En las zonas rurales de Costa Rica, la minería artesanal y de pequeña escala se ha convertido, para muchas familias, en el principal medio de sustento. Sin embargo, esta actividad conlleva una doble cara: aunque representa una fuente de ingresos vital, también implica serios riesgos para la salud humana y el medioambiente debido al uso de mercurio en los procesos de extracción de oro.

Ante este panorama, el país se prepara para impulsar una transformación en el sector con el lanzamiento del proyecto planetGOLD Costa Rica, una iniciativa internacional que busca eliminar el uso de mercurio y promover prácticas más seguras y sostenibles dentro de la minería artesanal.

La iniciativa es financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y ejecutada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la Alianza por la Minería Responsable. Su objetivo central es reducir la exposición al mercurio —un metal altamente tóxico— y mitigar su impacto en ecosistemas estratégicos.

A través de este programa, se impulsará la adopción de tecnologías limpias que permitan extraer oro sin recurrir al mercurio, se fortalecerán las capacidades técnicas de los mineros y se trabajará en la integración de los pequeños productores en mercados formales. Todo ello, con la meta de mejorar las condiciones laborales y disminuir la huella ambiental de una actividad que ha operado históricamente en los márgenes de la formalidad.

El reto es significativo. La informalidad, el difícil acceso a tecnologías limpias y las barreras económicas han limitado durante años la posibilidad de modernizar los procesos productivos. Frente a esta realidad, el proyecto planetGOLD se plantea como una ventana de oportunidad para construir un nuevo modelo.

El proyecto se extenderá durante los próximos cinco años, un período en el que se espera avanzar hacia una minería artesanal más responsable, segura y sostenible en el territorio costarricense, demostrando que es posible compatibilizar el desarrollo económico con la conservación ambiental y el bienestar de las comunidades.

El proyecto de ley expediente 22 981, que propone crear el Área Silvestre Protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal, avanza en su trámite y actualmente se encuentra en discusión en el Plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

La iniciativa busca fortalecer la protección ambiental del lago y su entorno, garantizar la calidad del agua potable y de riego, así como establecer reglas claras para el desarrollo de actividades turísticas sostenibles en la zona.

El proyecto introduce la figura de Paisaje Nacional dentro del sistema de áreas protegidas administrado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, lo que permitiría proteger el embalse y su biodiversidad sin impedir las actividades productivas sostenibles que se desarrollan en el territorio.

Además, la propuesta establece medidas para prevenir la contaminación del lago, proteger sus ecosistemas y asegurar el acceso al agua para las actuales y futuras generaciones, especialmente en la provincia de Guanacaste.

El proyecto también resguarda la generación eléctrica del embalse, considerada su función estratégica principal, y promueve que el turismo en la zona se desarrolle de forma ordenada y compatible con la conservación del recurso hídrico.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones del sector turístico, entre ellas la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica, la Cámara de Turismo de Guanacaste, la Cámara de Turismo de Tilarán, la Cámara de Turismo El Castillo, la Cámara de Turismo Arenal-Fortuna y la Cámara de Turismo de Monteverde, así como de gobiernos locales como las municipalidades de Tilarán y San Carlos.

De aprobarse, la gestión del área protegida involucraría a instituciones como el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, junto con municipalidades y actores locales.

La propuesta pretende proteger el Lago Arenal y asegurar un desarrollo sostenible que combine conservación ambiental, turismo responsable y bienestar para las comunidades de la región.

La Sala Constitucional declaró con lugar un nuevo amparo por la inacción del Estado frente a la minería ilegal que tiene lugar en Cutris de San Carlos.

Mediante el voto 2026-10560, los magistrados acogieron una serie de reclamos por las omisiones sistemáticas y reiteradas del Gobierno de la República frente a la actividad que se lleva a cabo en el fallido proyecto minero.

En el recurso se alegó que diferentes instituciones públicas han incumplido sus deberes constitucionales y legales de protección de los derechos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, a la seguridad pública y al acceso al agua potable.

