El Ministerio de Salud remitió al Ministerio Público, este lunes, una denuncia por la supuesta falsificación de datos para obtener una vacuna contra la fiebre amarilla. 

En un comunicado de prensa, la cartera sanitaria informó que, al parecer, una persona “manipuló sus datos para agendar una cita sin cumplir con los requisitos establecidos, y luego lo compartió públicamente en redes sociales”.

La evidencia de esas publicaciones fue recopilada, según las autoridades, y aportada a la Fiscalía. 

“El formulario incluía advertencias claras: brindar información falsa constituye una declaración jurada falsa y es sancionable penalmente según el ordenamiento jurídico costarricense. El Ministerio de Salud no tolerará abusos ni acciones que vulneren los principios de justicia y transparencia de esta campaña de vacunación”, dice el documento enviado a los medios de comunicación. 

Esta dosis es obligatoria para viajar a países como Colombia y debe aplicarse 10 días antes de salir de Costa Rica. Esa regla ha generado una alta demanda y, por ende, desabastecimiento del fármaco en el mercado nacional. 

El Ministerio de Salud anunció jornadas extraordinarias de vacunación gratuita, como una alternativa a la escasez actual. Sin embargo, para garantizarse un cupo, el interesado debe demostrar que tiene un viaje programado al país suramericano durante el mes de julio. 

“No se la juegue: mentir para obtener una vacuna es un delito, y quienes lo hagan enfrentarán las consecuencias”, advirtió Mary Munive, vicepresidenta de la República y ministra de Salud.

Las denuncias por la emisión irregular de certificados médicos aumentaron un 82 % en el último año, según datos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

En 2023 se registraron 90 denuncias, cifra que subió a 164 en 2024. Solo en lo que va del presente año ya se contabilizan 50 casos adicionales.

La entidad recuerda que está prohibido emitir certificados médicos sin que medie un acto médico presencial.

Con el fin de prevenir estas malas prácticas, desde el 1 de julio se comenzaron a aplicar nuevas medidas de seguridad, iniciando con los certificados médicos para licencias.

La intención del Colegio es extender este control a otros tipos de certificados: de salud, defunción, aeronáuticos y de portación de armas.

Estas regulaciones obligarán a que la atención sea presencial y, en caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones económicas o incluso la suspensión del ejercicio profesional por hasta seis años.

La Fuerza Pública de Costa Rica demostró una vez más su compromiso con la salud pública y el orden legal durante un operativo realizado el pasado fin de semana en esta localidad guanacasteca. Los oficiales interceptaron a un conductor de apellido Ramírez, quien transportaba una importante cantidad de medicamentos de diversos tipos sin la debida autorización.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron incautar más de 400 unidades de fármacos, entre los que se encontraban cápsulas, pastillas, jarabes, medicamentos inyectables y tabletas efervescentes. Entre los productos decomisados destacan sustancias como enalapril, lorazepam, acetaminofén, losartán, ibuprofeno, fluconazol, carbamazepina y gentamicina inyectable, todos ellos con potencial riesgo para la salud cuando son administrados sin supervisión médica adecuada.

El peligro principal de estos medicamentos, según explican las autoridades sanitarias, radica en que al ser consumidos sin prescripción ni control médico pueden causar graves daños a la salud, incluyendo intoxicaciones, reacciones adversas y otros problemas médicos severos. Todos los fármacos incautados fueron puestos a disposición del área rectora de salud de la zona para su debido análisis y disposición final.

Ante este hallazgo, tanto la Fuerza Pública como el Ministerio de Salud hicieron un llamado urgente a la población para evitar la compra y consumo de medicamentos que carezcan del registro sanitario correspondiente y de la debida trazabilidad. Las autoridades recalcaron que adquirir fármacos en el mercado informal representa un grave riesgo para la salud individual y colectiva.

Este operativo forma parte de las acciones continuas que realiza el gobierno costarricense para combatir el comercio ilegal de medicamentos en el país, un problema que pone en riesgo la salud pública y que requiere de la colaboración ciudadana para su erradicación. Las autoridades sanitarias recuerdan a la población que la venta de medicamentos sin receta está estrictamente regulada y que solo deben adquirirse en farmacias autorizadas.

Para reportar casos de venta ilegal de medicamentos, las autoridades han habilitado las líneas de denuncia ciudadana de la Fuerza Pública y del Ministerio de Salud, destacando la importancia de la participación comunitaria en este tipo de operativos que buscan proteger el bienestar de toda la población.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examinará las extensas listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tras una denuncia presentada por la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca) contra el Estado costarricense por presuntas violaciones al derecho a la salud.

