San José, 11 de enero de 2026.
El debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dejó fuertes reacciones entre analistas y ciudadanía, particularmente en torno al desempeño de la candidata Laura Fernández, cuya participación fue duramente cuestionada por la ausencia de propuestas concretas, debilidades argumentativas y un estilo confrontativo que no logró conectar con el electorado.

Diversos sectores señalaron que Fernández no logró explicar con claridad el cómo de sus planteamientos, recurriendo reiteradamente a afirmaciones generales sin sustento técnico ni referencias verificables. Para varios observadores, sus intervenciones se limitaron a promesas enunciativas sin desarrollo, lo que generó dudas sobre su conocimiento de la realidad nacional y su capacidad de ejecución.

El analista Cristian Gerardo Herrera-Alvarado fue particularmente crítico al señalar que la candidata representa la continuidad de un gobierno percibido como fallido, especialmente en materia de seguridad y control territorial. Según Herrera-Alvarado, durante la actual administración el país ha enfrentado un aumento del sicariato y una pérdida de control frente al narcotráfico, situación que —a su criterio— no fue explicada ni asumida con responsabilidad por Fernández durante el debate.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Arcadio Carrera comentó que “las respuestas de doña Laura F. tienen muy poco contenido” y cuestionó que no pasara de enunciar acciones sin explicar cómo se implementarían. En una línea similar, Elías Espinoza calificó su participación como “muy rala” y la señaló como “la gran perdedora de la noche”.

Otros comentarios apuntaron al estilo de la candidata. Un usuario afirmó que Fernández actuó más como si estuviera en una tarima política que en un espacio de debate democrático, evitando responder cuestionamientos de fondo y recurriendo al espectáculo antes que a la argumentación.

En contraste, varios participantes destacaron positivamente el desempeño de otros aspirantes. José Aguilar fue uno de los más mencionados por su claridad y capacidad de síntesis. “Muy bien y con claridad de respuestas”, escribió Arcadio Carrera, mientras que otros usuarios señalaron que Aguilar supo aprovechar el cierre del debate y se consolidó como uno de los ganadores de la noche.

También hubo críticas hacia otros candidatos por desperdiciar el tiempo asignado o enfocarse en ataques personales en lugar de propuestas, como fue el caso de Alpízar, según algunos comentarios ciudadanos.

El debate del TSE, concebido como un espacio para contrastar ideas y proyectos de país, dejó así un saldo mixto, pero con una conclusión recurrente entre quienes reaccionaron al evento: una parte del electorado espera mayor preparación, datos verificables y propuestas claras. En ese balance, la participación de Laura Fernández fue percibida por muchos como insuficiente para responder a los desafíos que enfrenta Costa Rica.

San José, Costa Rica. La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, lanzó fuertes críticas contra la candidata Laura Fernández y su papeleta, a quienes señaló por ausentarse de debates públicos, una actitud que, a su criterio, evidencia falta de capacidad y compromiso para enfrentar responsabilidades de gobierno.

Guillén comparó esta conducta con la de figuras políticas ampliamente cuestionadas, recordando antecedentes similares en procesos anteriores.
“¿Saben quiénes más se ausentaban de los debates? Johnny Araya y Mario Redondo, dos alcaldes diamante”, expresó la legisladora.

En esa misma línea, la diputada afirmó que la ausencia de Fernández en estos espacios coloca a su candidatura en un nivel preocupante.
“A ese nivel está Laura Fernández y su papeleta, al nivel de la cobardía y la corrupción de ese par de impresentables”, sostuvo.

Para Guillén, la negativa a participar en debates demuestra una incapacidad para enfrentar cuestionamientos sin control previo del discurso.
“Sin un guión preparado y bajo su control, no dan la cara”, agregó.

La diputada cerró su crítica con una interrogante directa sobre la idoneidad de la aspirante para ejercer el poder.
“No puede ni comerse la bronca de un debate, ¿va a comerse la bronca de gobernar?”, cuestionó.

l Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió, la mañana de este viernes, sobre la prohibición de ingreso de animales a los locales y recintos de votación.

