El Plan Nacional Sobre igualdad de Género en la Acción por el Clima fue publicado este lunes por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El plan es una guía que se construyó con mujeres de las zonas costeras, zonas rurales y  zonas fronterizas con énfasis en varios elementos como autonomía económica, sobre una vida libre de violencia y sobre la relación histórica que ha tenido la mujer con el ambiente.

Es decir, este plan genera la posibilidad de que las mujeres puedan tener réditos económicos por el trabajo que realizan y que tiene impacto mitigando el efecto climático.

Cindy Quesada, Ministra da la condición de la mujer dijo que la intención es que ellas puedan generar proyectos y esto genere fuentes de ingreso para ellas y sus familias “pero además, es un reconocimiento del esfuerzo y trabajo que las mujeres han hecho en atención y prevención de los desastres naturales como las primeras respondedoras”

El proyecto ya comenzó a aplicarse, por ejemplo en Nicoya, el 80% de 300 beneficiados son mujeres que trabajan en actividades en la costa que impacta el cuido del ambiente.

Uno de esos ejemplos, es el de las mujeres que trabajan en los manglares ya que cuidan de que no hayan abusos del ciclo de vida en el manglar y se les paga un rubro por cuidados ambientales, 

Franz Tattenbach, Ministro de Ambiente dijo que la remuneración es autonomía económica y algo que tiene interesante es que son actividades que ya hacen “no tenemos que enseñarles a cosechar moluscos, son actividades que ya saben hacer, que tal vez no lo hacían sosteniblemente o con la planificación científica pero ahora lo pueden hacer”

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el plan logra identificar oportunidades de negocios, de reactivación económica y de emprendedurismo “el plan se inspira en la necesidad de atender esas brechas que fueron identificadas; como que no tienen acceso al crédito, acceso formal a las tierras o sistemas de cuidado que les permitan desplegar su potencial económico y político”

Este es el primer plan para avanzar en la lucha contra el cambio climático con el empoderamiento de las mujeres.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) ha confirmado que Starlink, la compañía de Internet vía satélite fundada por Elon Musk, ha obtenido la autorización para operar en Costa Rica.

Esta autorización marca un paso crucial para la empresa, que ahora está lista para desplegar sus servicios en el territorio nacional. Según el sitio web de Starlink, se espera que inicien sus servicios en Costa Rica a partir del cuarto trimestre de 2023, con un costo de $9 para acceder a su área de cobertura.

El acuerdo ejecutivo No. 051-2023-TEL-MICITT ha concedido a Starlink, como parte de Space X, una concesión directa de frecuencias de asignación no exclusiva que estará vigente hasta agosto de 2038. Además, es importante mencionar que la empresa ya cuenta con personería jurídica en Costa Rica.

Aunque aún no se muestra la disponibilidad en Costa Rica en el mapa de cobertura de la compañía, sí se indica su presencia en Guatemala, El Salvador y Panamá.

Starlink ofrece un servicio basado en satélites de baja órbita, enfocado principalmente en áreas rurales con conexiones terrestres limitadas o inexistentes. Proporcionan a sus clientes un kit completo que incluye antena, router Wi-Fi, fuente de poder, cables y la base necesaria para la conexión. Es importante tener una vista despejada del cielo para garantizar una conexión óptima. Esta autorización representa un avance significativo hacia un acceso más amplio y eficiente a Internet en todo el país.

Un proyecto de ley que permitiría a taxistas colocar publicidad en sus unidades, transportar animales y eximirse del pago del canon del CTP fue aprobado por los diputados en primer debate.

La propuesta, presentada en el 2020 durante la anterior administración, recibió el apoyo de 46 legisladores.

Esta iniciativa autoriza la colocación interna y externa de publicidad en los taxis para que puedan generar recursos adicionales, así como la posibilidad de que transporten alimentos, medicamentos y animales de compañía.

Debido a que el texto se planteó durante el periodo de pandemia, se autoriza a la Caja del Seguro Social a condonar cobros por multas, sanciones e intereses, a los taxistas trabajadores independientes y a realizar arreglos de pago sin la necesidad de presentar un fiador.

Adicionalmente, se exime a los taxistas del pago del canon al Consejo de Trasporte Público (CTP) durante un año y por hasta un 50%.

Esta propuesta también permite a los taxistas unirse a plataformas tecnológicas sin necesidad de obtener previamente la autorización del Consejo.

