Por Luis Castrillo Marín

Hace muchos años en las aulas de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica existía un curso dedicado exclusivamente a temas relacionados con varias de las perspectivas académicas usadas para explicar el fenómeno del subdesarrollo.

Las distintas explicaciones incluían desde las propuestas de la Comisión Económica para América Latina hasta la Teoría de la Dependencia que culpaba de todos nuestros males a las conspiraciones del pérfido Imperialismo Yanqui.

En otro punto de vista Lawrecense Harrison publicó una obra dedicada a estos mismos temas que tituló “El Subdesarrollo está en la mente. El caso de América Latina”, un trabajo menos “economicista” que analizaba las desventuras económicas de la región, pero con un mayor énfasis en la faceta cultural.

No es fácil determinar la mayor parte de las causalidades que permiten entender porque nuestros países exhiben indicadores socioeconómicos muy lejos de las cifras usuales del Primer Mundo. Es un terreno sociológicamente plagado de estereotipos y mitos más propios de la mitología ideológica donde abundan las consignas de la retórica que nubla el debate desplazando a las argumentaciones con un grado mínimo de racionalidad.

Toda esa introducción viene al dedillo cuando uno repasa muchas de las cifras presupuestarias de las municipalidades costarricenses porque en varias de ellas (no en todas) lo que más abunda es el dinero que casi siempre se queda inmóvil engrosando los superávits, mientras el ciudadano que paga impuestos nota como la calle frente a su casa está destrozado, los sistemas de alcantarillado y de aguas pluvias quedan rebasados con unos pocos aguaceros o los parques y sitios de esparcimiento público sufren un deterioro evidente.

Ejemplos sobran a este respecto, pero unos son más dramáticos que otros como sucede en el caso del cantón central de Puntarenas cuyo gobierno local se gana el Premio Oscar a la ineficiencia en ejecución presupuestaria porque en este 2024 con presupuesto que llega a la astronómica suma de $USD 51,7 millones apenas ha usado el 25,2 por ciento; es decir, el resto (74,8 por ciento) jamás llegó a traducirse en obras concretas.

Costa Rica es un país de compañías pequeñas, la inmensa mayoría de nuestro parque empresarial está formado por PYMES que nunca, ni por asomo, verán en sus balances contables semejante cantidad de dinero que podrían usar en el desarrollo de proyectos como planes de inversión en infraestructura física, contratación de personal o investigación de mercados con perspectivas comerciales para el lanzamiento de nuevos productos.

Tener en las arcas del gobierno local una cifra de semejante magnitud mientras el cantón pide a gritos mejor seguridad, una playa más limpia o reparar la maltrecha red vial cantonal, debería ser motivo suficiente para exigir a la administración porteña más acción y menos palabras porque como vemos dinero es lo que sobra en un cantón con un gobierno local millonario, pero encallado en una gestión administrativa al más puro estilo de vida tercermundista.

Como diría el personaje Varguitas en la película mexicana La Ley de Herodes: “Son pobres porque quieren”.

Por Nicolás Perdomo, vicepresidente de ventas de Backbase para América Latina.

 Los Millennials y la Generación Z han tomado las riendas de la industria financiera en América Latina. Esta población, nativa digital, está acostumbrada a acceder a servicios con un solo clic, como lo hacen en plataformas como Uber, Mercado Libre o Amazon, donde la simplicidad y la inmediatez son la norma. Para ellos, visitar una sucursal financiera es impensable; las experiencias deben ser fluidas, seguras, rápidas y disponibles desde sus smartphones.

Esta transformación ha encontrado un terreno fértil en México, donde la conectividad y el surgimiento de los neobancos están redefiniendo la experiencia financiera. De acuerdo al reporte La banca móvil en México: ¿el futuro o el presente? desarrollado por BBVA, más de 7.3 millones de adultos registró 18.4 millones de cuentas vinculadas a teléfonos móviles, lo que indica que una gran cantidad de la población maneja más de una cuenta bancaria a través de canales digitales. Con 253 contratos de banca móvil por cada 100 adultos, la banca digital ha pasado de ser una alternativa a convertirse en la forma principal de gestionar las finanzas personales.

Los neobancos han sabido capitalizar esta tendencia, ofreciendo servicios más ágiles y personalizados que la mayoría de los bancos tradicionales. Estas plataformas digitales no solo eliminan barreras burocráticas, sino que también ofrecen comodidad y confianza a usuarios que buscan controlar sus finanzas de forma independiente y rápida. Gracias a la hiperconectividad en ciudades como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, los servicios bancarios digitales están cada vez más presentes en el día a día, transformando las expectativas de los consumidores.

Esta realidad también ha impulsado a las instituciones financieras tradicionales a competir de una manera diferente. Un claro ejemplo es la adopción de procesos de onboarding digital, que permiten a los nuevos clientes abrir una cuenta o solicitar un préstamo en tan solo cinco minutos, con verificación de identidad y firma electrónica incluidas. Estas soluciones no solo mejoran la experiencia del usuario, sino que también promueven la inclusión financiera al facilitar soluciones de alto impacto, como el acceso al crédito para sectores antes desatendidos.

En 2023, se reportó un aumento del 45% en las instalaciones de aplicaciones financieras a nivel global, con un crecimiento notable en México, posicionándolo como uno de los líderes de América Latina en el camino hacia esta transformación. La expansión de los neobancos y fintechs refleja cómo la tecnología ha simplificado procesos que antes requerían la intervención de un agente, permitiendo a los usuarios administrar su dinero desde cualquier lugar, sin perder tiempo en trámites presenciales e invertir lo más preciado que tienen, su tiempo.

