Habitantes de Guayabo de Bagaces acusan que la ASADA estaría permitiendo la extracción masiva de agua para proyectos privados, agravando la escasez que ya sufre la comunidad.

“Cinco cisternas al día se nos están llevando el agua potable“, denunció un vecino. “Recuerdan cuando nos racionaban el agua porque la naciente estaba seca? Ahora pasa lo mismo, pero el agua se va para otros lados”.

Los residentes exigen transparencia en la gestión del recurso y advierten: “Pensemos en nuestras futuras generaciones”.

Hasta ahora, la ASADA no ha respondido públicamente a las acusaciones. La comunidad evalúa presentar una denuncia formal ante el AyA.

A partir de septiembre de 2025, todos los comercios en Costa Rica que reciban pagos mediante SINPE Móvil deberán registrar cada transacción en el sistema de facturación electrónica, según lo establece el Decreto Ejecutivo N.º 44739-H, publicado por el Ministerio de Hacienda. Esta medida busca reforzar el control fiscal sobre los ingresos comerciales y combatir la evasión de impuestos, aprovechando la trazabilidad que permite esta plataforma del Banco Central.​

Con esta normativa, se actualizan los métodos de pago en la factura electrónica, destacando el nuevo código específico para SINPE Móvil:​

• 01: Pago en efectivo
• 03: Transferencia bancaria
• 06: SINPE Móvil (nuevo código obligatorio)
• Plataforma digital: Para pagos con apps financieras u otros servicios electrónicos​El poder de la información fiscal+1mgd+1KPMG

Aunque la obligatoriedad rige desde septiembre de 2025, Hacienda permitirá que los comercios implementen la medida de forma anticipada desde el 1.º de abril de 2025. Esto con el fin de facilitar la adaptación técnica y evitar contratiempos.​

Para los usuarios de SINPE Móvil, el proceso de pago seguirá siendo el mismo. Sin embargo, ahora recibirán una factura donde constará el uso de esta forma de pago.​

Las autoridades instan a los comercios a actualizar sus sistemas de facturación y consultar con sus proveedores de software para cumplir con esta obligación. También se puede acceder a información oficial en el sitio web del Ministerio de Hacienda.​

Prepararse con tiempo evitará sanciones y garantizará una transición ordenada.

Tras la medida impuesta por el gobierno de Donald Trump de aplicar aranceles para varios países del mundo, surgen las preguntas ¿impactará el tipo de cambio en Costa Rica? ¿Tendrá el país una desaceleración económica?

Analistas Indican al respecto. De acuerdo con ellos, el tipo de cambio sí tendrá un aumento en el país, pero no será muy significativo.

“El tipo de cambio tendrá algo de aumento, pero no mucho, estamos hablando de una menor oferta de dólares provenientes de las exportaciones, pero igual, no creo que el volumen sea tan significativo como para que el exceso de dólares que hay en el país desaparezca, es muy poco realmente el impacto que esto va a tener”, dijo el economista Gerardo Corrales.

Algo similar piensa el analista Daniel Suchar, “me encantaría que aumentara porque eso haría a las exportaciones más competitivas para sopesar el tema de los aranceles en el sector primario, a su vez, el tipo de cambio, si hilamos muy delgado, si pudiera hacer que menor flujo de dinero llegara a Costa Rica y al haber menor flujo de dólares eso podría revertir un poco la tendencia del tipo de cambio, lo que pasa es que Costa Rica está inundada en dólares y el tipo de cambio no tiende a subir drásticamente”.

Para José Luis Arce, economista del FCS Capital, “como sucede con un país que tiene un tipo de cambio flexible, uno esperaría que una posible válvula de ajuste en la economía sea un tipo de cambio mayor, pero no abrupto, pero cuando un país enfrenta la imposición de aranceles uno espera que se dé una depreciación ordenada de la moneda local, igual que en otras situaciones”.

A criterio del economista Carlos Palma, el dólar tendrá un impacto “moderado” y el tipo de cambio “va a tender a aumentar, en virtud de que la oferta de dólares producto de nuestras exportaciones va a disminuir”.

¿Tendrá el país una desaceleración económica?

