El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, colocó al exmagistrado Celso Gamboa en una lista exclusiva y alarmante: lo señaló como uno de los cuatro narcotraficantes más poderosos del país, junto a figuras notorias del crimen organizado como Luis Manuel Picado Grijalba, alias “Shock”; Edwin López Vega, “Pecho de Rata”; y Alejandro Arias Monge, “Diablo”.

En declaraciones contundentes, Zúñiga reveló que tres de estos cabecillas —Shock, Gamboa y Pecho de Rata— ya se encuentran tras las rejas en prisión preventiva, mientras que “Diablo” sigue operando en la sombra, especialmente en la zona fronteriza norte, donde mantendría su influencia en redes de narcotráfico.

“Todos comparten el mismo nivel de liderazgo criminal. Son estructuras paralelas, pero con un impacto igual de profundo en el narcotráfico costarricense”, afirmó el jerarca del OIJ, subrayando la magnitud del problema.

La inclusión de Gamboa en esta lista no solo confirma su presunto vínculo con el crimen organizado, sino que evidencia un preocupante patrón: la infiltración de actores con poder político o judicial en redes ilícitas. El exmagistrado, quien fuera suspendido de sus funciones en 2022 por supuestos nexos con casos de corrupción, ahora enfrenta acusaciones que lo sitúan en la cúpula del narcotráfico nacional.

Mientras las autoridades refuerzan operativos para capturar a “Diablo”, el OIJ advierte que el desmantelamiento de estas organizaciones sigue siendo una prioridad, aunque reconocen que el desafío persiste ante la capacidad de adaptación de estos grupos.

¿Qué sigue?
El caso de Gamboa podría reabrir debates sobre la penetración del crimen en instituciones estatales, mientras Costa Rica enfrenta una creciente ola de violencia vinculada al narcotráfico. La Fiscalía ya prepara cargos adicionales contra los implicados, en un esfuerzo por cortar de raíz estas estructuras.

Las denuncias por la emisión irregular de certificados médicos aumentaron un 82 % en el último año, según datos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

En 2023 se registraron 90 denuncias, cifra que subió a 164 en 2024. Solo en lo que va del presente año ya se contabilizan 50 casos adicionales.

La entidad recuerda que está prohibido emitir certificados médicos sin que medie un acto médico presencial.

Con el fin de prevenir estas malas prácticas, desde el 1 de julio se comenzaron a aplicar nuevas medidas de seguridad, iniciando con los certificados médicos para licencias.

La intención del Colegio es extender este control a otros tipos de certificados: de salud, defunción, aeronáuticos y de portación de armas.

Estas regulaciones obligarán a que la atención sea presencial y, en caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones económicas o incluso la suspensión del ejercicio profesional por hasta seis años.

Desde el pasado 1.º de julio, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica implementó el uso obligatorio del doble factor de autenticación para emitir certificados médicos de licencia de conducir. La medida tiene como objetivo frenar prácticas irregulares como la generación de certificados por terceros o sin valoración médica presencial.

El sistema funciona a través de la plataforma SEDIMEC y la App CMC, y garantiza que solo el médico autorizado pueda completar el trámite, mediante un código único de verificación.

Según el Colegio, esta acción busca proteger el acto médico, reforzar la ética profesional y atender el aumento de denuncias por irregularidades, que ya suman 50 en lo que va del 2025. En caso de incumplimiento, los responsables se exponen a sanciones disciplinarias, incluyendo la suspensión del ejercicio profesional.

La Sala IV rechazó este miércoles, de plano, la acción de inconstitucionalidad que pretendía frenar la extradición de costarricenses.

Los magistrados calificaron la solicitud como “improcedente e infundada”, alegando, entre otras, que el accionante (no revelado) no demostró una representación válida de las personas supuestamente afectadas, en este caso el exmagistrado Celso Gamboa, Edwin López (alias “Pecho de Rata”) y Jonathan Álvarez.

