrar en una confrontación o “tiradera” contra Abel Pacheco, algo que para muchos refleja el respeto que aún genera la imagen del exgobernante.

Uno de los puntos que hoy más destacan sus defensores es que durante la administración Pacheco se mantuvo una relativa estabilidad económica y un mayor control de las finanzas del Estado. Muchos recuerdan que, pese a las limitaciones políticas y económicas de la época, su gobierno no dejó una crisis fiscal comparable a la que años después heredó la administración de Luis Guillermo Solís Rivera, durante cuyo mandato el déficit fiscal alcanzó niveles históricos y aumentó la preocupación sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Más allá de la política, quienes conocieron a Abel Pacheco recuerdan a un hombre auténtico, cercano y sin pretensiones. Antes de convertirse en presidente, destacó como médico psiquiatra, escritor, comentarista y hasta empresario. Muchos aún recuerdan su tienda “El Palacio del Pantalón”, donde promovía la moda “Furris” y atendía personalmente a los clientes con su característico humor popular.

Su paso por la dirección del Hospital Nacional Psiquiátrico también dejó huella al impulsar una visión más humana hacia los pacientes con enfermedades mentales, rompiendo estigmas que durante décadas dominaron en el país.

Historias sencillas, como la de quienes viajaban desde zonas rurales para comprar ropa y eran atendidos directamente por él, hoy resurgen como símbolo de una figura política distinta: un presidente que conectaba con la gente común y que nunca perdió su estilo franco y transparente.

En tiempos donde Costa Rica enfrenta una de sus crisis de seguridad más profundas, con cientos de homicidios vinculados al sicariato y al narcotráfico, la administración de Abel Pacheco comienza a ser reinterpretada por muchos ciudadanos como una etapa de orden, paz y cohesión nacional.

Lo que antes algunos llamaban “inacción”, hoy otros lo ven como gobernabilidad, prudencia y estabilidad. Y quizá ahí radica el cambio más importante en la percepción pública sobre el exmandatario: el tiempo terminó convirtiendo la tranquilidad de aquellos años en uno de sus mayores legados.

La diputada oficialista Pilar Cisneros protagonizó uno de los momentos más emotivos de la última conferencia de prensa del gobierno de Rodrigo Chaves, realizada este 6 de mayo en Casa Presidencial.

Visiblemente afectada y con la voz entrecortada, Cisneros expresó su agradecimiento al mandatario durante el cierre de la administración, en una intervención marcada por lágrimas y mensajes de reconocimiento hacia el presidente saliente.

“Usted puso a los nadie en la mesa”, manifestó la legisladora al dirigirse a Chaves frente a ministros, diputados y miembros de prensa presentes en Zapote.

Durante su discurso, la jefa oficialista destacó que el gobierno de Chaves logró “devolver la esperanza” a sectores de la población que, según afirmó, se sentían abandonados por la clase política tradicional. La diputada también recordó los momentos compartidos durante la campaña electoral y los cuatro años de administración.

Las imágenes de Cisneros secándose las lágrimas mientras escuchaba al mandatario rápidamente circularon en redes sociales y medios nacionales, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del cierre del gobierno chavista.

Por su parte, Rodrigo Chaves agradeció públicamente el respaldo de la legisladora y reconoció su papel como una de las principales figuras políticas de su administración y del movimiento oficialista en la Asamblea Legislativa.

La conferencia de este martes marcó una de las últimas actividades oficiales del presidente antes del traspaso de poderes previsto para este viernes.

Felipe VI arribó la mañana de este jueves a Costa Rica para participar en el traspaso de poderes presidencial que se realizará este viernes en el Estadio Nacional.

El monarca español aterrizó cerca de las 6:35 a. m. en la Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde fue recibido con honores por el canciller Arnoldo André y el embajador de España en el país.

Felipe VI es uno de los invitados internacionales más destacados de la ceremonia en la que Rodrigo Chaves entregará la banda presidencial a Laura Fernández, quien asumirá el mandato para el periodo 2026-2030.

Según informó la Cancillería, al país arribarán delegaciones de 71 naciones y 18 organismos internacionales para participar en las actividades oficiales del cambio de mando.