El texto aprobado establece que los ingresos generados por la publicidad no se considerarán en el proceso de regulación tarifaria del servicio.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves fallas en la gestión financiera en la Municipalidad de Nandayure según consta en el Informe N.° DFOE-LOC-IAD-00013-2023 del pasado 10 de agosto elaborado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización para el Desarrollo Local.

De acuerdo con esa investigación –en poder de Guana Noticias– los resultados con base en la recopilación de la evidencia permiten concluir que “sobre la capacidad de gestión financiera, la Municipalidad de Nandayure incumple en todos sus aspectos significativos, con los criterios de auditoría”.

“De acuerdo con los resultados obtenidos, la Municipalidad de Nandayure presenta importantes debilidades en su gestión financiera que afectan la competitividad y el accionar del Gobierno Local, reflejando un incumplimiento general de la normativa que regula dicha gestión. La falta de visión estratégica por parte de las autoridades municipales no le permite avanzar a la institución de forma sostenible y prospectiva hacia la prestación continua del servicio público”, expresa el documento.

El estudio afirma que ese gobierno local guanacasteco carece de planificación municipal, además, sufre la falta de integración de los procesos de gestión financiera para la toma de decisiones, debilidad en el accionar de la institución y la imagen del municipio.

Además, el ente contralor determinó que se denota falta de liderazgo y coordinación por parte de los jerarcas institucionales para que los procesos de gestión financiera se realicen de forma que, mediante el accionar de las partes involucradas, se alcancen los objetivos organizacionales y se oriente a los funcionarios al cumplimiento de resultados en materia financiera y el servicio público.

“La Municipalidad de Nandayure carece de una cultura organizacional con miras a la excelencia de los servicios que brinda el Ayuntamiento, lo cual es pieza clave para guiar el desempeño de la gestión financiera, y así promover comportamientos éticos, en procura de la sana administración de los recursos públicos”, precisa el análisis de la CGR.

El documento fue elaborado por los funcionarios; Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Area; Francisco Hernández, Asistente Técnico; Marina Fernández, Coordinadora y Janice Monge, Colaboradora.

La Municipalidad de Nandayure maneja actualmente un presupuesto de ¢2 mil 164 643 millones.

La última encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) muestra una reducción en las percepciones positivas hacia la gestión del gobierno y del presidente Rodrigo Chaves en comparación con los resultados del mismo estudio en abril pasado.

De acuerdo con el CIEP en septiembre el 53% de la ciudadanía evalúa positivamente la gestión del gobierno, lo que representa una disminución de 7 puntos porcentuales en relación con el dato de abril de 2023. En contraste, las valoraciones negativas y neutras aumentan en 3 puntos porcentuales cada una.

“En lo que respecta a la valoración de la gestión del presidente, el 57% de las personas encuestadas brindaron una evaluación positiva, lo que refleja una reducción de 6 puntos porcentuales con respecto a la medición previa”, señala el reporte de la UCR.

La última encuesta se realizó a ciudadanos y ciudadanas costarricenses con teléfono celular, lo cual abarca aproximadamente el 97,5% de la población. A partir del marco muestral del Plan Nacional de Numeración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) se realizó un muestreo aleatorio.

Además, se completaron 1000 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años los días 6, 7, 8 y 11 de septiembre, durante la mañana, la tarde y la noche (9:00 a 20:30).

El informe del CIEP establece que las personas cuya opinión sobre la gestión gubernamental empeoró atribuyen principalmente esta percepción a razones relacionadas con la personalidad de Rodrigo Chaves (31%), señalando que es “mentiroso”, “corrupto”, “autoritario”, que carece de “credibilidad” y que no inspira “confianza”.

Además, sobresalen motivos como el incumplimiento de promesas y la sensación de haber sido “decepcionados”. Entre estas personas el 5% no pudo o no quiso brindar una razón concreta de su opinión.

El apoyo de la población al trabajo del presidente Rodrigo Chaves experimentó una caída de 22 puntos porcentuales entre agosto del 2022 y setiembre del 2023.

El líder narco, apellidado González Hernández y conocido como Pancho Villa, y su banda afrontarán un juicio, luego de que el Juzgado Penal así lo decidiera.

La Fiscalía informó de que ese despacho notificó la decisión el pasado 13 de setiembre; no obstante, no fue hasta este martes que comunicaron el hecho.

De acuerdo con el ente fiscal, esta banda operó entre diciembre del 2018 y abril del 2021 en la zona sur del país, específicamente en Golfito, Puerto Jiménez y Zancudo.