“En primer lugar, el accionante no acreditó la legitimación activa, ni presentó un expediente de fondo que sirviera de base para el control de constitucionalidad. Además, omitió aportar documentación que demostrara una representación válida de las personas supuestamente afectadas, lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 75 y 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Adicionalmente, el escrito carecía de una fundamentación clara y suficiente sobre las normas impugnadas y la supuesta contradicción con el artículo 34 de la Constitución Política. Además, el accionante no desarrolló adecuadamente los argumentos de fondo, ni justificó las razones por las cuales se impugnaban disposiciones como la Ley 4795 o el artículo 22 de la Ley 7146”, explicó la Sala.

La acción, presentada el viernes anterior, cuestionaba la constitucionalidad de la aplicación aparentemente retroactiva del Tratado de Extradición, esto a partir de la reforma que habilita la extradición de costarricenses (Ley 10.730).

Además, insistía en que la reforma constitucional recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa no modificaba ni el tratado ni la ley.

Sin embargo, al incumplir la acción con los requisitos formales esenciales establecidos por ley, se procedió a rechazarla de plano.

“Dado que la acción planteada resultaba improcedente e infundada, la Sala aplicó lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que le permite rechazar sin prevención aquellas gestiones que carezcan de base jurídica suficiente”, finalizó la Sala.

A pocos días para el cierre del plazo de inscripciones, el Premio Zayed a la Sostenibilidad llama a pequeñas y medianas empresas (PYMEs), organizaciones sin fines de lucro y escuelas secundarias a presentar sus proyectos en seis categorías distintas: Salud, Alimentos, Energía, Agua, Acción por el Clima y Escuelas Secundarias Globales.

El galardón pionero de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), una entidad dentro de la cartera de Erth Zayed Philanthropies y que ha impactado a 400 millones de personas en todo el mundo al impulsar soluciones innovadoras a desafíos globales urgentes, ha abierto oficialmente su convocatoria de postulaciones para 2026: clic aquí. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de junio.

El Premio otorgará 1 millón de dólares a los ganadores de cada categoría organizacional, mientras que los de la categoría Escuelas Secundarias Globales – dividida en seis regiones del mundo – podrán recibir hasta 150.000 dólares estadounidenses para implementar o expandir aún más su proyecto. Este financiamiento ya ha permitido avances tangibles y ha mejorado las condiciones de vida en áreas vulnerables alrededor del mundo, desde la expansión del acceso a la atención médica en el sudeste asiático hasta la reducción de la pobreza alimentaria en África subsahariana.

En 2024, el Premio recibió 5.980 inscripciones de 156 países, lo que refleja un creciente compromiso internacional con el desarrollo sostenible. Con el inicio del ciclo de inscripciones 2026, el Premio tiene como objetivo continuar con este impulso y aprovechar la oportunidad única en el Nexus of Next, una convergencia dinámica de innovación tecnológica, ingenio humano y visión estratégica para acelerar el progreso mundial.

Comentando sobre el lanzamiento, Su Excelencia Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU y Director General del Premio Zayed a la Sostenibilidad, mencionó: “El Premio Zayed a la Sostenibilidad honra la visión del Jeque Zayed de promover un desarrollo sostenible e inclusivo y humanitario. Al apoyar proyectos que aprovechan nuevas tecnologías para mejorar vidas y fomentar la prosperidad en las comunidades locales, el Premio coloca a las personas en el corazón del progreso y demuestra el papel del Nexus of Next en la aceleración del crecimiento socioeconómico a nivel mundial“.

Impactando el desarrollo humano mundial

Para el ciclo 2026, los solicitantes en las categorías de Salud, Alimentos, Energía, Agua y Acción por el Clima deberán demostrar que su solución está mejorando el acceso a servicios esenciales en sus comunidades y que pueden implementar una visión a largo plazo para mejorar las condiciones de vida y laborales. Para la categoría de Escuelas Secundarias Globales, los proyectos deben ser liderados por estudiantes y deben demostrar enfoques innovadores para abordar los desafíos de sostenibilidad.