Corrales considera que la desaceleración económica en el país será mínima, “dentro de todos los males que significan los aranceles, nos llevamos el menor de todos, porque nos impusieron el arancel piso del 10%, mientras que, a otros países competidores de café, como Vietnam es un 46%, esto quiere decir que nuestros productos van a subir de precio en Estados Unidos, pero menos con respecto a los productos competidores. Si va a haber un efecto en reducción, porque a mayor precio el consumidor reduce el consumo, pero un 10% es realmente muy poco, el impacto que va a tener no va a ser significativo”.

Una posición similar tiene Suchar, quien afirma que la desaceleración será muy poca debido al menor porcentaje de aranceles con respecto a los demás países.

“Una desaceleración es un crecimiento con menor velocidad, Primero porque si hay alguna desaceleración sería en las exportaciones agrícolas porque son las que pierden competitividad en el anaquel de los americanos, en el caso de zonas francas, que son el 15% del PIB de Costa Rica, no debería tener problema porque son de alto valor agregado, esto quiere decir que para las personas que consumen ese tipo de productos prácticamente no será una gran diferencia.

“Como focalizamos una desaceleración de la economía en la parte agrícola, esta pesa en solo un 4% y no quiere decir que sea cero, que es muy importante, significa bajar la velocidad en una parte que no es significativa”, indicó el experto.

Por su parte, Arce sí considera que el impacto en la desaceleración puede ser significativo y que esto no es un fenómeno “irrelevante” para el país.

“Un arancel del 10% generalizado nos pone a nosotros en un aumento negativo, vamos a enfrentar los efectos negativos de esta medida que están relacionados con una reducción en el ritmo de crecimiento de los Estados Unidos, eso afecta el ritmo de crecimiento de nuestro país.

“Además, nuestra producción se va a volver más cara en el mercado estadounidense, eso exacerba el problema. Vamos a crecer lentamente igual que el resto del mundo, no descartaría que este país crezca por debajo del 3% en los próximos años.

“Vamos a ver un aumento de los precios en productos que se importan a Estados Unidos y todo lo que compremos de Estados Unidos que contenga productos importados en sus insumos va a ser más caro. Es una situación bastante compleja”, acotó.

Carlos Palma también ve con preocupación la medida y la califica como un “serio golpe” para nuestras economías que dependen mucho de las exportaciones a Estados Unidos.

“Eso va a encarecer el país, nosotros traíamos un ritmo de crecimiento por encima del 10% de nuestras exportaciones, ya esas exportaciones van a entrar a EE. UU., pero a un precio mucho mayor, eso significa que las exportaciones van a ver aumentado sus precios, importando de Costa Rica y otros países y va a significar una disminución en el consumo.

“Va a tener efectos sobre el crecimiento del PIB, nuestras exportaciones venían siendo el factor dinámico de nuestra economía, el PIB ha venido aumentando y 3 a 4% anual y eso es gracias a las exportaciones, por supuestos que estoy va a significar una disminución en el crecimiento económico del país, trae consecuencias, problema de desempleo y pobreza, no es una buena noticia, pero además tendremos efecto sobre los productos importados que vamos a estar consumiendo de otros países y de Estados Unidos, van a aumentar los precios, lo que se llama una inflación importada”, explicó Palma.

Fuente: teletica.com

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una serie de “aranceles recíprocos” a nivel mundial.

En un mensaje pronunciado desde la Casa Blanca, Trump indicó que su nueva política comercial marcará una “declaración de independencia económica” de Estados Unidos, pues alegó que el mundo ha estado sacando ventaja de su país durante mucho tiempo.

“Nuestros contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años, pero eso no va a ocurrir nunca más”, dijo.

Trump anunció un arancel general del 10% para todos los productos que se importen a EE. UU. y aranceles específicos de diferentes porcentajes para unos 60 países, entre los que están las principales economías del planeta.

También anunció un arancel del 25% para todos los automóviles fabricados en el extranjero.

Los aranceles son impuestos aduaneros que, con el libre comercio internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial, fueron progresivamente bajando.

Pero ahora han regresado con fuerza de la mano del presidente de Estados Unidos.

Trump asegura que son necesarios para proteger a la industria de su país, pero también los utiliza como arma negociadora con sus rivales, muchos de ellos países que hasta la llegada a la presidencia del republicano, eran considerados aliados y socios comerciales de EE. UU.

