Un grupo de vecinos de barrio Las Tecas, en Hato Viejo de Santa Cruz, amenaza con llevar a cabo un bloqueo de la vía que comunica al centro de esa ciudad guanacasteca con el estadio Cacique Diriá sede donde se disputarán las medallas de los Juegos Deportivos Nacionales Guanacaste 2024.

La ruta de lastre de aproximadamente 1,6 kilómetros se encuentra en pésimo estado con una gran cantidad de huecos especialmente debido a las intensas lluvias que han caído en Santa Cruz durante los últimos días.

Esa vía es la única manera de llegar desde el casco central de Santa Cruz hasta el Cacique Diriá lugar que fue designado por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación –ICODER- como el escenario donde se tendrá que definir las medallas en las diferentes categorías y modalidades del atletismo.

La inauguración de los Juegos se llevará a cabo el 29 de junio, a partir de las 6 p.m., en las instalaciones del estadio Chorotega de Nicoya. La etapa final de los XLI Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Guanacaste 2024 se realizará del sábado 29 de junio al sábado 13 de julio en los 11 cantones de la provincia guanacasteca, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.

Esas justas contarán con 29 disciplinas oficiales; 23 convencionales y seis deportes paralímpicos, tal como ocurrió en la edición anterior, disputada en la Provincia de Alajuela en enero de 2023. Además, habrá tres deportes de exhibición: rugby, porrismo y cricket. 

Acceso terrible

La agenda de las competencias previstas por el Instituto indica que las pruebas de atletismo se llevarán a cabo en el estadio Cacique Diriá, del domingo 30 de junio al jueves 4 de julio.

En las finales del atletismo participarán un aproximado de 700 atletas, quienes estarán acompañados de entrenadores, equipos de trabajo, familiares y aficionados para alcanzar una cifra de unas 900 personas quienes tendrán que trasladarse por un camino de tierra completamente deteriorado. Para las justas de Guanacaste 2024 el ICODER realizó una inversión de 218 millones de colones en mejoras en las instalaciones deportivas del Polideportivo Abangares, Polideportivo Santa Cruz, el estadio Cacique Diría de Santa Cruz y la pista de Atletismo Tilarán.

Para el caso del estadio Cacique Diriá la Municipalidad de Santa Cruz también llevó a cabo remodelaciones en esas instalaciones, especialmente en las graderías, el césped, el techo, la malla perimetral, los camerinos y los servicios sanitarios, entre otras mejoras.

Sin embargo, el gobierno local de ese cantón de Guanacaste nunca invirtió fondos en la reparación o el asfaltado de la vía entre el sector de barrio Las Tecas donde el trecho –de unos 400 metros– entre la Clínica de la Caja Costarricense del Seguro Social al estadio se encuentra en completo deterioro.

Los estudiantes de la carrera de Pedagogía del Campus de la Universidad Nacional (UNA) Nicoya presentaron un recurso de amparo en contra el cierre de la carrera de Pedagogía en esa sede de la provincia de Guanacaste.

El documento entregado a la Sala Constitucional está rubricado por los alumnos María Fernanda Alemán, originaria de la Reserva Indígena de Matambú de Hojancha y el nicoyano, Juan Pablo Chavarría, junto con otros estudiantes.

De acuerdo con el recurso “las acciones dictadas por el señor Decano, Wagner Castro, que consiste en el cierre de la Carrera de Pedagogía sin justificación alguna, obliga a que en el año 2025 los interesados en optar por esta carrera deban viajar hasta Liberia”.

Los recurrentes residen en las comunidades de Isla Chira, Isla Venado, Reserva Indígena Matambú, Nicoya, Hojancha y Nandayure.  

El alegato de los estudiantes indica que; además, se violentó el derecho a la información porque que desde que se inició la gestión del Decano Castro, en julio del 2022, no tienen acceso a las actas del Consejo de Sede Regional Chorotega instancia donde se adoptan los acuerdos para la toma de decisiones.

El amparo indica que está “situación que nos tiene -a los alumnos- en estado de vulnerabilidad porque no pueden manifestarse a favor o en contra de los acuerdos que se tomen por negarles el acceso a la información”.

