Un informe emitido por el Ingeniero Civil de la Universidad de Costa Rica, Mario Esquivel, detectó graves fallas en la construcción de una vivienda en Villarreal de Santa Cruz lugar donde una ciudadana de los Estados Unidos entregó a una empresa más de ¢64 millones para desarrollar una obra inmobiliaria que nunca se concluyó.

En ese sitio la psicóloga de nacionalidad estadounidense, Sara Anne Spowart,  suscribió el contrato #612 para el desarrollo del inmueble con, Adrián Umaña Zúñiga, en representación de la empresa “Constructora Statum”, con el fin llevar a cabo una obra residencial.

Las copias de transferencias bancarias muestran claramente que en total ella depositó en las cuentas de Umaña Zúñiga $USD 125 mil 508 en diferentes tractos los días 17 de enero, 19 de enero (en dos ocasiones), 22 de febrero, 27 de febrero, 10 de marzo, 24 de marzo, 10 de abril, 24 de abril y 30 de mayo del año pasado. No obstante, a la fecha los trabajos se encuentran en completo abandonó con avances mínimos durante 20 meses.

En 13 de septiembre del año pasado Esquivel emitió un Informe de Avance de Construcción de las obras reporte que encontró “con base en los defectos encontrados de paredes de mampostería, se concluye que el avance de la obra no cumple con las buenas prácticas y requisitos de normativa nacional. Lo anterior puede generar problemas de desempeño de la estructura durante un sismo y problemas de servicio como grietas que afecten los acabados”.

Según indica el documento de 16 páginas “adicionalmente, se desconoce si lo construido hasta el momento está cimentado sobre fundaciones adecuadas, ya que no existe estudio de suelos que sustente el diseño de cimentaciones que aparece en el contrato OC 1091656, y porque no se observa la sustitución o al menos remoción de la capa vegetal existente del terreno sobre el cual se están construyendo las dos viviendas”

Consultado acerca de este tema el abogado de Statum Constructora, Edgar Mora, señaló: “Quiero que se tome en consideración porque es que ella (Spowart), si es que lleva la razón, no ha presentado la denuncia sea civil o penal, porque está en toda la libertad de hacerlo, eso es lo que llama la atención”.

Además, el representante legal indicó que han tratado de reintegrar -al menos en parte- el dinero entregado por la estadounidense, pero esa devolución depende de la suma requerida porque “porque en este momento no hay digamos medios económicos”.

Guanacaste Aeropuerto, miembro de la red VINCI Airports, y JetBlue anunciaron el aumento de frecuencias de vuelos desde el Aeropuerto Internacional Logan (BOS) de Boston, Estados Unidos.

A partir del 28 de octubre de 2024, y hasta abril del 2025, JetBlue operará tres vuelos por semana entre Boston (BOS) y Guanacaste (LIR) en anticipación a la demanda por la temporada alta.

“Estamos emocionados de aumentar la frecuencia de vuelos entre Guanacaste y Boston, reflejando así el compromiso de JetBlue con el destino y por satisfacer las demandas de nuestros clientes”, dijo David Jehn, vicepresidente de planificación de redes y asociaciones de aerolíneas de JetBlue. “Esta expansión en el destino, nos permite también reforzar la posición de la aerolínea como líder en viajes de ocio en el noreste de Estados Unidos”.

En 2018, JetBlue introdujo su servicio Mint en Guanacaste, en la ruta Nueva York JFK – LIR, convirtiéndolo en la primera ciudad Mint de JetBlue en Centro América. JetBlue ofrece vuelos directos desde Guanacaste Aeropuerto hacia Nueva York -JFK y a Boston. En ambas de estas rutas, JetBlue ofrece su galardonada experiencia Mint- la versión premium de la aerolínea.

“El aumento de frecuencias por parte de JetBlue es una noticia muy positiva para Guanacaste Aeropuerto. La sinergia de trabajo entre nuestro equipo de desarrollo de rutas, con el apoyo de ICT, ha sido clave para potenciar el posicionamiento que tiene el destino en los turistas norteamericanos. Ellos llegan en busca de una experiencia única que Guanacaste puede ofrecer y por lo cual nos hemos consolidado como un destino apetecido a nivel mundial”, mencionó César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto.

Guanacaste Aeropuerto registró la llegada de 1 169 192 pasajeros en el primer semestre del 2024.

