Activista social, Susan Rodríguez, denuncia autoritarismo del actual gobierno.

Aspirante a legisladora en el primer lugar por Alajuela crítica castigo a las voces disientes.

La candidata a diputada en primer lugar por Alajuela en el Partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), Susan Rodríguez Calvo, presentó un recurso de Habeas Corpus debido a su detención por parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) durante el 25 de noviembre cuando se desalojaba a unas 77 familias en la comunidad de Chorreras de San Carlos.

En esa comunidad de la Zona Norte el MSP procedió a sacar del lugar a unas 300  personas -entre ellas 83 niños y tres adultos mayores- quienes residen en el sitio ubicada en la milla fronteriza con Nicaragua a pesar de que residen ahí hace unos 40 años y; por lo tanto, tienen derechos adquiridos porque se trata de “pueblos originarios”.

Según el recurso de Habeas Corpus, elaborado por el abogado Karl Villalobos Hoffman del Bufete Innova Consortium, el proceso de demolición, derribo y desalojo de la comunidad “estaba siendo documentado y expuesto en vivo al país por parte de la señora Susan Rodríguez. Además, la señora Susan Rodríguez puso en conocimiento de las fuerzas represivas del Estado de la existencia de dos recursos de amparo contra tales actos y fue en ese momento que la redujeron a la impotencia, le decomisaron ilegalmente celular con el que ponía al país al tanto de lo que ocurría en Chorreras y fue detenida y traslada en una perrera con rumbo desconocido”.

El abogado Villalobos Hoffman añadió que la acción contra el MSP se fundamentó en el artículo 48 de la Constitución Política donde se establece que “toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en la Constitución, así como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la República”.

Falso discurso

En la comunidad de Chorreras de San Carlos residen familias que se dedican a las actividades agrícolas y mineras en pequeña escala como las principales fuentes de ingresos.

“Muy curiosos que mi cliente haya sido detenida únicamente porque puso en evidente la prepotencia de las fuerzas policías en consonancia con las claras señales de autoritarismo del actual gobierno, ya hemos visto como hace pocos días se amenazó a los agricultores con el decomiso de su maquinaria en caso de una protesta, ahora en la Zona Norte vemos como se trató de impedir que todo el país conociera como se le estaba tirando toda la fuerza del poder del Estado a unas humildes familias contradiciendo el discurso oficial del Poder Ejecutivo de lucha en favor del pueblo” relató el abogado de la aspirante a Legisladora en un comunicado de prensa del mencionado Bufete.

La acción de Habeas Corpus le exige al MSP documentar de manera fehaciente a donde fue llevada ilegalmente Rodríguez Calvo; además, determinar que “no ha sido torturada y no está desaparecida”.

Igualmente, que se le permita a la Activista Social exponerle al país, desde el lugar de los hechos, la destrucción de viviendas e infraestructura pública como la escuela del Ministerio de Educación Pública para imponer el “aplastamiento de los más excluidos y de los que menos tienen como una política oficial del Estado”.

Desde la presidencia, en apenas una hora y media de Consejo de Gobierno, Chaves soltó más de treinta expresiones despectivas como “lloroncito victimizado”, “manifestantitos”, “mismas personajas”, “gritoncitos defensores”, “magistrados filibusteros”, “el más vago del mundo” al referirse a quienes piensan distinto. Si me sostiene que “habla como hablan los costarricenses”, lo soy y no hablo así. Lo que él nos invita a normalizar no es el habla popular, es la intolerancia, la descalificación y el permiso para agredir desde la máxima autoridad.

Un estilo que erosiona la convivencia democrática

El problema no es nuevo. Desde su llegada al poder, Chaves ha dirigido su artillería verbal contra distintos pilares del Estado y de la sociedad. Entre ellos:

• La prensa y medios de comunicación: su gobierno ha menospreciado y denostado a periodistas y medios críticos. Ha habido reiteradas expresiones de desprecio hacia quienes informan o cuestionan su gestión.
• El Poder Judicial y otras instituciones de control: ha tildado a magistrados de “filibusteros”, “mafiosos” o “títeres”, menospreciando allanamientos por corrupción, como parte de un patrón de deslegitimación institucional.
• El Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio Público de Costa Rica y otros organismos democráticos, cuando cuestionan decisiones del Ejecutivo, algo que el gobierno asume como ataque a su autoridad.

Pero además, y esto es lo más reciente, ha sumado a sus blancos de agresión verbal a la Iglesia Católica y a medios radiales y televisivos.

