Por GuanaNoticias

Cien días pueden ser pocos para juzgar un gobierno en su totalidad, pero sí son suficientes para identificar su estilo, sus prioridades y el rumbo que pretende seguir. Y en el caso de Laura Fernández, una cosa ha quedado clara: su gobierno representa la continuidad del proyecto político de Rodrigo Chaves.

La continuidad prometida

Laura Fernández llegó al poder bajo la bandera de la continuidad. Por eso, más que preguntarnos si este es un gobierno nuevo, debemos preguntarnos qué ha cambiado realmente y cuáles son sus resultados concretos.

La continuidad, sin embargo, también significa asumir como propios los aciertos, pero igualmente los problemas que quedaron pendientes durante la administración anterior.

De los micrófonos a los “golpes de Estado”

Los primeros 100 días han estado acompañados por episodios que parecen sacados de una novela política: el polémico “micrófono espía” encontrado en una oficina de campaña, el polígrafo aplicado a funcionarios de seguridad, la explosión ocurrida durante la gira presidencial en Crucitas y, más recientemente, la acusación de un supuesto “golpe de Estado” tras una resolución de la Sala Constitucional.

Todos estos episodios han generado titulares, polémicas y confrontaciones.

Pero gobernar no consiste en producir titulares.

¿Y los resultados?

Costa Rica continúa enfrentando enormes desafíos en seguridad, salud, educación, costo de vida, infraestructura y empleo.

Mientras tanto, buena parte de la agenda política sigue concentrada en enfrentamientos entre el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la prensa y quienes cuestionan al Gobierno.

Los ciudadanos, sin embargo, necesitan algo mucho más concreto: seguridad, servicios públicos eficientes, atención médica oportuna, educación de calidad, empleo y oportunidades.

Las fotografías, los discursos y las publicaciones en redes sociales pueden construir una imagen política, pero no sustituyen la gestión.

¿La misma confrontación?

Una de las grandes interrogantes de estos primeros 100 días es si la continuidad también significa mantener el estilo político que caracterizó al chavismo.

Un estilo marcado por la confrontación, el señalamiento de adversarios y la tendencia a convertir las diferencias políticas en auténticas batallas.

Laura Fernández tiene derecho a defender su gestión y sus simpatizantes tienen derecho a respaldarla. Pero una democracia también necesita gobiernos capaces de escuchar críticas, responder preguntas incómodas y respetar a quienes piensan diferente.

Una crítica no es un golpe de Estado. Una pregunta incómoda tampoco es una conspiración.

Que hablen los hechos

El verdadero balance de estos 100 días no debería hacerse contando fotografías, conferencias de prensa, seguidores o reacciones en redes sociales.

Debe hacerse con resultados.

Cien días no son suficientes para escribir toda la historia de una administración, pero sí para comenzar a identificar su rumbo.

Laura Fernández prometió continuidad. Ahora le corresponde demostrar que esa continuidad no significa simplemente cuatro años más del mismo libreto, con una nueva protagonista.

Porque las novelas presidenciales generan titulares, las polémicas generan clics y las redes sociales generan aplausos.

Pero al final del día, Costa Rica necesita algo mucho más sencillo y mucho más difícil: resultados.

La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) pidió a la Corte Plena acelerar las reformas internas pendientes del Poder Judicial y establecer acciones concretas para mejorar el servicio de justicia y recuperar la confianza de la ciudadanía.

En una carta dirigida a magistrados y magistradas, la organización señaló que la defensa de la independencia judicial frente a presiones externas debe estar acompañada de autocrítica, transparencia y rendición de cuentas.

ACOJUD solicitó que las reformas aprobadas desde 2017 dejen de estar únicamente en diagnósticos, comisiones e informes y pasen a convertirse en compromisos verificables, con plazos definidos e indicadores que permitan medir sus resultados.

Entre las principales propuestas planteadas se encuentra una rendición de cuentas integral sobre las reformas aprobadas por Corte Plena en 2017, así como la elaboración de un plan nacional para reducir la mora judicial, con indicadores diferenciados que permitan conocer los avances.

