Un niño de cuatro años fue trasladado al hospital luego de ser atacado por un perro en la comunidad de Obandito de Sardinal, la mañana de este jueves.

De acuerdo con la Cruz Roja, al llegar al sitio localizaron al menor con varias heridas en su cuerpo producto de la mordida del animal.

El niño fue atendido en el lugar, estabilizado y posteriormente trasladado a un centro médico en condición estable.

Por el momento se desconocen mayores detalles del ataque.

Más de 200 oficiales de los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo son objeto de una investigación por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

El dato lo dio a conocer la presidenta Laura Fernández durante su conferencia de prensa, la tarde de este miércoles.

“Yo le he dicho aquí, en esta conferencia, que el narcotráfico se filtró hasta en los tuétanos del Poder Judicial. Y lo sostengo con datos. Y que el narcotráfico también se filtró en los cuerpos policiales de Costa Rica. Tenemos más de 200 compañeros oficiales de diferentes cuerpos de policía que estamos investigando por presuntos vínculos con el narcotráfico”, señaló la mandataria.

La gobernante dio esas palabras para ratificar su compromiso en la lucha contra el crimen organizado, luego de que dos casos sacudieran su imagen de “mano dura” en la última semana.

Primero, el pasado sábado trascendió en redes sociales la fotografía de un hombre conocido como Juan Carlos Tam, reconocido como el principal lavador de dinero del país, mientras posaba junto a la exdiputada y asesora presidencial, Pilar Cisneros, en el acto de celebración de la victoria de Fernández en las elecciones del 1.° de febrero pasado.

Y segundo, este miércoles, cuando cobró relevancia un video en el que se observa a la mandataria mientras comparte con el productor Hugo Barboza previo a un concierto de Grupo Firme en el Estadio Nacional, al cual la gobernante fue invitada por el propio empresario. Precisamente, ese sujeto fue detenido esta madrugada como sospechoso de legitimación de ganancias de la venta de drogas atribuida a una estructura liderada por un hombre de apellido Vargas, alias “Sobrino”.

Al respecto, la presidenta argumentó que Tam era tan solo una de las “miles” de personas que la acompañaron en la actividad organizada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), aunque evitó mencionar que esto no ocurrió en una actividad abierta al público, sino en un salón exclusivo, al que todavía no se explica cómo arribó el requerido para extradición.

Mientras que en el otro caso, la mandataria reconoció que fue invitada porque se trata de una agrupación musical que le gusta mucho, pero enfatizó que no recibió ninguna regalía de Barboza ni de nadie más, pues utilizó el palco presidencial.

La gobernante alegó que en ninguno de los casos era conocido que los hombres eran blanco de investigaciones.

El Concejo Municipal de Cartago aprobó por unanimidad una moción mediante la cual manifiesta su oposición al proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y solicita al Gobierno reconsiderar el avance del acuerdo.

La posición municipal pone especial atención en el posible impacto que, según los regidores, podría tener la apertura comercial sobre los pequeños y medianos productores agrícolas, particularmente quienes dependen de cultivos como papa, cebolla y zanahoria, además de las actividades pecuarias y lácteas.

La decisión quedó registrada en documentos oficiales del Concejo Municipal, donde también se plantea solicitar a las demás municipalidades del país que analicen la posición y, especialmente en los cantones de vocación agrícola, se valore una postura conjunta frente al acuerdo.

Preocupación por la producción nacional

Uno de los argumentos expuestos por el Concejo es el peso que tiene Cartago en la producción de alimentos para el mercado costarricense. De acuerdo con la información municipal incluida en la moción, la provincia aporta aproximadamente el 80% de las hortalizas y verduras consumidas en el país.

Los regidores sostienen que los productores nacionales podrían enfrentar una competencia más fuerte frente a productos provenientes de países con mayores economías de escala y diferentes sistemas de apoyo a la producción.

La preocupación se concentra especialmente en las pequeñas explotaciones familiares, que, según el planteamiento municipal, deben afrontar costos elevados de combustibles, electricidad, fertilizantes, otros insumos y mano de obra, además de dificultades para acceder al financiamiento.

Desde esa perspectiva, el Concejo considera que una reducción progresiva de aranceles podría aumentar la presión sobre actividades agrícolas y pecuarias que ya enfrentan dificultades para mantener su competitividad.

También cuestionan posibles reglas sobre semillas

La moción incluye además una preocupación relacionada con las disposiciones de propiedad intelectual que podrían aplicarse a las semillas.