• Iglesia Católica y su jerarquía, especialmente José Rafael Quirós, Arzobispo de San José. Durante su conferencia de prensa habitual de los miércoles, Chaves dijo que el arzobispo “le tira todos los días” mediante críticas y editoriales de emisoras católicas que, según él, buscan desprestigiar a su gobierno.
• Criticó no solo a Quirós sino también a las “emisoras que él controla”, afirmando que los medios católicos lo atacan sistemáticamente, lo que representa un nuevo nivel de confrontación entre Ejecutivo, Iglesia y medios religiosos.
• La reacción del arzobispo fue pública. Respondió que la Iglesia no participará en descalificaciones personales, que su misión pastoral exige respeto, prudencia y serenidad, y que sus intervenciones buscan construir, jamás dividir.

Este episodio ocurre en el contexto de la polémica subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por el gobierno, un proceso cuestionado por su posible impacto sobre la pluralidad mediática, la libertad de expresión y la diversidad de voces. En ese marco, las declaraciones de Chaves representan una ofensiva directa no solo contra instituciones de control o medios independientes, sino también contra instituciones históricas de la sociedad civil como la Iglesia y emisoras religiosas o comunitarias.

¿Qué país estamos construyendo con este tipo de discurso?

Cuando el insulto viene de la más alta investidura, deja de ser solo una descalificación personal y se convierte en permiso. Permiso para que otros insulten, acosen o menosprecien. Ya no es una opinión, es una señal de que la humillación y el desprecio son legítimos si vienen de arriba.

Un liderazgo que ridiculiza, tilda y culpa y lo hace con nombre propio difícilmente podrá tender puentes o proponer salidas reales. Porque antes que propuestas, impone divisiones: nosotros contra ellos, buenos contra malos, la gente decente contra los de siempre. Es un liderazgo que atenta contra la tolerancia, la institucionalidad, la diversidad y el respeto que debe existir entre ciudadanos, poderes del Estado, organizaciones sociales, medios de comunicación y confesiones religiosas.

Costa Rica merece firmeza, pero firmeza con respeto. Merece autoridades que defiendan el orden, la integridad pública y la transparencia. No un espectáculo de descalificaciones cuyo saldo final sea la erosión del civismo, la polarización y la desconfianza social. Las palabras del presidente no solo hablan de él, hablan del tipo de convivencia que estamos dispuestos a aceptar como nación.

Si la contralora para Chaves fue el “Contra Todo”, él pretende hacer del país entero su “Culpa Todo”, culpables por pensar distinto, por disentir, por ejercer control, por pedir cuentas y ahora también por creer distinto, por profesar una fe, por informar. Y así no se construye nada sano. Se destruye mucho: el respeto, la democracia y la dignidad colectiva.

La Sala Constitucional —conocida también como Sala IV— ordenó la suspensión inmediata de la subasta de frecuencias de radio AM, FM y televisión convocada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), mientras se resuelve un recurso de amparo presentado contra el procedimiento.

El amparo, admitido bajo el expediente 25-031501-0007-CO, fue presentado por una ciudadana usuaria de servicios de radiodifusión, quien cuestiona los criterios económicos de la subasta y denuncia que la metodología favorece únicamente a grandes operadores, dejando en desventaja a medios comunitarios, culturales, religiosos, estatales y regionales.

Según los datos oficiales, la convocatoria recibió un número muy reducido de ofertas: sólo cuatro canales de televisión nacionales, alrededor de 21-22 frecuencias de radio (FM y AM) en todo el país, lo que evidencia una débil participación.

Entre los factores de rechazo, numerosos medios declararon que las condiciones eran “ruinosas”: los precios base fijados por SUTEL superaban los 300.000 dólares por frecuencia radial nacional y alcanzaban hasta 1,6 millones de dólares por canal de televisión nacional.

Diversos integrantes de la comunidad académica, mediática y religiosos habían advertido que el proceso podría provocar una “concentración mediática” y afectar el pluralismo informativo, ya que muchas emisoras con menor capacidad financiera no podrían competir.

La suspensión dictada por la Sala Constitucional representa un duro revés para el gobierno de Rodrigo Chaves, cuya administración había impulsado la reforma del espectro radioeléctrico argumentando que la subasta permitiría una redistribución del uso de las frecuencias y “maximizar el beneficio para la mayoría”.

Mientras la Sala analiza en profundidad el fondo del amparo —y tras admitir otros recursos adicionales— la subasta queda paralizada, lo que mantiene en vilo el futuro de numerosas radios y televisoras que ya habían advertido que podrían salir del aire si no participaban.