Esta comodidad se refleja también en el uso creciente de medios de pago digitales en toda la región. En mercados como México, Brasil y Argentina, las transacciones electrónicas han mantenido un crecimiento sostenido, mejorando la eficiencia del sistema financiero y fortaleciendo la confianza en estas plataformas. De acuerdo con Statista, un caso destacado es Mercado Pago, el brazo financiero de Mercado Libre, que ha experimentado una expansión impresionante: en 2015, el número de operaciones de pago alcanzó los 80 millones, mientras que para 2023 esta cifra rondó los 9,500 millones. Estos avances tecnológicos están permitiendo que más personas y negocios se integren activamente a la economía formal, impulsando un crecimiento económico sostenible y fomentando la inversión en sectores estratégicos.

El onboarding digital y los préstamos rápidos no son solo innovaciones tecnológicas; son el pasaporte hacia una experiencia financiera que realmente integre a los bancos con la vida cotidiana de los consumidores. Además, optimizan el ecosistema de pagos al integrar nuevos métodos de manera constante y abren las puertas a nuevas inversiones en la economía.

En definitiva, la transformación de la banca hacia lo digital no es una opción, sino una necesidad clave en México y América Latina. Las instituciones que adopten estas tecnologías no solo estarán alineadas con las demandas del mercado actual, sino que también estarán construyendo las bases para un futuro económico más ágil y competitivo para todos.

Por Hernán Imhoff, Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo.

Tras superar el punto más crítico de la pandemia de Covid-19, cuyos efectos sobre el sector turismo fueron devastadores, esperábamos que el 2024 representara el año de consolidación para la recuperación de esta vital actividad económica.

Sin embargo, se han conjuntado múltiples factores que constituyen una verdadera “tormenta perfecta” para frenar el desarrollo de la industria turística nacional.

El primer impacto comenzó a notarse con la sostenida caída del tipo de cambio del colón frente al dólar, que ahora ronda los ¢500 por unidad de la moneda de los Estados Unidos. Este fenómeno, aún debatido por economistas, genera dos consecuencias preocupantes.

Por un lado, reduce nuestra competitividad como destino turístico al ofrecer menos moneda local por cada dólar, lo que nos desfavorece frente a otros destinos como Colombia o República Dominicana.

En segundo lugar, afecta directamente las finanzas de las empresas del sector que se han visto obligadas a subir tarifas y; en algunos casos, a reducir personal, incrementando los costos para los turistas y limitando el atractivo del país.

En Guanacaste y la Península de Nicoya, otra situación negativa durante este año se produjo con el cierre del Puente La Amistad sobre el río Tempisque durante tres meses, una medida necesaria, pero que perjudicó significativamente el turismo local, pilar fundamental para pequeños negocios como cabinas y restaurantes.

Adicionalmente, las recientes lluvias han agravado el deterioro de nuestra red vial, un problema crónico que afecta rutas clave como Limonal-Barranca, generando retrasos y molestias que desincentivan la visita de turistas.

El cierre temporal (aunque necesario por razones de seguridad) del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber de Liberia por el mal estado de su pista refleja una falta de planificación que pudo haberse evitado, ya que desde hace años el sector turismo se ha manifestado acerca de la urgencia de intervenir la pista.

Este incidente afecta la imagen del país como destino turístico confiable debido que  se esperaba el arribo de 2 373 turistas el día viernes y 3 070 el día sábado, además que  paraliza operaciones en un momento crítico cercano a la temporada alta.

Es imperativo que se implementen soluciones concretas y medibles para revertir esta situación, protegiendo así los ingresos y empleos de miles de familias que dependen del turismo. No podemos ignorar las señales de alerta, pues las consecuencias de no actuar podrían ser aún más graves.

Como bien dice la frase: “El tiempo es dinero”.

Por Luis Castrillo Marín.

Una simple búsqueda de información en “San Google” permite conocer que por lo menos desde el año 2022 el Gobierno de la República empezó con la cantaleta de que “ya casi, pero ya casi”, se iban a iniciar los trabajos para reparar la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber de Liberia.

Ese discurso trillado es una copia al carbón de lo que sucede con la carretera Limonal-Barranca. Ya olvidé la cantidad de veces que las Oficinas de Prensa del Poder Ejecutivo han anunciado con bombos y platillos que los trabajos en esa ruta “terminarán muy pronto”; sin embargo, pasan los días, los meses y los años sin que se vea la luz al final del túnel en esa constante venta de humo.

Ahora con el cierre de la terminal aérea en suelo liberiano volveremos a escuchar las mismas frases cansinas (“llovió mucho”, “es culpa del clima”, etc, etc) que la verdad suenan a disco rayado para satisfacer el gusto de quienes aman las excusas en lugar de pedir rendición de cuentas a los funcionarios públicos.

Lo único cierto es que los aguaceros de los últimos días solamente terminaron de estropear una pista que ya mostraba signos evidentes de necesitar un trabajo en profundidad como lo han señalado varios estudios técnicos que de seguro estarán guardados en los anaqueles ministeriales.

Pero como nunca se llevó a cabo una obra definitiva en relación con este tema, ahora los aguaceros terminaron de agrandar un problema existente desde hace al menos un par de años, entonces aquí la pregunta es muy sencilla ¿Qué ha hecho el Gobierno de la República todo ese tiempo atrás? ¿Cuándo terminarán los burócratas de pasarse la pelota unos a otros en gestiones interminables mientras le ocasionan un daño terrible a la principal actividad económica (el turismo) de Guanacaste?

Seguramente en los próximos días veremos otro remedio momentáneo, un paliativo o  como dice la chota popular un caldo de pollo hecho a la carrera para salir del paso, con el fin de que la pista del Aeropuerto esté en una condición de mínimo operativo porque pedir una solución definitiva parece que sería esperar demasiado máxime cuando se está en la recta final de esta (des) administración experta en repartir culpas a diestra y siniestra.