Según los expertos, el primer efecto de los aranceles se siente en los bolsillos de los consumidores, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Los aranceles son impuestos que gravan las mercancías que se importan de otros países.

Ese impuesto, que se paga al gobierno, debe asumirlo la empresa que introduce la mercancía extranjera en el país.

Normalmente, los aranceles son un porcentaje del valor de un producto. De esta forma, un arancel del 20% sobre los productos chinos significa que un producto que vale, por ejemplo, US$10, tiene un recargo adicional de US$2.

Las empresas pueden optar por trasladar una parte o la totalidad del costo de los aranceles a los clientes.

Estados Unidos ha aplicado habitualmente aranceles más bajos que otros países.

Pero la economía estadounidense, como la de la mayor parte de países del mundo, está muy interconectada con sus socios comerciales, con manufacturas que entran y salen varias veces de sus fronteras hasta que se convierten en el producto final.

Es el caso, por ejemplo, de la industria automovilística, donde puede que el aluminio sea importado de un país, se funda en piezas en EE.UU., estas piezas salgan a Canadá para ser pulidas, sean enviadas a México para ser parcialmente ensambladas y regresen a EE.UU. para terminar de ser colocadas en un vehículo.

De esta forma, un vehículo, por ejemplo, se somete a distintos aranceles en repetidas ocasiones, encareciendo el producto final.

Estas tasas arancelarias o derecho de aduana varían de un país a otro, y suelen ser más bajas en las economías más desarrolladas.

Según datos del Banco Mundial, en 2022, el arancel promedio ponderado era del 1,49% en Estados Unidos, del 1,37% en Canadá y del 1,3% en los países de la Unión Europea.

En América Latina conviven aranceles moderados, como en México, del 4,8%, con otros elevados como en Argentina, donde el promedio en 2022 era del 11,1%.

Los aranceles generales del 25% y hasta del 50% a ciertos productos con los que ha amenazado Trump son muy poco habituales y en la historia reciente solo se han aplicado en momentos de guerra comercial.

Qué busca Trump con los aranceles

Los aranceles son una parte central de los planes económicos de Trump.

Según asegura, estos impuestos impulsarán la manufactura estadounidense y protegerán el empleo, además de aumentar los ingresos fiscales y hacer crecer la economía.

El presidente quiere reactivar y reconstruir la industria manufacturera estadounidense, que en los últimos 40 años ha perdido muchos empleos que han migrado a países que ofrecen salarios más bajos, como México o China.

Pero Trump también considera que Estados Unidos tiene un enorme déficit comercial, y que otros países se están beneficiando de vender a los consumidores estadounidenses sus productos.

De esta forma, también ha esgrimido la amenaza de aplicar estos impuestos para forzar a otros países a reducir la brecha comercial con Estados Unidos, bien comprando más productos estadounidenses o importando, por ejemplo, petróleo o gas de EE.UU.

Tener déficit comercial con un país significa que importas más bienes y servicios de ese país de los que exportas. Sin embargo, Trump a menudo describe los déficits comerciales como si fueran pérdidas de Estados Unidos.

Atención deudores que tienen viejas deudas prescritas y en cobro judicial.

La Comisión de asuntos jurídicos de la Asamblea Legislativa dictaminó de manera unánime un proyecto de ley que busca la prescripción de oficio de deudas financieras en cobro judicial.

Significa que quedarán sin efecto este tipo deudas que ya están prescritas, es decir, que acumulan de 5 a 10 años sin haberse cancelado y que han sido conocidas por los Tribunales de Justicia.

Eso sí, falta la aprobación de este proyecto en el Plenario Legislativo, pero al parecer contaría con los votos necesarios para obtener luz verde.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), anuncia la apertura de la convocatoria de la EXPOPYME Oficial 2025, dirigida a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) registradas ante el MEIC.

Este evento, -que se ha consolidado como la expo oficial de pymes y emprendedores en Costa Rica-, es un espacio clave para la visibilización, comercialización y fortalecimiento de los negocios costarricenses, que ofrecerá a las empresas seleccionadas, un stand gratuito para su participación.