Durante su agenda en Costa Rica, el rey de España sostendrá reuniones con la presidenta electa y con el mandatario saliente, además de participar en una cena oficial junto a otros jefes de Estado y representantes internacionales.

La presencia de Felipe VI en ceremonias de investidura en Costa Rica se ha convertido en una tradición diplomática, ya que ha participado como príncipe o rey en los traspasos de poderes desde 1998.

Foto: Delfino

El exdiputado Leslye Bojorges no figura entre los nombres designados para integrar el gabinete del nuevo gobierno encabezado por la presidenta Laura Fernández, pese a que durante su paso por la Asamblea Legislativa fue un abierto defensor del oficialismo chavista.

Bojorges, quien en reiteradas ocasiones manifestó su respaldo tanto al expresidente Rodrigo Chaves como al proyecto político que ahora continúa Fernández, quedó fuera de las designaciones ministeriales anunciadas en los últimos días. Su ausencia ha llamado la atención en círculos políticos y entre seguidores del chavismo, muchos de los cuales esperaban verlo ocupando un puesto dentro del Ejecutivo.

Durante su gestión legislativa, el exdiputado se alineó con el discurso oficialista e incluso, en el programa televisivo “Opa”, se declaró públicamente “jaguar” junto a otro diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), en una muestra de respaldo simbólico al movimiento político impulsado por Chaves. Este tipo de posicionamientos reforzó la percepción de cercanía con el oficialismo y alimentó rumores sobre su eventual incorporación al gabinete.

En redes sociales, de hecho, circulaban versiones que lo ubicaban como posible jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), una posibilidad que finalmente no se concretó. La conformación del gabinete dejó por fuera a Bojorges, evidenciando que su apoyo político no fue suficiente para asegurarle un espacio dentro de la nueva administración.

Hasta el momento, no ha habido pronunciamientos oficiales que expliquen las razones de su exclusión, lo que mantiene abiertas las especulaciones sobre su futuro político.

Por ahora, solo el tiempo dirá si el exdirigente del Partido Unidad Social Cristiana será tomado en cuenta para ocupar algún cargo dentro del gobierno o si su papel quedará limitado al ámbito político externo.

El eventual nombramiento de Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia y, simultáneamente, como jerarca de Hacienda en el gobierno de Laura Fernández abre un debate profundo sobre la concentración de poder y sus implicaciones para la gobernabilidad democrática en Costa Rica. Más allá del peso estratégico de ambas carteras, la preocupación central radica en el estilo político del actual mandatario, caracterizado por una confrontación constante y una limitada vocación de negociación.

La doble función que asumiría Chaves no solo le otorgaría control sobre la articulación política del Ejecutivo, sino también sobre la conducción económica del país. En teoría, esta acumulación podría traducirse en mayor coherencia en la toma de decisiones; sin embargo, en la práctica, podría derivar en un debilitamiento de los puentes de diálogo, especialmente con la Asamblea Legislativa. La experiencia reciente ha demostrado que el presidente ha privilegiado el choque discursivo por encima de la construcción de consensos, un rasgo que, trasladado a un rol ministerial, podría intensificar la fricción interinstitucional.

Este escenario resulta particularmente delicado incluso considerando una correlación legislativa favorable de 31 diputados frente a 26 de oposición. La historia política costarricense evidencia que las mayorías simples no garantizan gobernabilidad si no van acompañadas de capacidad de negociación y manejo político. La imposición de agendas sin diálogo puede erosionar alianzas, fragmentar apoyos y generar bloqueos legislativos inesperados, aun dentro de fracciones inicialmente afines.

Asimismo, la concentración de funciones en una sola figura con un perfil confrontativo plantea interrogantes sobre los contrapesos internos del propio Poder Ejecutivo. La figura del ministro de la Presidencia suele fungir como articulador y mediador político; sin embargo, si ese rol es asumido por alguien con tendencia al conflicto, se corre el riesgo de sustituir la mediación por la imposición.

En este contexto, el desafío no radica únicamente en la arquitectura institucional, sino en la cultura política que se ejerza desde el poder. La eventual designación de Chaves podría consolidar un estilo de gobierno más vertical y menos dialogante, lo que, lejos de fortalecer la gestión pública, podría tensar aún más las relaciones entre poderes y dificultar la construcción de acuerdos necesarios para enfrentar los retos del país en el período 2026-2030.