El Concejo pide analizar las posibles consecuencias que esas reglas tendrían sobre prácticas tradicionales utilizadas por productores, como guardar, intercambiar y reutilizar semillas para nuevos ciclos de producción.

A esto suma otro punto: el riesgo de que una eventual disminución de la producción nacional aumente la dependencia de alimentos importados.

Los regidores advierten que una mayor dependencia externa podría convertirse en un problema para Costa Rica ante situaciones como crisis internacionales, interrupciones en las cadenas de suministro o incrementos extraordinarios de los precios de los alimentos.

Solicitan información y una audiencia con el Gobierno

Como parte de los acuerdos adoptados, el Concejo Municipal también solicita una audiencia con representantes del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y representantes del sector agropecuario de Cartago.

La intención es que organizaciones, cámaras, asociaciones y productores puedan plantear previamente sus preguntas y preocupaciones para que sean atendidas durante ese encuentro.

Además, el órgano municipal reclama mayor transparencia sobre las condiciones negociadas por Costa Rica y pide que se hagan públicos los documentos correspondientes, incluyendo los compromisos arancelarios, las excepciones y los estudios técnicos que permitan determinar los posibles efectos del acuerdo.

También solicita conocer las eventuales implicaciones del CPTPP para las municipalidades, particularmente en materia de contratación pública.

Costa Rica ya concluyó la etapa sustantiva de negociación

La posición del Concejo de Cartago ocurre mientras Costa Rica avanza en su proceso de incorporación al CPTPP.

El Ministerio de Comercio Exterior informó en mayo de 2026 que Costa Rica y los países miembros del bloque habían alcanzado la conclusión sustantiva de las negociaciones. COMEX explicó que el proceso incluyó la revisión del marco normativo costarricense y negociaciones sobre acceso a mercados de bienes y servicios, inversión, servicios financieros, compras públicas y otros temas.

Según COMEX, la incorporación permitiría a Costa Rica obtener condiciones preferenciales de acceso a mercados con los que actualmente no mantiene tratados comerciales, entre ellos Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi Darussalam y Vietnam. El ministerio también señala que el bloque representa cerca del 15% del PIB mundial y un mercado de aproximadamente 600 millones de consumidores.

El Gobierno ha defendido el proceso como una oportunidad para ampliar mercados de exportación, diversificar el comercio y generar nuevas oportunidades para empresas y productores costarricenses.

Tras la conclusión sustantiva de las negociaciones, corresponde completar el Protocolo de Incorporación y su revisión legal. Posteriormente, el acuerdo deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa para continuar con el trámite correspondiente.

Cartago busca sumar a otros cantones

El Concejo Municipal pretende que su posición trascienda las fronteras del cantón. Por ello, acordó remitir el pronunciamiento a los demás concejos municipales del país e invitar especialmente a los territorios con una fuerte actividad agrícola a sumarse a la discusión.

La moción plantea, en términos generales, que antes de avanzar hacia la aprobación legislativa del acuerdo se conozcan con mayor detalle sus posibles consecuencias para los productores nacionales y las economías locales.

De esta manera, el debate sobre el CPTPP entra también en el ámbito municipal, con Cartago colocando sobre la mesa las preocupaciones expresadas por el sector agropecuario y solicitando que el impacto sobre los pequeños y medianos productores sea analizado antes de que Costa Rica complete su incorporación al tratado.

Desde hace dos semanas, el Hospital Nacional de Niños registra un aumento en la cantidad de menores atendidos por virus respiratorios.

El incremento ya se refleja en la ocupación hospitalaria. Actualmente, el servicio de Pediatría se encuentra al 122% de su capacidad, con 98 menores internados por infecciones, mientras que la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) permanece al 100%, con 21 pacientes críticos.

De estos últimos, 10 requieren ventilación mecánica.

La situación también afecta al servicio de emergencias. Los 16 menores que permanecen actualmente en esta área están siendo atendidos por padecimientos relacionados con virus respiratorios.

El hospital mantiene vigilancia sobre el comportamiento de estas infecciones y sobre la ocupación de sus servicios, ante el aumento registrado durante las últimas dos semanas.

Congreso del 8 al 9 de octubre en el campus del Instituto Tecnológico en Zapote, San José

La Municipalidad de San José, que tiene el mayor presupuesto de Costa Rica (¢97 mil 149,3 millones proyectados al 2027) apenas destina el 1,05 por ciento (¢1 mil 019,9 millones) de esos fondos para el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna (UAI).