La organización sindical acusó al Gobierno de no cumplir con su obligación de financiar adecuadamente el sistema de seguridad social, lo que agrava los retrasos en atenciones médicas, cirugías y entrega de medicamentos. Undeca sostiene que esta situación vulnera derechos fundamentales, en línea con fallos previos de la Sala Constitucional, que ha declarado que las listas de espera excesivas constituyen una violación a la salud pública.

Fondos insuficientes y promesas incumplidas

Undeca reclama que el Estado salde la deuda histórica con la CCSS, la cual asciende a billones de colones, para fortalecer la capacidad hospitalaria y reducir los tiempos de espera. A pesar de que el Gobierno actual se comprometió a resolver el problema, los pacientes continúan enfrentando demoras críticas en servicios como oncología, traumatología y oftalmología.

La denuncia ante la CIDH busca presionar al Estado para que priorice el financiamiento de la salud pública. Costa Rica ha recibido advertencias previas de organismos internacionales por el deterioro en la calidad y acceso a los servicios médicos.

• La CCSS atiende a cerca del 90% de la población costarricense.
• En 2023, más de 200,000 personas estaban en lista de espera para cirugías.
• La Sala IV ha emitido múltiples resoluciones ordenando al Estado agilizar atenciones médicas pendientes.

Aunque los contagios y muertes por COVID-19 han disminuido significativamente, el virus SARS-CoV-2 sigue circulando en Costa Rica, afectando especialmente a las poblaciones de riesgo.

La vacunación continúa siendo la herramienta más efectiva para prevenir casos graves y fallecimientos. Actualmente, la vacuna contra el COVID-19 se aplica de manera anual, al igual que la de la influenza estacional.

Según datos del Ministerio de Salud, en la semana anterior se registró un aumento del 44% en los casos de COVID-19, con 207 contagios confirmados y 19 hospitalizaciones.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está aplicando ambas vacunas (COVID-19 e influenza) en sus centros de salud. Además, se recomienda mantener medidas de prevención, como el correcto lavado de manos y otras prácticas de higiene.

Las personas que se incapaciten o tengan una licencia podrán realizar actividades necesarias para su salud mental, recuperación física y acceso a servicios judiciales y de salud.

Esto luego de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reformara el artículo 14 del Reglamento de Licencias e Incapacidades

Ahora el reglamento señala que  “el asegurado activo(a) incapacitado(a) por enfermedad, en función del reposo prescrito como parte de su tratamiento, queda imposibilitado durante las 24 (veinticuatro) horas del día, para el desempeño de cualquier tipo de actividad remunerada o no remunerada, pública o privada, tanto en su horario ordinario como fuera de él; lo mismo que actividades académicas, físicas o recreativas que interfieran con la recomendación médica, así como viajes dentro y fuera del país, y cualquier otra actividad no señalada que ponga en peligro la recuperación de la salud del asegurado(a)”.

Pero con la modificación, se exceptúan los siguientes casos.

• Casos en que el profesional que extiende la incapacidad recomiende actividades físicas o recreativas como parte del tratamiento, según criterio técnico y medicina basada en evidencia. Debe constar en el expediente clínico el tipo de actividad, tiempo y justificación.
• Viajes fuera del país autorizados, conforme al artículo 16 del reglamento.
• Actividades básicas de la vida diaria, como la compra de alimentos (cuando la persona vive sola y no tiene apoyo) y la asistencia a servicios de salud como consultas, exámenes, retiro de medicamentos, vacunas o tratamientos.
• Asistencia a audiencias judiciales o laborales, siempre que el médico tratante lo permita según la condición que genera la incapacidad.
• Valoraciones de salud ocupacional por parte del patrono, con fines de reubicación o readecuación laboral, autorizadas por el médico tratante.

En el caso de las personas con licencia por maternidad, la inhabilitación aplica únicamente para actividades remuneradas que desvirtúen el objetivo de la licencia.

Si se detecta participación en este tipo de actividades, la institución procederá con la suspensión del subsidio.

La reforma quedará en firme una vez que salga publicada en el diario oficial La Gaceta.

Hasta 4.000 personas al año podrán beneficiarse directamente del nuevo contrato que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) firmará con la Universidad de Costa Rica (UCR) para la realización de estudios diagnósticos avanzados conocidos como PET-CT, una herramienta vital para el abordaje de enfermedades oncológicas.

La Junta de Adquisiciones de la CCSS adjudicó la contratación al Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares (CICANUM) de la UCR bajo la figura de contratación entre entes públicos. El convenio tendrá una vigencia inicial de un año, con opción de extenderse hasta tres años más, y representa una inversión de más de $4 millones.