Puntualmente, se acusa una inacción de parte de los ministerios de la Presidencia, de Salud, de Seguridad Pública (MSP), así como de Ambiente y Energía (MINAE), además del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Tal situación ha provocado que una actividad ilegal, aparentemente perpetrada por extranjeros que ingresan de forma irregular al territorio nacional, derive en daños ambientales irreparables, contaminación de fuentes hídricas por mercurio y arsénico, pérdida de diversidad, entre otros.

Asimismo, se señala que lo anterior ha comprometido la soberanía nacional.

En tal sentido, a las autoridades recurridas se les dispuso:

Al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.

• Mantener de modo permanente e indefinido la presencia policial.
• Reforzar el control migratorio en los puntos fronterizos requeridos para impedir el ingreso ilegal de personas.
• Mantener el control y vigilancia con la finalidad de evitar que continúe la actividad de minería ilegal de cualquier tipo en esta región.
• Adoptar las medidas pertinentes dentro del marco de sus competencias para contar con el presupuesto y el recurso humano necesario para el desarrollo eficiente y efectivo de las actividades de vigilancia, prevención, seguimiento y control en la zona.
• Coordinar medidas y acciones con otras instituciones involucradas en el tema.

A la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, Lourdes Sáurez.

• Continuar con el suministro de agua potable a las poblaciones afectadas mientras permanezca el riesgo latente de contaminación por la minería ilegal en Crucitas.
• Adoptar las medidas necesarias a fin de que, en el plazo de 18 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, concluya el Proyecto integral de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Llano Verde, Crucitas, Jocote, Chorreras, El Roble y Chamorro.
• Continuar con las labores de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Salud y con las demás instituciones que se requieran para atender la problemática de la contaminación de agua potable y la obligación de suministrar agua potable en el lugar, en lo que a su ámbito de competencia se refiere.

A la ministra de Salud, Mary Munive.

• Continuar con el control y seguimiento en lo que a su ámbito de acción corresponde.
• Mantener su participación activa en la Comisión Interinstitucional para Atender de Forma Integral las Necesidades Ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad en la Zona de Crucitas, en lo que a su ámbito de acción atañe a fin de dar una solución definitiva al problema denunciado.

Al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, en conjunto con la ministra de la Presidencia, Laura Fernández.

• Que procedan de manera inmediata a adoptar las medidas pertinentes para que dentro del  improrrogable de tres meses a partir de la notificación de esta sentencia, le remitan al Alto Tribunal un plan detallado de las acciones que va a emprender cada una de las instituciones que integren la Comisión Interinstitucional para Atender de Forma Integral las Necesidades Ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad en la Zona de Crucitas, con indicación y cronogramas claros de las medidas por adoptar para proteger los recursos ambientales afectados, así como de las acciones de restauración, saneamiento y mitigación por desarrollar.
• Deberán verificar que cada órgano integrante de ese foro determine, de acuerdo con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente les corresponde ejecutar, dentro de un plan único que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta.
• Adoptar las medidas apropiadas dentro del ámbito de sus competencias para que las acciones propuestas dispongan de los recursos económicos, materiales y humanos que se requieran con miras a que sean ejecutadas a más tardar en 12 meses, a partir de la notificación de esta sentencia.

Los jueces además condenaron al Estado, así como a Acueductos y Alcantarillados, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

De igual forma, la Sala advirtió a los recurridos que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de 3 meses a 2 años, o de 20 a 60 días multa, a quien incumpla una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo.

La gestión fue conocida y resuelta por los magistrados Fernando Castillo (presidente), Fernando Cruz, Paul Rueda (instructor), Luis Fernando Salazar, Jorge Araya, Anamari Garro e Ingrid Hess.

Cruz consignó una nota separada, mientras que Garro salvó el voto en cuanto a la sede de la ejecución de la sentencia y Salazar hizo lo propio y se inclinó por declarar el recurso sin lugar por corresponderle a la jurisdicción contenciosa administrativa.

La resolución integral del expediente 25-026634-0007-CO está en redacción. Una vez que ese proceso concluya y se notifique a las partes, la misma será publicada en el sitio de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Nexus, de modo tal que toda persona interesada pueda leerla.