La Sede Chorotega de la UNA en Nicoya se creó hace 25 años;  además, tiene una matrícula aproximada de 1300 estudiantes.

La firma autobusera Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG) solicitó al Tribunal Administrativo de Transporte (TAT) anular el acto mediante el cual se adjudicó la operación de la ruta 1501 -San José –Bolsón de Santa Cruz (Guanacaste)—a una empresa del Grupo Caribeños y; además,  denunció que el Consejo de Transporte Público (CTP) alteró los términos del concurso convocado para esa decisión.

En un comunicado de prensa TIG informó que presentó un recurso de apelación directa y una acción de nulidad absoluta. La empresa argumenta que la junta directiva del CTP adjudicó la operación de dicha ruta con base en una recomendación del Área Técnica que alteró las condiciones iniciales del concurso.

“Desde TIG tomaremos esta y las demás acciones legales que sean necesarias para defender la institucionalidad y el interés de los usuarios, y que no sean víctimas, como nosotros, de manejos irregulares, ni de funcionarios públicos, ni de empresas que buscan caminos poco claros para imponerse. No solo estamos defendiendo nuestro derecho legal ante un trato anómalo, desigual e irregular, sino que procuramos además que el país ofrezca seguridad jurídica para quienes hacemos el esfuerzo de invertir para dar a los usuarios los servicios que se merecen”, expresó Faridi Alfaro, vocera de TIG.

La autobusera -que opera la ruta San José –Santa Cruz, detalla en su alegato que por compartir más del 80 por ciento del trayecto a Bolsón y por tener en regla la concesión, fue invitada a participar en el proceso para escoger al nuevo operador de ese recorrido, cuyo permisionario lo había abandonado.

En la invitación se establecieron las condiciones de participación, entre ellas el mayor recorrido común y la necesidad de contar con dos autobuses adecuados para brindar el servicio a dicho distrito santacruceño, explica la empresa en la apelación.

Sin embargo, en la recomendación que hizo el Área Técnica del CTP, pese a que calificó la oferta de TIG como la mejor, pues ofertó dos autobuses de última generación y cero kilómetros, esa compañía quedó fuera al señalar que a la firma la cubre la prohibición del artículo 11 de la Ley de Transporte Público porque ya opera dos rutas: San José –Santa Cruz y San José –Nicoya.

Ante esa situación recomendaron adjudicarle la ruta a Autotransporte Colorado vinculada al Grupo Caribeños, que de entrada incumplió las condiciones del concurso, pues únicamente ofertó un autobús usado, modelo 2015, señala el boletín de prensa.

Con base en dicho criterio técnico, los directivos tomaron la decisión final y decidieron dar por bueno el cambio en los términos del concurso y entregarle la ruta al operador de la ruta San José –Abangares. Desconocieron así un acuerdo previo del CTP en que establecieron que la ruta se debía de operar con dos unidades.

La empresa TIG “planteó alternativamente dentro de la propuesta una opción de integración de la ruta 1501 con la ruta 1502, que resulta totalmente viable, empero, el ente técnico no se manifestó al respecto, limitándose a indicarlo, sin un análisis riguroso. Esto, a pesar de que desde el año 2018 y hasta el 17 de mayo del 2024, se han fusionado e integrado 11 rutas”, detalla el comunicado.

Debido al “atropello a las condiciones de la invitación” al concurso y al “cambio de las condiciones elementales en el último momento, en la fase resolutiva”, TIG sostuvo ante el Tribunal que se afecta a los oferentes que participaron de buena fe y por esas razones solicitó no solo que se anule el acto de adjudicación, sino que pide como media cautelar que se suspendan sus efectos: básicamente la entrada en operación de la empresa beneficiada de manera irregular, que según la entidad está programada para comenzar este 13 de junio.

Del 16 al 20 de julio, en conmemoración del Bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, los nicoyanos podrán tener acceso a servicios de salud gratuitos en la Feria “Salud sin Paredes”.

Esta es una iniciativa de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica en su 50 aniversario, que se trabaja en conjunto con la Municipalidad de Nicoya, el Área de Salud Nicoya, Ministerio de Salud y el Hospital La Anexión.