Para fomentar la participación de un mayor número de organizaciones y escuelas secundarias, el Premio acepta inscripciones en varios idiomas, incluyendo árabe, chino, inglés, francés, ruso, español y portugués.

La evaluación de cada inscripción al Premio consiste en un proceso en tres etapas. Primero, se realiza una debida diligencia en todas las inscripciones para asegurarse de que cumplan con los criterios de evaluación del Premio: Impacto, Innovación e Inspiración. Esto permite identificar las inscripciones calificadas y seleccionar los candidatos elegibles. A continuación, se realizan evaluaciones por un Comité de Selección compuesto por paneles de expertos internacionales independientes, específicos de cada categoría. De esta lista corta de candidatos, se eligen los finalistas, quienes luego son enviados al Jurado del Premio, que elige por unanimidad a los ganadores en las seis categorías.

Los ganadores del Premio Zayed a la Sostenibilidad serán anunciados en una ceremonia de premiación en 2026.

Los más recientes ganadores fueron reconocidos en una ceremonia de premiación en Abu Dabi, en presencia de Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed, Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, junto con 11 jefes de Estado y varios ministros y líderes empresariales. Estos distinguidos invitados fueron testigos de la promesa y el impacto de cada ganador, así como del firme compromiso de los EAU de ofrecer una plataforma para que tales soluciones crezcan.

Las postulaciones se hacen a través de: https://entry.zayedsustainabilityprize.com
Para más detalles por favor haz clic aquí.

Sicarios atacaron y mataron a tiros a un hombre dentro de un condominio en Moravia, San José, cerca de Plaza Lincoln, durante la mañana de este jueves. Según medios nicaragüenses, la víctima fue identificada como Roberto Samcam, un exmilitar y opositor del gobierno de Daniel Ortega, quien se encontraba exiliado en Costa Rica desde 2018.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que atendió al hombre alrededor de las 7:46 a.m., pero este ya presentaba heridas mortales por arma de fuego en el tórax, abdomen y piernas, sin signos vitales. El hecho ocurrió en los alrededores del sector norte de Plaza Lincoln.

Medios nicaragüenses como 100% Noticias, La Mesa Redonda, Café con Voz y La Prensa detallaron que los atacantes ingresaron al condominio donde residía Samcam, entraron a su apartamento y le dispararon al menos siete veces.

Hasta las 9:15 a.m., el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que sus agentes se dirigían al lugar para recabar más información, la cual será compartida una vez se avance en las pesquisas.

Este crimen ha generado conmoción, especialmente en círculos de exiliados políticos nicaragüenses, debido al perfil de la víctima como opositor al régimen de Ortega.

Las multas de tránsito, ya de por sí, son un gran dolor de cabeza para diferentes conductores. Por este motivo, es importante transitar con cuidado y respetando las leyes; esta es la única receta para no contraer diferentes sanciones económicas elevadas.

Por otro lado, no pagar las infracciones en tiempo y forma se traducen en diversos problemas para el conductor. El primero y más importante es que la multa va generando interés conforme vaya pasando el tiempo. Sin embargo, otro aspecto a tener en cuenta es que no podrá renovar el carnet de conducir hasta no saldar todas las deudas.

Hasta el 30 de junio, la Unidad Fija (UF) en la Provincia de Buenos Aires tendrá un valor de $1.416. De esta manera, servirá como referencia para calcular las multas de tránsito:

• Exceder el límite de velocidad: de $212.400 a $1.416.000
• Conducir bajo efectos de alcohol o drogas: de $283.200 a $1.416.000
• Circular en contramano o por banquina: de $283.200 a $1.416.000
• Manejar con la licencia suspendida: de $212.400 a $1.416.000
• Llevar más ocupantes de lo permitido: de $212.400 a $708.000
• Negarse a mostrar documentación solicitada: de $141.600 a $708.000
• Circular sin la Verificación Técnica Vehicular: de $141.600 a $708.000
• Cruzar un semáforo en rojo: de $141.600 a $708.000
• Manejar con licencia indebida: de $141.600 a $708.000
• No usar cinturón de seguridad: de $141.600 a $708.000
• Estacionarse de forma incorrecta: de $70.800 a $141.600
• Circular sin patente: de $70.800 a $141.600
• Manejar con la licencia vencida: de $70.800 a $141.600
• Conducir sin seguro: de $70.800 a $141.600
• No portar cédula del vehículo: de $70.800 a $141.600

Las multas de menor valor, como irrespetar la restricción vehicular o conducir con la licencia vencida, bajarán aproximadamente ₡7.82, quedando en ₡26.062,87. 