Fuente: Teletica.com

En un operativo de gran escala que se desarrolla desde las primeras horas de este miércoles, la Fiscalía Adjunta Ambiental, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ejecuta seis allanamientos simultáneos en el distrito de Bijagua, cantón de Upala, como parte de una investigación por el presunto trasiego y comercio ilegal de vida silvestre.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, las diligencias se llevan a cabo en cinco instalaciones dedicadas a la actividad turística y en una casa de habitación ubicada en esa misma localidad de la región norte de Alajuela. La zona de Bijagua es reconocida internacionalmente por su gran biodiversidad y su potencial para el ecoturismo, lo que otorga una relevancia particular a este caso.

Los allanamientos responden a la causa penal 25-000049-0611-PE, en la cual se investiga a un grupo de personas por su presunta participación en la captura, traslado y ocultamiento de animales silvestres. Según detalló la Fiscalía, las pesquisas apuntan a que los especímenes eran mantenidos en cautiverio y exhibidos ante turistas sin contar con los permisos de ley otorgados por las autoridades competentes.

El objetivo principal de los operativos es ubicar y asegurar evidencia clave para la investigación, así como localizar y rescatar posibles ejemplares de fauna que estarían siendo víctimas de estos delitos. Las autoridades tienen especial interés en encontrar especímenes de alto valor ecológico, tales como osos perezosos (de dos y tres dedos), lapas rojas y verdes, y diversas especies de tortugas, entre otra fauna silvestre propia de la región.

Las intervenciones cuentan con el apoyo técnico indispensable del SINAC, entidad encargada de la verificación de las especies, su manejo y posterior resguardo. Además, la investigación no solo se centra en los propietarios o administradores de los negocios turísticos, sino que también contempla la eventual participación de vendedores locales que podrían estar abasteciendo ilegalmente de animales a estos establecimientos.

Este tipo de operativos busca combatir el delito de tráfico de fauna silvestre, una de las actividades ilícitas que más afecta la biodiversidad del país. Se espera que conforme avancen las diligencias en las próximas horas, las autoridades brinden un informe más detallado sobre la cantidad de animales decomisados y las posibles personas detenidas.

Fuente: teletica.com

• Autoridades impulsan acción conjunta contra los delitos ambientales.

En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, este martes 3 de marzo, más de 200 funcionarios de instituciones que aplican la Ley fortalecieron sus capacidades para enfrentar uno de los delitos ambientales más graves que enfrenta el país: el tráfico ilegal de fauna silvestre.

Cada año, más de 1.000 animales silvestres son extraídos ilegalmente de sus hábitats en Costa Rica para ser vendidos como mascotas, integrados a colecciones privadas o traficados hacia mercados internacionales. Este delito no solo afecta a especies emblemáticas, sino que debilita ecosistemas completos y alimenta redes de criminalidad organizada.

La Comisión Nacional de Seguridad Ambiental (CNSA), en colaboración con Humane World for Animals, y en el marco del proyecto “Mejorando la Capacidad de Costa Rica para Combatir el Tráfico de Vida Silvestre”, ha desarrollado más de 20 actividades de capacitación especializada.

En estas jornadas han participado funcionarios de:

• Policía de Fronteras
• Fuerza Pública
• Policía Turística
• Servicio de Vigilancia Aérea
• Servicio Nacional de Guardacostas
• Organismo de Investigación Judicial
• Ministerio Público
• Servicio Nacional de Salud Animal
• Correos de Costa Rica
• Dirección General de Aduanas
• Ministerio de Ambiente y Energía

Este esfuerzo representa uno de los procesos de fortalecimiento institucional más amplios realizados en el país para enfrentar los delitos contra la biodiversidad.

La CNSA ha consolidado un modelo de cooperación interinstitucional que articula al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, mediante la Fiscalía Ambiental, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Ambiente y Energía.

Este grupo interdisciplinario ha promovido:

• Atención integral de la delincuencia ambiental.
• Uso eficiente de recursos humanos y financieros.
• Intercambio estratégico de información.
• Trabajo multidisciplinario para desarticular redes criminales.

El tráfico de vida silvestre no es un delito menor: es una actividad ilícita que genera altas ganancias y que impacta directamente la seguridad ambiental, la salud pública y la imagen internacional del país.