Según la investigación, el grupo criminal ingresó droga en esas fechas por esos puntos y que la trasladaban en una vagoneta.

Al parecer, dos agentes judiciales asesoraban a la organización y escoltaban la droga para poder evadir los retenes policiales que se hacían.

Por otra parte, también se acusa que uno de los imputados, que es de apellidos Chavarría Hernández y quien era el presidente municipal de Corredores, coordinaba las reuniones con el líder de la banda y otras personas para “instaurar empresas que serían usadas para legitimar ganancias”, se lee e el comunicado.

Lo que ahora corresponde es que el Tribunal Penal de la localidad programe una fecha para que se desarrolle el debate.

El caso corresponde al expediente 19-000004-0822-PE.  

Distintas organizaciones sindicales del sector salud cuestionaron el cierre del programa de trasplantes de riñón con donantes cadavéricos en el Hospital San Juan de Dios, anunciada el pasado miércoles.

Para líderes gremiales como Lenin Hernández y Luis Chavarría, esa decisión traerá implicaciones para los pacientes, que incluso acabarían por condenarlos a su muerte, a pesar de que la ministra del ramo, Mary Munive, afirmó que la determinación más bien daría nuevas esperanzas a quienes aguardan por una intervención de este tipo.

Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), criticó el rol ejercido por la cartera, ya que a esta le corresponde velar porque la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) brinde servicios oportunos, eficientes y de calidad. El vocero destacó que en ese marco, al Ministerio de Salud le correspondía girar todas las medidas necesarias para hacer funcionar el programa.

“Y la última medida es el cierre, porque cerrar una unidad está condenando prácticamente a la muerte a los pacientes, que es lo que está ocurriendo actualmente en el Hospital México. Trasladan a los pacientes de trasplante hepático al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y el Calderón Guardia no tiene la capacidad instalada para abordar estos pacientes”, dijo Hernández.

Chavarría, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), lamentó que la cartera haya girado -por segunda vez en cuestión de cuatro meses- una orden sanitaria contra una unidad de trasplante.

El 12 de mayo anterior, el Ministerio de Salud cerró el programa de trasplante hepático del Hospital México, a partir de un informe de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que muestra una “significativa diferencia” entre la supervivencia de los pacientes trasplantados en ese centro médico respecto a otros que efectúan los mismos procedimientos en el país y por debajo de los estándares internacionales.

​Recién el miércoles, se le revocó parcialmente al San Juan de Dios la autorización para efectuar trasplantes de riñones de donantes cadavéricos, en razón de su rendimiento durante los últimos seis años; mismo que -de acuerdo con un segundo informe- mantiene en desigualdad de condiciones a los pacientes de ese centro médico. Esto por cuanto ahí se efectuaron 16 trasplantes de 59 órganos que se le pusieron a disposición de 2020 en adelante.

“Yo diría que lo más grave es cerrar esto y que la institución no tenga una manera de venir a solventarlo, porque nada se hace con cerrar si la institución no tiene una forma alternativa de venir a seguir dándole la posibilidad de estos pacientes, porque sino lo que les queda con esas órdenes sanitarias es esperar la muerte verdad en una serie de casos”, manifestó Chavarría.

El Ministerio de Salud sostiene que los pacientes no sufrirán afectación ante el cierre del programa en el San Juan de Dios, en el tanto que estos se mantienen en una lista única nacional y que, una vez se cuente un órgano con el que resulten compatibles, a estos se les informará y trasladará hasta un centro médico avalado. El resto de su atención continuará en el San Juan de Dios.

Los sindicalistas, por otra parte, aseguran que los otros hospitales no tienen capacidad instalada para recibir a esos asegurados.

Los diputados aprobaron este miércoles investigar, mediante una comisión especial, los contratos que el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y su agencia de publicidad han firmado con diferentes instituciones públicas.

El órgano, que había sido anunciado semanas atrás, tendrá como objetivo analizar al menos tres acuerdos que se suscribieron para gestionar millonarios contratos de entidades estatales.

Diputados de oposición cuestionaron, recientemente, que muchas de esas contrataciones se han realizado “a dedo” y que desde el Poder Ejecutivo han existido presiones para que las instituciones contraten a la agencia.

De igual forma, la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, ha insistido en diferentes medios de comunicación que el productor Christian Bulgarelli participó en el diseño de un contrato por $300 mil, que finalmente él mismo ganó.