La próxima edición de la carrera de atletismo Come Run 2024, que se llevará a cabo el próximo 22 de setiembre a partir de las 6 am en el DoiT Center de Carrillo, recolectará fondos que permitan organizar una fiesta navideña para los niños de ese cantón guanacasteco.

El evento deportivo, en las distancias de 5 y 10 kilómetros, está a cargo de la Asociación de Desarrollo. El costo de la inscripción es de ¢10 mil; además, quienes deseen participar pueden obtener más información llamando al teléfono 62079562,

Un grupo de casi mil vecinos del cantón de Hojancha firmó una nota de protesta enviada al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) manifestando su molestia por el pésimo estado de una vía que comunica el centro de esa localidad con Puerto Carrillo especialmente en un tramo de 11 kilómetros que actualmente se encuentra en pésimas condiciones.

En ese trayecto entre Hojancha y la comunidad de Lajas la ruta nacional 158 muestra severos signos de deterioro con una gran cantidad de huecos a pesar de que se trata de una calle sumamente transitada por turistas nacionales y extranjeros que viajan hacia Carrillo.

Durante el 30 de agosto, en el barrio Chorotega de Hojancha, unos 80 residentes en ese sector llevaron a cabo una protesta pacífica para ejercer presión con el fin de que el MOPT repara cuanto antes la vía de comunicación.

Además, del jerarca del citado ministerio, Mauricio Batalla, la nota escrita se mandó al Presidente de la República, Rodrigo Chaves y a los Diputados de la Comisión de Guanacaste de la Asamblea Legislativa, Daniel Vargas, Melina Ajoy, Alejandra Larios y Luis Fernando Mendoza.

La misiva señala que desde hace tres años no se han realizado labores de mantenimiento en el mencionado tramo que se encuentra prácticamente intransitable.

En una nota oficial la autobusera Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG) se deslindó de cualquier responsabilidad en relación con los daños ocasionados a una silla eléctrica que pertenecía a la pasajera, Norma Porras, quien el pasado 10 de agosto viajó entre Hojancha y San José.

La vecina de Coronado (San José) utilizó los servicios de la empresa TIG en la carrera de las 7:30 a.m. de ese día cuando salió del cantón guanacasteco hacia la capital portando una silla eléctrica que ella utiliza debido a una discapacidad dispositivo que fue depositado en el maletero de la parte de abajo del autobús.

Según la versión de Porras -orientadora jubilada del Ministerio Educación Pública- el artefacto habría llegado a San José sumamente dañado con desperfectos como cables rotos y parte de la estructura sueltas daños que imposibilitan por completo el uso del medio de transporte valorado en ¢2 millones.

En relación con este tema una comunicación oficial de TIG indica que se constató que al bajar del autobús el “personal no recibió reclamo alguno y la pasajera partió por su cuenta”.

“Dos días después, el 12 de agosto, nuestro sistema de Servicio al Cliente recibió una comunicación en la que esta persona señaló que viajó en uno de nuestros servicios y que detectó daños en su silla”, indica la comunicación de la empresa.

Además la compañía señaló que “habían pasado dos días desde la fecha del viaje, por lo cual, lamentablemente, la empresa desconoce qué sucedió con el artefacto durante el tiempo posterior a que la usuaria se bajó del bus pues, insistimos, no hubo reclamo al bajarse, tanto así que se retiró con normalidad del sitio en donde desabordó”.

La pasajera utiliza la silla eléctrica como medio de transporte porque en el año 2008 fue operada de una cervical en el Hospital Calderón Guardia intervención quirúrgica que limitó su movilidad.

La vecina de San Antonio de Coronado, Norma Porras, quien utilizó los servicios de la empresa Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG) el 8 de agosto pasado en la carrera de las 7:30 a.m. entre Hojancha y San José, se quejó porque una silla eléctrica que ella utiliza debido a una discapacidad habría llegado a la capital destruida.

De acuerdo con la versión de Porras ella abordó el autobús en el cantón guanacasteco. Añadió que debido a una “tetraplejia incompleta” por una cirugía en la cervical practicada en el año 2008 en el Hospital Calderón Guardia, para movilizarse emplea una silla eléctrica enviada a Costa Rica por una hermana residente en los Estados Unidos y que está valorada en unos ¢2 millones.