El cierre del aeropuerto durante cuatro días -aunque comprensible por la seguridad de los pasajeros- era perfectamente evitable con una gestión de política pública ágil y eficiente en esta materia que es de vital importancia para nuestra provincia.

La cantinela de culpar al temporal de los últimos días es bastante cuestionable porque en el pasado también hemos tenido fenómenos climáticos parecidos (huracán Bonnie en el 2022) que contradicen esa narrativa repetida sin mayores cuestionamientos por una parte de la prensa encantada de servir como parlante reproductor de la versión oficial antes que cuestionar y guardar distancia de las fuentes de información.

Por lo menos queda establecido un cuestionamiento en cuanto a la telenovela de la pista del Aeropuerto de Liberia ¿Qué ha sido más perjudicial? ¿La llovedera de los últimos días o la ineficiencia gubernamental en relación con este tema?

Por Wílliam Méndez Garita*

Pretendo llamar a la reflexión en estas cortas líneas sobre el uso político de información anónima que contiene datos espurios.

Me refiero a los bulos que desprestigian a la educación superior universitaria del país y, en particular, a los arteros ataques a la Universidad de Costa Rica.

Lamentablemente, muchas buenas personas repitieron estas fantasiosas historias que circulan en redes sociales, pese a las advertencias de que eran datos incorrectos.

Como corresponde a centros de pensamiento serios, algunas de esas cínicas acusaciones dan la oportunidad de revisar aquello que sea necesario.

Si la intención al decir tantos embustes era dañar la confianza de la ciudadanía ciertamente no han logrado su objetivo.

En el estudio sobre la valoración de las instituciones públicas del CIEP, la UCR es la mejor valorada del país, con un promedio superior a 8%.

Con respecto a los anónimos, uno de ellos decía que la planilla de la UCR había aumentado en 25%. Ese dato no es cierto. La verdad incómoda es que el crecimiento fue de solo 1,52%.

Asociada a lo anterior patraña se dijo que el costo de la planilla de la UCR había crecido en 25%. Ni la planilla ni el costo de la planilla ha crecido. La verdad incómoda es que los recursos destinados a la planilla de la Universidad bajaron en 3,30%, con un ahorro de más de ₡6.600 millones.

Apareció un incógnito comentario más que sostenía que a la UCR ingresaron menos estudiantes, cosa que no es cierta. La verdad incómoda es que la población estudiantil pasó de 41.645 a 44.380 estudiantes si se comparan los primeros ciclos de los años 2016 y 2024. En términos de estudiantes de primer ingreso, en 2016 se admitieron 8.384 y en 2024 fueron 10.033.

Otra patraña repartida en las redes sociales es la que sugiere que en las universidades públicas estudian solo los más ricos. La verdad incómoda es que 60,3%  de los estudiantes de las cinco universidades provienen de los grupos más vulnerables, eso quiere decir, personas que pertenecen a los tres quintiles de menores ingresos. Tampoco es cierto que el resto de los estudiantes sean ricos, sino que pertenecen a otros grupos de ingresos diferentes.

Además, las becas llegan casi al 53.6 % de la población estudiantil en todas las sedes de país para el caso de la UCR.

Surgió otra de esas falsedades sin autor conocido que decía que en la Universidad no hacemos investigación científica que le sirva al país. La verdad incómoda es que la UCR cuenta con el CICLOTRÓN que es el centro de tecnología y ciencia más importante de los últimos 50 años de Costa Rica, el cual se enfoca en la lucha contra el cáncer.

Así como el Ciclotrón, tenemos decenas de ejemplos de aportes científicos. Del 2015 al 2023 se han generado 5964 proyectos, programas y actividades de investigación. De los 60 premios nacionales 2023 Dr. Clorito Picado 51 fueron para personas investigadoras de la UCR. ¿Se acuerdan del COVID y los respiradores? Es importante recordar el proyecto “respira” de la UCR que recibió el reconocimiento de la OCDE como una de las mejores iniciativas biomédicas a nivel mundial y se construyeron diez respiradores durante la emergencia, cuya tecnología fue liberada.

Una novela esparcida sin autor en las redes sociales dice que las carreras universitarias no tienen futuro. La verdad incómoda es que los graduados de las universidades estatales, en general, tienen una empleabilidad de 93,5%.

Un torcido comentario divulga que la UCR no gradúa personas en carreras STEM, es decir, profesionales en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. La verdad incómoda es que en el año 2023 la UCR otorgó 6411 títulos a nuevos profesionales y de ellos 2.733 fueron en carreras STEM.

Un engaño más reproducido en contra la Universidad de Costa Rica dice que le sobra plata y que tiene superávit.  No es cierto. La verdad incómoda es que eso que llaman superávit son recursos comprometidos para atender procesos de contratación, previsiones y reservas laborales, cuentas por pagar o garantías de cumplimiento.

Una desinformación maligna dice que las universidades le quitan dinero a las escuelas y colegios. Es necesario aclarar que el presupuesto de la educación del 2025 es el peor presupuesto enviado a la Asamblea Legislativa en los últimos 25 años y eso no es culpa de las universidades. En ese mismo presupuesto las y los diputados se vieron en la histórica tarea de aumentar los recursos para la educación pues el Gobierno lo envió con cero crecimiento. Es necesario aclarar que el presupuesto del MEP es más de 4 veces el presupuesto de las universidades.