Las multas más altas, como conducir en estado de ebriedad o a más de 120 km/h, tendrán una reducción cercana a ₡109,13, según información del MOPT.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguró este lunes a los diputados que su cartera analiza una reforma “integral” en los procesos disciplinarios internos para permitir, entre otros, el despido con responsabilidad patronal y el uso obligatorio de polígrafo para reclutar funcionarios.

Lo hizo ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y como parte de los esfuerzos que aseguró, realiza ese ministerio en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; muestra, según él, de lo alejada que es la acusación de que Costa Rica vive en un “narcoestado”.

“Hay un grupo que trabaja en una reforma de naturaleza integral en términos disciplinarios a lo interno del ministerio para que el polígrafo sea una obligación para todo el funcionariado que está en primera línea de narcotráfico, una prueba científica que no se sujeta a la valoración subjetiva de mandos, pero que hoy es optativa, hay funcionarios que deciden no hacerla, entonces tenemos un problema ahí”, dijo.

Otro punto es la posibilidad de presentar una reforma como la que se tramita para el Poder Judicial y que permita esos despidos con responsabilidad en casos específicos.

“Hoy Poder Judicial establece una propuesta para el despido con responsabilidad patronal que nos permitiría a nosotros, como ministerio y junto al Ministerio Público, que todas aquellas personas ubicamos con problemáticas de relación con algún tipo de criminalidad, la posibilidad de separarlos con responsabilidad patronal”, resumió Zamora.

El jerarca reconoció a los legisladores que, en este momento, hay 25 denuncias abiertas contra uno o más funcionarios del MSP investigados por presuntos vínculos con grupos criminales, aunque no precisó el detalle ni estado de estos.

También negó que los cuestionamientos de un “narcoestado” deban ser exclusivos del Poder Ejecutivo, en el entendido de que también ha habido cuestionamientos o investigaciones sobre la presunta penetración de la criminalidad en otros poderes de la República.

Un guatemalteco que descontó una pena por narcotráfico figura como sospechoso de lavar dinero a través de una subasta ganadera en Bagaces.

Este es uno de los objetivos de un operativo que llevó a la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a intervenir 20 puntos en San José, Santa Ana, Pérez Zeledón, Alajuela, La Unión y Bagaces, la mañana de este martes.

Las diligencias se concentran en casas de habitación, una subasta ganadera, una finca, locales comerciales, así como oficinas que en apariencia se utilizan como fachada para justificar el crecimiento patrimonial y económico de la organización criminal.

El inicio de la pesquisa se remonta a 2023, luego de que la Policía Judicial recibiera información que apuntaba a que el extranjero, de apellido Melgar, supuestamente gozaba de un incremento exponencial de patrimonio después de  que cumpliera una condena por una infracción a la Ley de Psicotrópicos.

“Él fue detenido en el Aeropuerto Juan Santamaría (en Alajuela) con unos óvulos de heroína en el estómago. Él se acoge a un abreviado en su momento. Después, cuando sale de prisión, empieza con una importante adquisición y aumento patrimonial de bienes y activos. Esto enciende las alarmas e, inicialmente, tuvimos un reporte de operación sospechosa también”, indicó el director general del Organismo de Investigación Judicial, Rándall Zúñiga.

De esta manera, ese sujeto en apariencia logró construir y establecer una subasta ganadera en Bagaces, así como la adquisición de propiedades de alto valor, sin que pudiera justificar de manera legítima sus ingresos.