Los presentadores Douglas Sánchez y Jorge Obando, de la televisora ¡Opa!, respondieron con dureza este martes a los señalamientos de la diputada Pilar Cisneros, quien calificó a emisoras y canales como “ladrones” y “desvergonzados” tras su rechazo a los costos de la reciente subasta de frecuencias.

Durante su programa en vivo, Obando rechazó las expresiones de la legisladora, asegurando que él y sus colegas no pueden pagar sumas millonarias como los 1,6 millones de dólares que pide la puja para un canal de televisión. Sánchez, por su parte, advirtió que los mayores afectados por la decisión serán los hogares rurales y las televisoras emergentes que —según él— no tienen el respaldo financiero para competir.

Obando explicó que los costos van mucho más allá del pago de la frecuencia: incluye múltiples antenas —valuadas en unos 250 000 dólares cada una—, terrenos, mantenimiento, reparaciones, entre otros gastos, lo que eleva el desembolso total a varios millones de dólares. LaTeja

Ambos conductores hicieron un llamado al gobierno para revisar las tarifas de la subasta, calificándola de “inaccesible” y advirtieron que, de mantenerse esos montos, muchas radios y canales comunitarios o emergentes quedarán excluidos, lo que podría afectar el acceso de la población rural a medios de comunicación.

La reacción de Sánchez y Obando marca un giro inesperado, dado que suelen respaldar muchas políticas del gobierno —pero en esta ocasión aseguraron que la medida los afecta directamente—

Las críticas al gobierno de Rodrigo Chaves no se han hecho esperar. Para muchos analistas y actores del sector mediático, la subasta no sólo representa un negocio fiscalista, sino un mecanismo disfrazado que beneficia únicamente a conglomerados con gran capacidad financiera —preocupación especialmente latente en medios comunitarios, rurales, culturales o religiosos.

Al imputar costos tan elevados por frecuencias, el Estado pareció colocar una barrera de entrada que solo grandes empresas pueden superar. El resultado podría ser la concentración mediática y la pérdida de diversidad informativa, cultural y local —un escenario que contraviene el derecho democrático a la libertad de expresión y pluralismo.

El hecho de que decenas de radios y canales tradicionales no participaran, y que algunas estaciones ya anuncien que se limitarán a señales por cable o cerrarán, habla de un recorte significativo al derecho a informarse y comunicarse colectivamente, con consecuencias más allá de lo comercial: afecta la memoria colectiva, las voces locales y el derecho ciudadano a acceder a información diversa.

A esto se suma que únicamente tres grandes medios lograron participar y ganar en la subasta: Teletica (Canal 7), Repretel (Canal 6) y el Grupo Extra. La ausencia de cientos de emisoras pequeñas y medianas expone el profundo desequilibrio entre quienes pudieron asumir los elevados costos y quienes quedaron fuera del espectro radioeléctrico, intensificando las alertas sobre una posible reducción del pluralismo mediático en el país.

Siete expresidentes y una expresidenta de Costa Rica emitieron un comunicado conjunto en el que defendieron la solidez democrática y las instituciones del país, en respuesta a recientes cuestionamientos sobre el proceso electoral y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). La declaración surge tras las críticas de figuras internacionales que han cuestionado la legitimidad de las decisiones del TSE y la situación política actual, especialmente en relación con el presidente Rodrigo Chaves.

Los exmandatarios aseguraron que las preocupaciones externas no reflejan la realidad de la democracia costarricense, subrayando que el país mantiene una tradición de 98 años de elecciones ininterrumpidas y es reconocido por su estabilidad política en América Latina. Además, recordaron que la Constitución prohíbe que los altos cargos estén vinculados a partidos políticos mientras ejerzan el poder, una norma que se ha aplicado de manera consistente a lo largo de los años.

El grupo también destacó que cualquier solicitud para levantar la inmunidad presidencial, como lo solicitó el TSE, cuenta con rigurosas garantías legales, entre ellas el derecho a la defensa y una votación calificada para asegurar que no haya injerencia política.

Entre los firmantes del comunicado se encuentran Óscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Abel Pacheco, Miguel Ángel Rodríguez, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, quienes reiteraron que Costa Rica sigue siendo uno de los ejemplos más sólidos de democracia en la región. No obstante, advirtieron que el clima político actual podría ser explotado por actores locales para generar desinformación y polarización en el contexto de las próximas elecciones.

Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente Rodrigo Chaves lanzó una dura advertencia contra los agricultores que participaron recientemente en manifestaciones: aseguró que la Policía de Tránsito está en capacidad de decomisar tractores y retirar placas si estos vehículos vuelven a circular en protestas o en lugares que, según él, “no les corresponde”. El mandatario afirmó que algunos tractores habrían sido utilizados para obstaculizar vías y alterar el orden público, por lo que insistió en que la autoridad deberá “actuar con mayor firmeza” ante futuras movilizaciones.

Chaves también calificó como “lujosísimos” los tractores y vehículos todoterreno utilizados por varios productores durante las marchas, apuntando que no concuerdan con la situación económica que el sector afirma enfrentar. Las declaraciones fueron recibidas como un ataque directo por parte de los agricultores, quienes respondieron que la maquinaria señalada por el presidente no es un lujo, sino herramienta esencial para el trabajo diario, especialmente en actividades de carga, cultivo y transporte de productos.

El mensaje presidencial generó indignación inmediata entre productores, dirigentes agropecuarios y organizaciones, quienes denunciaron un tono autoritario y un intento de criminalizar la protesta social. Tanto agricultores independientes como representantes de cámaras del sector lamentaron la retórica utilizada por Chaves, asegurando que desconoce las necesidades reales del campo y que sus amenazas solo profundizan la confrontación entre el Gobierno y una actividad económica ya golpeada por costos de producción, importaciones y falta de apoyo estatal.

Las reacciones también incluyeron llamados al respeto, recordando que la maquinaria agrícola no puede compararse con vehículos de lujo, pues representa inversiones necesarias para garantizar la producción nacional. Dirigentes del sector advirtieron que este tipo de declaraciones tensionan aún más la relación entre el Ejecutivo y los agricultores, quienes aseguran seguir dispuestos a defender sus derechos mediante mecanismos de protesta legítimos.

Este martes varias comunidades cristianas del distrito primero de Santa Cruz recibieron al candidato presidencial Fabricio Alvarado, en una actividad donde distintos líderes religiosos anunciaron que no respaldarán a la candidata del Partido Pueblo Soberano y que en su lugar apoyarán al aspirante de Nueva República.

Durante el encuentro, vecinos y representantes de iglesias evangélicas expresaron su compromiso con la candidatura de Alvarado. “Muchas gracias por tanto cariño. Dios les bendiga enormemente y bendiga a Guanacaste”, manifestó una de las lideresas presentes.

El candidato también visitó comunidades de Nicoya, Matapalo de Abangares, Cacao de Nandayure y otros sectores de la región, donde presentó parte de su plan de gobierno y reforzó su mensaje de unidad. En medio de la gira, su equipo destacó un momento especial vivido en Nandayure:

“Estamos de gira en Nandayure, compartiendo con la gente linda de este cantón que siempre recibe con cariño. Hoy tuvimos un momento especial: Fabricio tomó la palabra y nos recordó por qué seguimos adelante, por qué caminamos cada rincón y por qué creemos en un futuro mejor para nuestras familias. Entre aplausos, calorcito guanacasteco y sonrisas sinceras, reafirmamos que cuando un pueblo se une, nada lo detiene. Seguimos con fe, con esperanza y con la convicción de que lo mejor está por venir. ¡Vamos con todo!”.

En Santa Cruz, Alvarado enfatizó: “Llegó el tiempo de la gente buena, de las personas con principios, de aquellos que amamos a nuestra patria”.
En Matapalo de Abangares añadió que “es tiempo de unirnos y trabajar para recuperar la paz, los empleos y las oportunidades para todos”.
Mientras que en Cacao de Nandayure dijo sentirse “agradecido con el cariño” recibido por parte de la comunidad.

La gira continuará por otros cantones guanacastecos donde el aspirante buscará fortalecer su presencia territorial de cara al próximo proceso electoral.

El expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, rompió el silencio para respaldar el mensaje de la actual presidenta del Tribunal, Eugenia Zamora, y de los magistrados electorales dirigido al presidente Rodrigo Chaves, en una comunicación que calificó como “sin precedentes en la historia democrática reciente del país”.

Sobrado, quien encabezó el organismo electoral por más de dos décadas, expresó sentirse “muy orgulloso” de la postura adoptada por la institución. Afirmó que se trató de un mensaje “respetuoso, pero a la vez muy firme”, el cual —en su opinión— defendió con claridad la autonomía de la función electoral.