5 de mayo, 2026

El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, cuestionó con dureza la conformación del gabinete anunciado este martes por la presidenta electa, Laura Fernández Delgado, a tres días del traspaso de poderes.

Villalta calificó las designaciones como una “clara continuidad” del gobierno saliente, al señalar que seis ministros continúan en sus cargos, diez presidencias ejecutivas se mantienen y varios de los actuales jerarcas solo rotan de puesto.

“Pareciera estar más pensado para dar o mantener inmunidad a políticos cuestionados del gobierno saliente que para buscar un mejor funcionamiento de las instituciones”, afirmó el diputado.

Sobre el nombramiento del presidente Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia con recargo de Hacienda, Villalta dijo que le resulta “interesante”, ya que el titular de esa cartera debe coordinar con los demás poderes de la República. A su criterio, esa tarea será “difícil” porque se trata de “una persona que se ha dedicado a incendiar la relación con los demás poderes”. Por ello, consideró que la designación representa “una renuncia al diálogo”.

“Solo le faltó nombrarlo como director técnico de la Selección Nacional”, ironizó Villalta.

El legislador auguró “tiempos complicados” y dijo que no esperaría “ni 24 horas para ver el primer desplante a la señora Presidenta” de parte de Chaves.

Finalmente, se dirigió a la presidenta electa: “Cuando usted se harte de esa situación, aquí vamos a estar siempre dispuestos a buscar diálogo. Esa va a ser siempre nuestra prioridad”.

El diputado David Segura afirmó que decidió no participar en una actividad convocada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, al considerarla un “show político”, y en su lugar optó por trasladarse a Puntarenas para compartir con comunidades locales y con el presidente Rodrigo Chaves.

A través de sus redes sociales, el legislador señaló que prefiere “estar del lado del pueblo” y trabajar directamente con la ciudadanía. “Prefiero mil veces estar con la gente linda de Puntarenas, trabajando por Costa Rica”, publicó, acompañando su mensaje con imágenes de su visita.

Segura participó en una gira de trabajo en Isla Venado e Isla de Chira, a la cual indicó haber sido invitado por Casa Presidencial. El diputado agradeció la convocatoria y destacó que este tipo de actividades le permiten cerrar el periodo constitucional “sirviéndole a la gente” y atendiendo necesidades directamente en territorio.

Sus declaraciones surgen en medio de tensiones políticas en el Congreso, luego de que calificara la actividad liderada por Arias como un intento de generar protagonismo político. Hasta el momento, el presidente legislativo no se ha referido públicamente a los señalamientos.

Por Luis Castrillo Marín.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibió el 23 de marzo (10:54 a.m.) una solicitud para que ese órgano proceda a realizar una investigación que podría terminar en el retiro de las credenciales del regidor de Puntarenas, Mario Rodríguez, quien representa al Partido Liberación Nacional en el seno de ese Concejo Municipal.

Durante el pasado 22 de marzo en una transmisión de vídeo en la red social Facebook realizada por el alcalde de Montes de Oro, Anthony Fallas, el funcionario indicó: “Se vino aquí a estar con nosotros en vivo, Mario Rodríguez. Mario bienvenido, Mario pues es vecino de Montes de Oro, pero es la persona que está a cargo de la Cooperativa”, precisó Fallas.

El material audiovisual hacía referencia al trabajo de una Cooperativa que presta servicio de transporte público entre Miramar y El Roble de Puntarenas empresa donde Rodríguez funge como asesor.

La petición para que el Tribunal lleve a cabo la pesquisa fue pedida -vía correo electrónico- por la vecina de Puntarenas y exregidora de ese cantón (2020-2024), Glenda García, quien solicitó verificar “el cumplimiento del requisito de domicilio”.

Según indica el artículo 22 inciso 1 del Código Municipal para ser regidor es necesario “haber establecido su domicilio en la circunscripción cantonal en la que pretende servir, con por lo menos dos años de antelación a la fecha en la que deba realizarse la votación correspondiente”.

