La donación de una cámara endoscópica por parte de la Universidad para la Paz (UPAZ) a la Liga Comunal del Agua de Guanacaste benefició a 20 Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS) en la provincia pampera en los cantones de Santa Cruz, Hojancha y Nandayure comunidades donde ese dispositivo se usó para realizar estudios técnicos que permiten verificar la condición actual de los pozos de agua.

El equipo fue entregado por la UPAZ a la Liga Comunal del Agua integrada por 176 ASADAS que administran el recurso hídrico en La Cruz, Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Hojancha y Nandayure.

Según explicó Emel Rodríguez, Presidente de la Liga Comunal del Agua, la cámara endoscópica recolecta información precisa del interior de los pozos de agua para “luego tomar las medidas que sean necesarias con el fin de realizar labores de mantenimiento o de limpieza si fuera necesario permitiendo ofrecer una mejor calidad del servicio y del agua o verificar el nivel del recurso hídrico que se tiene en ese momento”.

La cámara endoscópica, valorada en unos ¢7,5 millones, ofrece imágenes extremadamente nítidas en alta definición que se procesan en tiempo real para la toma de decisiones de manera casi inmediata.

El dirigente de la Liga Comunal del Agua indicó que el equipo entregado por la UPAZ sirve para ofrecerle a las ASADAS de Guanacaste la posibilidad de llevar a cabo análisis científicos para conocer la situación de los pozos a “un costo accesible” con grandes beneficios para los usuarios finales.

La donación se concretó en el marco del Proyecto Construye Gobernabilidad local para la Región Chorotega: empoderamiento en el uso sostenible de los recursos hídricos que la UPAZ lleva a cabo en los cantones de Santa Cruz, Hojancha y Nandayure con el apoyo financiero de la Embajada de los Estados Unidos.

Alexander López, Coordinador de la iniciativa por parte de la UPAZ, destacó que se trata de tecnología de última generación de lo más “avanzada en Latinoamérica”.

“Incluso muchas instituciones públicas de la región dedicadas a estos temas carecen de una herramienta así de valiosa que pone a Guanacaste a la vanguardia en este tipo de estudios de campo”, precisó López.

Metas ambiciosas

El Proyecto Construye tiene como una de sus principales objetivos fomentar la apropiación y el empoderamiento de actores locales a través del conocimiento relacionado con el fenómeno del cambio climático; así como identificar las áreas prioritarias para el diseño de una estrategia de adaptación que incorpore, entre otros temas, el manejo del recurso hídrico, la gestión del riesgo de desastres y del territorio con un enfoque dirigido a mejorar el aprovechamiento de los recursos locales y la competitividad.

Durante el presente año ese plan ejecutó la segunda fase denominada “Gobernabilidad local para la Región Chorotega: empoderamiento en el uso sostenible de los recursos hídricos”.

En esa etapa la meta principal consistía en establecer y apoyar mecanismos de gobernanza entre los actores locales para fomentar la adopción de políticas públicas de adaptación al cambio climático e inversiones en el sector del agua en tres municipios de la Región Chorotega (Santa Cruz, Hojancha y Nandayure), promoviendo instrumentos específicos enfocados en sus capacidades, necesidades y desafíos. 

La organización Desarrollo Humano Estratégico (DHE) presentó una rendición de cuentas en relación con la entrega de suministros a los damnificados por las inundaciones recién pasadas en la provincia de Guanacaste.

De acuerdo con José Aguilar, Presidente de DHE, “estamos muy agradecidos con la generosidad de tantas personas y empresas que apoyaron solidariamente con dinero, logística e insumos, para las familias afectadas de Guanacaste, deseamos hacer la última rendición de cuentas y transparencia de la campaña que gracias a Dios fue tan exitosa”.

El representante de DHE indicó que en esta oportunidad se entregaron 132 diarios en La Cruz (La Virgen y Pueblo Nuevo) y 42 diarios en Carrillo (Paso Tempisque).

“Contamos con el generoso apoyo de Fundación Lloverá que aportó 21 de los diarios para Carrillo y; además, puso el camión y el equipo del transporte. En total, gracias a Dios logramos más que cuadruplicar las metas iniciales”, añadió Aguilar.