Dicha restricción está contemplada en el Reglamento para el Ejercicio del Sufragio en las Elecciones Nacionales del 1.º de febrero de 2026 (decreto 13-2025).

El artículo 35, inciso c), de dicha normativa prohíbe entrar con mascotas al aula y, consecuentemente, a la urna.

De esa limitación se excluyen los casos en los que el elector tenga una discapacidad visual y requiera la compañía de un perro de servicio, o cuando se trate de un animal de apoyo emocional; situación que haya sido acreditada previamente ante la junta receptora de votos (JRV). Los miembros de mesa, en colaboración del Cuerpo Nacional de Delegados, tendrán la responsabilidad de velar por la estricta aplicación de esa disposición.

La Autoridad Electoral indicó que, si bien reconoce el afecto que muchas personas sienten por sus mascotas, la presencia de animales en los espacios donde se desarrolla la votación puede comprometer la seguridad de los participantes del proceso, la integridad del material electoral y el orden indispensable para el normal desarrollo de la jornada.

Respecto a la presencia de animales en los centros de votación (entiéndanse escuelas, colegios o salones comunales, entre otros), la entrada de mascotas estará sujeta a las políticas internas de cada institución y el criterio del encargado del inmueble, así como el cumplimiento de las regulaciones legales y reglamentarias sobre la presencia de animales en espacios públicos.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) abrió una investigación por la participación de una hija del candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, en una actividad de su campaña.

La determinación la anunció el martes la presidenta ejecutiva de la institución, Kennly Garza, luego de que se recibieran “múltiples denuncias”, explicó en un video enviado a los medios.

Tales quejas giran alrededor de una grabación que circula en redes sociales, en el que se observa a la menor dar un mensaje ante un grupo de adultos, quienes por momentos le aplauden.

“Costa Rica está en peligro. Costa Rica está en el pico de la montaña y está por caer. Costa Rica es un país que está entre el bien y el mal, con un presidente que es un dictador y depende de nosotros los liberacionistas estar de pie, derrotar al mal y vamos a ganar para que podamos tener el país que queremos”, señaló la niña.

La jerarca enfatizó en que el Patronato de la Infancia tiene la obligación legal de vigilar el interés superior de los menores de edad y, en esa línea, apuntó que debía iniciarse una pesquisa.

“Ya hemos identificado la oficina local que por competencia le corresponde esta intervención y se han iniciado las coordinaciones para informar a los progenitores y a las partes acerca del debido proceso, asimismo, convocar a audiencias, entrevistas y poder así reunir todos los elementos que permitan determinar objetivamente si se ha violentado algún derecho, como a la integridad, a la imagen, y todo esto en interés superior de la persona menor de edad”, indicó Garza.

Poco después, Ramos y su esposa, Cristie Castro, emitieron una declaración conjunta en la que explicaron que su hija había decidido dar unas palabras “de manera espontánea” en una casa privada; mensaje que captado en video y difundido en internet.

El aspirante y su esposa subrayaron que el audiovisual no fue divulgado por ellos y que tampoco avalaron tales publicaciones, al tiempo que hicieron ver que este se viralizó por acción de terceros.

La pareja reafirmó su apoyo a la libertad de expresión y al derecho a ser escuchados, tanto de niños como adultos. También apuntaron que, como padres, han promovido el aprendizaje crítico de temas en los que sus hijas muestren interés.

“Estamos indignados que se abuse de los mecanismos válidos de protección de la niñez en riesgo, con pretextos para convertirlos en golpes a las familias y peor aún, a la imagen de una niña que tiene toda la capacidad de elaborar su propio mensaje”, dice el mensaje colgado en la cuenta oficial de Ramos.

En su declaración, los padres se dicen orgullosos de sus hijas, al tiempo que piden el cese de la reproducción del video.

De igual forma, la familia Ramos Castro indicó que colaborará con el proceso institucional que se les sigue, al tiempo que se anunció que esa sería la única declaración que se daría sobre el particular.