Una de esas falsedades decía que las universidades no dan cuentas del uso de los recursos. Esto no es cierto. Las universidades rinden cuentas a la Contraloría General de la República y los datos están disponibles en forma abierta y pública. Puede consultarse la página de transparencia de UCR, en el sitio de la Oficina de Planificación de la UCR entre otros.

Finalmente, se dice que no le devolvemos nada al país. Voy a poner un pequeño ejemplo para incomodar: en el año 2023 los estudiantes de UCR dieron más de 1 millón de horas de trabajo comunal universitario.

*Abogado, Periodista y Politólogo.

Por Gerardo Zúñiga Zúñiga, Regidor Independiente de Puntarenas *

Ante las inundaciones, derrumbes y provocadas por las inundaciones debido a las fuertes y constantes lluvias, que están afectando a todo Costa Rica  y donde se espera que se intensifiquen  aún más las precipitaciones por las torrenciales lluvias que han provocado hasta ahora graves daños en Guanacaste y Limón, hoy más que nunca debemos tener presente y hacer efectivo el valor universal de la solidaridad  que es una virtud porque a través de ella nos mostramos unidos a otras personas, compartiendo sus necesidades  

Uno de los valores más completos es la solidaridad, ya que es sinónimo de igualdad, fraternidad y ayuda mutua, su concepto está muy cercano a la responsabilidad, generosidad, desprendimiento, cooperación y participación entendiendo la solidaridad.

desde afuera como concepto, pero poniéndola en práctica desde adentro y es por ello que en la actual circunstancia que vive nuestro pais se hace estrictamente necesario poner en práctica nuestra solidaridad para una mejor convivencia entendiendo que

La solidaridad es el principio que reconoce nuestra humanidad común y la interconexión de nuestros destinos. Destaca la necesidad del esfuerzo colectivo, la cooperación y el entendimiento mutuo para resolver desafíos complejos como el que estamos enfrentando con este desafío que hoy nos impone la naturaleza.

*Abogado, Politólogo e Historiador.

Por Massimo Gambari * y Hernán Imhoff **.

*Presidente de la Cámara de Turismo de Playa Sámara y **Presidente de la Cámara de Comercio de Turismo y Comercio de Tamarindo.

En la actualidad en la Asamblea Legislativa se tramita el proyecto de Ley 23 148 para el Impulso y Desarrollo de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) con el fin de promover el desarrollo de negocios en precario dentro de los primeros 50 metros de esa área donde se pretende dinamizar, entre otros objetivos, las economías de las regiones costeras.

La iniciativa representa un paso importante en la dirección correcta para promover el uso responsable de la ZMT sin que esa posibilidad implique; en modo alguno, la construcción de estructuras permanentes o incentivo del aumento -ya de por sí alarmante- de “empleos” informales.

Para que cientos de negocios como sodas, restaurantes, escuelas de surf y otras actividades se puedan establecer -según la propuesta de Ley- en esa parte de la ZMT deben cumplir condiciones como: poseer una patente municipal y; además, retirar diariamente del sitio artículos como mobiliario, sillas o mesas diariamente.

Este tipo de iniciativas ya cuenta con una larga experiencia de éxito en varios países del mundo donde ha demostrado de sobra que dinamizó los sitios de atracción de turistas sin ocasionar efectos colaterales negativos.

Por el contrario, fue una herramienta idónea para la atracción de mayor cantidad de clientes, mejorar los ingresos de los negocios locales, incrementar la generación de trabajo e aumentar la demanda por bienes y servicios locales de las industrias y compañías que abastecen a la industria turística.

La legislación actual que norma el uso de la ZMT únicamente permite el desarrollo en el área pública de obras de infraestructura y construcción que en cada caso deben aprobar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la respectiva municipalidad.

Esa limitación impide severamente un mejor aprovechamiento sostenible de las playas en beneficio de las zonas costeras donde prevalecen los mayores índices de pobreza del país y; por ende, es necesario mejorar significativamente las condiciones socioeconómicas en esa parte del país.

Además, el país ya cuenta con un antecedente importante en relación con el uso de espacios públicos con la entrada en vigencia -el 9 de marzo del 2022- de la Ley 10 126 de Comercio al Aire Libre que facultó a las municipalidades para que autorizaran a los patentados o licenciatarios el desarrollo temporal de una actividad comercial en los sitios adyacentes a los respectivos establecimientos.

Por Gerardo Zúñiga, Regidor Independiente de Puntarenas*.

El escritor suizo Louis Dumur afirmó que «la política es el arte de servirse de los hombres haciendo creer que se les sirve», frase que desafortunadamente y dado los últimos acontecimientos que se están viviendo en la política nacional y; sobre todo, cuando el interés general se antepone al interés personal, la frase del célebre autor es totalmente cierta.

La administración de lo público es una responsabilidad que nos compete a todos los ciudadanos y todos, en algún momento de nuestras vidas, de una forma u otra, en un grado u otro, asumimos nuestra cuota de responsabilidad. Los que nos declaramos políticos lo hacemos voluntariamente, nadie nos obliga y hemos de cumplir con ella con una actitud equivalente a la magnitud de la misma.

Ello no es óbice para las legítimas aspiraciones políticas que todos podemos tener y cuenta con la responsabilidad en la gestión de lo público y al interés general, que el objetivo único, exclusivo y excluyente de nuestras aspiraciones y se hace efectivo con el interés general que entra en juego; por lo tanto, el interés personal pasa a un segundo plano porque queda desactivado., en ese sentido.