Las postulaciones estarán abiertas del 21 de marzo al 20 de abril de 2025. Para participar, los interesados deben completar los formularios correspondientes:

     •         EXPOPYME GAM: https://forms.gle/CSUxv1g5qcYqScW8A

     •         EXPOPYMES Regionales: https://forms.gle/g3ZaZjYv5LTuHtcS7

Requisitos de participación

La participación para emprendimientos y pymes es gratuita y requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

     •         Contar con la Condición Pyme o Condición de Emprendedor vigente ante el MEIC al 28 de febrero de 2025.

     •         Pertenecer a los sectores de industria manufacturera, agroindustria, agropecuarios certificado como orgánico, comercio o servicios.

     •         Estar domiciliada en Costa Rica para la elaboración o venta de bienes o servicios.

     •         Ofrecer productos de producción nacional, ya sea directamente o a través de terceros.

     •         Tener capacidad productiva suficiente para la exhibición y venta durante los días de la feria.

     •         Contar con el Registro Sanitario vigente para productos que lo requieran.

     •         Presentar productos empaquetados, etiquetados y con precios visibles.

     •         No haber participado en la EXPOPYME 2024 en San José,  ni en las regiones 2024 y 2025.

Una vez finalizada la convocatoria, el comité organizador del MEIC revisará las postulaciones para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. La selección se realizará mediante un método estadístico aleatorio entre las mipymes y emprendimientos elegibles.

Los seleccionados serán notificados por correo electrónico y sus nombres se publicarán en la página Web del MEIC antes del 10 de mayo de 2025.

Para más información, los interesados pueden visitar la página del MEIC

https://www.meic.go.cr/categorias-eventos/digepyme/ o ingresar a las redes sociales del MEIC.

Esta nueva edición, -que es con entrada gratuita-, se desarrollará en dos fases: primero, con actividades regionales en diferentes zonas del país durante junio y julio, con la participación de 200 pymes y posteriormente, con un evento en la Antigua Aduana.

Las fechas y ubicaciones para la EXPOPYME Oficial 2025 son:

Detalles de la EXPOPYME Oficial 2025

Para esta décima segunda edición la EXPOPYME Oficial, contará con la participación de 200 empresas y emprendedores en las regiones y 260 en San José, sumado a la participación de 16 organizaciones e instituciones del ecosistema empresarial.

“La EXPOPYME Oficial 2025, es una oportunidad para que emprendedores y mipymes costarricenses amplíen su alcance, fortalezcan su red de contactos y accedan a nuevas oportunidades de negocio. Desde el MEIC reiteramos nuestro compromiso con el  desarrollo del sector empresarial y la promoción del talento local, impulsando iniciativas que contribuyan a la reactivación económica del país”, dijo Patricia Rojas, ministra de Economía, Industria y Comercio.

Esta actividad es organizada por el MEIC en alianza con la Cámara de Industrias de Costa Rica.

En un esfuerzo conjunto para seguir fortaleciendo el sector turístico costarricense, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) han suscrito una carta de entendimiento que permitirá ampliar el acceso a información financiera, asistencia técnica y apoyo a proyectos sostenibles e innovadores del sector.
Esta alianza abre nuevas oportunidades de financiamiento y respaldo para miles de
emprendedores y pequeñas y medianas empresas (Pymes) dedicadas a la actividad
turística en el país.

El acuerdo establece un marco de cooperación entre ambas instituciones con el objetivo
de fomentar el crecimiento económico del sector, en concordancia con el Plan Nacional de
Turismo y las estrategias de desarrollo comunitario.

A través de este convenio, se promoverá el acceso a financiamiento preferencial para
proyectos que impulsen la sostenibilidad ambiental, la digitalización de los servicios
turísticos y la recuperación económica post-pandemia. Además, se ofrecerá educación
financiera, capacitación en gestión empresarial y asesoría especializada para los actores
del sector.

La Gerente General del Banco Popular, Gina Carvajal, destacó la relevancia de esta
alianza: “El turismo es una de las principales fuentes de empleo y desarrollo en Costa
Rica. Con este acuerdo, el Banco Popular refuerza su compromiso permanente con las
Pymes y emprendedores del sector, brindando herramientas financieras que les permitan
crecer de manera sostenible e innovadora. Así, como banco de un profundo compromiso
social, seguimos sembrando esperanza y abriendo oportunidades a más personas
trabajadoras en todo el territorio”.

