Un recién nacido encontrado dentro de un basurero clandestino en Hatillo, San José, tiene entre cuatro y cinco días de vida, según confirmó el director del Hospital Nacional de Niños, Carlos Jiménez.

El menor fue rescatado con vida por oficiales de la Fuerza Pública, la mañana de este miércoles, en un lote baldío ubicado en las cercanías de la rotonda de Alajuelita, en el sector conocido como Rancho Guanacaste.

De acuerdo con el informe policial, el hallazgo se produjo alrededor de las 10 a. m., cuando un ciudadano escuchó el llanto del bebé y alertó a una patrulla que transitaba por la zona. Los oficiales localizaron al recién nacido dentro del flujo de agua que salía de una alcantarilla, en un área utilizada como botadero.

El menor fue trasladado inicialmente a la Clínica Solón Núñez, en Hatillo, y posteriormente remitido al Hospital de Niños.

“El Hospital Nacional de Niños recibió a un recién nacido de aproximadamente cuatro o cinco días de nacido que estaba en un charral en las cercanías de la rotonda de Alajuelita.

“Es traído a la Clínica Solón Núñez, luego lo pasan a este Hospital de Niños y hasta el momento el niño se encuentra en el servicio de Emergencias, viene en buena condición, venía un poco frío, pero ya se calentó, ya se alimentó y el examen físico es totalmente normal”, explicó el doctor Jiménez.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar quién abandonó al bebé y las circunstancias en que fue dejado en el lugar. 

El caso quedó bajo la atención de la Policía Judicial y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

San José, 11 de noviembre de 2025 – Miles de productores agrícolas, junto con sindicatos, estudiantes y otros colectivos sociales, marcharon hoy en la capital costarricense en una manifestación que partió desde el Parque Central de San José hacia la sede de la Casa Presidencial en Zapote. Los participantes demandaron al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles que adopte políticas urgentes de apoyo al sector productivo nacional, en especial al agropecuario, que según denuncian enfrenta una situación crítica.

Entre las organizaciones convocantes figuran la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) —que respaldó la movilización— y gremios como la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) y asociaciones de horticultores y fruticultores.

Las principales exigencias de los manifestantes incluyen:

• Una política estatal clara y sostenida de respaldo a la producción nacional, con acceso a crédito digno y asistencia técnica.
• Precios justos para los productores y protección ante la competencia de importaciones masivas que, según denuncian, amenazan la soberanía alimentaria del país.
• Reestructuración de deudas agropecuarias y mejores condiciones para los pequeños y medianos productores.
• Reinversión en infraestructura rural, mitigación de los efectos del cambio climático, y evitar que el agro quede marginado en la agenda estatal.

Durante la movilización se registraron momentos de tensión cuando agentes de la Fuerza Pública de Costa Rica bloquearon el paso de tractores y maquinaria agrícola que participaban en la caravana proveniente de Cartago, y detuvieron al dirigente agrícola Roy Fallas, lo cual generó reclamaciones por “represión” de parte de los manifestantes.

El presidente Chaves Robles, por su parte, fue directamente señalado durante la marcha. Los manifestantes lo acusaron de haber “dado la espalda” al agro y de implementar políticas que favorecen importaciones y desincentivan la producción nacional.

La convocatoria también se caracterizó por la amplia participación de sectores ajenos al agro: docentes, estudiantes universitarios y sindicatos se unieron bajo eslóganes como “Sí a la democracia, no a la dictadura”, enfatizando que las demandas del agro van de la mano con peticiones más amplias de transparencia, educación y respeto institucional.

Reacciones y próximos pasos
La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria expresó su respaldo a la marcha y exigió al Gobierno un diálogo institucional real para abordar la crisis del sector agropecuario. (La Nación) Los organizadores anunciaron que, de no obtener respuestas satisfactorias, realizarán más movilizaciones o harán valer otras medidas de presión.

El Gobierno aún no ha publicado un pronunciamiento oficial detallado sobre esta manifestación. Analistas advierten que la protesta refleja un creciente descontento en áreas rurales que podrían tener implicaciones políticas de cara a la próxima agenda legislativa.