El detalle de las gestiones de DHE (fondos recibidos e invertidos, estado de cuenta bancario, desglose de productos en especie recibidos y entregados, detalle de comunidades beneficiadas, cantidades entregadas, fotografías y testimonios de las entregas) en favor de los afectados se puede observar en el siguiente link: (20+) RENDICIÓN DE CUENTAS y TRANSPARENCIA III… – Jose Aguilar Berrocal | Facebook

En la provincia de Guanacaste el cantón de Nandayure fue el que obtuvo la calificación más baja en el Indice de Competitividad Nacional (ICN) 2024 herramienta de análisis socioeconómico elaborada por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC).

De acuerdo con esa medición -que abarcó a 82 cantones del país- Nandayure ocupa la casilla 79 casi de último únicamente por encima de Guatuso, Los Chiles y Talamanca.

El panorama en Nandayure es aún peor porque además de encontrarse en las últimas posiciones mostró un significativo descenso en relación con el ICN del 2023 cuando estaba situado en el lugar 62; es decir, en el presente año bajó 17 lugares. En el ICN 2024 los cantones que marchan en las primeras tres posiciones son: Belén, Heredia y Montes de Oca.

La elaboración del ICN incluye seis pilares, a saber, instituciones, infraestructura, adopción de tecnologías de la información y la comunicación, salud, habilidades y competencias y dinamismo de mercados.

Cada uno de esos rubros se calificada con una puntuación 0 a 100. A su vez esos rubros se dividen en 29 dimensiones y 132 indicadores para cada cantón del país que; posteriormente, obtienen una calificación de 0 a 100.

Para el caso de Guanacaste los restantes cantones se ubicaron en los siguientes lugares del ICN 2024: Liberia (34), Santa Cruz (42), Hojancha (49), Tilarán (50), Nicoya (51), Cañas (53), Carrillo (54), Bagaces (58), Abangares (59) y La Cruz (73).

El ICN 2024 contó con el importante apoyo de las empresas Coca Cola Costa Rica, Walmart México y Centroamérica, Liberty, Deloitte, Cementos Progreso y la Universidad Latina, todos miembros del CPC.

Además, el CPC trabaja en colaboración multisectorial para que Costa Rica se acerque cada vez más a la competitividad de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y sea uno de los menos desiguales de América Latina.

La Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo (CCTT) y la Cámara de Turismo de Playa Sámara (CTPS) acordaron respaldar el proyecto de Ley 23 702 denominado de “Alivio de Costos para los Establecimientos Comerciales” que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa.

Este plan permitirá la libre ejecución de fonogramas y la recepción de transmisiones de radio o televisión en los establecimientos comerciales y actividades que utilicen estos elementos como ambientación del negocio y cuyo modelo de trabajo no se base en la generación de ganancias a partir de la utilización de obras musicales.

Para Hernán Imhoff, Presidente de la CCTT, una gran cantidad de establecimientos del sector turismo usan los fonogramas únicamente como un medio de ambientación; por eso, es imperativo que este proyecto de ley sea aprobado para acabar con el privilegio desmedido que ha beneficiado a un pequeño grupo a costa de la mayoría cobrando impuestos que representan una carga excesiva para miles de pequeños negocios en todo el país.

El plan impulsado por legisladores del Partido Liberal Progresista (PLP) y del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) pretende que los comercios que empleen la música como recurso de fondo no tengan que pagar derechos de autor a la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM).

Según la iniciativa se pretende reformar la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (6683) de 1982, para señalar que “es libre la ejecución de fonogramas (grabación oficial de una canción) y la recepción de transmisiones de radio o televisión en los establecimientos comerciales y actividades que utilicen estos elementos como ambientación del negocio y cuyo modelo de negocio no se base en la generación de ganancias a partir de la utilización de obras musicales”.

Los proponentes indican que los cobros actuales oscilan entre ¢35 000 y ¢300 000; además, el 95 por ciento de lo que recaudado se envía fuera del país. Las cifras oficiales de ACAM en el 2021 indican que durante ese año la organización recibió la suma de un poco más de ¢1 343 millones; pero de ese monto, los artistas nacionales apenas recibieron un 5,3 por ciento (¢ 72 millones), mientras que el resto se envió a los artistas fuera del país y para sufragar gastos operativos de la misma Asociación, entre otros rubros.

Cuestionan beneficios

El Presidente de la CCTT señaló que esa organización “conoce a muchos artistas nacionales que no reciben ni un céntimo de este dinero, ni mucho menos apoyo financiero, especialmente en tiempos de crisis”.