La afirmación de Dumur adquiere pleno sentido cuando una persona que ocupa un cargo público y o de elección popular no concibe la política como un paréntesis temporal en su vida laboral, sino como un puesto de trabajo que desea mantener a toda costa pase lo que pase

En este caso, el interés personal está muy por encima del interés por servir a los ciudadanos, situación que no sucede con el suscrito El político que se aferra a su puesto hace que los ciudadanos pierdan la fe en sus actos máxime cuando en el imaginario colectivo la percepción sobre su gestión en el puesto que desempeñe (sea cual fuese ) y en la rendición de cuentas esa opinión es generalizada siendo la más no favorable ni tampoco la más deseado como hoy suelen suceder

Nuestra Municipalidad de Puntarenas enfrenta desde hace varios años sucesivas y pésimas Administraciones derivadas de malas y desafortunadas decisiones y algunas relacionadas hasta con  supuestos casos de corrupción y malos manejos  que como es obvio serán los tribunales de justicia quienes determinen si existieron o han existido y si los hay o no existen y esto  desafortunadamente ha dañando seriamente la percepción y la imagen de quienes como políticos estamos en la mira de la opinión pública y máxime si aspiramos o tenemos pretensiones políticas y esto como es obvio con importantes consecuencias políticas y económicas a futuro.

El problema es mucho más acuciante en cuanto nuestro Gobierno Local, la ciudadanía sigue sin optimismo su quehacer debido a que no ven resueltos sus más inmediatas necesidades, en afrontar lo sustantivo y lo inmediato y eso hace que el horizonte de nuestro cantón se torne gris y; por tanto, no se han terminado de resolver  los agobiantes y urgentes  problemas  que al día de hoy enfrenta nuestro cantón y que deben resolverse con la inmediatez y seriedad posible.

Aún queda muchísimo por hacer, pero si Ud. conciudadano no participa y no se involucra, con su desidia y con su silencio validará – homologará y refrendará todo lo malo que pueda suceder en nuestra Puntarenas y se tornará sumamente difícil cruzar el umbral de la esperanza.

*Doctor en Derecho, Historiador y Politólogo.

Por Luis Bonilla, gerente de desarrollo de negocios e ingeniería de ventas para Latinoamérica.

La conectividad de los dispositivos en el ecosistema digital ha traído innumerables beneficios para la productividad y eficiencia, pero también ha ampliado las vulnerabilidades asociadas con la ciberseguridad.

Gestionar el ciclo de vida de los dispositivos es una estrategia crucial para mitigar los riesgos de ataques cibernéticos, garantizando que los productos se mantengan protegidos desde el desarrollo hasta su desactivación. En este artículo, discutimos las etapas clave que los fabricantes deben seguir para gestionar la vulnerabilidad de sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida.

1.         Desarrollo seguro desde el diseño

La seguridad cibernética comienza ya en las fases iniciales del desarrollo del producto. Según la guía de Axis Communications, los fabricantes deben incorporar prácticas robustas de seguridad en todo el ciclo de diseño, centrándose en minimizar las vulnerabilidades antes del lanzamiento del dispositivo. Para ello, deben aplicarse rigurosos controles de calidad y seguridad, utilizando herramientas como el modelo de desarrollo de seguridad (ASDM), que incluye evaluaciones de riesgos, análisis de código y pruebas de penetración, asegurando que los productos salgan al mercado con un nivel mínimo de vulnerabilidad.

2.         Mantener actualizado el firmware y el software

Uno de los errores más comunes de las empresas es descuidar la actualización del firmware y el software, lo que deja a los dispositivos vulnerables a ataques. Se estima que el 55% de los dispositivos conectados a Internet operan con firmware desactualizado, lo que los convierte en objetivos fáciles para los atacantes. Para mitigar estos riesgos, es fundamental que los fabricantes proporcionen actualizaciones regulares de firmware, con correcciones de seguridad y mejoras de rendimiento, como parte de una política proactiva de gestión del ciclo de vida.

3.         Implementación de autenticación fuerte

Durante la fase de implementación, los fabricantes deben garantizar que los dispositivos estén adecuadamente protegidos contra accesos no autorizados. Una práctica recomendada es la autenticación a través de IEEE 802.1X, que limita la conexión a la red solo a dispositivos autorizados, bloqueando intentos de intrusión. Además, desactivar las configuraciones predeterminadas y restablecer a los ajustes de fábrica antes del uso son medidas esenciales para evitar vulnerabilidades en la implementación de los dispositivos.

4.         Gestión y mantenimiento continuos

Una vez que los dispositivos están en funcionamiento, mantener su seguridad de forma continua debe ser una prioridad. Esto incluye monitorear el ciclo de vida funcional y económico de los dispositivos para identificar cuándo necesitan ser reemplazados o actualizados. Soluciones de gestión de los sistemas de monitoreo son fundamentales para automatizar y centralizar la implementación de actualizaciones de software, certificaciones digitales y el refuerzo de políticas de seguridad en red. Además, supervisar vulnerabilidades recién descubiertas y responder rápidamente con correcciones es vital para prevenir intrusiones.

5.         Desactivación planificada de dispositivos

Cuando los dispositivos llegan al final de su vida útil, es crucial que los fabricantes planifiquen su desactivación de manera segura, evitando el uso de equipos sin soporte, que se convierten en objetivos fáciles para los ataques. Los productos sin correcciones ni actualizaciones representan un riesgo significativo para la seguridad cibernética de la red. Por ello, los fabricantes deben informar claramente las fechas de finalización de soporte y proporcionar orientación sobre cómo desactivar productos sin dejar puertas abiertas a los atacantes.

6.         Transparencia y comunicación con los clientes

Mantener a los clientes informados sobre las vulnerabilidades y correcciones de seguridad disponibles es esencial para una postura de seguridad cibernética sólida. Axis, por ejemplo, destaca la importancia de la comunicación transparente con sus clientes, ofreciendo un servicio de notificación de seguridad que alerta sobre vulnerabilidades y proporciona correcciones rápidamente. Esta transparencia ayuda a mitigar riesgos y a mantener los dispositivos siempre protegidos.