Los estudios PET-CT permiten detectar con mayor precisión tumores sólidos y hematológicos, lo que se traduce en diagnósticos más certeros, tratamientos más efectivos y mejores resultados para las personas afectadas por cáncer.

Además, el servicio se prestará bajo demanda, lo que facilita su acceso a los pacientes que realmente lo necesitan, según criterios médicos establecidos por la Gerencia Médica de la Caja. El protocolo de uso fue desarrollado por un equipo técnico que definió altos estándares de calidad en imagen, seguridad en el uso del radiofármaco F18-FDG y confiabilidad en los resultados.

“El objetivo ha sido favorecer la atención y seguridad de los pacientes”, explicó el doctor José Pablo Villalobos Cascante, coordinador del Consejo Oncológico Institucional, quien destacó la rigurosidad con la que se elaboraron las fichas técnicas del contrato.

Uno de los principales valores agregados del convenio es que CICANUM puede producir localmente el radiofármaco utilizado en el estudio, lo cual no solo reduce costos, sino que permite atender entre 12 y 15 pacientes por jornada, en comparación con solo ocho si este producto tuviera que importarse. Esto evita la pérdida de efectividad del medicamento por el paso del tiempo, mejorando la calidad del diagnóstico.

Más eficiencia, más cobertura

La CCSS ya ha utilizado este tipo de estudios en hospitales con contratos anteriores o compras de urgencia. Sin embargo, con esta contratación directa con la UCR se espera lograr una mayor cobertura, mejores tiempos de respuesta y una economía de escala que hará el servicio más accesible para la población.

El contrato entrará en vigencia una vez finalicen los procesos de adjudicación y refrendo. Mientras tanto, los pacientes pueden tener la certeza de que este avance representa una mejora concreta en su diagnóstico y tratamiento.

Las personas trabajadoras independientes podrían obtener una licencia para cuidar a enfermos terminales y a menores de edad con padecimientos graves, de aprobarse un nuevo proyecto de ley.

Actualmente, debido a una omisión en la legislación, estas personas no tienen acceso a este derecho, lo que ha generado preocupación en distintos sectores.

La iniciativa, presentada por el partido Frente Amplio, ya cuenta con el respaldo de varias fracciones legislativas y busca corregir esta situación para garantizar la protección de quienes deben asumir el rol de cuidadores en circunstancias críticas.

Las embarazadas podrán vacunarse contra el virus respiratorio sincitial (VRS) a partir de junio.

Así lo confirmó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), este jueves. Para ese fin, la institución adquirió 50.205 dosis, sin precisar el costo.

“El próximo 2 junio se dará el lanzamiento de esta vacuna en el Área de Salud Goicoechea 2, cordialmente invitados a la conferencia al mediodía”, detalló el doctor Elvis Delgado, de la Subárea de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS.

El uso de este fármaco en Costa Rica fue aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, el 20 de noviembre de 2024, precisamente como una estrategia para frenar el “pico” de casos que satura el Hospital Nacional de Niños cada año y hasta provoca muertes. Se aplica una única vez.

¿Se sentirá esa protección en la temporada de infecciones respiratorias que apenas inicia?

Según Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños, al aplicarse la vacuna en la recta final del embarazo y al dar protección al bebé por los primeros seis meses de vida, sí habrá un impacto casi inmediato, aunque este depende de la cobertura de vacunación.

“A ver, yo pienso que sí se va a ver (en esta temporada de infecciones), pero no en toda su magnitud, como si esperamos que se pueda visualizar hacia 2026. Y nuestra esperanza es que no tengamos un pico tan alto, pero eso va a depender del porcentaje de cobertura de la vacunación”, explicó el jefe del centro pediátrico. 

Delgado comparte esa opinión. “La vacunación se va a colocar entre la semana 32 y 36.6 en las embarazadas; si arrancamos en el mes de junio, como está previsto, estaríamos al inicio del pico respiratorio. Por tanto, sí se puede observar impacto este mismo año, en cuanto a disminución hospitalizaciones pediátricas, reducción en la demanda de servicios de consulta, siempre y cuando logremos amplias coberturas de vacunación”, indicó.

Ambos médicos enfatizaron en que esta estrategia va de la mano con otras; por ejemplo, la inmunización disponible contra influenza y COVID-19, así como el estricto acatamiento a las medidas higiénicas: lavado frecuente de manos, uso de los protocolos para toser y estornudar correctamente, uso de mascarilla en caso de estar enfermo, no enviar a niños a clases si tienen síntomas y evitar los sitios aglomerados.