Por ese caso, el diputado Ariel Robles (FA) presentó, días atrás, un oficio de la exasesora jurídica del Sinart, Mariana Fernández, en el que afirma que el expresidente de esa entidad, Allan Trigueros, le ordenó de manera verbal contratar a la empresa de Bulgarelli.

La comisión estará integrada por dos diputados del Partido Liberación Nacional y uno de cada una de las cinco fracciones restantes.

El órgano especial deberá rendir su informe final a más tardar el próximo 24 de noviembre.

La existencia de un fin de semana largo, entre el viernes 15 y el domingo 17 de setiembre, propicia el que muchas personas aprovechen para salir de vacaciones. Para facilitar el regreso de esas personas, desde Guanacaste o Puntarenas, hacia el Valle Central, se aplicará reversibilidad en la ruta 27 el domingo 17 de setiembre.

Así, en consecuencia, explicaron en el Consejo Nacional de Concesiones, se utilizarán todos los carriles de tránsito de la ruta 27, José María Castro Madriz, entre Pozón y el peaje del cruce hacia Ciudad Colón, con dirección a la capital.

En el Consejo agregaron que la medida sobre la también conocida ruta San José-Caldera será efectiva en estos 47 km entre las 2 y las 6 de la tarde del 17 de setiembre. El cierre de la carretera hacia el Pacífico se efectuará entre la 1 pm y las 7 pm, con el objetivo de reducir riesgos de accidentes.
La disposición de las autoridades, remitida a la concesionaria Globalvía, administradora de la carretera, cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) y se dispondrá de la colaboración de la Policía de Tránsito.

Por directriz de la DGIT, la velocidad máxima permitida será de 60 km/h, de ahí que se hace un llamado a los conductores para que respeten esta disposición que se dejará clara con señalamiento vertical temporal.
Para conocer el estado de la ruta o solicitar asistencia de la Sociedad Concesionaria, los usuarios pueden llamar al Centro de Control al 2588-4040.
También, pueden comunicarse a la Dirección General de la Policía de Tránsito al 2523-3300 a las extensiones de la 1021 a la 1029.

Los diputados de la comisión especial que analiza una posible rebaja al marchamo del 2024, aprobaron esta noche un texto sustitutivo que traería rebajas de entre 5% y 50% para el impuesto a la propiedad de todos los vehículos del país.

El texto, anunciado la semana anterior, tiene firmas de 45 diputados y cuenta con el apoyo de cinco de las seis fracciones legislativas del Congreso.

“Este texto garantiza una rebaja sustancial en el cobro del marchamo, especialmente para personas con vehículos de valores medios y bajos”, dijo la frenteamplista Sofía Guillén.

La nueva propuesta en discusión traería una rebaja progresiva con las que los vehículos más baratos pagarán 50% menos en el impuesto, los de gama media entre un 20% y 40% menos y los más caros entre un 5% y 6% menos.

Como ejemplo, la diputada puso dos escenarios: para el caso de un vehículo con un valor de mercado de 1 millón el impuesto bajaría 31,85%, mientras que un carro de ₡4 millones la rebaja sería de 46,84%.

“En este último caso, ese carro pasaría de pagar ₡108.700 a ₡57.790, estamos hablando de una rebaja significativa”, dijo.

En el caso de los vehículos más caros, Guillén insistió en que las rebajas no llegarían, en ningún escenario, ni al 10%.

El texto también incluye una rebaja en la depreciación de los vehículos, que pasará de 30 años a 15.

El oficialista Daniel Vargas, el único de siete diputados que votó en contra del texto aprobado, aseguró que esa rebaja traería un golpe fiscal de entre ₡50 mil millones y ₡60 mil millones, lo que provocaría un hueco en la recaudación.

“O dejamos de hacer cosas, o adquirimos más deudas, o incumplimos con organismos internacionales, o mejoramos la recaudación”, cuestionó Vargas como soluciones a esa aprobación.

Guillén le respondió que el texto aprobado no representa ni el 10% del superávit primario que hoy tiene el Gobierno y que, por lo tanto, no aceptaría que desde el Ejecutivo se asuste a gente con posibles consecuencias que no existen.

“No quiero escuchar que por esta rebaja luego no se podrán pagar los aguinaldos, eso no es cierto y no lo voy a permitir, no asustemos con el Coco a la gente”, criticó.

Vargas intentó hoy, sin éxito, aprobar un texto sustitutivo que, dijo, presentó el Ministerio de Hacienda y que traería una pérdida en la recaudación de ₡40 mil millones; sin embargo, la propuesta fue rechazada.