Gestionar el ciclo de vida de los dispositivos es un proceso continuo que requiere atención desde la concepción hasta la desactivación. Los fabricantes desempeñan un papel crucial, implementando medidas de seguridad rigurosas que garantizan la integridad de los dispositivos y protegen las redes donde están insertados. Actualizaciones continuas, autenticación fuerte, gestión proactiva y una desactivación bien planificada son elementos esenciales para reducir los riesgos cibernéticos y garantizar la seguridad de los dispositivos conectados.

Por Sergio Mora*

El aparato electoral para definir la presidencia, en los Estados Unidos tiene aspectos discutibles que ponen en duda severa su autenticidad democrática. Al contrario de lo que uno pudiese esperar de una democracia genuina, el presidente de este país no resulta elegido por medio del voto de la mayoría, sino a través del denominado “Colegio Electoral”.

El sistema está diseñado, de tal manera, que los votantes no eligen directamente al presidente (i.e. “voto popular”), sino que delegan su decisión a un grupo de representantes, pertenecientes al partido que obtiene la mayoría de los votos en cada estado.

De esta manera, los votos a favor de un partido minoritario quedan prácticamente elimina-dos, como por ejemplo en el caso de los votantes republicanos en California o los demócratas en Texas, o peor aún, los partidos menores, los cuales nunca podrán competir contra los grandes tradicionales. Es un sistema bipartidista, prácticamente autocrático.

El origen de este sistema proviene de los primeros años de ese país, cuando las realidades sociales eran diferentes y apenas trataban de diferenciarse de las estructuras monárquicas europeas. En el contexto actual, su validez es, como mínimo, cuestionable.

Aunque Estados Unidos ha seguido la línea de un sistema electoral abierto, los “padres fundadores” establecieron el Colegio Electoral con el propósito de evitar la degradación de toda democracia: el populismo. Al quitarle el poder de decisión final al pueblo, esperaban que la elección del presidente no quedara sometida a los avatares coyunturales del humor popular o el de los candidatos “descontrolados”.

Con elecciones de segundo grado esperaban favorecer la elección de candidatos moderados, lo cual funcionó más o menos bien hasta el inicio del siglo XXI, cuando los programas de gobierno de los demócratas y republicanos apenas se diferenciaban, salvo por las políticas fiscal y social.

Pero resulta desconcertante que, pese a sus defectos antidemocráticos evidentes, no se encuentre en la agenda polí-tica un proceso de debate para su modernización, y quienes lo han intentado plantear han sido rápidamente silenciados por sus propios partidos.

Pero además de ser cuestionable su valor democrático, el Colegio Electoral se encuentra sometido, en realidad, al poder proveniente de las grandes corporaciones empresariales y financieras que operan detrás de las cortinas y a veces, no tan atrás.

Estas organizaciones hacen donaciones multimillonarias a los candidatos de ambos partidos, moldean sus agendas y condicionan sus políticas. En las elecciones de 2020, las donaciones alcanzaron alrededor de US$ 15 mil millones y se cree que esta cifra ha sido superada con creces en 2024.

Sin embargo, esta cantidad de dinero, tan exorbitante, no parece generar inquietud, por lo que el tema no recibe la atención crítica que merece. Estos recursos, en lugar de emplearse para el bien común o fomentar un debate político racional, más bien financian estrategias de desprestigio entre los candidatos.

Las campañas no se centran en propuestas concretas, sino en el descrédito del oponente y como resultado, los votantes quedan atrapados en una realidad frustrante y se ven obligados a elegir, en el mejor de los casos, por “la vía menos mala”.

Se recurre a las promesas banales (empleo, crecimiento económico, salud pública, etc.), pero también a la radicalidad, a mundos fantasiosos paralelos y sobre todo, a la desinformación. El proceso electoral termina pareciéndose al campeonato de beisbol, en donde los electores simplemente apoyan fanáticamente a un candidato, cual hinchas de su equipo favorito.

Lo triste de esto no es solo que los candidatos dicen cualquier cosa, sino que los rebaños de seguidores les creen ciegamente y sin pedir explicaciones, ni cuentas, al final de sus mandatos (Atención, que este fenómeno es, cuando menos, semejante a lo que pasa en nuestros propios países, con elecciones de voto popular).

Ahora bien, en realidad es necesario reconocer que lo importante no siempre es el presidente, pues a pesar de todo puede solamente ser una figura casi simbólica. Ya se agotaron los Regan, Kennedy, Roosevelt, Obama y Clinton, quienes dejaron una impronta indeleble en sus administraciones, gústenos o no sus orientaciones. Ahora, son mucho más importantes el gabinete y los orientadores del proceso de toma de decisiones del gobierno, pues el mundo se ha complicado excesivamente.

Al final, este sistema electoral no solo reduce la representatividad de los ciudadanos, sino que cuestiona el mismo ideal de democracia al que se adscribe, no parece elegir al mejor candidato, ni siquiera siendo el mayoritario y, en última instancia, tan solo legitima una estructura de poder rígida y manipulada. Sin embargo, también cabe preguntarse si este sería el momento oportuno para cambiar el sistema, pues a todas luces la sociedad estadounidense parece haber perdido el sentido común y se encuentra desorientada en muchos campos, además del político.

Para concluir, agrego que pareciera que para América Latina ninguno de los dos candidatos cambiará en mucho la situación ni la relación recíproca. Pero debe tomarse en cuenta que sí es importante que la economía de EEUU mejore su situación, pues es la que empuja, hacia adelante, nuestras propias economías y evita las tentaciones de los can-tos de sirenas de las otras potencias que quieren aprovechar la ocasión para introducirse, precisamente por vía de los gobiernos menos democráticos de la región.