El jefe de la Policía Judicial recordó que las subastas ganaderas permiten hacer compras y ventas de bienes en efectivos de manera libre, lo que ha sido explotado recientemente por estructuras dedicadas a la legitimación de capitales.

Sin embargo, supuestamente, la organización también había invertido en un taller dedicado a la reparación de sistemas de inyección de combustibles, así como en canchas de tenis y de pádel, entre otras. Solo una de las 20 sociedades vinculadas a este grupo, en apariencia, generó ¢3.000 millones en un año, detalló Zúñiga.

Mediante diferentes diligencias, el Organismo de Investigación Judicial también logró establecer supuestos vínculos del extranjero con dos hermanos costarricenses de apellido Álvarez, quienes se cree tienen un nivel económico superior.

Los tres sospechosos presuntamente se reunían frecuentemente en un comercio llamado Venus, por lo que el caso fue bautizado con ese mismo nombre.

Durante los registros de los inmuebles allanados, se pretende el decomiso de evidencia de relevancia para la investigación.

Los detenidos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Ante la creciente tensión en Oriente Medio y la reciente escalada militar en la región, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica emitió este viernes una recomendación urgente para todos los ciudadanos costarricenses: evitar cualquier viaje a Israel, Irán y otros países afectados por el conflicto .

En un comunicado oficial, la Cancillería indicó que “ante la reciente escalada militar en la región, el continuado estado de guerra en Gaza y serias preocupaciones de que la situación pueda agudizarse, el Gobierno de Costa Rica recomienda a sus nacionales suspender todos los viajes a Israel, Cisjordania, la Franja de Gaza, Jordania, Irán y Líbano”.

La advertencia también incluye la recomendación de evitar viajes no esenciales a ciudades fronterizas o zonas cercanas a los focos de conflicto, debido al alto riesgo que representa cualquier desplazamiento en estos momentos.

🚨 Evacuaciones “muy limitadas”

El ministerio advirtió que las posibilidades de evacuar a ciudadanos costarricenses desde una zona de guerra son “muy limitadas” , debido a que Costa Rica no cuenta con recursos económicos ni logísticos propios para realizar operativos de rescate en dichas condiciones.

Por ello, se insta a los nacionales que actualmente residen o transitan por las zonas mencionadas a considerar iniciar gestiones para trasladarse a otra región más segura o retornar al país en cuanto sea posible .

En caso de una evacuación masiva, el Consulado General de Costa Rica en Tel Aviv ha señalado que trabajará para facilitar opciones de salida mediante vuelos organizados por otras naciones, aunque no se puede garantizar la participación en dichas operaciones .

Otras rutas de evacuación, como las terrestres o marítimas, han sido descartadas por autoridades consulares por razones de seguridad, logística y altos costos asociados.

📞 Asistencia consular disponible

Para quienes ya se encuentran en la región y requieran ayuda, el Gobierno de Costa Rica puso a disposición los contactos de varios consulados en la zona:

• Tel Aviv, Israel : (00 972) 3-613-5061 | [email protected]
• Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos : +971 521856070 | [email protected]
• Ankara, Turquía : +90 (312) 439 2332 | [email protected]
• Beirut, Líbano : +961 5 456 666 EXT.200 / +961 70 270 227 | [email protected]
• Amman, Jordania : (962-6) 5822684 | [email protected]

Las autoridades reiteran que esta alerta está sujeta a actualizaciones conforme evolucione la situación geopolítica en la región.

El Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ha realizado un llamado urgente a las autoridades institucionales para que intervengan de manera inmediata en los albergues que operan a nivel nacional, tras reportarse supuestos casos de violencia que afectarían tanto a menores de edad bajo custodia estatal como al personal encargado de su cuidado.

Según informó el gremio, se han recibido múltiples denuncias por parte del personal que labora en estos centros, relacionadas con situaciones de maltrato físico y psicológico dentro de las instalaciones. Hasta el momento, no se habría dado una respuesta institucional efectiva que permita abordar la problemática de forma integral.