“Recordemos que en 2021, por la pandemia, tomamos medidas higiénicas, esa fue la única diferencia, y no se presentó pico respiratorio por virus sincitial”, concluyó Jiménez, quien insistió que estos cuadros virales son 100% prevenibles.

Al inicio de esta semana, el Hospital de Niños reportaba una baja ocupación en sus camas destinadas a pacientes con patologías respiratorias.

El Ministerio de Salud hace un llamado a todas las personas que se vacunen contra la fiebre amarilla en centros privados como farmacias, clínicas u hospitales para que confirmen que su vacuna haya sido registrada correctamente en el Sistema Nominal de Vacunación (SINOVAC).

Este paso es esencial para obtener el certificado oficial del Ministerio y tener acceso al carné digital, especialmente si la persona planea viajar a países como Colombia, donde la vacunación es ahora obligatoria.

¿Por qué debe quedar registrada su vacuna?

Permite dar seguimiento a su esquema de vacunación.

Garantiza que los datos sean oficiales y confiables.

Facilita el acceso a certificados digitales sin necesidad de trámites presenciales.

El registro en SINOVAC debe ser realizado por el centro donde se aplicó la vacuna. No es necesario acudir a la CCSS ni a ningún otro ente para completar este proceso.

En el caso de personas extranjeras, aunque cuenten con seguro de la Caja, deberán solicitar el acceso a su certificado mediante el Área Rectora de Salud correspondiente.

El Instituto Clodomiro Picado (ICP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) está a punto de hacer historia con el primer antiveneno costarricense diseñado para neutralizar el veneno de tres especies de escorpiones letales del Norte de África y Medio Oriente: Androctonus australis, Buthus mardochei y Leiurus quinquestriatus.

Bautizado como ScorpiTAb-ICP, este producto representa un avance científico y humanitario frente a una enfermedad desatendida. Aunque el ICP es reconocido mundialmente por sus antivenenos contra mordeduras de serpientes, esta es la primera vez que desarrolla un antídoto contra picaduras de escorpión con proyección internacional.

Un proyecto con impacto global

En solo 18 meses, el equipo logró avanzar a la fase de estudios de estabilidad y enviar muestras a Marruecos, donde se realizan pruebas preclínicas con venenos locales. “Este antiveneno puede salvar a niños en Marruecos, Egipto o Sudán. Esa es nuestra motivación”, afirma la Dra. María Herrera Vega, coordinadora del proyecto.

Las estadísticas son alarmantes: más de 1,2 millones de personas son envenenadas anualmente por escorpiones en el mundo, con más de 3.250 muertes, según un estudio de Acta Trópica (2008). En regiones vulnerables como Sudán, la tasa de mortalidad aumenta, especialmente en niños y mujeres embarazadas. “Los cementerios infantiles están llenos por el escorpionismo”, relata Herrera.

Un esfuerzo humanitario, no comercial

El ICP asumió este reto tras el abandono de la industria farmacéutica, que consideró el antiveneno poco rentable. “Una empresa dejó de producirlo, y ahora no hay suero disponible. Queremos superar su calidad”, explica Andrés Sánchez Brenes, otro investigador líder.

Con apoyo del Instituto Pasteur de Marruecos, el antiveneno se prueba en ratones para confirmar su eficacia. El siguiente paso será obtener el registro sanitario en Costa Rica y los países destino, proceso que requiere completar tres años de estudios de estabilidad (a cumplirse en 2025).

Además, se evaluará su efectividad contra otras especies con venenos similares. “Queremos que otros lo validen para evitar ser juez y parte”, señala Herrera. A futuro, se realizarán ensayos clínicos en humanos, pero los científicos confían en su potencial. “Saber que salvamos una vida será suficiente”, concluye Sánchez.

Una extranjera de 18 años fue diagnosticada con sarampión en Guanacaste

Según el Ministerio de Salud, se trata del primer caso importado de esta enfermedad en lo que va del año.

La detección se realizó tras una prueba de laboratorio en el Centro Nacional de Referencia Virológica del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

De acuerdo con la cartera sanitaria, la mujer no estaba vacunada contra la enfermedad.

Costa Rica tiene 26 años de no registrar casos endémicos de sarampión gracias a las campañas de vacunación que se han realizado a lo largo de estos años.

Sin embargo, en los años recientes no se ha logrado la cobertura deseada, especialmente con la segunda dosis de la vacuna SRP, situación que eleva las probabilidades de contagio.

En lo que va de 2025, se han notificado 21 casos sospechosos de sarampión, de los cuales solo un caso ha sido confirmado.

La vacunación es la principal medida de prevención contra el sarampión; se requieren dos dosis. Según el esquema nacional de vacunación se coloca a los 15 meses y a los 4 años.