No hay vuelta atrás, parece ser que entramos en una nueva etapa global, post-EUA y post-democracia y tendremos que aprender a atravesar tormentas nuevas, menos conocidas, y no menos peligrosas.

*Doctor en Ingeniería Geológica.

Por Luis Bonilla, Gerente de Desarrollo de Negocios e Ingeniería de Ventas para Latinoamérica de Axis Communications.

La transformación digital ha impulsado el uso de sistemas de seguridad física basados en IP, trayendo mayor conectividad, automatización y eficiencia para organizaciones de diversos sectores. Sin embargo, esta modernización también ha expuesto los sistemas a una serie de amenazas cibernéticas. Es fundamental que las empresas estén conscientes de los riesgos y adopten prácticas de seguridad robustas para garantizar la protección de sus sistemas y datos. A continuación, destaco las cuatro amenazas cibernéticas más comunes que pueden afectar a estos sistemas:

1. Ingenuidad y error humano no intencional

Independientemente de la excelencia tecnológica aplicada en la ciberseguridad, el factor humano sigue siendo una de las mayores vulnerabilidades. Errores como la mala gestión de contraseñas, la falta de actualización de los sistemas, el uso indebido de dispositivos conectados y la falta de concienciación sobre prácticas seguras abren brechas para los ataques cibernéticos. El phishing y la ingeniería social son formas comunes de explotar estos fallos. Para minimizar este riesgo, es esencial entrenar continuamente a los equipos sobre las mejores prácticas de seguridad y restringir el acceso a los dispositivos a personas de confianza.

2. Uso indebido deliberado del sistema

Las personas autorizadas para acceder a los sistemas de seguridad pueden intencionalmente utilizar sus privilegios de manera indebida. Acciones como el robo de datos, la manipulación de sistemas o el uso inapropiado de los recursos pueden causar serios daños a la seguridad e integridad del sistema. Para mitigar este riesgo, es importante establecer políticas claras de gestión de permisos, donde cada usuario tenga acceso solo a lo necesario para sus funciones. Además, el uso de autenticación multifactor y credenciales exclusivas para administradores son medidas que pueden prevenir el uso indebido deliberado.

3. Violación física o sabotaje

Incluso los sistemas de seguridad más avanzados son vulnerables al sabotaje físico. Equipos mal protegidos o instalados en lugares de fácil acceso pueden ser manipulados, dañados o robados, comprometiendo la red y exponiendo datos sensibles. Los cables de red sin protección adecuada pueden ser desconectados o cortados, lo que resulta en pérdida de servicios. Garantizar que todos los dispositivos estén instalados en lugares seguros, protegidos por barreras físicas y monitoreados continuamente es esencial para evitar este tipo de violación.

4. Explotación de vulnerabilidades de software

Ningún software es totalmente inmune a errores o fallos. Las vulnerabilidades en el código pueden ser explotadas por hackers para obtener acceso al sistema, manipular datos o interrumpir el funcionamiento de los dispositivos. Por eso, es crucial que los fabricantes de sistemas de seguridad basados en IP, como Axis, adopten un modelo de desarrollo centrado en la seguridad, corrigiendo rápidamente errores y vulnerabilidades, y ofreciendo actualizaciones regulares a los clientes. Además, es responsabilidad de las empresas mantener los sistemas siempre actualizados con los parches de seguridad más recientes.

Enfrentar estas amenazas requiere un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores, integradores y usuarios finales. La ciberseguridad no puede ser un elemento aislado. Debe ser una parte integral de toda la infraestructura de seguridad física, garantizando que los dispositivos en red estén protegidos de amenazas y funcionen de manera eficiente en cualquier entorno. Al adoptar prácticas eficaces de ciberseguridad, podemos mitigar los riesgos y asegurar que los sistemas de seguridad cumplan con su papel de proteger activos valiosos y mantener la integridad de las operaciones.

Por Profesor Ronal Vargas Araya, ex diputado.

En el plenario de la Asamblea Legislativa el pasado 14 de octubre se aprobó en primer debate el proyecto de ley 23.109 que establecería la creación del cantón de Cóbano (ignorando la historia compartida con sus hermanos distritos de Paquera y Lepanto).

Los únicos 8 votos en contra de esta nefasta iniciativa fueron de los oficialistas Daniel Vargas Quirós, Manuel Morales Díaz y Jorge Rojas López; de la liberal Johana Obando Bonilla, de la socialcristiana Melina Ajoy Palma, de los liberacionistas Luis Fernando Mendoza y Alejandra Larios Trejos, y de la independiente Gloria Navas Montero.

Causan honda pena provincial la diputada nicoyana del PUSC y los dos diputados guanacastecos del PLN que no han tenido la capacidad tan siquiera de convencer a uno solo de los diputados de su fracción en oponerse a un proyecto tan nefasto para los intereses de Guanacaste, pareciera que solo están en la Asamblea Legislativa para calentar tres asientos.

La posición general de los guanacastecos informados y la de más justicia histórica, es apoyar la creación en nuestra Península de Nicoya de UN SOLO CANTÓN, y no de los tres mini cantones Cóbano, Lepanto y Paquera, que de aprobarse, aumentarían el ya fraccionado mapa cantonal nacional, darían un duro golpe al ordenamiento territorial y dividirían más la unidad histórica, cultural y política que une a las poblaciones peninsulares guanacastecas mencionadas, afectando además a las islas del Golfo de Nicoya, a las que la Municipalidad de Puntarenas solo mira como botín político, pero ha llevado en 109 años una mala administración de estos pueblos encomendados, sin poder satisfacer ni las necesidades básicas de estos pobladores insulares.