Un fenómeno delictivo entre Costa Rica y Panamá está generando preocupación entre autoridades y expertos en seguridad, quienes advierten a la ciudadanía sobre la compra de vehículos que podrían haber sido robados y posteriormente “gemeleados” para ser vendidos en el país.

Según información de la Policía de Panamá, grupos organizados en el sector de Chiriquí “estarían alquilando vehículos mediante empresas, rentacar y trasladándolos hacia Costa Rica”.

Una vez que los automóviles cruzan la frontera, los responsables en Panamá colocan denuncias de supuesto robo para que los carros salgan de su sistema de control, lo que dificulta la trazabilidad del delito.

Las autoridades panameñas confirmaron recientemente la desarticulación de una organización compuesta por cuatro personas, a quienes se les decomisaron equipos tecnológicos utilizados para alterar placas y documentos de los vehículos.

En Costa Rica, expertos y un exagente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalan que grupos locales colaboran en el proceso. La modalidad consiste en utilizar vehículos declarados pérdida total para transferirles la identidad registral a los automóviles ingresados ilegalmente desde Panamá. Este proceso, conocido como “gemeleo”, permite vender los autos como si fueran legítimos, generando ganancias millonarias para las estructuras criminales.

El cantón de Corredores, cercano a la frontera, ha sido uno de los puntos más afectados. Solo en lo que va del año, el OIJ reporta 28 vehículos robados en esa zona y mantiene en investigación varios automóviles de origen panameño decomisados que se sospecha forman parte de este esquema.

Dani Vergara, abogado y exagente del OIJ, explicó que los delincuentes buscan principalmente automóviles de alta gama. 

​“Aprovechan vehículos siniestrados para obtener placas, stickers y documentación, los presentan en el Registro Nacional mediante poderes especiales que nunca son firmados por el compareciente y así logran legalizarlos”, señaló.

​Recomendaciones para compradores

Los expertos coinciden en que la prevención es clave para evitar ser víctima:

• ​Solicitar un estudio histórico registral del vehículo en el Registro Nacional.
• Verificar físicamente los números de VIN, motor y chasis.
• Escanear la computadora del vehículo para confirmar que la información coincida con los documentos.
• Si existen sospechas, acudir al OIJ antes de concretar la compra.

Las autoridades insisten en que estos delitos afectan tanto a empresas como a ciudadanos, quienes pueden perder el carro adquirido si se confirma su origen ilícito.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) anunció la detención de 29 miembros del Cártel del Caribe Sur, durante el histórico operativo de este martes en el que participaron 1.200 oficiales del OIJ, así como de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), del Instituto Costarricense sobre Drogas, y de la Policía Municipal de San José.

El recuento final identifica a 24 hombres y cinco mujeres, cuyos apellidos se detallan a continuación:

1. McKenzie
2. Aguilar
3. Mora
4. Brown
5. Quesada
6. Ramírez
7. Ampie
8. Ramos
9. Méndez
10. Arias
11. González
12. Ramos
13. Rodríguez
14. Suárez
15. López
16. Muñoz
17. Chacón
18. Chavarría
19. Ordoñez
20. Díaz
21. Alvarado
22. Miguel
23. Presida (nicaragüense)
24. Guzmán (nicaragüense)
25. Crawford (mujer)
26. McDonald (mujer)
27. McDonald (mujer)
28. Peña (mujer)
29. Cortés (mujer)

En el transcurso de la tarde del martes, la Policía Judicial también liberó los retratos de otros 16 sujetos requeridos en el marco de esta pesquisa.

La lista incluye a Isaías Rodríguez, Wílmer Blandón, Edilson Castrillón, Aarón Grijalba, Jean Carlos Quesada, Pedro Umaña, John Montenegro, Clinton McField, Hamon Cuthbert, Karla Picado, José Daniel Paz, Jesús Rivera, Tobías Delgado, Orlando Angulo, Juan Gerardo Mena y Wilfredo Robleto

De momento, se desconocen los roles que desempeñaban tanto los aprehendidos como los pendientes de captura.