“La empresa puso la silla en la parte de abajo del bus donde van las maletas, cuál sería mi sorpresa que al recogerla en San José estaba con una serie de daños, como cables sueltos y golpes severos que la dejaron inservible, ya no la puedo usar”, relató la cliente de TIG.

Según la pasajera; no obstante, las múltiples llamadas teléfonos a la empresa autobusera, la compañía no “ha ofrecido una respuesta satisfactoria”.

“Me dice que revisaron las cámaras y que la silla llegó bien, pero eso es incorrecto;  por eso, tomé fotos el mismo día en San José. He llamado y les digo que voy a meter abogado, pero me responden que haga lo que quiera. Andaba en Hojancha visitando a una amiga y cuando me dieron la silla había cables del manubrio desconectados y rotos, partes de la estructura zafadas y otros daños que dejaron la silla inservible. Lo peor de todo es que esa silla es muy especial, no hay quien la arregle en Costa Rica”, criticó la cliente de TIG,

Porras es orientadora de profesión. En la actualidad se encuentra jubilada luego de trabajar en el Liceo de Alajuelita, San José.

Guana Noticias busco la versión de TIG, pero la empresa solicitó datos como: cuándo fue que Porras interpuso una queja formal, la posible respuesta y la persona que recibió la denuncia para darle seguimiento al caso.

Una vez conocidos esos datos la compañía quedó en enviar una versión oficial al respecto.

Las Cámaras de Turismo y Comercio de Playa Sámara (CTPS) y Nicoya, junto con el Hogar San Blas de Nicoya, diseñaron una iniciativa para lograr que los turistas -nacionales y extranjeros- que visiten el cantón realicen donativos que ayuden a financiar los gastos operativos de ese centro de larga estancia para adultos mayores.

De acuerdo con Massimo Gambari, Presidente de la CTPS, en primera instancia se llevará a cabo una prueba piloto a partir del mes de setiembre para medir el impacto del proyecto porque luego “realizar los ajustes necesarios con el fin de tener un esquema más definido”.

El dirigente de la CTPS destacó que en muchas naciones de Europa existen impuestos municipales de estancia que ayudan a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales.

“Así existe en naciones como España e Italia, en nuestro caso la diferencia es que se trata de un donativo voluntario, no de un impuesto. Cada vez que un huesped llegue a uno de los hoteles involucrados en este plan recibirá un folleto donde se explicará los detalles del trabajo que lleva a cabo el Hogar y, además, el concepto de zona azul donde se sabe bien que viven muchas personas longevas”, señaló Gambari.

La cuota voluntaria entregada por los visitantes será una parte del monto facturado por los servicios de alojamiento, dinero que tendría trazabilidad para asegurarse que en efecto llegue a las arcas del Hogar de Ancianos San Blas.

“Nosotros esperamos que una vez en pleno funcionamiento este proyecto aporte fondos importantes para sufragar buena parte de las prestaciones que tienen los adultos mayores alojado en esa institución de Nicoya. Consideramos que esta idea será de gran beneficio para este sector de la población considerando que estamos en una de las zons azules del mundo”, declaró el Presidente de la CTPS.

Punto de apoyo

El Hogar de Ancianos San Blas de Nicoya -ubicado en el barrio Santa Lucía- se creó en el año 1991. En la actualidad alberga adultos mayores, entre los 69 y 102 años de edad, quienes reciben servicios como residencia, alimentación, vestuario, salud, nutrición, terapia física, enfermería, trabajo social, recreación, apoyo espiritual y psicología.

José Antonio Aiza, Presidente del Hogar, destacó que los aportes del sector turismo serán fundamentales para apoyar el trabajo del personal de esa institución de bien social.

“Estamos seguros de que será una iniciativa de muy buen impacto que contribuirá a incrementar la calidad de vida personas que durante muchos años le dieron muchos aportes a Costa Rica”, precisó Aiza.

Marco Carmona, representante de la Cámara de Comercio de Nicoya, indicó que la alianza entre las organizaciones y el Hogar mejorará “significativamente el nivel de vida de muchos adultos mayores que forman parte de la Zona Azul”.

“Este es tema fundamental para el cantón; por eso, vemos con muy buenos ojos este paso en la dirección correcta”, destacó Carmona.