Por su parte, el ministro de Turismo, William Rodríguez, resaltó la importancia del trabajo
interinstitucional para fortalecer la competitividad del país en este ámbito: “Esta unión de
voluntades busca potenciar la resiliencia del sector turístico, brindando oportunidades
concretas a los empresarios y comunidades que dependen de esta actividad. Con acceso
a financiamiento y asistencia técnica, promovemos un turismo más sólido, inclusivo y
sostenible”.

La carta de entendimiento no solo facilita el acceso a recursos financieros para las
empresas del sector, sino que también promueve la cooperación en iniciativas de alto
impacto que contribuirán al bienestar de la ciudadanía. Ambas instituciones han
manifestado su interés en continuar trabajando conjuntamente para fortalecer el turismo
como motor de desarrollo económico y social en Costa Rica.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó una reducción en las tarifas de autobuses y taxis en todo el país, motivada principalmente por la baja en el precio de los combustibles durante el segundo semestre de 2024.

Las rebajas en autobuses varían según el tamaño de la empresa y si la ruta ha implementado el sistema de pago electrónico SINPE-TP.

En el caso de las microempresas (1-5 autobuses), la disminución alcanza hasta un 2,48%, mientras que para las grandes empresas (más de 35 autobuses) la reducción es de hasta un 1,64%. Un 94,5% de las tarifas reflejarán estos cambios, con rebajas que van desde los 5 hasta más de 100 colones en algunas rutas.

Algunas de las reducciones aprobadas incluyen:

• San José – Alajuela: de ₡735 a ₡725 (-₡10)
• San José – Limón: de ₡3.890 a ₡3.820 (-₡70)
• San José – Liberia: de ₡4.795 a ₡4.715 (-₡80)

En cuanto a los taxis rojos, las tarifas disminuirán entre 5 y 20 colones, dependiendo del tipo de vehículo y la modalidad de cobro. Para los taxis rurales, el banderazo pasará de ₡905 a ₡900, mientras que la tarifa por demora en los taxis de aeropuerto variará levemente, con ajustes de hasta -₡10.

Ante un escenario global marcado por la volatilidad en las reglas del comercio internacional y la creciente competencia por atraer inversión extranjera directa, Costa Rica apuesta por la aprobación del proyecto de jornadas laborales 4×3 como una medida clave para mejorar su clima de negocios y mantenerse como un destino atractivo para las empresas internacionales. La iniciativa, que permitiría horarios de 12 horas diarias durante cuatro días a la semana, con tres días de descanso, se encuentra en su fase final de discusión en la Asamblea Legislativa.

El gobierno costarricense, a través de Pilar Cisneros, jefa de fracción de la bancada oficialista de Progreso Social Democrático, ha manifestado la urgencia de aprobar esta reforma antes de mayo, cuando inicien las sesiones extraordinarias. La medida busca responder a los desafíos planteados por las políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha impulsado aranceles a las importaciones y medidas proteccionistas que afectan el comercio mundial.

“Tenemos que entender que la lucha por atraer inversión extranjera es cada vez más intensa, sobre todo ahora que Donald Trump está promoviendo el establecimiento de aranceles a las importaciones que recibe ese país. Costa Rica no se puede quedar atrás en medio de esta competencia cada vez más fuerte, tenemos que tomar medidas”, afirmó Cisneros.

Beneficios para el sector productivo

El proyecto de jornadas 4×3 está diseñado para beneficiar principalmente a las empresas de zonas francas y sectores estratégicos como la manufactura avanzada y los servicios corporativos, que requieren ciclos productivos continuos. Según José Antonio Salas, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y Representantes de Casas Extranjeras (Crecex), esta reforma posicionaría al país como un destino atractivo para empresas internacionales, especialmente en sectores de alta tecnología.

“La implementación de jornadas laborales flexibles es indispensable para que las empresas internacionales sigan considerando a Costa Rica para diversos proyectos de manufactura avanzada”, destacó Salas.

Además, la iniciativa no afectaría al sector público y ofrecería beneficios tanto para los trabajadores como para las empresas. Los empleados que opten por este régimen recibirían una compensación adicional del 17% al 25,5% por la pérdida de horas extra, y tendrían garantizados tres días de descanso consecutivos, así como evaluaciones semestrales de salud.