Valga recordar que la estructura, señalada por el director interino del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, como el principal proveedor de marihuana y cocaína de Colombia para grupos criminales de todo el país; era liderada por los hermanos Luis Manuel y Jordie Picado. Estos sujetos, más conocidos como “Shock” y “Noni”, permanecen detenidos con solicitud de extradición a Estados Unidos: el primero en Reino Unido, y el segundo en Costa Rica.

Recuento provisional

Durante los 64 allanamientos ejecutados en la operación “Traición”, la Policía Judicial encontró grandes cantidades de dinero en efectivo, armas de fuego, motores de lancha, vehículos y ganado.

En total, se hallaron ¢97 millones en billetes de ¢20.000 y se congelaron cuentas bancarias con unos ¢200 millones.

De igual forma se decomisaron unas 50 cabezas de ganado en una finca en Bananito de Limón, al tiempo que se anotaron varias propiedades y se incautaron 16 automóviles.

Sin embargo, esos datos se desprenden de un balance inicial dado por el Organismo de Investigación Judicial y está previsto que en el transcurso de este miércoles surja uno más condensado.

Un estudio registral realizado a partir de las placas de los vehículos que abastecen a los vendedores ilegales que invaden la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) de Playa Dominical de Osa (Puntarenas) permitió conocer que los propietarios de esos carros -livianos y de carga- tienen inscritos gran cantidad de bienes muebles -como automotores de modelos recientes de alta gama- lotes, fincas y casas.

El análisis jurídico llevado a cabo por especialistas en temas registrales demostró que se trata de comerciantes con domicilio en Alajuela, San José, Quepos, Puntarenas, Heredia y Pérez Zeledón.

Los datos muestran que algunos comerciantes aparecen en el Registro Público como propietarios de vehículos del año (2025) y en otros casos una misma persona posee ocho carros entre modelos de tipo particular, carga livina y pesada.

En la ZMT de Playa Dominical se ejerce de manera ilegal actividades económicas (incluso con datafono para tarjeta de crédito o de débito) en abierta competencia desleal que perjudica al comercio jurídicamente establecido en ese centro turístico de la Región Sur. Además, los camiones que abastecen a quienes realizan transacciones ilícitas mantienen inventarios millonarios de productos en su mayoría fabricados en China, México o Indonesia, entre otros países.

Actualmente la Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado en contra de la Municipalidad de Osa debido a la invasión ilegal de la ZMT en Playa Dominical sitio de naturaleza pública que actualmente se encuentra inundado de vendedores ambulantes que operan al margen de la Ley sin patente del gobierno local, ni pagar tributos a ninguna entidad oficial.

Según establece el artículo 12 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (N° 6043 del 02 de marzo de 1977) indica que en ese lugar “es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación”.

Contradicción municipal

El Gobierno Local de Osa alega que la actividad al margen de la Ley en Playa Dominical está a cargo de pequeños artesanos de la comunidad; sin embargo, los datos del Registro Público refutan por completo esa percepción porque la información oficial demuestra que quienes ejercen esa actividad ilícita en casi todos los casos son dueños de dos o más carros y otros bienes de alto valor económico.

El artículo 12 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (N° 6043 del 02 de marzo de 1977) indica que en ese lugar “es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación”.

De acuerdo con el artículo 13 de la citada Ley las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades respectivas tan pronto tengan noticia de las infracciones en esa zona “procederán, previa información levantada al efecto, si se estimare necesaria, al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas”.

No obstante, esa disposición durante muchos años la Municipalidad de Osa ha tenido una actitud permisiva permitiendo que en la ZMT de Playa Dominical se ejerzan todo clase de transacciones comerciales incluso sin el debido pago de la patente.

Playa Dominical, está considerada como uno de los mejores puntos de surf de Costa Rica; además, tiene una extensión de aproximadamente cuatro kilómetros que cada año atrae a miles de turistas nacionales y extranjeros.

San José, Costa Rica. – A partir de este lunes, los propietarios de vehículos en Costa Rica ya pueden conocer y pagar el monto del marchamo correspondiente al año 2026. El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó que su plataforma digital se encuentra activa para realizar las consultas de manera inmediata.

El proceso para verificar el importe a cancelar es sencillo y está disponible las 24 horas del día. Los usuarios solo deben ingresar al enlace oficial del INS y proporcionar el número de placa del vehículo, sin guiones ni espacios, y seleccionar el tipo de vehículo en el sistema.