Los servicios médicos se prestarán mediante proyectos de Trabajo Comunal Universitario y Educación Permanente de las Escuelas de Enfermería, Salud Pública, Medicina, Odontología, Farmacia y Tecnologías en Salud de la UCR, y buscan atender público en general que llegue a la feria, así como listas de espera del hospital.

Para definir detalles del evento, este martes se realizó una reunión de coordinación institucional en la municipalidad, con la participación de Alcalde, Carlos Armando Martínez Arias, y la Vicealcaldesa, Silvia Gutiérrez Oviedo; y pronto estaremos dando a conocer mayor información al respecto.

El 7 de junio se inició el Evento de Alto Nivel sobre Acción Oceánica: Inmersos en el cambio, que reúne a alrededor de 50 delegaciones.

En la cumbre se discutirán acciones a seguir para conservar la biodiversidad del océano de cara a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC, 2025) en Niza, Francia.

Durante el evento un grupo de participantes de “IntegrArte-Guanacaste” y su director creativo, el artista Carlos Hiller, presentaron una obra de arte de ocho piezas “Mar a la Vista” a los delegados de los países participantes.

La obra fue elaborada con el aporte de 68 niños, niñas y jóvenes provenientes de las comunidades guanacastecas de Matapalo, Villareal, Huacas y Brasilito, en el cantón de Santa Cruz, quienes diseñaron el concepto gracias a “una lluvia de ideas” que plantearon con base en sus propios conocimientos acerca del mar e información científica que fue suministrada durante diversas charlas de formación.

Estos jóvenes artistas enfatizaron en la importancia de conservar el ecosistema marino, la identidad cultural y su sentido de pertenencia. El mural representa un viaje por el océano y resalta la riqueza de la biodiversidad marina, desde la importancia de los manglares y corales hasta explicar la composición del océano.

Los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Hojancha en Guanacaste implementan todos los martes, en sus lecciones con los profesores guías, el abordaje de valores para una convivencia sana.

El director del centro educativo, Braulio Alberto Miranda Méndez comenta que preocupados por el aumento de la violencia a nivel mundial buscaron acciones para promover espacios de paz, y desde hace dos años empezaron a tomar evidencias con lo que crearon un documento.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) ejecuta diferentes iniciativas y cuenta con protocolos para la prevención y atención de situaciones de violencia y para la la promoción de una cultura de paz y la convivencia pacífica.

La Ministra de Educación, Anna Katharina Müller, destacó la iniciativa de este centro educativo y el trabajo de su director. “Debemos trabajar unidos, padres de familia, docentes, directores, toda la comunidad educativa para garantizar entornos seguros para nuestros chicos y nuestros jóvenes. Es necesario reflexionar y promover la importancia de construir una sociedad con valores, niños y jóvenes que crezcan en una cultura de paz, de diálogo y de respeto” puntualizó.

Con la ayuda del Colegio de Licenciados y Profesores (Colypro), crearon un libro digital con las experiencias aplicadas en las aulas donde se fomentan valores como el respeto, empatía, gratitud, amistad y responsabilidad.

Braulio Alberto está comprometido con este colegio porque es egresado de la institución y vecino de la zona, por lo que siente gran responsabilidad con su tierra.

Su interés es facilitar este insumo a todos los docentes del país que necesiten apoyos, dado que a su comunidad educativa le ha servido y notan un cambio en el comportamiento de los jóvenes, donde son más empáticos y conciliadores.

Por medio del Simposio Cultivo de Pitahaya Región Chorotega, que se realiza hoy en las instalaciones de la UCR en Liberia, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), con el apoyo de esa casa de estudios superiores, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Cámara de Productores de Pitahaya de Costa Rica, capacitan a 100 personas productoras de pitahaya.

El objetivo del evento es fomentar mejoras en las unidades productivas del cultivo de pitahaya, a nivel de manejo agronómico, valor agregado y comercialización en el territorio nacional.

Según explicó Mario Regidor, jefe del Núcleo Agropecuario, se aborda globalmente el manejo agronómico del cultivo mediante charlas técnicas impartidas por personas expertas a nivel nacional e internacional (Brasil y Estados Unidos).