Nicoya se encuentra dentro de una de las cinco Zonas Azules del Mundo lugares donde la población destaca por su longevidad según datos del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Un comunicado de prensa emitido por la Diócesis de Tilarán-Liberia indicó que, en relación con una denuncia planteada contra el sacerdote católico, Elmer García Orozco, miembro de esa circunscripción territorial, y las medidas cautelares dictadas el pasado 24 de agosto, en los estrados judiciales del circuito judicial de Nicoya, Guanacaste, manifiesta “su confianza en la administración de justicia del sistema costarricense y estará anuente a brindar apoyo en lo que requieran las autoridades respectivas”.

“Por parte de la Diócesis se están tomando las acciones canónicas correspondientes, acorde con la situación, adoptando las medidas de protección necesarias fijadas en favor de la denunciante, para que las autoridades puedan llevar adelante la investigación y para que el sacerdote García Orozco pueda dedicar el tiempo necesario para ejercer su defensa”, señala el boletín.

Finalmente, la comunicación oficial de la Diócesis señala que, por respeto al debido proceso, así como a las partes involucradas, este “será el único comunicado que se emitirá a la prensa, por el momento”.

El Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), mediante un correo electrónico oficial de la Oficina de Prensa, destacó que cualquier persona que lo estime conveniente puede interponer un proceso administrativo “por incumplimiento contractual, si estima que los términos del contrato han sido violados y sus derechos han sido vulnerados”.

La nota oficial del MEIC, enviada por la Comisión Nacional del Consumidor (CNC) a través de la Oficina de Prensa, surgió luego de que Guana Noticias consultará ante esa dependencia el caso de la psicóloga estadounidense, Sara Anne Spowart, residente en Playa Tamarindo, quien entregó ¢64,3 millones para construir una residencia en el sector de Villarreal; no obstante, pasados casi 20 meses desde el inicio de la obra por parte de la empresa Constructora Statum la estructura tiene un avance mínimo; además, se encuentra en completo abandono.

Esa suma se dinero, según consta en documentos bancarios, fue entregada al contratista de compañía, Adrián Umaña, en distintos montos en los días 17 de enero, 19 de enero (en dos ocasiones), 22 de febrero, 27 de febrero, 10 de marzo, 24 de marzo, 10 de abril, 24 de abril y 30 de mayo del año pasado.

De acuerdo con el MEIC “es importante determinar si estamos ante una relación mercantil, es decir, ante una empresa que de forma habitual se encarga de construir viviendas, pues si no podríamos estar ante un incumplimiento civil, el cual no puede ser resuelto por la CNC”.

Además, la respuesta, del Ministerio indican -sin referirse al caso concreto en Villarreal de Santa Cruz- que “es importante que el consumidor aporte toda la prueba y de ser necesario las pericias técnicas del caso”.

No hay plata

Durante una entrevista con Edgar Mora -abogado de la Constructora Statum– el profesional en Derecho indicó que no han recibido notificación alguna en relación con un posible proceso entablado por Spowart en sede judicial.

Además, el representante legal afirmó que han buscado una solución consensuada para reintegrar los dineros -al menos en parte- pero que en el momento actual “no hay digamos medios económicos en razón de un montón de circunstancias que no vienen al caso, ni tampoco del conocimiento de terceros”.

Igualmente, en un par de documentos enviados por la firma en formato PDF la empresa alega que Spowart habría solicitado ampliaciones a las obras originalmente pactadas y; además, profirió presuntos insultos contra los representantes de la compañía.

El reconocido comunicador Jairo Ponce fue trasladado a un centro médico tras sufrir una caída cuando intentaba subirse a una acera en mal estado frente a la Biblioteca Pública en Liberia. Ponce, quien expresó su agradecimiento en redes sociales, detalló que la falta de iluminación en el lugar contribuyó a que no pudiera observar el estado de la acera y resultara herido.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, Ponce informó a sus seguidores sobre el incidente y su situación actual: “A quienes han estado pendientes de mi salud, gracias. Debido a una caída, debí ir al hospital, donde me han tratado bien. El doctor me indicó reposo, que esté quieto unos días para una pronta recuperación, y mientras tanto seguro como aire. Ni modo, para adelante. Saludos.”

Además, el comunicador agregó: “BUEN DÍA AMIGOS. Gracias por sus oraciones y a quienes están pendientes de mi salud. Gracias a Dios, estoy experimentando un poco de mejoría.”