Además,la UAI del cantón josefina funciona con una planilla de 24 funcionarios que deben atender una planilla de 2 900 trabajadores; es decir, cada integrante de esa dependencia debe atender a un promedio de 120,83 personas.

Las limitaciones para el trabajo de las UAI en los gobiernos locales del país se abordarán durante el II Congreso Nacional de Auditores Internos Municipales que se llevará a cabo del 8 al 9 de octubre en el campus del Instituto Tecnológico en Zapote, San José.

El Congreso está organizado en conjunto por la Asociación de Auditores Internos de Gobiernos Locales del Área Metropolitana y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

La organización del encuentro está concebida como un espacio de actualización, intercambio técnico y fortalecimiento de capacidades para las auditorías internas del sector municipal. La agenda abarca contenidos jurídicos, de probidad y anticorrupción, investigación de fraude, relaciones de hechos, control interno, uso de datos, ciberseguridad y gestión de activos.

Oportunidad para mejorar

Israel Barrantes, Auditor Interno de la Municipalidad de San José, precisó que el Congreso es “una oportunidad única, de oro, para podernos capacitar en instituciones donde lamentablemente los recursos con sumamente escasos especialmente en este campo de la actualización de conocimientos”.

“Es muy importante especialmente porque muchas de las Auditorías Internas de los Gobiernos Locales son unipersonales; es decir, todo recae en una sola persona. La Asociación se luce con un Congreso de alto nivel donde participan expositores internacionales de alto nivel, de mucho renombre. Es una gran oportunidad porque la profesión está en proceso de cambio con la entrada en vigor de nuevas normas por parte de la Contraloría General de la República”, indicó Barrantes.

Por su parte, Ronald Ugalde, Auditor Interno de la Municipalidad de Poás, señaló que el Congreso es un punto de apoyo para la evolución de las Auditorías Internas de acuerdo con desarrollos en campos como la tecnología.

“Fenómenos como la corrupción y el crimen organizado evolucionan constantemente en sus formas de operar; en ese contexto, la Auditoría Interna debe ajustar sus métodos de trabajo mediante la incorporación de nuevos enfoques y herramientas. Este esfuerzo requiere un abordaje en equipo orientado al interés público, dado que el crimen organizado funciona como un ‘equipo negativo’ que interfiere con los objetivos institucionales. La Auditoría Interna, por su parte, debe aportar apoyo y valor agregado en los procesos de prevención y combate contra la corrupción”, añadió Ugalde.

En el Congreso participarán representantes de Unidades de AI de San José (Escazú, Desamparados, Puriscal, Tarrazú, Aserrí, Mora, Goicoechea, Alajuelita, Vázquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Turrubares, Dota, Curridabat y Pérez Zeledón), Alajuela: (Alajuela, San Ramón, San Mateo, Atenas, Palmares, Poás, Orotina, San Carlos, Sarchí, Upala y Río Cuarto), Cartago: (Cartago, Paraíso, La Unión, Jiménez, Turrialba, Alvarado, Oreamuno y El Guarco).

Además, Heredia (Heredia, Barva, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo), Guanacaste (Santa Cruz, Bagaces, Nandayure y Hojancha), Puntarenas (Puntarenas, Esparza, Buenos Aires, Osa, Quepos, Coto Brus, Parrita, Corredores, Garabito, Monteverde y Concejo Municipal de Distrito de Paquera) y Limón (Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo).

Un hombre de 33 años, de apellido Alvarado, murió durante la madrugada de este martes luego de recibir al menos un impacto de arma de fuego en la cabeza, en un hecho ocurrido en vía pública en el sector de Santa Bárbara de Santa Cruz, Guanacaste.

De acuerdo con la información preliminar suministrada, el incidente fue reportado pasadas la 1:00 a. m., cuando el hombre se encontraba caminando por la vía pública.

Las primeras diligencias apuntan a que la víctima habría sido interceptada por varios sujetos que se movilizaban en un vehículo. Según la versión preliminar, los individuos descendieron del automotor y el hombre intentó escapar corriendo, pero habría sido perseguido y posteriormente atacado a balazos.

El hombre quedó sin vida en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Santa Cruz se desplazaron hasta la escena para realizar las diligencias correspondientes. En el sitio fueron localizados y recolectados indicios de carácter balístico, los cuales serán sometidos a los respectivos análisis forenses.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia médico-legal.