“Exigimos una acción inmediata por parte de la dirección del PANI. No podemos seguir pasando por alto lo que está ocurriendo en los albergues. La seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes deben ser prioridad absoluta”, indicó un representante del sindicato.

Además, hicieron un énfasis especial en la necesidad de implementar medidas de protección diferenciada , destinadas a garantizar un entorno seguro, digno y saludable tanto para los menores como para los funcionarios que atienden sus necesidades diariamente.

La solicitud se presenta en un contexto de creciente preocupación sobre la capacidad institucional del PANI para supervisar y responder adecuadamente ante situaciones críticas dentro de su red de albergues, lo que ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones civiles, medios de comunicación y sectores políticos.

Hasta el momento, el PANI no ha emitido una declaración oficial sobre el tema.

Millones de personas en el mundo no saben si podrán formar la familia que quisieran. No se trata de una decisión voluntaria, sino del resultado de una combinación de obstáculos económicos, sociales y culturales.

Así lo afirma el informe Estado de la Población Mundial 2025 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que advierte que, en promedio, un 45% de las personas menores de 50 años no puede responder si logrará tener el número ideal de hijos.

La razón: la creciente incertidumbre económica, la falta de seguridad en el empleo, los elevados precios para tener una casa, las desigualdades de género y el temor a lo que pueda traer el futuro.

Aunque los embarazos no intencionales siguen siendo una preocupación importante en muchas regiones del mundo, el documento alerta que una nueva crisis se está gestando en paralelo: el creciente desfase entre el número de hijos que las personas desean tener y el que realmente logran.

Costa Rica forma parte de ese fenómeno global. Con una tasa de fecundidad de 1,3 hijos por mujer, el país ya se ubica en la categoría de natalidad ultrabaja, es decir, por debajo de 1,5 hijos por tica. 

Esta cifra coloca a Costa Rica entre los países latinoamericanos más afectados por la caída de nacimientos, junto con Chile (1,1) y Uruguay (1,4).

El contraste es fuerte si se compara con el promedio regional (1,8) y más aún con regiones como África Occidental, donde la tasa supera los cuatro hijos por mujer. En cambio, Costa Rica hoy se parece más a países como Japón (1,2), España (1,2) o Italia (1,2), naciones que enfrentan crisis demográficas profundas por el envejecimiento acelerado de sus poblaciones.

Pero lo más preocupante no es solo la cifra, sino la desconexión entre lo que la gente desea y lo que realmente logra. A nivel local, el 24,8% de las personas que no tienen hijos afirma que no desea tenerlos. La investigación expone que la decisión de no tener hijos muchas veces no es completamente libre, sino forzada por las condiciones de vida.

El informe también destaca un factor cultural clave: persisten estigmas sociales contra quienes deciden no tener hijos, especialmente mujeres. Al mismo tiempo, las mujeres en Costa Rica dedican el doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuido, lo que limita sus opciones laborales y económicas, y condiciona sus decisiones familiares.

“La demografía no solo es una megatendencia que está cambiando la realidad de la sociedad, sino que se convierte en un motor de desarrollo sostenible cuando las políticas poblaciones son orientadas por enfoque de derechos humanos, desde los procesos de planificación nacional de corto, mediano y largo plazo”, explicó Cristian Vargas, analista en población y desarrollo del UNFPA en Costa Rica.

El UNFPA advierte que incentivos aislados o campañas para aumentar la natalidad no resolverán el problema. La solución está en garantizar condiciones reales para que quienes quieran formar una familia puedan hacerlo sin miedo a caer en la pobreza o sacrificar su futuro profesional.

“La verdadera crisis de la fecundidad es que estamos en entornos que no están armonizados con los deseos de la gente. Lo veíamos, la gente quiere tener entre dos y más hijos, pero no lo están logrando, no están logrando ese ideal”, aseguró Juan Luis Bermúdez, jefe de oficina del UNFPA en Costa Rica. 

El informe concluye que ninguna sociedad debería medir su éxito solo por el número de nacimientos, sino por cuánta libertad tienen las personas para decidir si quieren o no tener hijos.