Ponce relató los detalles del accidente: “Iba caminando en una acera frente a la Biblioteca Pública en Liberia; como era de noche y no había iluminación, pegué en el filo de la acera. La acera está toda desbaratada y me caí y me golpeé; pero estoy bien.”

El incidente pone de relieve la necesidad urgente de mejorar las condiciones de las aceras y la iluminación en áreas públicas para prevenir accidentes similares en el futuro. Los seguidores de Ponce continúan enviándole mensajes de apoyo y deseándole una pronta recuperación.

El Tribunal Administrativo de Transporte (TAT) anuló la cesión del permiso para la ruta San José – Bolsón de Santa Cruz, Guanacaste, a la firma Autotransportes Colorado S.A. según informó un comunicado de prensa de la empresa Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG).

Según ese boletín la decisión de los jueces surgió al resolver un recurso de apelación interpuesto por TIG empresa invitada por el Consejo de Transporte Público a un concurso para designar un nuevo operador de ese recorrido, conocido como Ruta 1501.

Los directivos del CTP otorgaron la ruta a Autotransportes Colorado con base en una recomendación del Área Técnica de dicho órgano, cuyo contenido TIG consideró anómalo y por eso recurrió al TAT.

“La empresa celebra la resolución. No solo nos da la razón, sino que hace que impere la justicia. Quedan muy claras las inconsistencias legales y la arbitrariedad de una decisión provocada por un informe de la Dirección técnica, que a todas luces fue sesgado”, manifestó Faridi Alfaro, representante de la firma TIG.

TIG fue invitada por cuanto opera las rutas de Santa Cruz y Nicoya por lo cual comparte gran parte del trayecto con la ruta a Bolsón. En el trámite la empresa cumplió con todos los requisitos exigidos en la invitación, los cuales luego fueron alterados.

Esa acción, luego avalada por tres de seis directivos, fue parte de los reclamos de TIG y en el fallo es considerada por los jueces del TAT como una vulneración del principio de legalidad que debe de imperar en los procesos administrativos de esta índole.

“Fuera de toda lógica y en etapas donde las reformas no son procedentes, la Dirección Técnica (del CTP) modificó los términos del procedimiento para la determinación del permisionario, en franco perjuicio para las restantes proponentes”, señalan los jueces en la resolución TAT-4156-2024, emitida este 1º de agosto. Con ese cambio, el Área Técnica del CTP no solo violentó la legalidad, como lo señalan los jueces, sino que favoreció una oferta que, a criterio del Tribunal, debió de ser rechazada ad-portas, por incumplir los requisitos estipulados en la invitación a las empresas. “(…) pero resulta que, sorprendentemente no solo no es descalificada, sino que, además, fue la que resultó ganadora de la operaci6n del servicio”, cita la resolución de los jueces.

El cuestionado informe técnico dejó fuera la oferta de TIG con base en un criterio jurídico emitido por ellos mismos, lo cual ahora el Tribunal censura. “La Direcci6n Técnica, en una clara extralimitaci6n de competencias, incluyó, dentro de su Informe Técnico, un criterio jurídico relacionado con la aplicación de la prohibición  establecida, que no fue elaborado ni avalado por la Direcci6n de Asuntos Jurídicos de dicho Consejo”.

Por esa razón, los jueces le quitan la validez al criterio y además cuestionan el por qué solo le aplicaron el criterio a TIG y no a todas las firmas participantes, lo cual “refleja un quebranto al principio de igualdad”.

El Tribunal también repudió al CTP el haber solicitado el criterio de las comunidades, haberlo recibido y luego ignorarlo. “Las audiencias con las comunidades no deben concebirse desde ningún punto de vista como un requisito de poca relevancia; menos asumir que es una mera formalidad”, sentenciaron los jueces. Por esa razón, para TIG “este no es solo un triunfo de la justicia, invocada por nuestra empresa, sino que también de diversas organizaciones locales que levantaron la voz para defender los derechos y las necesidades de sus vecinos, usuarios que, por años, han tenido que soportar que se les brinde un mal servicio”, expresó Faridi Alfaro

La psicóloga de nacionalidad estadounidense, Sara Anne Spowart, quien reside en Playa Tamarindo, entregó ¢64,3 millones (al tipo de cambio actual) para construir una casa en el sector de Villarreal; sin embargo, pasados 19 meses esa obra permanece con avances prácticamente mínimo estancamiento que generó la molestia de la vecina del cantón de Santa Cruz.