Impacto económico y social

El Régimen de Zona Franca, uno de los principales beneficiarios de esta reforma, generó operaciones por $12.276 millones en 2023, equivalentes al 14% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Según un estudio de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), este sector no solo contribuye significativamente a la economía nacional, sino que también promueve la equidad de género, con un 44% de mujeres empleadas, y genera encadenamientos productivos que benefician a pequeñas y medianas empresas (pymes).

Carlos Wong, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas, destacó que la aprobación de las jornadas 4×3 permitiría a Costa Rica competir con países como Panamá y República Dominicana, que ya cuentan con esquemas laborales similares. “El establecimiento de jornadas flexibles posicionaría a Costa Rica como un destino ideal para la atracción de más compañías internacionales”, afirmó Wong.

Un paso hacia la competitividad

La reforma, que ha sido discutida durante más de 25 años, representa un avance significativo en la modernización del Código de Trabajo costarricense. Alejandro Batalla, presidente del Consejo de Promoción de la Competitividad, señaló que la rigidez del sistema laboral actual dificulta la competitividad del país y no responde a las necesidades de los sectores productivos ni a las aspiraciones de flexibilidad de los trabajadores.

“Este proyecto beneficia tanto a los trabajadores, al ofrecerles nuevas alternativas laborales, como a las empresas que requieren ciclos de producción continuos”, afirmó Batalla.

Por su parte, Irene Chinchilla, vicepresidenta de CF Free Zone, destacó que la iniciativa responde a los distintos estilos de vida y dinámicas de los colaboradores, incorporando una jornada laboral adicional al abanico de opciones ya existentes.

Llamado a la acción legislativa

Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias, hizo un llamado a los diputados para agilizar la aprobación del proyecto, subrayando que se trata de una deuda histórica para el país. “Aprobar este proyecto es un paso importante para fortalecer la seguridad jurídica necesaria para atraer inversión al país y, con ello, generar empleo de calidad”, afirmó Capón.

Con el respaldo del sector empresarial y el gobierno, la aprobación de las jornadas 4×3 se perfila como una medida clave para fortalecer la competitividad de Costa Rica en un contexto global cada vez más desafiante. La iniciativa no solo busca atraer inversión extranjera, sino también generar empleo y mejorar las condiciones laborales, consolidando al país como un destino atractivo para los negocios internacionales.

Articulo de Opinion: Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, Presidente, Junta Directiva Banco Popular.

En el mundo de las finanzas, donde muchas veces la rentabilidad se erige como la única razón de ser, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal destaca por su firme compromiso social con la inclusión financiera y el desarrollo de quienes mueven con esfuerzo y dedicación la economía nacional: las personas trabajadoras.

Por eso, no sorprende que algunos críticos, especialmente aquellos que profesan una devoción irrestricta por el mundo privado, intenten desacreditar con argumentos sesgados a la única entidad bancaria concebida por y para el pueblo costarricense.

Curiosamente, en su afán destructivo, estos personajes rebuscan términos y fórmulas con la esperanza de sembrar duda donde no la hay. Sin embargo, la solidez del Banco es tan contundente que sus ataques no logran repercusión. Los números hablan por sí solos: el Popular finalizó el año 2024 consolidándose como una de las entidades más robustas y confiables.

Un ejemplo es la fortaleza patrimonial que alcanzó los ₡983.295 millones, posicionándose como la institución financiera sistémica más solvente del país. Además, el indicador de suficiencia patrimonial se situó en un 20.36%, muy por encima de otras entidades financieras relevantes.

Pero si los críticos gustan tanto de las cifras, aquí les ofrecemos algunas que, seguramente, preferirían ignorar:

• Crecimiento de activos: El activo del Popular creció un 11.55%, cifra significativamente superior a la de los bancos estatales (7.13%) y privados (2.71%), demostrando su dinamismo y eficiencia.
• Expansión de la cartera de crédito: Registró un incremento del 15.82% (6.88% sin el efecto de la adquisición de cartera de Coopeservidores), superando a los bancos estatales (7.11%) y privados (6.26%). Su participación de mercado en crédito también creció, pasando del 11.66% en 2023 al 12.94% en 2024.
• Incremento en los depósitos a la vista: Crecieron un 39.55%, muy por encima de los bancos estatales (5.30%) y privados (15.81%), aumentando la participación de mercado a un 11.07%.
• Incremento en utilidades: La utilidad generada creció un 41.59%, pasando de ₡15.746 millones en 2023 a ₡22.295 millones en 2024.