“Para nosotros es inaceptable que el esfuerzo de los costarricenses sirva para mantener la música de artistas extranjeros en lugar de promover y difundir la música de nuestro país, particularmente en el sector turístico. Este cobro, que consideramos arbitrario e injusto, no representa ningún beneficio tangible para la gran mayoría de los artistas nacionales”, señaló Imhoff.

El dirigente de la CCTT añadió que es inconcebible que, si una persona tiene una zapatería en la que utiliza Spotify para mejorar el ambiente, el municipio del cantón respectivo pueda indicar que sin el permiso de ACAM no renovará la patente.

“Nos parece que esta carga impositiva es injusta para los emprendedores, quienes ya enfrentan demasiados costos fijos fijas para que ahora tengan que lidiar con más  imposiciones en lugar de ir quitando obstáculos”, añadió Imhoff.

Massimo Gambari, Presidente de la CTPS, destacó que más allá del sector turismo el proyecto de Ley beneficiará a miles de MiPymes como “ferreterías pequeñas, soditas, peluquerías, pulperías, barberías, cafeterías, restaurantes, plazas, consultorios médicos, tiendas de ropa y otros tipos de pequeños locales comerciales”.

“Esta iniciativa busca reducir los costosos requisitos de operación para los negocios comerciales en Costa Rica, específicamente aquellos costos que no son del giro ordinario para la generación del negocio en particular.  Lo que cuestiona el proyecto de ley es el encarecimiento innecesario a los emprendimientos micro y pequeños que únicamente utilizan “música de fondo” o como elemento de ambientación, y no como parte de un modelo de negocio que lucra  a partir de la utilización de obras musicales protegidas por los derechos de autor; consideramos oportuno reducir estos costos de operación para facilitar el emprendimiento, la reactivación económica y la generación de empleos”, señaló el Presidente de la CTPS.

De acuerdo con el dirigente de Playa Sámara es “es un abuso de poder que una entidad privada se arrogue el derecho de cerrar locales si no se paga una tarifa auto definida”.

“No es derecho de ningún acreedor de un negocio cerrar dicho establecimiento por deudas a un ente privado, a menos que se cuente con una orden por cobro judicial. Es inapropiado usar recursos municipales para cobrar presuntas deudas a una organización privada”, manifestó Gambari.

El proyecto de ley fue presentado por los diputados Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista y Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristina.

La empresa Palo Verde Boat Tours fue galardonada como la PYME del año en la Región Chorotega reconocimiento que entregó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). En la categoría de emprendimiento una de las iniciativas ganadoras fue Sandra’s Craft que se desempeña en el sector de las artesanías en Guanacaste.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) otorgó el Galardón Pyme y Emprendimiento 2024 en las instalaciones del Colegio de Contadores Privados, destacando la creatividad, innovación y resiliencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y emprendimientos costarricenses, registrados en el MEIC.

Este año, como parte de la Semana Global de Emprendimiento, el galardón se renovó para premiar a una empresa y un emprendimiento por provincia, con un total de 14 reconocimientos.

 Con un total de 160 mipymes y 45 emprendimientos postulados, el evento incluyó finalistas de sectores como tecnología, textiles, construcción, alimentos, cosmética natural, servicios y artesanías.

 Tras un proceso de selección, 19 mipymes y 16 emprendimientos llegaron a la etapa final. Los participantes representaron a todas las provincias, y provienen de lugares como Sarapiquí, Limón, Turrialba, Liberia, Carrillo, Cóbano y Esparza.

La reputación de Costa Rica como un destino idóneo para vacacionar quedó empañada debido al cierre del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber clausurado de manera momentánea por la falta de mantenimiento de la pista de aterrizaje que se terminó de dañar con los aguaceros de los últimos días, inconveniente que obligó a cancelar la llegada y salida de vuelos con el fin de emprender reparaciones de última hora.

Mauricio Luna, Gerente de LHR, empresa especializada en mercadeo digital de turismo, indicó que un sondeo realizado por esa compañía en redes sociales y sitios especializados como Booking, Expedia y TripAdvisor, así como en el motor de búsqueda Google, permitió conocer las quejas de una gran cantidad de pasajeros que no pudieron llegar al país o se quedaron varados en suelo nacional mientras buscan un Plan B para regresar a sus hogares.

El pasado 18 de noviembre la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) tomó la decisión de cerrar el Aeropuerto cuya pista de aterrizaje -que ya de por si mostraba un franco deterioro desde hace al menos dos años- se terminó de estropear con los temporales recientes.