Esto último ocurre en momentos en que Garza prometió dar “seguimiento puntual” al caso.

Espaldarazo de adversarios

Lo sucedido con Álvaro Ramos generó reacciones entre quienes le disputan la Presidencia de la República.

“Quisiera externar mi absoluta solidaridad con don Álvaro Ramos y su familia con la situación absolutamente lamentable que están experimentando con el Patronato Nacional de la Infancia. Es impresionante, y a mí me parece que es indignante como ciudadana, que se instrumentalice la institucionalidad para intentar atacar a un candidato presidencial en medio de unas elecciones, sobre todo cuando Costa Rica tiene grandes retos con respecto a los menores de edad y a las personas jóvenes que el Patronato Nacional de la Infancia debería estar atendiendo y no en una campaña política.

“Basta ya. Basta ya de instrumentalizar las instituciones y usarlas como armas políticas. Basta ya de meter miedo. Basta ya de la politiquería”, señaló la aspirante de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles.

Por su lado, el candidato del Partido Frente Amplio (PFA), Ariel Robles, también calificó como inaceptable lo sucedido.

El actual diputado rechazó el uso de la institucionalidad pública para amedrentar y perseguir a adversarios políticos.

“Tendría que tener uno problemas bastante graves de ego, don Rodrigo Chaves, si usted se ve amenazado, se siente intimidado, o le causa dolor o molestia al discurso de una niña, realmente es lamentable, inaceptable que se esté usando la institucionalidad pública de esta forma como un instrumento, una vez más”, comentó el aspirante.

Por su parte, el candidato del Partido Esperanza Nacional (PEN), Claudio Alpízar, criticó la selectividad con la que han actuado las entidades durante la presente administración

“Ahora es el Patronato Nacional de la Infancia, que llama a audiencia al candidato Álvaro Ramos y a su esposa por un video en que su hija aparece apoyando a su padre en un mitin político.

“Pero les recuerdo que ese mismo Patronato de la Infancia guardó silencio —ni un dedo levantó— ante casos muchísimos más delicados, cuando Rodrigo Chaves pidió que le regalarán una niña o en otra ocasión cuando se valió de otra niña para invocar al ‘jaguar’ en un acto de clara beligerancia política”, recordó el aspirante.

El aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, reprochó que en lo que va del año se duplicó la cantidad de menores de 12 años asesinados, sin que la institución se haya pronunciado en forma alguna.

El ambiente político nacional se tensa en vísperas de una sesión legislativa crucial. Este próximo martes, a partir de la 1 p.m., el Plenario del Congreso se abocará al análisis y votación de la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para levantar la inmunidad presidencial a Rodrigo Chaves, un trámite esencial para que el órgano electoral pueda continuar con su investigación por presunta beligerancia política.

Esta es la segunda ocasión en menos de un año que la Asamblea Legislativa aborda un procedimiento de esta naturaleza. El primer intento, ocurrido en setiembre anterior, fracasó al no alcanzarse la mayoría calificada requerida. La historia podría repetirse.

La Barrera Numérica: 38 Votos Inalcanzables?

El requisito constitucional es claro y alto: se necesitan al menos 38 votos afirmativos de los 57 diputados para despojar al Presidente de su fuero. En septiembre, esa cifra resultó imposible. Según el escenario actual, todo indica que la votación de esta semana podría tener un desenlace similar.

La Presidencia de la Asamblea Legislativa ha confirmado que, al día de hoy, solo tres legisladores estarán ausentes para la histórica sesión: David Segura y Olga Morera, del oficialista partido Nueva República, ambos con permiso, y Sofía Guillén, del opositor Frente Amplio, quien se encuentra en licencia por maternidad.

Con estas ausencias, el cálculo base se establece en 54 diputados presentes. Por lo tanto, para que prospere el desafuero, se requeriría el voto afirmativo de más de dos tercios de los legisladores en sala. Tal consenso parece esquivo en un hemiciclo marcado por profundas divisiones y donde la bancada oficialista, aunque minoritaria, ha mostrado una férrea disciplina para bloquear este proceso.