“Con una capacitación de este nivel se impactará, socioeconómica y académicamente, la vida de 100 personas productoras y sus respectivas familias. Adicionalmente, se generará un efecto replicador del conocimiento que alcanzará a las personas colaboradoras de cada unidad productiva, capacitando así, a más de 200 personas productoras de pitahaya a nivel nacional”, indicó Regidor.

Previo al evento, se realizaron dos días de campo en fincas representativas de la zona, ubicadas en Nandayure, Jicaral, Liberia y Carrillo. En estas actividades prácticas participó un grupo de personas representantes de cada agrupación, quienes se convertirán en agentes replicadores de los conocimientos técnicos adquiridos durante las visitas técnicas de valoración.

“Este evento fortalece el intercambio de conocimientos, experiencias e innovación tecnológica para el manejo y comercialización de la Pitahaya a través de la colaboración entre investigadores, productores en alianza con diferentes entes de la institucionalidad”, dijo Mario Chacón, encargado de la Unidad Regional Chorotega del INA, durante la apertura de las visitas técnicas a las fincas.

En el simposio se facilitó información sobre los servicios que ofrece la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial (UFODE) del INA, como es el programa de becas para el sector pitahayero.

Al evento asisten representantes de la Cámara de Productores de Pitahaya, Coopepithaya R.L., personas productoras independientes y organizaciones e instituciones que forman parte del encadenamiento productivo de este cultivo.

Desde el 1 de junio se ha presentado una actividad sísmica relevante en la zona al noreste de la localidad de Tierras Morenas de Tilarán, Guanacaste.

En ese lugar ocurrieron cerca de 100 sismos con magnitudes, de entre 2,1 y 4,9. Los análisis preliminares indican que se originan en el sistema de fallas Chiripa, que transcurre en la zona del Lago Arenal.

Los sismos más importantes acontecieron en la madrugada del 5 de junio, con un evento de magnitud 4,9 a la 12:09 am y otro de magnitud 4,4 un minuto antes. En días anteriores también se presentaron al menos 6 sismos con magnitudes de entre 3,5 y 4,1.

La zona aledaña al sistema de falla Chiripa ha sido el escenario de varios terremotos históricos como el de Guatuso en el año 1911 y Tilarán en 1973, ambos con magnitud de 6,5.

La Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica permanece al tanto de la evolución de esta actividad.

La ciudad de Santa Cruz se convertirá en una de las sedes de la ExpoPymes Rural Oficial 2024 que este año tendrá una edición en ese cantón de Guanacaste, además, de Garabito, San Carlos, Coto Brus y Pococí, evento organizado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) con el apoyo de la Cámara de Industrias.

El calendario establece que del 12 al 13 de julio se llevará cabo el evento en Santa Cruz. Además, la misma Feria se llevará a cabo en Jacó (5 y 6 de julio), La Fortuna (12 y 13 de julio), San Vito (19 y 20 de julio) y Guápiles (26 y 27 de julio).

La información del MEIC destaca que en el caso de las zonas rurales que en este proyecto para emprendedores participarán unas 150 empresas.

Una advertencia emitida por la Oficina de Auditoría Interna de la Municipalidad de Nandayure revela que ese gobierno local funciona desde hace varios años con ausencia total de reglas precisas en 21 áreas pero; además, con normas obsoletas en otros 33 procesos como el registro de proveedores que data de hace 28 años.

De acuerdo con la advertencia número 010-ADVAIM-2024 del pasado 27 de mayo “la ausencia o desactualización de una reglamentación efectiva en el sector público de Costa Rica ha generado una serie de consecuencias negativas que afectan tanto el funcionamiento del Estado como el bienestar de la sociedad”.

“La falta de normativas claras y aplicables puede conducir a la corrupción, el desorden administrativo, la ineficiencia en la prestación de servicios públicos, y la falta de transparencia y rendición de cuentas”, señala el documento enviado al Concejo de la Municipalidad que en los pasados 8 años estaba dirigida por el ExAlcalde, Geovanni Jiménez, del Partido Nandayure Progresa.