Al hacer clic en “Consultar”, la plataforma no solo desglosará el valor a pagar, sino que también ofrecerá información detallada como el nombre del propietario registrado, la marca, el modelo, los periodos pendientes (en caso de existir) y el valor fiscal del automotor.

Atención inmediata vía WhatsApp

Para quienes prefieran otras alternativas digitales, el INS mantiene activo su canal de atención a través de WhatsApp. Al escribir al número +506 2287-6100, se activará el asistente virtual “Kàl”.

El procedimiento es rápido: una vez desplegado el menú de opciones, se debe seleccionar la opción 4 y, posteriormente, enviar un 2 en el apartado “Consultar marchamo”. El usuario solo tendrá que elegir el tipo de vehículo e ingresar el número de placa para recibir toda la información en la misma conversación.

Flexibilidad en los métodos de pago

El pago del derecho de circulación 2026 puede realizarse de forma digital desde las 4:00 a. m. a través de las plataformas en línea del INS.

Para los que opten por la modalidad presencial, las sucursales físicas del Instituto en todo el país abrirán sus puertas en el horario habitual, a partir de las 8:00 a. m., para atender a los contribuyentes.

Con estas opciones, el INS busca agilizar el proceso y ofrecer comodidad a los conductores, evitando las aglomeraciones y las largas filas durante los primeros días de habilitación del servicio.

Consulte Aqui: https://marchamo.ins-cr.com/marchamo/ConsultaMarchamo.aspx

El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, informó que, aunque las condiciones del tiempo han mejorado, los niveles de inundación persisten en distintos sectores del país. 

Hasta este miércoles, se mantienen activos siete albergues para atender a las personas afectadas.

Durante la noche del martes, el número de personas refugiadas aumentó, y actualmente se brinda atención integral a 186 personas distribuidas en centros ubicados en Santa Cruz, Puerto Jiménez, Corredores y Cóbano.

“Durante este martes, se registraron 321 incidentes a lo largo de la vertiente del Pacífico, siendo Guanacaste la provincia más afectada, especialmente los cantones de Santa Cruz, Nicoya y Nandayure. También se reportan fuertes afectaciones en la Zona Sur, en cantones como Puerto Jiménez, Corredores, Osa y Golfito”, señaló Picado.

Las acciones operativas para este miércoles se enfocan en la atención de comunidades que reportaron inundaciones, mediante la valoración de familias y viviendas afectadas, con el fin de elaborar un plan de asistencia humanitaria. Además, conforme mejoran las condiciones meteorológicas, se realiza la evaluación de daños en caminos e infraestructura.

Picado señaló que en estas labores participan varias instituciones como el Conapdis, IMAS, PANI, Bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública y las municipalidades, mediante un enlace conjunto de esfuerzos para atender las necesidades más urgentes.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la influencia indirecta del huracán Melissa sobre Costa Rica está disminuyendo. Sin embargo, los suelos permanecen saturados, por lo que las autoridades instan a la población a no bajar la guardia.

Según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, el huracán Melissa se desplaza hacia el noreste de Cuba a una velocidad de 22 km/h, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h y ráfagas más altas. 

Se espera que su trayectoria continúe hacia el Noreste, alejándose del Caribe y pasando cerca o al oeste de las Bermudas a finales del jueves.

La CNE mantiene la alerta naranja para toda la vertiente del Pacífico; alerta amarilla para el Valle Central y Zona Norte, y alerta verde para el Caribe.

La Fiscalía Adjunta de Género secuestró el celular al director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, la mañana de este miércoles.

El decomiso fue confirmado este miércoles por el Ministerio Público ante una consulta, pero fue realizado el viernes de la semana pasada por la Sección Especializada en Violencia de Género de la Policía Judicial.

Sobre la diligencia, Zúñiga únicamente indicó en que tiene confianza plena en el trabajo objetivo del Ministerio Público.

A la fecha, el jefe del Organismo de Investigación Judicial acumula tres denuncias por temas de carácter sexual.