El Fondo del Asunto: La Investigación del TSE

El trasfondo de la votación es la investigación que lleva a cabo el TSE sobre el Presidente Chaves, por una presunta violación al principio de neutralidad política que debe guardar el gobierno durante procesos electorales. El levantamiento de la inmunidad es un paso procesal indispensable para que el Tribunal pueda profundizar en sus pesquisas y, eventualmente, formular cargos.

La sesión del martes promete ser un extenso debate donde las fracciones políticas expondrán sus posturas, previo a la votación nominal que pondrá a cada diputado en evidencia. Mientras tanto, el país observa con atención un nuevo capítulo de este pulso entre poderes del Estado, cuyo resultado parece inclinarse, nuevamente, hacia la preservación del escudo legal del mandatario.

Por Donaldo Fonseca, para Guana Noticias*.

La sesión del Concejo Municipal de Alajuela del martes 9 de diciembre culminó en un bochornoso espectáculo cuando una discrepancia entre el regidor, Marvin Venegas, del Partido Liberación Nacional y el Presidente de ese cuerpo deliberativo, Francisco Sánchez (Partido Renovemos Alajuela), escaló hasta la agresión física en contra de este segundo edil generando un caos dentro del recinto.

Según consta en un vídeo de Radio Digital CR, Venegas se abalanzó contra el Presidente Municipal y logró golpearlo, desatando un tumulto que sorprendió tanto a funcionarios como a ciudadanos presentes. El altercado surgió en cuestión de segundos luego de un intercambio verbal que rápidamente perdió el control.

Otros regidores y personal presente debieron intervenir para contener al agresor y evitar que el enfrentamiento continuara. La sesión quedó marcada por un clima de tensión y desconcierto entre quienes presenciaron el violento incidente desde sus asientos.

Intento de censura

Durante el caos algunos regidores suplentes intentaron impedir el trabajo periodístico de Radio Digital CR al tratar de obstaculizar la grabación de las cámaras. Los funcionarios alegaron que “no se podía grabar el zafarrancho”, pese a encontrarse en un espacio público y en el marco de una sesión municipal oficial.

El intento de obstaculizar la cobertura generó aún más tensión y dejó en evidencia el deterioro del respeto hacia la labor periodística dentro de instituciones públicas, un fenómeno que lamentablemente se ha venido generalizando en el país.

Los ciudadanos presentes expresaron su indignación por los hechos ocurridos y demandaron la adopción de medidas que garanticen el orden, la seguridad y la transparencia dentro del Concejo Municipal. Asimismo, hicieron un llamado a asegurar el respeto a la libertad de prensa en todas las dependencias públicas.

*Director de Radio Digital CR.

Activista social, Susan Rodríguez, denuncia autoritarismo del actual gobierno.

Aspirante a legisladora en el primer lugar por Alajuela crítica castigo a las voces disientes.

La candidata a diputada en primer lugar por Alajuela en el Partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), Susan Rodríguez Calvo, presentó un recurso de Habeas Corpus debido a su detención por parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) durante el 25 de noviembre cuando se desalojaba a unas 77 familias en la comunidad de Chorreras de San Carlos.

En esa comunidad de la Zona Norte el MSP procedió a sacar del lugar a unas 300  personas -entre ellas 83 niños y tres adultos mayores- quienes residen en el sitio ubicada en la milla fronteriza con Nicaragua a pesar de que residen ahí hace unos 40 años y; por lo tanto, tienen derechos adquiridos porque se trata de “pueblos originarios”.

Según el recurso de Habeas Corpus, elaborado por el abogado Karl Villalobos Hoffman del Bufete Innova Consortium, el proceso de demolición, derribo y desalojo de la comunidad “estaba siendo documentado y expuesto en vivo al país por parte de la señora Susan Rodríguez. Además, la señora Susan Rodríguez puso en conocimiento de las fuerzas represivas del Estado de la existencia de dos recursos de amparo contra tales actos y fue en ese momento que la redujeron a la impotencia, le decomisaron ilegalmente celular con el que ponía al país al tanto de lo que ocurría en Chorreras y fue detenida y traslada en una perrera con rumbo desconocido”.