En el Día Mundial de la Vida Silvestre, Costa Rica reafirma que la protección de su biodiversidad es un compromiso de Estado.

Fortalecer la capacidad de investigación, persecución penal y control fronterizo es fundamental para frenar la extracción ilegal de especies que pertenecen al patrimonio natural de todos los costarricenses.

La biodiversidad no es mercancía. Es vida, es patrimonio y es futuro.

• 84 brigadistas y distintas instituciones públicas, privadas y comunitarias intervinieron 2,8 km de ronda cortafuego en el Parque Nacional Barra Honda.

• La articulación entre autoridades ambientales, cuerpos de bomberos y sector privado fortalece la resiliencia del área protegida ante la temporada de incendios.

Por tercer año consecutivo, el pasado 28 de febrero se llevó a cabo la jornada interinstitucional impulsada por Reserva Conchal con el fin de fortalecer la prevención de incendios forestales en el Parque Nacional Barra Honda, una de las áreas silvestres protegidas más representativas del bosque tropical seco en Costa Rica.

En esta edición participaron 84 personas entre brigadistas y voluntarios, quienes intervinieron 2,8 kilómetros de ronda cortafuego estratégica dentro del área protegida, además de realizar labores de mantenimiento general y mejoras en el aula ambiental.

La jornada reunió capacidades técnicas de distintas instancias, entre ellas el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, brigadas forestales regionales, organizaciones ambientales y voluntarios del Hotel Westin y W Costa Rica, junto a Reserva Conchal como facilitador de esta iniciativa.

La acción se desarrolla en un contexto donde la temporada seca incrementa la vulnerabilidad del bosque tropical seco ante incendios forestales. Las rondas cortafuego constituyen una herramienta preventiva clave para reducir la propagación del fuego y facilitar una respuesta más efectiva por parte de las autoridades competentes.

En este esfuerzo conjunto se facilitó la coordinación entre actores y se generaron las condiciones logísticas y organizativas necesarias para que el conocimiento técnico de las autoridades ambientales y brigadas especializadas se tradujera en acciones concretas de prevención en el Parque Nacional Barra Honda. Esta continuidad consolida una visión de largo plazo en la que la prevención se asume como una estrategia estructural de protección ambiental.

Esta intervención no solo reduce el riesgo de propagación de incendios durante la temporada seca, sino que fortalece la seguridad ecológica de un área protegida que resguarda biodiversidad, procesos ecológicos esenciales y servicios ambientales clave para la región.

Asimismo, la jornada evidenció la creciente participación de mujeres bomberas forestales en labores operativas, técnicas y de liderazgo, reforzando la evolución del manejo del fuego en Costa Rica hacia equipos más diversos y resilientes.

Más allá de la intervención puntual, esta tercera edición del voluntariado reafirma que la protección del territorio es una responsabilidad compartida. La articulación lograda demuestra que cuando instituciones, comunidades y sector privado coordinan esfuerzos, se fortalecen las capacidades colectivas para enfrentar desafíos ambientales complejos.

“Proteger el Parque Nacional Barra Honda significa resguardar procesos ecológicos esenciales que sostienen biodiversidad y almacenamiento natural de carbono. Nuestra ruta climática se traduce en acciones concretas como esta jornada interinstitucional, que por tercer año consecutivo fortalece la prevención desde el trabajo técnico y articulado. Que esta movilización crezca e incorpore más capacidades, incluido el liderazgo de mujeres brigadistas en primera línea, demuestra que la resiliencia territorial se construye con preparación, conocimiento y visión de largo plazo”, señaló Gabriela Meza, Gerente de Sostenibilidad de Reserva Conchal.

En ese sentido, se hace un llamado a más organizaciones, empresas e instituciones a sumarse a este tipo de estrategias preventivas que fortalecen la protección del Parque Nacional Barra Honda y otras áreas protegidas del país. La sostenibilidad territorial requiere visión compartida, coordinación y compromiso en el tiempo. Con esta jornada, Reserva Conchal reafirma su compromiso con el fortalecimiento de alianzas estratégicas y con la protección anticipada del patrimonio natural de Costa Rica.