Estos logros no solo evidencian la solidez del Banco, y el trabajo profesional de su Junta Directiva, la Alta Gerencia y todo el equipo, sino también su capacidad de innovación y el compromiso con sus clientes y con el desarrollo económico y social del país.

Sin embargo, llama más la atención que estos autoproclamados defensores de la Patria entren en una contradicción total al insistir en atacar a la entidad bancaria que lleva esperanza y apoyo a los sectores más vulnerables. Su entusiasmo por iniciativas legislativas que buscan despojar al Banco de los recursos que administra con eficiencia, para redirigirlos a otros fines, es, en buen costarricense, desvestir un santo para vestir a otro.

Lo más preocupante no es su postura, sino la falta de rigor en sus argumentos. Omiten, por ejemplo, que el 0.25% del aporte patronal que administra el Popular se traduce en financiamiento para emprendimientos, acceso a vivienda para sectores medios y bajos, y respaldo a iniciativas de educación y justicia social. A fines de 2024, el Banco destinó más de ₡255 mil millones en apoyo a miles de personas trabajadoras y entidades de economía social. Además, en los últimos cinco años ha trasladado ₡48 mil millones a fondos como FOFIDE, CONAPE y la Comisión Nacional de Emergencias.

Sumado a ello, a través del FODEMIPYME, en los últimos cinco años se ha financiado a 8.351 pymes con ₡162 mil millones. Asimismo, junto con el Ministerio de Trabajo, se impulsó el programa BRETE, facilitando la vinculación laboral de 7.857 jóvenes con productos financieros para completar su educación técnica.

Todo este impacto social es posible gracias a la presencia del Popular a lo largo del país, acercando servicios a poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema financiero. Quizá esto incomoda a ciertos editorialistas (y ex editorialistas), políticos y analistas económicos con ansias políticas frustradas, pero para nosotros es un motivo de orgullo.

Y si lo anterior no es suficiente para acallar críticas infundadas, recordemos que el Banco no solo es socialmente responsable, sino también un pilar fundamental del sistema financiero, con una solidez respaldada por organismos supervisores y calificadoras internacionales. La valiente adquisición de cartera de Coopeservidores, por más de ₡411 mil millones, es una prueba de su capacidad estratégica y solvencia.

En definitiva, mientras algunos buscan distraer con ataques sin fundamento, el Banco Popular sigue su rumbo firme, trabajando para más de un millón de clientes y consolidándose como una entidad inclusiva, sostenible y comprometida con el desarrollo de Costa Rica. Si esto incomoda a sus detractores, qué lástima. Nosotros, en cambio, seguiremos adelante, demostrando con hechos lo que otros intentan opacar con palabras.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) designó de manera unánime a Yin Leng Hong Monteverde como su nueva presidenta para el periodo 2025-2027. La decisión se tomó en la sesión celebrada este viernes y su nombramiento será efectivo a partir del 15 de febrero.

Hong Monteverde, quien forma parte del Conassif desde julio de 2024, fue elegida debidoa su experiencia en el sector financiero y su capacidad de análisis para la toma de decisiones fundamentadas, según informó en el ente supervisor a través de un comunicado de prensa. 

Los miembros del Consejo destacaron su liderazgo, orientación a la mejora continua y conocimiento del mercado bursátil, administración de portafolios de inversión, tesorería y finanzas. Es ingeniera en Producción Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica y máster en Finanzas de la Universidad Fundepos-Alma Mater.

El puesto estaba vacante desde finales de 2024, cuando Laura Suárez anunció su salida del cargo, la cual se hizo efectiva el 24 de diciembre. 

Nuevas designaciones en la Sugef

En la misma sesión, el Conassif nombró a Hazel Valverde Richmond como superintendente de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y a José Carlos Rojas Vargas como intendente, ambos por un periodo de cinco años. Valverde asumirá el cargo el 21 de febrero, mientras que Rojas comenzará funciones el 17 de febrero.