El abogado Villalobos Hoffman añadió que la acción contra el MSP se fundamentó en el artículo 48 de la Constitución Política donde se establece que “toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en la Constitución, así como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la República”.

Falso discurso

En la comunidad de Chorreras de San Carlos residen familias que se dedican a las actividades agrícolas y mineras en pequeña escala como las principales fuentes de ingresos.

“Muy curiosos que mi cliente haya sido detenida únicamente porque puso en evidente la prepotencia de las fuerzas policías en consonancia con las claras señales de autoritarismo del actual gobierno, ya hemos visto como hace pocos días se amenazó a los agricultores con el decomiso de su maquinaria en caso de una protesta, ahora en la Zona Norte vemos como se trató de impedir que todo el país conociera como se le estaba tirando toda la fuerza del poder del Estado a unas humildes familias contradiciendo el discurso oficial del Poder Ejecutivo de lucha en favor del pueblo” relató el abogado de la aspirante a Legisladora en un comunicado de prensa del mencionado Bufete.

La acción de Habeas Corpus le exige al MSP documentar de manera fehaciente a donde fue llevada ilegalmente Rodríguez Calvo; además, determinar que “no ha sido torturada y no está desaparecida”.

Igualmente, que se le permita a la Activista Social exponerle al país, desde el lugar de los hechos, la destrucción de viviendas e infraestructura pública como la escuela del Ministerio de Educación Pública para imponer el “aplastamiento de los más excluidos y de los que menos tienen como una política oficial del Estado”.

Desde la presidencia, en apenas una hora y media de Consejo de Gobierno, Chaves soltó más de treinta expresiones despectivas como “lloroncito victimizado”, “manifestantitos”, “mismas personajas”, “gritoncitos defensores”, “magistrados filibusteros”, “el más vago del mundo” al referirse a quienes piensan distinto. Si me sostiene que “habla como hablan los costarricenses”, lo soy y no hablo así. Lo que él nos invita a normalizar no es el habla popular, es la intolerancia, la descalificación y el permiso para agredir desde la máxima autoridad.

Un estilo que erosiona la convivencia democrática

El problema no es nuevo. Desde su llegada al poder, Chaves ha dirigido su artillería verbal contra distintos pilares del Estado y de la sociedad. Entre ellos:

• La prensa y medios de comunicación: su gobierno ha menospreciado y denostado a periodistas y medios críticos. Ha habido reiteradas expresiones de desprecio hacia quienes informan o cuestionan su gestión.
• El Poder Judicial y otras instituciones de control: ha tildado a magistrados de “filibusteros”, “mafiosos” o “títeres”, menospreciando allanamientos por corrupción, como parte de un patrón de deslegitimación institucional.
• El Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio Público de Costa Rica y otros organismos democráticos, cuando cuestionan decisiones del Ejecutivo, algo que el gobierno asume como ataque a su autoridad.

Pero además, y esto es lo más reciente, ha sumado a sus blancos de agresión verbal a la Iglesia Católica y a medios radiales y televisivos.

• Iglesia Católica y su jerarquía, especialmente José Rafael Quirós, Arzobispo de San José. Durante su conferencia de prensa habitual de los miércoles, Chaves dijo que el arzobispo “le tira todos los días” mediante críticas y editoriales de emisoras católicas que, según él, buscan desprestigiar a su gobierno.
• Criticó no solo a Quirós sino también a las “emisoras que él controla”, afirmando que los medios católicos lo atacan sistemáticamente, lo que representa un nuevo nivel de confrontación entre Ejecutivo, Iglesia y medios religiosos.
• La reacción del arzobispo fue pública. Respondió que la Iglesia no participará en descalificaciones personales, que su misión pastoral exige respeto, prudencia y serenidad, y que sus intervenciones buscan construir, jamás dividir.