Esta noche, además, se discutió la posibilidad de una eventual condonación para las personas que hoy están morosas con el llamado derecho de circulación; sin embargo, no hubo consenso sobre esta por posibles problemas de conexidad con el proyecto en discusión.

La rebaja en el marchamo volverá al Plenario para “quemar” un segundo día de mociones y luego poder ser discutido y votado por el fondo.

Fuente Teletica.com

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) despidió a dos funcionarias de la sede de Paraíso de Cartago por su vínculo con el caso de la bebé Keibril García Amador, desaparecida desde el 9 de abril pasado en Cervantes.

Si bien no detalló a qué correspondió la decisión o cuáles fueron los hallazgos que hicieron al respecto, la presidenta ejecutiva del Patronato, Kennly Garza, sí confirmó el despido de esas trabajadoras. No trascendieron sus identidades ni puestos.

Pero, ellas no fueron las únicas que recibieron una sanción. Según dijo Garza, otros cuatro funcionarios -cuyos cargos tampoco se conocen- fueron suspendidos del cargo pero sin goce de salario. No detalló por cuánto tiempo es el castigo.

Este caso trascendió el propio 9 de abril cuando se difundió que una bebé de tan solo nueve meses había sido raptada de los brazos su mamá – de tan solo 13 años en aquel momento.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) comenzó una serie de diligencias para intentar dar con la menor, pero, hasta la fecha, ha sido imposible ubicarla.

En paralelo a esto, trascendió que el principal sospechoso de la bebé era el padrastro de la joven adolescente, ya que él sería el papá biológico de la bebé raptada. Es de apellidos Casasola Salas.

El móvil del rapto sería, entonces, que el hombre quería impedir que le realizaran exámenes de ADN a la bebé y, con ello, evitar que se confirmara la violación a la muchacha.

No obstante, pese a que se desconoce dónde está la bebé, las autoridades siempre lograron recolectar sustancias suficientes para poder hacerle la prueba de paternidad a Casasola, la cual dio positivo. Él quien descuenta prisión preventiva, fue detenido por la sustracción y violación.

Conforme pasaban los días, se destapó que el PANI no brindó la atención que requería a la menor y que, incluso, la Fiscalía tampoco tuvo un papel proactivo para, eventualmente, hasta poder evitar este lamentable hecho.

A raíz de esos hallazgos, es que el Patronato abrió el proceso administrativo que terminó con el despido de esas dos funcionarias y con la suspensión de los otros cuatro.

Tres policías pasarán los próximos seis meses en prisión preventiva por haber supuestamente robado una carga de droga para, luego, vendérsela a un peligroso grupo criminal asentado en Limón.

Se trata de los imputados de apellidos Mena Gamboa, Alvarado Ávalos y Fernández Rodríguez.

A ellos -quienes eran funcionarios de la Fuerza Pública- se les investiga por los presuntos delitos de infracción a la ley de psicotrópicos en modalidad de transporte, almacenamiento y trasiego de drogas; procuración de impunidad, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y violación de custodia de cosas. 

Hay una cuarta oficial sospechosa, de apellidos Bermúdez Valverde; sin embargo, ella quedó en libertad sin medidas cautelares. Se desconoce su papel en este caso.

La Fiscalía informó de que fueron alertados del robo de una droga, durante un retén policial. La investigación permitió esclarecer que eso ocurrió el pasado 21 de marzo.

“Se presume que los policías hicieron la señal de parada a un vehículo, sin embargo, sus ocupantes la ignoraron y se dieron a la fuga, por lo que los policías les dieron persecución hasta que el auto ingresó al parqueo de un restaurante. 

“Supuestamente, al intervenir el vehículo los investigados permitieron que los sospechosos huyeran; además, se sospecha que sustrajeron varios paquetes de droga, los trasladaron a otro sitio en la unidad de la Fuerza Pública y, aparentemente, luego vendieron los estupefacientes a un grupo criminal”, detalló el ente acusador en un comunicado.

Trascendió que, en apariencia, los oficiales hicieron negocios con la banda de Alejandro Arias Monge, alias El Diablo.

Por eso hechos, los imputados fueron detenidos el miércoles pasado. En los allanamientos, las autoridades encontraron evidencia importante, como celulares, un arma de fuego, un arma de fuego hechiza, una escritura de traspaso de vehículo y un vehículo.