Las autoridades mantienen abierta la investigación con el objetivo de establecer con precisión las circunstancias que rodearon el crimen, determinar el móvil y ubicar a los responsables del homicidio.

La presidenta de la República, Laura Fernández, nombró este lunes a la diplomática Ana Elena Pinto como nueva canciller.

Su designación ocurre 12 días después del cese de Manuel Tovar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), en medio de señalamientos de “negligencia” por el manejo que dio a una reunión del “Escudo de las Américas”.

Pinto tiene dos décadas de experiencia en el Servicio Exterior y entrará en funciones el próximo 15 de octubre.

Es relacionista internacional. Cuenta con una Maestría en Gerencia y Negociaciones Internacionales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), así como un diploma de tercer ciclo en Formación Diplomática del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos (CEDS) de Francia.

A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos, incluidos el de embajadora de Costa Rica ante Francia y el Principado de Mónaco, delegada permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y representante ante la Organización Internacional de la Francofonía.

Su trayectoria incluye funciones en el servicio interior, vinculadas con política exterior, relaciones internacionales, negociación internacional, organismos multilaterales, cooperación internacional y promoción económica, turística y cultural.

Tema se discutirá en Congreso Nacional

Evento será el 8 y 9 de octubre en el campus del Instituto Tecnológico en Zapote, San José

Un total de 69 Oficinas de Auditoría Interna (AI) que funcionan en las Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito del país apenas reciben apenas un 0,82 por ciento del presupuesto de esas instituciones locales para desarrollar labores relacionadas con la vigilancia y control en el correcto uso de los fondos públicos.

De acuerdo con el oficio DFOE-LOC-0515 de la Contraloría General de la República esos 69 gobiernos locales tienen un presupuesto anual de ¢951 mil 255,6 millones; sin embargo, las Unidades de Auditoría Interna apenas reciben ¢7 mil 810,4 millones que equivalen al 0,82 por ciento.

Las debilidades para que las unidades de AI de los municipios puedan realizar un trabajo eficiente se discutirán durante el II Congreso Nacional de Auditores Internos Municipales que se llevará a cabo del 8 al 9 de octubre en el campus del Instituto Tecnológico en Zapote, San José.

Ese evento está concebido como un espacio de actualización, intercambio técnico y fortalecimiento de capacidades para las auditorías internas del sector municipal. La agenda abarca contenidos jurídicos, de probidad y anticorrupción, investigación de fraude, relaciones de hechos, control interno, uso de datos, ciberseguridad y gestión de activos.

La organización del encuentro está a cargo de la Asociación de Auditores Internos de Gobiernos Locales del Área Metropolitana y Afines con el coopatrocinio del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.

Grandes barreras

Según el presidente de la Asociación, Jorge Pérez Villarreal, el Congreso tiene como una de sus metas “fortalecer las competencias técnicas, jurídicas y tecnológicas de las personas profesionales de auditoría interna municipal mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas aplicables a la fiscalización, el control interno, la investigación y la gestión pública”.

Pérez resaltó que las Auditorías Internas de las Municipalidades enfrentan los siguientes retos:

-Completar la dotación de personal. Una sola persona no puede fiscalizar razonablemente toda la gestión municipal, atender denuncias, elaborar informes, ejecutar labores administrativas, dar seguimiento, responder gestiones y ejecutar el plan anual. Debe avanzarse hacia la estructura de auditor, profesional y asistente que se ha gestionado conforme a los lineamientos de la CGR.

-Garantizar presupuesto operativo suficiente.  Sin presupuesto para licencias, equipo, comunicaciones, capacitación, trabajo de campo y apoyo técnico especializado, la auditoría queda limitada, aunque exista disposición de trabajo.

-Proteger la independencia funcional y de criterio. El Concejo Municipal debe ejercer su papel de jerarca de la Auditoría sin interferir en sus labores técnicas y más bien, apoyar los intereses públicos de las unidades de auditorías internas. Las solicitudes de recursos, criterios, advertencias, recomendaciones y actuaciones deben resolverse formalmente y dentro de plazos razonables.

-Asegurar acceso directo y oportuno a la información. Las demoras en la entrega, respuestas incompletas, expedientes sin antecedentes o documentos enviados mediante terceros afectan la oportunidad de las auditorías. Se requiere un protocolo institucional con responsables, plazos y trazabilidad de cada requerimiento.