Este episodio ocurre en el contexto de la polémica subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por el gobierno, un proceso cuestionado por su posible impacto sobre la pluralidad mediática, la libertad de expresión y la diversidad de voces. En ese marco, las declaraciones de Chaves representan una ofensiva directa no solo contra instituciones de control o medios independientes, sino también contra instituciones históricas de la sociedad civil como la Iglesia y emisoras religiosas o comunitarias.

¿Qué país estamos construyendo con este tipo de discurso?

Cuando el insulto viene de la más alta investidura, deja de ser solo una descalificación personal y se convierte en permiso. Permiso para que otros insulten, acosen o menosprecien. Ya no es una opinión, es una señal de que la humillación y el desprecio son legítimos si vienen de arriba.

Un liderazgo que ridiculiza, tilda y culpa y lo hace con nombre propio difícilmente podrá tender puentes o proponer salidas reales. Porque antes que propuestas, impone divisiones: nosotros contra ellos, buenos contra malos, la gente decente contra los de siempre. Es un liderazgo que atenta contra la tolerancia, la institucionalidad, la diversidad y el respeto que debe existir entre ciudadanos, poderes del Estado, organizaciones sociales, medios de comunicación y confesiones religiosas.

Costa Rica merece firmeza, pero firmeza con respeto. Merece autoridades que defiendan el orden, la integridad pública y la transparencia. No un espectáculo de descalificaciones cuyo saldo final sea la erosión del civismo, la polarización y la desconfianza social. Las palabras del presidente no solo hablan de él, hablan del tipo de convivencia que estamos dispuestos a aceptar como nación.

Si la contralora para Chaves fue el “Contra Todo”, él pretende hacer del país entero su “Culpa Todo”, culpables por pensar distinto, por disentir, por ejercer control, por pedir cuentas y ahora también por creer distinto, por profesar una fe, por informar. Y así no se construye nada sano. Se destruye mucho: el respeto, la democracia y la dignidad colectiva.

La Sala Constitucional —conocida también como Sala IV— ordenó la suspensión inmediata de la subasta de frecuencias de radio AM, FM y televisión convocada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), mientras se resuelve un recurso de amparo presentado contra el procedimiento.

El amparo, admitido bajo el expediente 25-031501-0007-CO, fue presentado por una ciudadana usuaria de servicios de radiodifusión, quien cuestiona los criterios económicos de la subasta y denuncia que la metodología favorece únicamente a grandes operadores, dejando en desventaja a medios comunitarios, culturales, religiosos, estatales y regionales.

Según los datos oficiales, la convocatoria recibió un número muy reducido de ofertas: sólo cuatro canales de televisión nacionales, alrededor de 21-22 frecuencias de radio (FM y AM) en todo el país, lo que evidencia una débil participación.

Entre los factores de rechazo, numerosos medios declararon que las condiciones eran “ruinosas”: los precios base fijados por SUTEL superaban los 300.000 dólares por frecuencia radial nacional y alcanzaban hasta 1,6 millones de dólares por canal de televisión nacional.

Diversos integrantes de la comunidad académica, mediática y religiosos habían advertido que el proceso podría provocar una “concentración mediática” y afectar el pluralismo informativo, ya que muchas emisoras con menor capacidad financiera no podrían competir.

La suspensión dictada por la Sala Constitucional representa un duro revés para el gobierno de Rodrigo Chaves, cuya administración había impulsado la reforma del espectro radioeléctrico argumentando que la subasta permitiría una redistribución del uso de las frecuencias y “maximizar el beneficio para la mayoría”.

Mientras la Sala analiza en profundidad el fondo del amparo —y tras admitir otros recursos adicionales— la subasta queda paralizada, lo que mantiene en vilo el futuro de numerosas radios y televisoras que ya habían advertido que podrían salir del aire si no participaban.

Los presentadores Douglas Sánchez y Jorge Obando, de la televisora ¡Opa!, respondieron con dureza este martes a los señalamientos de la diputada Pilar Cisneros, quien calificó a emisoras y canales como “ladrones” y “desvergonzados” tras su rechazo a los costos de la reciente subasta de frecuencias.