Luna indicó que el efecto de esa decisión en las redes sociales y en las plataformas de viajes fue casi inmediato generando miles de comentarios -la gran mayoría de ellos muy negativos- en relación con el manejo gubernamental de la terminal aérea.

“El mal efecto reputacional es casi inmediato por efecto que tienen las redes sociales en nuestra era digital, nos hace ver muy mal frente al mundo. Hemos sabido de hoteles en Guanacaste que han tenido pérdidas de $650 mil en cancelaciones. Es gente que ya no viajará y que sencillamente toman el rumbo hacia otros destinos que son competencia directa.

Las cifras oficiale de Coriport -firma que administra la concesión del aeropuerto- indican que entre llegadas y salidas fueron suspendidos 104 vuelos afectando a 11 959 viajes que venían o se iban del país.

“Un monitoreo en las principales plataformas de compras de boletos o reservaciones de hotel permite llevar el pulso en tiempo real de las consecuencias de esta decisión porque vemos muchos comentarios cuestionando al país como un lugar para vacaciones, eso no solamente afecta a Guanacaste, sino también a otras regiones vecinas a donde suelen desplazarse los turistas”, explicó Luna.

La información de la DGAC indica que el Aeropuerto de Liberia se volverá a abrir el jueves 21 de noviembre a partir de las 6 a.m.

El cierre temporal del Aeropuerto de Liberia debido a la falta de mantenimiento de la pista de aterrizaje generará pérdidas millonarias al sector turismo de Guanacaste una de las principales actividades económicas de la provincia justo a las puertas del inicio de la temporada alta a finales de noviembre cuando en los Estados Unidos -mercado más importante para el país- se festeja el Día de Acción Gracias (28 de noviembre).

Durante el 18 de noviembre la Dirección General de Aviación Civil (DGAV) tomó la decisión de clausurar de manera momentánea el Aeropuerto porque, según la versión oficial, la pista sufrió daños debido a los aguaceros de la semana anterior; sin embargo, esa superficie presenta un deterioro desde mucho tiempo atrás sin que el gobierno de la república haya logrado una solución definitiva al respecto a pesar de muchos anuncios que nunca pasaron del papel a la realidad.

Los datos oficiales de la entidad administradora del Aeropuerto estiman que la medida de la DGAV debido a la falta de mantenimiento preventivo -agravado por los recientes aguaceros- ocasionó la cancelación de 50 vuelos entrantes que iban a transportar a 5 857 turistas que dejaron de llegar a Guanacaste.

Según la página oficial del Instituto Costarricense de Turismo cada turista que llega al país gasta un promedio diario de $USD 300 “en comparación con el año anterior (2023), llegando a US $1892,08. Mientras tanto, la estadía promedio fue de 12,9 noches”.

Considerando esas cifras oficiales del mismo ICT es posible estimar que la economía de Guanacaste dejará de perder durante tres días de clausura (del 18 al 20 de noviembre) del Aeropuerto una cifra de $US5,2 millones que equivalen a ¢ 2 600 millones al tipo de actual.

Esa cifra considera únicamente el gasto de cada turista que llega a Guanacaste, pero el monto podría ser aún mayor tomando en consideración el impacto negativo en otros sectores vinculados al turismo como: transportes, operadores de tours, gastronomía y empresas concesionarias con locales en el Aeropuerto.

Además, existen otros costos negativos intangibles como el desprestigio para la “marca-país” y la posible cancelación de reservaciones de hoteles pactadas para los próximos meses debido al malestar de los clientes potenciales, entre otros inconvenientes.

La pasajera de Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG), Norma Porras, presentó una denuncia formal ante el Consejo de Transporte Público (CTP) debido a que; de acuerdo con ella, durante un viaje el pasado 10 de agosto entre Hojancha y San José una silla eléctrica que utilizaba para desplazarse habría llegado destruida a la ciudad capital.

Según Porras, quien sufre de una discapacidad denominada “tetraplejia incompleta” debido a una cirugía en la cervical practicada en el año 2008, en agosto abordó el autobús de TIG que sale de Hojancha a las 7:30 a.m. La silla eléctrica que ella emplea para movilizarse fue almacenada en el maletero de la parte baja del autobús.

La versión de la cliente de TIG señala que al llegar a San José el dispositivo de transporte -valorado en unos ¢2 millones- habría sufrido desperfectos en la estructura que la inutilizaron por completo.