Para nosotros no está en discusión que los territorios peninsulares de Cóbano, Lepanto y Paquera, además de las islas del Golfo de Nicoya, siempre han sido guanacastecos; primero, por el Cacicazgo dominante de Nicoya, después por el Partido de Nicoya al que pertenecieron y finalmente porque desde la división territorial del país en 1835 se reconocieron parte del Departamento de Guanacaste, al igual que en la Ley de Bases y Garantías de 1841, cuando se dividió el país en cinco departamentos, siendo el 5° Guanacaste, y al realizarse la división provincial del país en diciembre de 1848, pues siguieron siendo parte de la nueva provincia de Guanacaste, y no de la naciente Comarca de Puntarenas, hasta que en 1915 el presidente Alfredo González Flores cedió estos territorios “en administración” a Puntarenas por medio de un “Decreto presidencial”, que no fue ratificado con ninguna Ley de la Asamblea Legislativa, tal como procedía.

Por eso al nacer el cantón de Nandayure en 1962 nunca se dijo que limitaba al este con la provincia de Puntarenas, sino que limitaba “con la sección meridional de la península de Nicoya, territorios de Lepanto y Paquera” (Ley de Creación del Cantón de Nandayure, #2826 de 1962, art. 2). Por eso aquí seguimos manifestando con orgullo regional que Guanacaste al sur no limita con Puntarenas, sino solo al este.

Pero dejemos mejor esa compleja discusión para cuando los jueces del Tribunal Contencioso y de lo Administrativo dejen sus pendejadas de doce años (2012 2024) de tratar de resolverla por la forma, y por fin, den una resolución definitiva por el fondo del asunto. Ahora quiero referirme concretamente a la actual fracción de diputados del partido Frente Amplio (FA), que al igual que los diputados cristianos Fabricistas, votaron con línea de partido, sin derecho a salirse del canasto, TODOS DANDO LA ESPALDA A GUANACASTE, apoyando el descabellado cantonato de Cóbano, que de concretarse afectaría también seriamente los intereses de Paquera y Lepanto (Jicaral), pues quedarían como Consejos de Distrito todavía más abandonados por parte de la Municipalidad de Puntarenas, y ahora vecinos del hermano rico Cóbano, que los miraría con desprecio.

Ese cruel panorama es el que se quiere propiciar por parte de estos legisladores inconscientes del FA y de las otras fracciones. Da pena ajena que la actual fracción del FA, jóvenes tan estudiosos, preparados y socialistas, varios profesores universitarios, apoyen un proyecto de Ley tan vil, clasista y nefasto, sin tan siquiera venir a Guanacaste o a la Península de Nicoya a preguntar a la ciudadanía qué piensa al respecto de premiar con el cantonato a Cóbano (cuya campaña económica la sostiene el poderío sionista presente en Santa Teresa, apoyado extrañamente por el FA, que antes se declaraba pro palestino) y castigar a Lepanto y Paquera para siempre al dejar sus poblaciones más aisladas.

Les hemos enviado cartas desde nuestra “Asociación por el Rescate de los territorios peninsulares” y simplemente nos ignoran. Milité solo por escasos 4 años en el partido Frente Amplio (2012-2015) retirándome oficialmente hace 9 años, cuando demasiado tarde comprendí que la finca del FA tenía dueños en Guanacaste (la familia Matarrita Guevara) y dueños nacionales (José María Villalta y Patricia Mora), y los afiliados partidistas solo teníamos derecho al berreo.

Recuerdo que el año 2014 participé de un evento en la Asamblea Legislativa por el rescate de los territorios peninsulares y al día siguiente recibí una dura reprimenda de Villalta, quien me manifestó que al FA no le convenía el apoyo a esa gestión “ya que se perderían los votos de los puntarenenses, que eran más que los guanacastecos”… Desde ese día me distancié de Villalta, para quien Guanacaste todavía no es más que una provincia para turistear. Lo que más dolor me causa es que la diputada N° 58 que me sucedió en la curul legislativa nunca hizo nada para apoyar esta justa causa por el rescate de los territorios peninsulares y sus islas, al igual que tampoco lo hizo su partido el FA en ningún momento.

También me duele el alma guanacasteca cuando veo en Liberia jóvenes y profesores universitarios guanacastecos que todavía siguen apoyando este partido anti guanacasteco, que con la honrosa excepción del ex diputado José Merino del Río, siempre ha mirado a los pobladores de la provincia como costarricenses de segunda clase, no sucediendo igual con los puntarenenses.

Entiendo el descrédito en que han caído los actuales líderes guanacastecos del FA, y los escándalos en que se han visto envueltos, pero no es justo que los pobladores de esta Región Chorotega paguemos por la mediocridad de sus dirigentes políticos. Ha llegado la hora que el FA reconsidere su desprecio tradicional a Guanacaste, donde cada vez cosecha menos votos, y vuelva su mirada a esta región que tanto necesita de diputados inteligentes y atinados, pues los que tenemos de otros partidos siguen siendo títeres de la mano peluda que los maneja, con la honrosa excepción de Daniel Vargas.

Señores y señoras diputados(as) del FA, reconsideren su voto unánime al cantonado de Cóbano, a favor de la sólida influencia sionista en el dominio territorial de Santa Teresa, y vuelvan su mirada al menos por una vez hacia la provincia de Guanacaste, que el año 2014 le dio a su partido casi el 22% de los votos, un hecho electoral insólito y nunca antes visto por parte de un partido minoritario en esta provincia, lo que nunca ha pasado ni pasará en Puntarenas.