Durante su programa en vivo, Obando rechazó las expresiones de la legisladora, asegurando que él y sus colegas no pueden pagar sumas millonarias como los 1,6 millones de dólares que pide la puja para un canal de televisión. Sánchez, por su parte, advirtió que los mayores afectados por la decisión serán los hogares rurales y las televisoras emergentes que —según él— no tienen el respaldo financiero para competir.

Obando explicó que los costos van mucho más allá del pago de la frecuencia: incluye múltiples antenas —valuadas en unos 250 000 dólares cada una—, terrenos, mantenimiento, reparaciones, entre otros gastos, lo que eleva el desembolso total a varios millones de dólares. LaTeja

Ambos conductores hicieron un llamado al gobierno para revisar las tarifas de la subasta, calificándola de “inaccesible” y advirtieron que, de mantenerse esos montos, muchas radios y canales comunitarios o emergentes quedarán excluidos, lo que podría afectar el acceso de la población rural a medios de comunicación.

La reacción de Sánchez y Obando marca un giro inesperado, dado que suelen respaldar muchas políticas del gobierno —pero en esta ocasión aseguraron que la medida los afecta directamente—

Las críticas al gobierno de Rodrigo Chaves no se han hecho esperar. Para muchos analistas y actores del sector mediático, la subasta no sólo representa un negocio fiscalista, sino un mecanismo disfrazado que beneficia únicamente a conglomerados con gran capacidad financiera —preocupación especialmente latente en medios comunitarios, rurales, culturales o religiosos.

Al imputar costos tan elevados por frecuencias, el Estado pareció colocar una barrera de entrada que solo grandes empresas pueden superar. El resultado podría ser la concentración mediática y la pérdida de diversidad informativa, cultural y local —un escenario que contraviene el derecho democrático a la libertad de expresión y pluralismo.

El hecho de que decenas de radios y canales tradicionales no participaran, y que algunas estaciones ya anuncien que se limitarán a señales por cable o cerrarán, habla de un recorte significativo al derecho a informarse y comunicarse colectivamente, con consecuencias más allá de lo comercial: afecta la memoria colectiva, las voces locales y el derecho ciudadano a acceder a información diversa.

A esto se suma que únicamente tres grandes medios lograron participar y ganar en la subasta: Teletica (Canal 7), Repretel (Canal 6) y el Grupo Extra. La ausencia de cientos de emisoras pequeñas y medianas expone el profundo desequilibrio entre quienes pudieron asumir los elevados costos y quienes quedaron fuera del espectro radioeléctrico, intensificando las alertas sobre una posible reducción del pluralismo mediático en el país.

Siete expresidentes y una expresidenta de Costa Rica emitieron un comunicado conjunto en el que defendieron la solidez democrática y las instituciones del país, en respuesta a recientes cuestionamientos sobre el proceso electoral y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). La declaración surge tras las críticas de figuras internacionales que han cuestionado la legitimidad de las decisiones del TSE y la situación política actual, especialmente en relación con el presidente Rodrigo Chaves.

Los exmandatarios aseguraron que las preocupaciones externas no reflejan la realidad de la democracia costarricense, subrayando que el país mantiene una tradición de 98 años de elecciones ininterrumpidas y es reconocido por su estabilidad política en América Latina. Además, recordaron que la Constitución prohíbe que los altos cargos estén vinculados a partidos políticos mientras ejerzan el poder, una norma que se ha aplicado de manera consistente a lo largo de los años.

El grupo también destacó que cualquier solicitud para levantar la inmunidad presidencial, como lo solicitó el TSE, cuenta con rigurosas garantías legales, entre ellas el derecho a la defensa y una votación calificada para asegurar que no haya injerencia política.

Entre los firmantes del comunicado se encuentran Óscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Abel Pacheco, Miguel Ángel Rodríguez, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, quienes reiteraron que Costa Rica sigue siendo uno de los ejemplos más sólidos de democracia en la región. No obstante, advirtieron que el clima político actual podría ser explotado por actores locales para generar desinformación y polarización en el contexto de las próximas elecciones.