El 12 de enero del 2023, Sporwart suscribió el contrato #612 para el desarrollo del inmueble con el contratista, Adrián Umaña Zúñiga, en representación de la empresa “Constructora Statum”, con el fin levantar la obra residencial en el  sector de Villareal.

Los documentos entregados a Guana Noticias (copias de transferencias bancarias, contratos y demás) por la norteamericana indican que en total ella depositó en las cuentas de Umaña Zúñiga $USD 125 mil 508 en diferentes tractos los días 17 de enero, 19 de enero (en dos ocasiones), 22 de febrero, 27 de febrero, 10 de marzo, 24 de marzo, 10 de abril, 24 de abril y 30 de mayo del año pasado.

“Aproximadamente para el mes de mayo del 2023, se dejó de depositar dinero al señor Adrián Umaña, siendo que desde el arranque en enero 2023 y hasta la fecha el avance constructivo de la obra no correspondía a los pagos que se le habían depositado, es decir, más del 60 por ciento del monto total de la obra ya le había sido pagado y la construcción claramente no llegaba siquiera a un 20% de avance constructivo”, afirmó Sporwart.

Una inspección solicitada por Spowart a la consultora Grupo Molina Mora determinó que “lo hasta ahora construido es posible realizarlo con una cuadrilla de ocho personas en seis semanas. El presupuesto total incluyendo mano de obra y los materiales de lo hasta ahora ejecutado no debería sobrepasar los $USD 35 mil”, señala el documento del 11 de agosto del año anterior.

Este medio de comunicación envió un correo electrónico para conocer si Statum Constructora se encontraba registrada ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). El 14 de agosto la Oficina de Prensa del CFIA respondió de manera oficial que carece de un registro con información acerca de la  mencionada empresa.

Otra versión

Consultado acerca de este tema el abogado de Statum Constructora, Edgar Mora, señaló que “hemos buscado, inclusive la última vez en abril, reintegrar el dinero, no como ella (Spowart) pretende porque en este momento no hay digamos medios económicos en razón de un montón de circunstancias que no vienen al caso, ni tampoco del conocimiento de terceros”.

“Quiero que se tome en consideración porque es que ella, si es que lleva la razón, no ha presentado la denuncia sea civil o penal, porque está en toda la libertad de hacerlo, eso es lo que llama la atención”, declaró Mora.

Igualmente, una reseña de los trabajos enviada por Statum a este medio de comunicación aclara que “en el proceso de avance de obra se nos solicita ampliación de áreas de casa en el proceso de avance de obra” porque la estadounidense y su pareja solicitaban trabajos extras a los originalmente pactados.

“Se procede con las ampliaciones de áreas en campo y por escrito los costos extra tal como lo indica el contrato firmado por las partes, por empatía con los clientes se les hace buen precio inclusive con opción de dar como regalías los decks o terrazas del proyecto. Desde esa notificación la relación se daña, el contratante se niega a aceptar dichos costos estando ya la obra trazada y avanzada con las ampliaciones. La construcción con un avance muy lento a espera de visto bueno de las extras el contratista sufre inconvenientes en el proceso, robos en la obra, daños e inconvenientes con proveedores”, precisa el documento facilitado por la empresa.

Además, en otro texto confeccionado por la misma compañía se añade que debido a la falta de aceptación de costos extras, ni tampoco del visto bueno de ofertas formales para la devolución del dinero, nunca se pudo llegar a un acuerdo y que; además, los representantes de la firma fueron víctimas de supuestos “insultos, amenazas, difamación, etc” que les causaron “inconvenientes de salud mental”.

“Insistimos en acercamientos para negociaciones comprometiéndonos a reintegrar los dineros justos al alcance según proyecciones, inclusive la más reciente con montos muy atractivos para la contratante como gesto de buena fe de terminar el caso con empatía”, reseña la comunicación elaborada por Statum.

Las obras contratadas por Spowart a Statum Constructora incluían inicialmente una casa de 82 metros cuadrados y una tapia perimetral. Posteriormente, se pidió agregar dos apartamentos y una bodega para almacenar tablas de surf.