-Mejorar el seguimiento de informes y advertencias. Las recomendaciones deben traducirse en planes de acción con responsable, fecha de cumplimiento y evidencia verificable. De lo contrario, los mismos riesgos continúan apareciendo sin corrección efectiva.

-Ordenar la planificación según riesgos. La carga de correos, reuniones, gestiones administrativas y solicitudes urgentes reduce el tiempo disponible para auditorías programadas. El plan anual debe concentrarse en riesgos relevantes: presupuesto, contratación, tesorería, recursos humanos, tecnología, zona marítimo terrestre y control de ingresos, entre otros.

-Contar con apoyo técnico especializado. Una auditoría unipersonal, sin asesoría jurídica propia necesita mecanismos para obtener apoyo independiente en materias legales, tecnologías de información, investigación, contratación pública y análisis de datos, especialmente en casos complejos o con posibles conflictos de interés.

La información de la CGR revela que, al corte del 5 de mayo de 2025, 89 de las 91 entidades municipales analizadas tenían auditorías internas clasificadas como unipersonales o pequeñas. Esto equivale al 97,8 por ciento de la muestra integrada por 84 municipalidades y siete concejos municipales de distrito.

En el Congreso participarán representantes de Unidades de AI de San José (Escazú, Desamparados, Puriscal, Tarrazú, Aserrí, Mora, Goicoechea, Alajuelita, Vázquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Turrubares, Dota, Curridabat y Pérez Zeledón), Alajuela: (Alajuela, San Ramón, San Mateo, Atenas, Palmares, Poás, Orotina, San Carlos, Sarchí, Upala y Río Cuarto), Cartago: (Cartago, Paraíso, La Unión, Jiménez, Turrialba, Alvarado, Oreamuno y El Guarco).

Además, Heredia (Heredia, Barva, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo), Guanacaste (Santa Cruz, Bagaces, Nandayure y Hojancha), Puntarenas (Puntarenas, Esparza, Buenos Aires, Osa, Quepos, Coto Brus, Parrita, Corredores, Garabito, Monteverde y Concejo Municipal de Distrito de Paquera) y Limón (Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo).

Con el objetivo de transformar la cultura organizacional y promover entornos de trabajo más saludables, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica presentó la campaña “Laboralmente”, una iniciativa que busca abrir el diálogo y derribar los mitos sobre la salud mental en el ámbito laboral.

La iniciativa surge ante alarmantes cifras que reflejan la presión sobre el sistema de salud pública del país.

Solo durante 2025, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registró más de un millón de atenciones en consulta externa relacionadas con la salud mental, lo que representa un promedio de 2.805 casos diarios.

Entre 2020 y 2024, las emergencias por trastornos mentales mostraron un alarmante incremento del 44%.

Un lenguaje claro para romper estigmas

Ante esta realidad, la urgencia de fortalecer la prevención en los centros de trabajo se vuelve prioritaria. La presidenta del Colegio de Profesionales en Psicología, Ivannia Serrano, destacó la importancia de abordar el bienestar laboral mediante un lenguaje claro, práctico y accesible para todas las organizaciones.

Uno de los ejes centrales del proyecto es desmitificar creencias arraigadas en el entorno corporativo, como la noción de que “el estrés es señal de compromiso y alto rendimiento”. Al respecto, la psicóloga laboral Tatiana Castro enfatizó la necesidad de reevaluar estas ideas para construir espacios productivos sostenibles y libres de estigmas.

La campaña pone a disposición de la ciudadanía, empresas e instituciones públicas recursos informativos, materiales educativos y herramientas prácticas.

Los interesados pueden acceder a los contenidos a través de las redes oficiales del Colegio de Profesionales en Psicología

Los diputados del bloque opositor presentarán una gestión de desacato ante la Sala Constitucional luego de que el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) hiciera uso de su mayoría en la Asamblea Legislativa para atrasar la elección de magistrados suplentes en ese Alto Tribunal.

Para los legisladores, esa decisión constituye una desobediencia al voto 2026-13498, emitido el 30 de junio anterior por la propia Sala Constitucional, en el que se le ordenó a la Presidencia del Congreso someter a conocimiento del Plenario la lista de aspirantes a la mayor brevedad posible.

El proceso lo confirmó la mañana de este martes el jefe de la fracción del Partido Frente Amplio (PFA), José María Villalta, en una conferencia improvisada en las afueras del salón de sesiones del Plenario, tras una sesión en la que abruptamente se rompió el cuórum.