Cientos de personas se dieron cita el pasado sábado 28 de febrero en el Parque Nacional Palo Verde para participar en la novena edición del Festival de las Aves, una actividad gratuita organizada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Familias, comunidades vecinas, visitantes nacionales y autoridades ambientales disfrutaron de una jornada dedicada a la educación ambiental, la recreación y la convivencia, que incluyó música en vivo, actividades culturales y deportivas, así como espacios informativos sobre la riqueza natural del humedal.

El festival se realiza cada mes de febrero en el marco del Día Mundial de los Humedales, con el objetivo de abrir las puertas del Parque Nacional Palo Verde a la ciudadanía y visibilizar la importancia ecológica de estos ecosistemas, así como el valor de las aves residentes y migratorias que encuentran en el humedal un sitio clave para su refugio y reproducción.

Durante la actividad, las personas asistentes tuvieron la oportunidad de aprender sobre la biodiversidad del humedal, participar en dinámicas recreativas y fortalecer el vínculo entre la comunidad y el área silvestre protegida. Además, el evento se consolida como un espacio de acercamiento institucional y rendición de cuentas con la población.

El Festival de las Aves nació a partir de la campaña “Salvemos Palo Verde”, impulsada en el año 2012, cuyo propósito fue recaudar fondos para la adquisición de maquinaria destinada al mantenimiento de los humedales. El éxito de esta iniciativa permitió no solo alcanzar la meta planteada, sino también invertir en otras labores prioritarias del Parque y fortalecer los procesos de educación ambiental.

“Con esa campaña nos dimos cuenta de que dentro de la misma comunidad había muchas personas que no conocían el Parque. Nos pareció muy importante acercarnos con este enfoque de educación ambiental en aves y conservación de la fauna. Hoy celebramos con orgullo la novena edición del Festival”, señaló Alexander León, director del Área de Conservación Arenal Tempisque.

Con esta novena edición, el Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT) reafirma su compromiso con la protección de los humedales y la promoción de actividades que fomenten el conocimiento, la participación comunitaria y la conservación de la biodiversidad en Guanacaste.

Con el objetivo de frenar el flagelo de la minería ilegal en la zona norte, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el canciller Arnoldo André, viajarán este sábado al puesto fronterizo de Peñas Blancas para sostener una reunión de alto nivel con sus homólogos nicaragüenses. El encuentro busca establecer una estrategia de “operaciones combinadas” que permita atacar la cadena de extracción y tráfico de oro que actualmente afecta a Costa Rica en la zona de Crucitas y el cerro Las Conchuditas.

La cita, coordinada a inicios de esta semana, tiene como punto central solicitar al gobierno de Daniel Ortega que refuerce los patrullajes en el Río San Juan. Según informes de inteligencia costarricenses, este afluente se ha convertido en la principal ruta de escape para los miles de kilos de material aurífero que grupos de coligalleros sustraen ilegalmente del territorio nacional.

“La dinámica no es de operativos conjuntos, ya que implicaría, obviamente, que patrullásemos en el río San Juan, lo cual no es territorio costarricense. No son operaciones conjuntas, son operaciones combinadas. Nosotros las haremos en tierra, en territorio costarricense; ellos la harán en el río San Juan y en la ribera y territorio nicaragüense, eso es lo que pretendemos finiquitar y ordenar en esta reunión el día sábado”, explicó Zamora en conferencia de prensa.

El jerarca detalló que una reciente inspección ocular en la conflictiva zona de Crucitas permitió a las autoridades confirmar el modus operandi de los grupos ilegales. “Buena parte del oro que es extraído de territorio costarricense sale por el río San Juan”, afirmó Zamora, razón por la cual se le solicitará a Nicaragua aumentar el número y la frecuencia de los patrullajes fluviales y en su ribera.

La solicitud adquiere una arista particularmente compleja debido a recientes revelaciones. Hace semanas, el ministro Zamora informó a los diputados que existen indicios de que una empresa china, concesionada para la extracción de oro en Nicaragua, podría estar comprando el material robado en Costa Rica, lubricando así un negocio ilegal transfronterizo.