El 23 de marzo (4:06 p.m.) este medio de comunicación contactó a Rodríguez -mediante un mensaje de Whattsapp- para conocer su versión; no obstante, al momento de publicar esta información (5:32 p.m.) aún estaba pendiente la respuesta. A esa misma hora se llamó al regidor liberacionista, pero nunca respondió.

La reciente cumbre encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa generando reacciones en América Latina. El encuentro no solo abrió el debate por la firma de una coalición regional contra los carteles del narcotráfico, sino también por un comentario del mandatario estadounidense sobre el idioma español que ha sido interpretado por muchos como una burla.

En Costa Rica, la participación del gobierno del presidente Rodrigo Chaves en esta iniciativa ha provocado fuertes críticas, especialmente por las implicaciones constitucionales que podría tener para el país y por la actitud mostrada por algunos líderes latinoamericanos durante el evento.

Coalición militar contra el narcotráfico genera debate

Durante la cumbre, Trump planteó fortalecer una coalición regional para enfrentar a los carteles del narcotráfico, iniciativa que contempla el entrenamiento y eventual movilización de fuerzas militares en América Latina, incluso mencionando el uso de “fuerza letal” contra estas organizaciones criminales.

La firma de este acuerdo ha abierto un debate particularmente sensible en Costa Rica, debido a que el artículo 12 de la Constitución Política establece que el ejército está abolido como institución permanente y que la seguridad del país debe estar a cargo de fuerzas civiles.

Esta decisión histórica se remonta a la Guerra Civil de Costa Rica de 1948, tras la cual el país apostó por un modelo de seguridad basado en instituciones civiles y en el fortalecimiento del Estado de derecho.

Aunque Costa Rica ha participado durante años en cooperación internacional contra el narcotráfico —principalmente mediante intercambio de inteligencia y operaciones policiales y marítimas— algunos analistas consideran que integrarse a una estrategia con enfoque militar podría entrar en tensión con el diseño constitucional del país.

Polémica por comentario sobre el idioma español

A la discusión sobre seguridad se sumó otra controversia durante la cumbre, luego de que Trump afirmara que no piensa aprender “ese maldito idioma”, en aparente referencia al español.

El comentario generó críticas debido a que el español es hablado por más de 500 millones de personas en el mundo y constituye uno de los principales elementos culturales de América Latina. Es además el idioma asociado a la obra del escritor Miguel de Cervantes y parte fundamental de la identidad del continente.

La escena también generó cuestionamientos porque varios líderes latinoamericanos fueron captados aplaudiendo o sonriendo durante el momento, lo que para algunos sectores refleja una actitud demasiado complaciente ante comentarios considerados despectivos hacia la región.

Debate político y cultural en la región

Las dos situaciones —la coalición regional contra el narcotráfico y las declaraciones sobre el idioma español— han intensificado el debate político y cultural en la región.

En Costa Rica, distintos sectores consideran que la discusión no solo pasa por la cooperación internacional contra el crimen organizado, sino también por la defensa de principios históricos del país, como su modelo de seguridad civil y el respeto a la identidad cultural latinoamericana.

Mientras tanto, el tema continúa generando reacciones en redes sociales y círculos políticos, donde se cuestiona cuál debe ser la postura de los gobiernos latinoamericanos cuando se enfrentan a iniciativas o declaraciones que tocan tanto la soberanía institucional como la dignidad cultural del continente.

Acción ante la Sala Constitucional

La controversia también ha escalado al plano legal. El secretario general del Partido Liberación Nacional, Miguel Guillén, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

El recurso surge luego de que el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, firmara la declaración que respalda la coalición hemisférica contra el narcotráfico anunciada por el gobierno de Trump.

La acción cuestiona la legalidad de la adhesión de Costa Rica a esta iniciativa regional, al considerar que podría entrar en conflicto con principios constitucionales relacionados con la ausencia de fuerzas armadas en el país.

Con este recurso, el debate ya no se limita al ámbito político, sino que también se traslada al terreno jurídico, donde la Sala Constitucional deberá determinar si la firma del acuerdo se ajusta o no al marco establecido por la Constitución costarricense.