La advertencia de la Auditoria Interna establece que 33 reglamentos se encuentran completamente desactualizados en áreas como contratación pública, consultas populares, control de fraccionamientos, gestión de residuos, caminos y calles públicas, base de datos, comités de caminos, regulación de karaokes, pago de kilometrajes, cobros, reconocimiento de honores y modificaciones presupuestarias.

En esa misma condición se encuentran otras áreas como: el Refugio de Vida Silvestre Camaronal, el funcionamiento de la auditoría interna, liquidación del presupuesto anual, pago de anualidades, uso de la caja chica, aplicación de dedidación exclusiva, obras de construcción menores, vialidad de Playa San Miguel, Plan Regulador de Punta Islita, patentes de juegos, uso de vehículos y maquinaria, sesiones del Concejo y Becas.

Además, patentes temporales, plan regulador de playa Corozalito, plan regulador de Acantilados al Este de Playa Islita, zonificación y plan regulador de Playa Coyote, fiestas cívicas y registro de proveedores.

“De los 33 Reglamentos, cinco fueron publicados en los años 90, dieciocho en los años 2000, siete entre el año 2010 y 2020, uno en el año 2020, uno en el año 2023 y uno en el 2024, por lo que, fácilmente se colige que la mayoría están obsoletos y desactualizados, provocando que su marco normativo nos es el adecuado para afrontar los retos actuales de la corporación municipal”, indica la advertencia de la Auditoría

Completo desorden

Junto con la existencia de normas obsoletas la advertencia indica que no existen ningún tipo de reglas en aspectos como: servicios, junta vial cantonal, comité de deportes, impuestos, apoyo a adultos mayores en pobreza, violencia contra la mujer en la política, teletrabajo, comercialización de bebidas alcohólicas, construcción de aceras colindantes con vías públicas, presupuestos participativos y declaración de vías como de dominio público.

Asimismo, existe carencia total de reglas en cobro de tarifas y multas por las omisiones a los deberes de los propietarios o poseedores de inmuebles del cantón, obtención de permiso de construcción, reclutamiento y selección de personal, operación y mantenimiento del cementerio municipal, prevención del acoso y hostigamiento sexual, pago de tiempo extraordinario, cobro de limpieza en zona marítimo terrestre, cauciones que deben rendir los funcionarios, otorgamiento de reconocimientos y  funcionamiento del Comité Cantonal de la Persona Joven.

La ausencia de reglas del juego claras afecta campos como: en el funcionamiento del Concejo Municipal, visado de plano catastrado, otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre, obras menores, prevención del acoso laboral, régimen de disponibilidad, visado de plano catastrado, debates del Concejo y disponibilidad de funcionarios.

Soluciones a la vista

El documento de la Auditoría Interna recomienda:

-Tomar las acciones necesarias e inmediatas para que en la Municipalidad garantice la actualización y creación de la reglamentación necesaria, al amparo del ordenamiento jurídico, como un proceso prioritario institucional.

-Crear una comisión entre la administración y el Concejo Municipal que subsane y resuelva la falta y desactualización de la reglamentación interna.

-Valorar la contratación pública por contrato de servicios, de un profesional que proceda con la actualización y elaboración de la normativa interna citada.

La Municipalidad de Nandayure maneja un presupuesto anual de ¢2 144 millones de colones.

Una advertencia generada por la Auditoría Interna de la Municipalidad de Nandayure permitió conocer que durante cinco años (2019 – 2024) el gobierno local de ese cantón pagó las anualidades de 52 funcionarios sin realizar la debida evaluación del desempeño como exige, entre otras normas, La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La advertencia número 008-ADVAIM-2024 del pasado 17 de mayo indica que durante la pasada administración del exalcalde, Geovanni Jiménez, nunca se llevó a cabo un examen pormenorizado de los resultados del trabajo de ninguno de los trabajadores de la institución.