Resaltó que la independencia total del TSE frente al Ejecutivo es “la única manera de garantizar elecciones probas, elecciones íntegras en el país”. Sobrado destacó además que uno de los puntos clave del mensaje de Zamora fue el llamado a que durante la campaña electoral —que comienza en octubre y culmina en febrero— el foco de atención ciudadana esté en los candidatos a los puestos de elección popular, y no en la figura presidencial u otras autoridades políticas en ejercicio.

Con relación a la actual tensión entre poderes, el exmagistrado recordó que, a pesar de haber vivido momentos “muy tensos relacionados con desenlaces electorales” (como los referéndums o segundas vueltas presidenciales del pasado), “nunca tuvimos roces tan intensos con las personas que ocuparon la Presidencia de la República”.

Finalmente, Sobrado defendió el actuar del TSE frente a la solicitud de levantamiento de inmunidad contra el presidente Rodrigo Chaves, enfatizando que dicho organismo “no es un órgano político, sino un juez electoral”. Calificó como un riesgo para el propio proceso electoral que el Gobierno apunte acusaciones contra la institución, pues —dijo— “a nadie le conviene este proceso de crispar a la ciudadanía… Tenemos como demócratas que aceptar los triunfos, pero también aceptar las derrotas en las urnas”.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) admitió para estudio un amparo electoral presentado en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y del ministro de Seguridad, Mario Zamora, relacionado con el caso conocido como “Cayó la mordaza”.

La acción fue planteada por ciudadanos que alegan una posible vulneración a los principios de neutralidad y respeto a la normativa electoral, luego de que el mandatario y el jerarca de Seguridad emitieran declaraciones y acciones que, a juicio de los denunciantes, podrían constituir beligerancia política.

Con la admisión del recurso, el TSE inicia un proceso de análisis en el que se solicitarán informes a las partes involucradas antes de dictar una resolución. De confirmarse la presunta falta, podrían derivarse medidas correctivas o sanciones establecidas en el Código Electoral.

Este nuevo trámite se suma a otras gestiones y cuestionamientos contra el Poder Ejecutivo en plena campaña electoral, lo que mantiene en tensión la relación entre el Gobierno y el órgano electoral.

La diputada oficialista Pilar Cisneros manifestó su enojo – o como se dice popularmente en Costa Rica, se mostró “chiva”— ante la reciente solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, a quien considera víctima de un intento de desestabilización institucional.

En un video difundido en redes sociales, Cisneros pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa que cierren filas en defensa del mandatario, pese a que el propio Chaves los ha criticado con frecuencia en sus conferencias de prensa semanales.

“Esto es gravísimo. Lo que está haciendo el TSE es tratar de quitarle la inmunidad al presidente sin fundamentos reales. Es un ataque directo a la democracia”, expresó la legisladora visiblemente molesta.

La solicitud del TSE se relaciona con una investigación sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de Chaves. El organismo electoral ha sostenido que el trámite forma parte de sus responsabilidades constitucionales y que responde a procedimientos legales establecidos.

El llamado de Cisneros ha generado reacciones diversas y reaviva el debate sobre los límites entre la fiscalización de los órganos del Estado y la protección institucional del Poder Ejecutivo, en un contexto político marcado por la polarización.

La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó este martes a la Asamblea Legislativa que proceda con el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, con el fin de que se pueda dar trámite a una serie de denuncias presentadas en su contra por presunta beligerancia política.

De acuerdo con el órgano electoral, las causas se acumulan tras reiteradas intervenciones públicas del mandatario en las que, presuntamente, habría incurrido en actos prohibidos por el Código Electoral, al mezclar su condición de jerarca del Poder Ejecutivo con manifestaciones de carácter político-electoral.

La figura de la inmunidad presidencial protege al mandatario de ser encausado judicialmente mientras ejerce su cargo. Sin embargo, el TSE enfatizó en que corresponde al Congreso analizar la petición y definir si se autoriza levantar esa protección para que las investigaciones puedan avanzar en la vía penal electoral.

La solicitud se da en medio de un ambiente político marcado por la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones, a raíz de las restricciones vigentes en el periodo electoral que limitan la promoción de obra pública y la exaltación de la imagen de jerarcas de gobierno.

De momento, la Asamblea Legislativa deberá conformar una comisión que estudie el caso y emita una recomendación al plenario sobre si procede o no levantar la inmunidad. El presidente Chaves, hasta ahora, no se ha referido públicamente a esta nueva gestión del órgano electoral.