El pasado 8 de noviembre Porras, funcionaria jubilada del Ministerio de Educación Pública, entregó una denuncia por escrito ante el CTP y; además, indicó que llevará el proceso a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y también; de ser necesario, ante instancias judiciales.

La nota enviad al CTP indica que “el hecho de haber lanzado mi silla de ruedas al maletero, que ya de por si contraviene la normativa en materia de las personas con discapacidad; me generó un daño material muy serio, pues durante el viaje de Hojancha a San José, la silla de ruedas eléctrica sufrió un daño en sus funciones electrónicas que la dejó inservible”.

“Al día de hoy la silla de ruedas no me sirve y no puedo movilizarme independientemente en la misma pues al tener el daño eléctrico, no me puedo movilizar como hacía antes por mí misma en dicha silla. Pero no contento con ello el chofer de bus en San José no quizó dejarme en la terminal de la empresa , sino que en un desprecio absoluto a mi condición de persona, me obliga a bajarme en la bomba de gasolina que está contiguo al Parque La Merced, alegando que por su horario de rutas no tenía tiempo para bajarme en la terminal de San José y que entonces mientras cargaba el bus de gasolina, me bajara en la gasolinera , con el riesgo que ello representaba a mi integridad física bajarme en ese lugar”.

Karl Villalobos, representante legal de Porras, indicó que “está realmente consternado” como abogado de la extrabajadora del MEP porque “se trató de una manera deshumanizada a una persona discapacitada”.

“Es incomprensible que una empresa que está empezando a operar en Guanacaste maltrate de esta manera a una comunidad como las personas con discapacidad. No se respetaron los derechos de doña Norma que está protegida por la Ley 7 600, es increíble como una compañía puede darle un trato tan vejatorio a una persona con discapacitadad. Sin no hay una respuesta clara por parte del CTP avanzaremos a otras instancias administrativas o judiciales para llegar a las últimas consecuencias”, afirmó el profesional en Derecho.

Durante el 11 de noviembre Guana Noticias buscó la versión de TIG en relación con este tema. Sin embargo, indicaron que “la empresa no ha sido notificada de ninguna denuncia sobre el caso que Usted consulta. Si eventualmente se diera, en ese momento la empresa hará las valoraciones sobre las respectivas acciones a seguir”.

Más de 450 familias de la comunidad de río Cañas se encuentran sin acceso al agua potable debido a las fuertes inundaciones provocadas por el desbordamiento del río que da nombre a la comunidad.

La situación ha empeorado después de que el río inundara la planta y la bomba que abastecen a la zona, lo que obligó a las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) a apagar el sistema para evitar daños mayores.

El río Cañas, que actúa como límite natural entre los cantones de Santa Cruz y Carrillo, alcanzó niveles críticos, afectando no solo las viviendas cercanas, sino también la infraestructura vital para el abastecimiento de agua en la región.

Ante la amenaza de que el sistema de bombeo se viera comprometido, el AyA tomó la medida preventiva de suspender el servicio hasta que las condiciones lo permitan.

Como solución temporal, el AyA ha dispuesto el envío de cisternas con agua potable para que los vecinos puedan abastecerse mientras se realiza la evaluación de los daños y se restablece el servicio de manera segura.

La situación sigue siendo preocupante para las familias afectadas, quienes no solo enfrentan la pérdida de su suministro de agua, sino también los daños materiales ocasionados por las inundaciones. Los residentes esperan que la comunidad reciba pronta atención y apoyo para superar esta emergencia.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARSEPE) desautorizó la información de su propia Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) en relación con el precio del boleto de buses en la ruta Bolsón de Santa Cruz – San José que pasó de ¢1000 a ¢6 860.

Ese incremento motivó la molestia de los pasajeros que procedieron a enviar denuncias formales a la DGAU. Una de las quejas fue puesta por Maynor Fonseca mediante un correo electrónico enviado el pasado 7 de noviembre a las 12:44 pm.

Posteriormente, el 8 de noviembre, a las 9:12 a.m., la DGAU contestó textualmente que “la tarifa establecida por ARESEP para la ruta 1501 es de ¢1 000, no obstante, al darse el cambio de empresa nos encontramos solicitando la información a la Intendencia de Transportes y a la empresa” Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG).