Ante este escenario, se consultó al jerarca cuáles son las expectativas reales de la reunión, tomando en cuenta que el vecino país podría estar obteniendo un beneficio económico de la situación.

“Nosotros simplemente vamos a exponer la información que tenemos, tanto información oficial como información de inteligencia policial de lo que hemos observado en el lugar y, por supuesto, corresponderá a las autoridades nicaragüenses tomar acciones en su territorio de acuerdo a su soberanía y legislación”, respondió Zamora.

Al ser consultado sobre cuál sería el siguiente paso en caso de que la respuesta de la contraporte nicaragüense fuera negativa o evasiva, el ministro optó por la cautela y la gradualidad diplomática.

“Hemos llevado las cosas paso a paso, solicitamos la reunión, nos fue dada este sábado, vamos a ir a esa reunión y vamos a ir hablando conforme paso a paso vamos avanzando en el ordenamiento de esta situación que hoy se da en Crucitas”, finalizó el jerarca.

La reunión estaba pactada inicialmente para realizarse en territorio costarricense, aunque las autoridades están a la espera de finiquitar ese último detalle con la comitiva nicaragüense. La cita de este sábado se perfila como un termómetro crucial para medir la voluntad de cooperación bilateral en un tema que afecta la soberanía y los recursos naturales de Costa Rica.

Fuente: Teletica.com

Como parte de su plan anual de mantenimiento preventivo, Coopeguanacaste realiza actualmente labores de lavado de aisladores en distintos sectores de la zona de cobertura, con el objetivo de fortalecer la confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico.

Jorge Corrales Contreras, ingeniero del Departamento de Mantenimiento de Coopeguanacaste Electricidad, explicó que esta labor responde a las condiciones ambientales propias de la región.

“En Guanacaste enfrentamos factores como alta salinidad, polvo y contaminación agrícola, que provocan acumulación de residuos en los aisladores. Si no se realiza una limpieza periódica, puede generarse pérdida de aislamiento y eventualmente fallas en el sistema”, detalló.

Agregó que el propósito principal es anticiparse a posibles averías.

“Nuestro objetivo es prevenir interrupciones y garantizar la continuidad del servicio a nuestros abonados mediante un mantenimiento planificado y técnicamente fundamentado”.

¿Cómo se realiza el proceso?

El procedimiento es ejecutado por personal altamente capacitado, utilizando equipo especializado y cumpliendo estrictos protocolos de seguridad.

En la mayoría de los casos, el lavado se realiza con la línea energizada, mediante técnicas especializadas que permiten mantener el suministro eléctrico mientras se efectúa la limpieza.

“Estas maniobras están diseñadas para minimizar cualquier afectación a los abonados y asegurar que el servicio continúe operando con normalidad”, indicaron desde el área técnica.

Zonas priorizadas

Las labores se concentran principalmente en sectores con mayor exposición a salinidad y polvo, especialmente en zonas costeras y áreas abiertas.

El cronograma de intervención responde a criterios técnicos definidos por el Departamento de Mantenimiento de Coopeguanacaste Electricidad, considerando niveles de contaminación ambiental y condiciones operativas de la red.

¿Habrá suspensión del servicio?

Coopeguanacaste informó que el objetivo es realizar los trabajos sin interrupciones.

No obstante, en caso de que por razones técnicas o de seguridad sea necesaria alguna suspensión programada, esta será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la Cooperativa.

Beneficios para la comunidad

• Este mantenimiento preventivo permite:
• Reducir el riesgo de descargas superficiales.
• Disminuir interrupciones inesperadas.
• Mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico.
• Extender la vida útil de los equipos.

La Cooperativa destacó que este tipo de acciones representan una inversión directa en la estabilidad y calidad del servicio eléctrico para toda la Península de Nicoya.

Compromiso con Guanacaste

“En Coopeguanacaste trabajamos bajo una planificación técnica rigurosa para asegurar un servicio seguro y confiable. Invitamos a nuestros abonados a mantenerse informados por nuestros canales oficiales y a confiar en que estas acciones buscan fortalecer la red eléctrica de Guanacaste”, concluyó la cooperativa.