La elección de ambos jerarcas se llevó a cabo mediante un proceso de selección abierto y público liderado por el Comité de Nombramientos del Consejo. Se evaluaron requisitos académicos y profesionales, competencias específicas del puesto, pruebas técnicas y entrevistas para determinar la idoneidad de los candidatos.

Valverde, actual gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), cuenta con un bachillerato en Administración de Negocios y una maestría en Banca y Finanzas de la Universidad de Costa Rica, así como una maestría en Gestión de Políticas Públicas de EUNCET Business School. 

Por su parte,Rojas es licenciado en Economía y posee dos maestrías: una en Gestión y Finanzas Públicas por la Universidad Nacional (UNA) y otra en Economía de las Telecomunicaciones por la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El Conassif  informó que decidió llevar a cabo este proceso de selección abierto, a pesar de tener la facultad de realizar nombramientos discrecionales, “con el objetivo de garantizar que las personas elegidas cuenten con la mejor experiencia, formación y habilidades para liderar la Sugef en un entorno financiero cada vez más digital e interconectado”. 

La superintendencia de Sugef quedó vacante tras la salida anticipada de Rocío Aguilar, quien presentó su renuncia en noviembre de 2024, la cual se hizo efectiva al finalizar el año. 

Entidad alcanzó los ₡983.295 millones de fortaleza patrimonial, consolidándose
como la entidad financiera sistémica más solvente del país.
Gerente General destacó que logros reflejan el compromiso de la Institución con
sus clientes y con la estabilidad del Sistema Financiero Nacional.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal finalizó el año 2024 consolidando su posición como una de las entidades financieras más sólidas y confiables del país, gracias a resultados destacados que superan ampliamente al promedio del sector bancario en diversos indicadores clave.
Ejemplo de lo anterior es lo relativo al indicador de fortaleza patrimonial, donde, al cierre
del año recién terminado, el patrimonio del Popular alcanzó los ₡983.295 millones, consolidándose como la entidad financiera sistémica más solvente del país. Además, el
indicador de suficiencia patrimonial se situó en un 20.36%, muy por encima de las otras
instituciones del Sistema Financiero Nacional.

Gina Carvajal, gerente general del Banco, destacó que estos logros evidencian la responsabilidad de todo el equipo institucional (Junta Directiva, Administración y
personal), permitiendo, ante todo, ratificar el rol social de la institución y el compromiso
para brindar cada vez mejores y más modernos servicios sus clientes, aportando al
mismo tiempo a la estabilidad del sector financiero.

Entre los principales resultados obtenidos por el Banco Popular durante el 2024 destacan:

CRECIMIENTO DE ACTIVOS: Su activo creció un 11.55%, cifra significativamente superior al crecimiento registrado por los bancos estatales (7.13%) y los bancos privados (2.71%), lo que reafirma el dinamismo y la gestión eficiente de la institución.

EXPANSIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO: La cartera de crédito del Banco registró un incremento del 15.82% (6.88% sin incluir el efecto del enorme proceso financiero de adquisición de una parte de la cartera de Coopeservidores), superando a los bancos estatales (7.11%) y privados (6.26%). Este crecimiento también se reflejó en un aumento de la participación de mercado en crédito, pasando del 11.66% en 2023 al 12.94% en 2024.
INCREMENTO EN DEPÓSITOS A LA VISTA: La Entidad reporta un crecimiento en estos depósitos de un 39.55%, un resultado muy por encima de lo registrado por bancos estatales (5.30%) y privados (15.81%). Este desempeño permitió que la participación de mercado en cuentas a la vista aumentara en 225 puntos base, alcanzando un 11.07% frente al 8.82%
registrado en 2023.
INCREMENTO EN UTILIDADES: El Banco Popular logró un aumento del 41.59% en su utilidad generada, pasando de ₡15.746 millones en 2023 a ₡22.295 millones en 2024.

“Estos resultados demuestran la solidez del Banco Popular y del Conglomerado
Financiero, su capacidad de innovación y su enfoque centrado en el cliente. Con una
gestión basada en principios de transparencia, eficiencia y sostenibilidad, la Institución
reafirma su compromiso con el desarrollo socioeconómico del país. Agradecemos la
confianza de nuestros clientes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando
para brindar soluciones financieras que contribuyan al bienestar de las personas, familias,
sectores y las comunidades de Costa Rica”, destacó Gina Carvajal, gerente general de la
Entidad.