“El incentivo de la anualidad se encuentra claramente ligado a la evaluación de desempeño de un funcionario público, sistema en el que ha operado un cambio de paradigma con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, número 9635, pues se supera aquel criterio subjetivo de mera valoración del rendimiento individual del servidor en su trabajo en general, y se trasciende metodológicamente a criterios objetivos sobre la base de indicadores cuantitativos de cumplimiento de metas individuales de productos y servicios prestados”, indica el documento del Auditor Interno, Jorge Pérez.

“Se han aprobado y pagado anualidades desde el año 2019 y hasta la fecha, a todos los funcionarios de la institución, sin constar con el sustento jurídico de la evaluación del desempeño”, precisó el Auditor Interno.

El informe recomienda a la Alcaldía, a la ViceAlcaldía y a la Oficina de Recursos Humanos suspender el pago de las anualidades mientras se implementa un sistema de medición de resultados del trabajo del personal del municipio.

Un grupo de mujeres emprendedoras que laboran como masajistas en la zona pública de Playa Tamarindo (Guanacaste) criticó con firmeza la represión de las Fuerza Pública y de la Policía Municipal de Santa Cruz que les impide ejercer ese trabajo con acciones como el decomiso de las camillas y los materiales que se utilizan para realizar esa labor.

En la zona de Tamarindo unas 120 mujeres desarrollaron esa actividad económica aprovechando que ese lugar es sumamente visitado por clientes nacionales y extranjeros de varias partes del mundo.

Las mujeres –muchas de la cuales se han capacitado en academias como el Instituto Profesional Académico de Cartago y el Instituto Cosvic que ofrece cursos acreditados por el Instituto Nacional de Aprendizaje– brinda ese servicio para quienes buscan un ambiente saludable para reducir el estrés de la vida cotidiana.

Según Carolina Arias, quien reside en Playa Tamarindo y ejerce como masajista hace 10 años “la Policía del Ministerio de Seguridad Pública y de la Municipalidad de Santa Cruz nos trata como si estuviéramos cometiendo un delito. Lo único que estamos haciendo es ejerciendo un trabajo honesto, llama la atención que nunca proceden con la misma firmeza contra la inseguridad ciudadana que azota la región”.

“Pareciera que hay un ensañamiento contra las mujeres porque apenas vamos para la playa a trabajar montan todo un operativo como si fuera una emergencia nacional, pero si Ud. los llama por alguna emergencia en una casa salen con los mismos cuentos de siempre: “La patrulla está varada”, “No tenemos personal”, “No hay gasolina”, y otro montón de excusas. Hemos buscado conversar con el Alcalde de Santa Cruz, Jorge Alfaro, pero nunca nos atiende”, afirmó Arias en representación del grupo de afectadas.

Las trabajadoras –una gran mayoría madres solteras y único sustento del hogar  con hijos en escuelas, colegios y universidades- señalaron que las camas decomisadas por autoridades policiales y del Ministerio de Salud nunca se devuelven a las propietarias y en caso de aquellas que quedan en manos del Municipio y de la Fuerza Pública se trasladan al Poder Judicial teniendo que pagar unos ¢40 mil colones para recuperarlas.

Doble discurso

Según la página oficial del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) entre enero y marzo del 2024 al Aeropuerto de Liberia llegaron 318 732 visitantes la gran mayoría de ellos provenientes de Estados Unidos (228 631), Canadá (75 864) y Europa (10 537).

“Todos los días vemos como otras masajistas que trabajan para grandes hoteles de Tamarindo y lugares aledaños ejercen la misma actividad que nosotros también en la playa, pero ahí sí que la Policía Nacional y la Municipalidad no actúen con la misma severidad, entonces pareciera que hay un doble estándar que se aplica según sea la persona o la empresa. Nosotros lo único que pedimos es que nos dejen trabajar de manera honesta, incluso integrándonos en algún proyecto apoyado por las instituciones que atienden temas de la mujer que precisamente para eso están y reciben presupuestos de miles de millones de colones”, precisó Arias.

El llamado turismo Wellness (o de bienestar) que incluye segmentos como los masajes relajantes o terapéuticos, sesiones de yoga o meditación –entre otros servicios- representa un enorme mercado global valorado en $USD 639 billones de dólares al año y que crece más del doble que el turismo tradicional.