A la rueda de prensa asistieron además los voceros de las bancadas de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), así como de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Los opositores consideran, a su vez, que la moción aprobada momentos antes por la agrupación en el poder no alcanzó los votos necesarios para devolver el expediente en el que se tramita la nómina de suplentes a la Comisión Permanente Ordinaria de Nombramientos, como anunció la presidenta en ejercicio de la Asamblea, Esmeralda Britton. El bloque cree que, de esa forma, se violentó el reglamento legislativo.

Inicialmente, por acuerdo de fracciones y de la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, la lista de postulantes debía someterse a votación este mismo martes. Esto, finalmente, no ocurrió, dada la gestión del diputado de Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos.

El legislador considera que Britton cumplió con lo dispuesto en el citado fallo, pues llevó el tema al Plenario y este, mediante la moción por él presentada, acordó devolver el expediente a comisión para que ese órgano se encargue de consultar a los postulantes si, casi un año después, aún tienen interés de ser jueces suplentes. Luego se emitirá una nueva recomendación al pleno de congresistas.

Pero durante la sesión, antes de que se levantara en medio de gritos y señalamientos entre las partes, la diputada del Frente Amplio, María Eugenia Román, señaló que la interpretación de Villalobos es errónea. De igual forma, la legisladora debatió la versión dada por el oficialista, respecto a que la Corte debe enviar un mínimo del doble de plazas vacantes en su nómina, pues sostiene que ello no está estipulado en ninguna ley.

“Se puede elegir, lo que pasa es que la fracción de Gobierno quiere seguir quitándole los derechos a la gente y que la Sala no pueda resolver los recursos de amparo que usted, costarricense, necesita para que le resuelvan los temas de atención en salud, en derecho ambiental, para defender su parque o su comunidad, y que no haya forma de que la Sala Constitucional pueda seguir trabajando. Es una orden lo que le dieron a esta Asamblea Legislativa que debería acatar”, afirmó la congresista.

“¿Saben por qué, costarricenses? Porque ellos quieren nombrar solo a personas que ellos conozcan, que sean afines a su partido y que resuelvan como ellos quieren. Eso no se vale. Hay que elegir a las personas que venían en la lista. (…) Es evidente que aquí hay un interés oculto en juego cuando no se nombra de esas 18 personas a nadie, pero sí el Consejo de Gobierno coge a una de esas personas que estaba postulándose para la magistratura y la nombra en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica. Entonces no era que no le gustaban los nombres, porque para una cosa sí son buenos y para otras no”, agregó.

Costa Rica se mantiene libre de rabia canina, pero la rabia paralítica bovina continúa presente y es una enfermedad endémica en el país.

En lo que va del año se han registrado 12 casos, principalmente en los cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, Cañas, Naranjo y Upala. Los bovinos son la especie más afectada.

Ante esta situación, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) hizo un llamado a la población para mantener al día la vacunación antirrábica de perros y gatos.

La recomendación es aplicar la vacuna una vez al año, de acuerdo con las indicaciones de profesionales en medicina veterinaria.

La rabia es una enfermedad viral que puede afectar tanto a las personas como a otros animales de sangre caliente. Una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad es mortal.

El virus está presente en la saliva de animales infectados y puede transmitirse principalmente mediante mordeduras.

La Cruz Roja Costarricense confirmó la noche de este sábado 26 de septiembre la localización de dos cuerpos que corresponden a los hombres adultos reportados como desaparecidos tras un accidente acuático en la zona.

La Benemérita movilizó recursos para realizar las labores de extracción y posteriormente corroboró que se trataba de las dos personas buscadas.

El Coordinador Operativo Regional, Adrián Gómez, detalló que la emergencia se reportó la mañana del sábado:

“Se informó de un accidente acuático en Playa Cabuyal, Liberia, Guanacaste. En la escena, una mujer fue sacada por personas en la playa. Se continuó con la búsqueda de dos personas que estaban desaparecidas y, en horas de la noche, se ubicaron los cuerpos de dos hombres sin signos vitales, de entre 20 y 25 años. La escena quedó a cargo del OIJ”.

La Cruz Roja indicó que una mujer logró ser rescatada por bañistas en el sitio, mientras que los dos hombres permanecieron desaparecidos hasta que fueron hallados sin vida. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió las diligencias correspondientes en el lugar.