El más reciente de los casos contra el jefe policial se presentó el martes en la Fiscalía del II Circuito Judicial de San José, con sede en Goicoechea. En ella se persiguen los presuntos de contagio venéreo, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad. Estos dos últimos ilícitos se encuentran tipificados en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

A la pesquisa la Fiscalía Adjunta de Género le asignó la sumaria 25-000926-0994-PE.

La primera denuncia se presentó el viernes y está a cargo de la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Corredores.

Tanto ese despacho, como la Fiscalía Adjunta de Género, investigan una presunta violación y contagio venéreo bajo el expediente 25-000359-1883-PE.

Mientras que la segunda se gestionó el lunes, por los mismos delitos. No obstante, esta pesquisa está a cargo de la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Cartago. A esta causa se le asignó el número de referencia 25-001138-1893-PE.

El lunes, antes de que trascendieran los casos, Zúñiga indicó que había sido informado sobre una denuncia en su contra por una aparente violación y de inmediato rechazó los cargos. Pero en ese momento no habían trascendido las otras dos pesquisas.

Aquel día, el director refirió haberse separado de todas las diligencias que tuvieran que ver con él, en apego al principio de transparencia.

De forma paralela, el jefe policial afronta un proceso disciplinario en el Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ), instruido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.

El Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ) abrió una causa disciplinaria del director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga.

Lo anterior ocurre un día después de que trascendiera una denuncia por presunta violación en perjuicio de una mujer mayor de edad, formulada en contra del jefe de la Policía Judicial.

El expediente administrativo se tramita bajo el número 25-3733-031-DI, informó la Corte Suprema de Justicia.

Precisamente, el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, había ordenado la apertura del proceso, luego de que este saliera a informar que es investigado por una presunta agresión sexual en perjuicio de una mujer mayor de edad.

Si bien la pesquisa le corresponde a la Inspección Judicial, solo los magistrados pueden acordar una eventual sanción de quien ocupa el cargo de director general del Organismo de Investigación Judicial.

Zúñiga figura como sospechoso de violación en el expediente 25-000359-1883-PE, que se relaciona con hechos ocurridos en enero pasado en Corredores.

El jefe policial rechazó los cargos y aseguró que, en apego al principio de transparencia, se apartaría de todas las diligencias que se relacionaran con su caso.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) renovó sus convenios de cooperación con las universidades Ciencias Médicas (UCIMED), Iberoamérica (UNIBE), Autónoma de Centroamérica (UACA) e Hispanoamericana (UH) para continuar con la formación de médicos especialistas en diferentes ramas de la medicina.

Además, las universidades Latina de Costa Rica (ULatina) e Internacional de las Américas (UIA) se incorporaron recientemente a este proceso académico, con el objetivo de ampliar la oferta y fortalecer el recurso humano especializado que requiere el sistema de salud público.

Según la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, esta acción garantiza la pertinencia, calidad y equidad en la formación de los futuros especialistas.

“Con esta acción estamos ratificando el compromiso de la Caja Costarricense de Seguro Social con la excelencia, la educación médica y la calidad del recurso humano que sostiene nuestro sistema de salud”, afirmó Taylor.

Los convenios, con vigencia de cinco años, establecen los términos de la relación entre la CCSS y las universidades para la coordinación, ejecución y evaluación conjunta de los programas de especialización médica.

El gerente médico de la CCSS, doctor Alexander Sánchez Cabo, destacó que estas alianzas fortalecen el sistema de salud nacional.

“Con una institución robustecida en recurso médico especializado garantizamos que nuestros pacientes van a recibir un tratamiento adecuado y oportuno, y de esta manera mejoramos su calidad de vida”, expresó.

Durante este año, la CCSS aumentó en más de 400 las plazas disponibles para la formación de especialistas y proyecta mantener esa cantidad para 2026. Actualmente, 954 médicos se encuentran en proceso de especialización.

El director ejecutivo del Cendeisss, doctor Juan Carlos Esquivel Sánchez, explicó que los aspirantes deben aprobar una prueba nacional implementada desde 2024, seguida de una segunda evaluación a cargo de cada universidad.

“Posterior a su aprobación, se realiza una segunda prueba, que es propia de cada universidad, para garantizar la transparencia de los procesos de selección”, señaló Esquivel.