Para justificar el aumento de 686 por ciento TIG había enviado un oficio a la ARESEP el pasado 28 de octubre. El documento firmado por el gerente de autobusera, Oscar Alfaro, señala que debido a una decisión del Consejo de Transporte Público la ruta Bolsón-San José (1501) se unió con la 1502 (San José-Santa Cruz); y por esa razón, correspondía cobrar el boleto con el precio de esta última (¢6 860) en lugar de la primera (¢1 000).

El 8 de noviembre Guana Noticias envió un correo electrónico a la Oficina de Prensa de la ARESEP para conocer porque razones la información brinda por la DGAU contradecía una primera versión oficial de la entidad reguladora avalando el cobro de ¢6 860.

En la respuesta la ARESEP desautorizó por completo lo dicho por la entidad que recibe las peticiones de los usuarios afirmando textualmente: “Lo que está respondiendo DGAU no es correcto. Ya se les hicieron las indicaciones a esa instancia”, señala la respuesta de Comunicación de la ARESEP el 8 de noviembre a las 11:17 a.m.

El aumento del 686 por ciento de los pasajes de bus entre Bolsón y San José representa un cambio de discurso en la versión inicial ofrecida por TIG en un comunicado de prensa de la semana donde señaló que empezarían a prestar servicio entre esos lugares “con el mismo recorrido, los mismos horarios y la misma tarifa con que funcionó el operador saliente”.

La empresa Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG) solicitó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) una autorización para incrementar el precio de los pasajes de bus en la ruta Bolsón-San José y viceversa de ¢1 000 a ¢6 860; es decir, un incremento de 686 por ciento.

Esa petición consta en una nota enviada por Oscar Alfaro -representante de TIG– a Paolo Varela Intendente a.i de Transporte de la ARESEP. Sin embargo, esa petición quedó rechazada por la Autoridad Reguladora.

La petición de la autobusera contrasta con la información contenida en un comunicado de prensa emitido por TIG hace unos días cuando la compañía afirmó que entraría en “Bolsón con el mismo recorrido, los mismos horarios y la misma tarifa con que funcionó el operador saliente”.

En la nota enviada la ARESEP el Gerente Alfaro indicó que “el Consejo de Transporte Público mediante el artículo 3.3 de la sesión ordinaria número 40-2024 24 de octubre del 2024, autorizó a mi representa la operación del servicio en forma integrada de la ruta San José Bolsón y viceversa, otrora código 1501 que ya fue desactivado, quedando el ramal inserto en la concesión de la ruta 1502 San José Santa Cruz- Tamarindo- Flamingo y viceversa”.

La misiva enviada a la Intendencia de Transporte por Alfaro señala que “de acuerdo a los términos señalados, San José – Bolsón, es ahora un ramal de la ruta 1502 integrada, por lo tanto, bajo esa tesis la tarifa que a nuestro criterio se debe cobrar obligatoriamente, corresponde precisamente, a la definida a esa ruta por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, cuyo monto a hoy es de ¢6 860 siendo una tarifa plana conceptualizada para garantizar justamente la continuidad del servicio y el equilibrio del contrato firmado por la administración (CTP) y refrendado por la ARESEP”.

Durante el pasado 25 de octubre TIG recibió el visto bueno del Consejo de Transporte Público para operar en la ruta entre Bolsón de Santa Cruz y San José.

No obstante, la petición de TIG de aumentar el precio de los boletos el 4 de noviembre Varela denegó la autorización solicitada hasta que “no haya una fijación tarifaria que la modifique” según indicó el funcionario de la ARESEP en el oficio OF-1226-IT-2024.

Los fuertes aguaceros de las últimas horas, entre el 4 y 5 de noviembre, obligaron a cerrar el paso en la ruta Nacional 909 en el sector de Caimito-Portegolpe de Santa Cruz debido a que el nivel del agua amenaza con sobrepasar el puente que está bajando de Caimito hacia Trapiche-Hatillo y Los Ranchos, según confirmó la Asociación de Desarrollo de la comunidad.

“Si las lluvias persisten quedaríamos completamente incomunicados, por lo que le suplicamos a la Municipalidad de Santa Cruz que nos ayuden a intervenir estas rutas alternas ya que son municipales y están en muy malas condiciones”, señala una declaración de la Asociación.

Esa organización local hizo un llamado para que los conductores tomen las rutas alternas que serían: 27 de abril- San Francisco- Los Ranchos o bien por la zona de Portegolpe.