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, confirmó este martes la detención de 20 personas dedicadas a la minería ilegal en Crucitas, San Carlos, durante un operativo que también permitió ubicar un campamento con 20 champas artesanales y tres plantas eléctricas.

Zamora sobrevoló el cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, donde constató la grave afectación ambiental provocada por la explotación minera ilegal. Según el jerarca, el 90% del cerro ya ha sido destruido, lo que evidencia un agravamiento diario de la zona de impacto.

“Tenemos control total del lugar”, explicó el ministro, aunque reconoció que cada vez que la Policía se acerca, los coligalleros huyen hacia el río San Juan, quedando fuera del alcance de las autoridades costarricenses. 

Por ello, solicitó a la Cancillería gestionar con el gobierno de Nicaragua un aumento en los patrullajes sobre el río. Destacó que la respuesta fue positiva y ambos países se reunirán el próximo sábado 28 de marzo en Peñas Blancas para coordinar acciones conjuntas contra el contrabando de oro.

Desde que iniciaron los operativos, se han incautado 16 mil sacos de material, aunque se estima que cuatro veces esa cantidad ya fue trasladada a Nicaragua. 

Zamora explicó que cada saco contiene entre una y dos onzas de oro, lo que representa un impacto económico negativo calculado en 252 millones de dólares anuales para Costa Rica.

El jerarca reiteró ante los diputados la urgencia de aprobar el proyecto de ley 24.717 sobre Minería Sostenible en Crucitas, al considerar que los esfuerzos del Ministerio de Seguridad Pública no son suficientes sin un marco legal que permita una intervención más efectiva.

El ministro concluyó que un grupo especializado permanece en la zona para proteger la soberanía nacional y que la coordinación internacional será clave para frenar el saqueo de recursos naturales en la frontera norte.

El paso del empuje frío #11 trae un incremento en los vientos, lluvias y una baja en las temperaturas.

El país estará bajo el efecto del empuje frío a partir de este domingo y durante los primeros días de la semana.

Este tipo de fenómeno trae consigo un incremento importante en las condiciones ventosas.

Los expertos prevén que en algunas zonas las ráfagas de viento pueden llegar a superar los 100 kilómetros por hora.

Coopeguanacaste continúa posicionándose como un actor clave en el impulso de la movilidad eléctrica en Guanacaste, mediante la expansión de su red de estaciones de carga rápida, en línea con los esfuerzos nacionales de descarbonización y desarrollo sostenible.

Como parte de este compromiso -de auerdo con información facilitada por CEDET- la cooperativa cerró el año 2025 con siete estaciones de carga rápida (L3) operativas, gracias a la reciente incorporación de dos nuevos puntos en Tamarindo y en el Parque Solar Juanilama.

De cara al 2026, Coopeguanacaste proyecta la adquisición e instalación de tres nuevas estaciones de carga rápida en Huacas, Pueblo Viejo y el Parque Tempisque, lo que permitirá alcanzar un total de 10 estaciones en funcionamiento dentro de su zona de concesión.

Estas acciones se enmarcan en lo establecido por la Ley 9518 y su reglamento, que determinan la instalación de estaciones de carga rápida con una potencia mínima de 40 kW, reforzando así la infraestructura necesaria para atender la creciente flota de vehículos eléctricos, especialmente en zonas rurales.

Desde la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (CEDET) se destacó la importancia estratégica de este tipo de inversiones.
“Vemos la expansión de la movilidad eléctrica no como un simple reto regulatorio, sino como una inversión estratégica en el futuro energético de nuestras comunidades. Nuestro compromiso es asegurar que la red siga siendo robusta, eficiente y accesible para todos los usuarios que elijan la opción más limpia para transportarse”, expresó José Francisco Hidalgo, Director Ejecutivo de CEDET.

En la misma línea, Erick Rojas, presidente de CEDET, subrayó el impacto positivo de esta transición para las empresas distribuidoras.
“La adopción de vehículos eléctricos representa una oportunidad significativa para las distribuidoras. Un vehículo eléctrico se convierte en un consumidor importante de energía, un factor de crecimiento para las empresas”, agregó.