Luego del hecho ocurrido recientemente en un área cercana a las salas de operaciones del Hospital Nacional de Niños (HNN), donde una batería de dispositivo electrónico “explotó” al caerse, las autoridades del centro médico reforzaron las directrices sobre el uso de aparatos personales en áreas críticas.

El director del centro médico, Carlos Jiménez, explicó a Teletica.com que desde hace años existen disposiciones institucionales que prohíben el uso de celulares en zonas estériles o de alta sensibilidad, como quirófanos, servicios de Emergencias y Unidades de Cuidado Intensivo.

“Existen bastantes directrices, tanto institucionales como hospitalarias, que han insistido a través del tiempo en que los dispositivos electrónicos de uso personal no deben utilizarse en determinadas áreas.

“Evidentemente, sí se emitieron directrices recordando lo que ya estaba escrito sobre el no uso de estas áreas para tener este tipo de dispositivos”, detalló el doctor Jiménez.

Tras el suceso, se realizó una investigación interna por parte de la jefatura correspondiente. En esta se determinó que el funcionario propietario de la batería no fue la misma persona a la que se le cayó el dispositivo.

¿Los sancionaron? “Como es algo personal, yo no me voy a referir a ese tipo de situación, pero evidentemente a nivel de las normativas está tipificado lo que corresponde hacer al jefe de servicio ante este tipo de casos”, respondió el jerarca del Hospital de Niños, sin precisar.

Jiménez insistió, contrario al reporte del Cuerpo de Bomberos, que no se trató de una explosión, sino que la batería se rompió “y sale gas cuando un dispositivo de estos se rompe”. 

Las autoridades descartaron la presencia de sustancias tóxicas durante la emergencia, que no dejó personas heridas. Tras la revisión y desinfección de la zona afectada, los quirófanos reanudaron su actividad dos horas después.

“Como son aparatos que tienen algún valor económico, perfectamente el funcionario los puede tener en algún lugar escondido, pero tienen que estar apagados. Lo que no pueden es manipularlos”, concluyó el director del HNN.

Según la Tercera Encuesta Nacional de Endeudamiento 2025 elaborada por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), las personas destinan en promedio el 34% de su ingreso mensual al pago de créditos, una reducción frente al 38% registrado en 2023 y significativamente menor al 52% medido en 2020, cuando se realizó por primera vez este estudio.

El informe indica que el 87% de la población mantiene algún tipo de deuda, una cifra levemente inferior al 91% reportado el año pasado. En muchos casos se trata de obligaciones pequeñas, aunque la carga es más fuerte para quienes tienen ingresos más bajos.

“El endeudamiento es un reflejo de cómo las familias enfrentan sus aspiraciones, sus imprevistos y sus limitaciones. Cuando se observa una reducción, no necesariamente significa que las personas tienen más dinero disponible; puede ser el resultado de una mayor conciencia sobre los riesgos del sobreendeudamiento o de un acceso más prudente al crédito”, señaló Danilo Montero, director general de la OCF.

La encuesta, aplicada telefónicamente a 1.200 personas entre 18 y 70 años, muestra también un cambio en el tipo de crédito más común. Los préstamos para vehículo aumentaron del 18% al 47%, mientras que las deudas con prestamistas informales, familiares o amistades disminuyeron del 47% al 25%. También bajaron las obligaciones con empresas de electrodomésticos, cooperativas y asociaciones solidaristas.

“Aunque estamos viendo cierta mejora en la relación de los hogares con el crédito, todavía hay un sector de población con fuerte vulnerabilidad ante cualquier cambio en el ingreso. La estabilidad financiera de muchas familias sigue dependiendo de que su salario llegue a tiempo y de mantener sus gastos controlados”, agregó Montero.

El análisis de la OCF muestra que el compromiso financiero aumenta entre las personas de mayor edad, los trabajadores por cuenta propia y quienes tienen menor escolaridad. Además, quienes perciben ingresos inferiores a ₡500 mil mensuales destinan en promedio 58% de su salario al pago de deudas, casi el doble del promedio nacional.

Aunque los resultados apuntan a una leve mejora, la OCF advierte que aún persisten retos importantes en materia de educación financiera, estabilidad de ingresos y acceso a crédito responsable.