La asociación también pidió fortalecer de manera inmediata la seguridad de funcionarios y funcionarias judiciales que enfrentan amenazas, revisar el impacto de las políticas de acceso a la justicia para poblaciones vulnerables y modificar los procesos de concursos y nombramientos para fortalecer la estabilidad e independencia de jueces y juezas.

Además, ACOJUD planteó revisar las cargas administrativas y las metas institucionales, garantizar una participación efectiva de la judicatura en la reforma de la Ley de Carrera Judicial y establecer un mecanismo público y permanente de seguimiento de la reforma judicial.

Dicho mecanismo, según la propuesta, debería contar con la participación de asociaciones judiciales, universidades, organizaciones profesionales, sociedad civil y personas usuarias del sistema de justicia.

Adriana Orocú, presidenta de ACOJUD, afirmó que la ciudadanía espera que el Poder Judicial no solo defienda su independencia, sino que también sea capaz de reconocer sus deficiencias y corregirlas.

La asociación solicitó que sus planteamientos sean conocidos en una sesión pública de Corte Plena y pidió una audiencia para presentar directamente sus propuestas.

ACOJUD espera además que la respuesta de la Corte Plena sea pronta, formal y acompañada de acciones concretas.

La organización sostiene que la defensa de la independencia judicial y la transformación interna del Poder Judicial son responsabilidades que deben avanzar de manera conjunta para garantizar una justicia independiente, eficiente y capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía.

El joven identificado como John Varr se convirtió en el centro de atención tras la reciente “batalla de aura” realizada en el pretil de la Universidad de Costa Rica (UCR), actividad cuyos videos circularon ampliamente en redes sociales. En un relato compartido en Instagram, Varr se presentó como el primer campeón de este tipo de dinámica en el país y explicó cómo se desarrolló la inesperada situación.

Según su testimonio, él no tenía planeado participar en el evento. Varr indicó que recibió una invitación por parte de una persona desconocida, la cual fue enviada a un grupo de estudiantes de la UCR. Su intención inicial, al igual que la de sus acompañantes, era únicamente presenciar la actividad desde fuera. “Fuimos solo a ver. No queríamos participar”, confesó el joven en el video.

Sin embargo, al llegar al pretil, Varr notó que, aunque había expectativa y varias personas mostraban interés en sumarse a la dinámica, la batalla no lograba comenzar porque nadie se animaba a dar el primer paso. Ante la falta de iniciativa entre los presentes, el estudiante decidió intervenir y tomar la palabra para dar inicio a la actividad, lo que desencadenó la viral situación que lo terminó proclamando como el ganador del evento.

Fuente: La Teja.cr

A partir del 1.º de noviembre de 2026, el Ministerio de Hacienda implementará nuevos códigos en la facturación electrónica, lo que podría obligar a empresas y trabajadores independientes a corregir impuestos ya declarados.

La medida busca precisar el uso de notas de crédito y correcciones de comprobantes electrónicos, de manera que se especifique con claridad cuándo una factura se anula, se corrige o se reemplaza, incluso si fue emitida meses atrás.

Este cambio podría implicar que los contribuyentes deban revisar impuestos previamente pagados y, según el caso, pagar una diferencia o recibir un crédito a favor.

La versión 4.4 de la facturación electrónica ya es obligatoria, pero los nuevos códigos deberán incorporarse a partir de noviembre, según confirmó Hacienda.

¿Qué sale más barato: cocinar con gas o con electricidad?

Aunque muchas personas consideran que el gas sigue siendo la alternativa más económica, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) advierte que la respuesta depende de varios factores, entre ellos el tipo de cocina, la tarifa eléctrica y los hábitos de consumo de cada hogar.

Actualmente, un cilindro de 20 libras de gas cuesta ₡5.590, mientras que uno de 25 libras tiene un valor de ₡6.989. Sin embargo, comparar únicamente ese monto con el recibo de electricidad no es suficiente para determinar cuál opción representa un mayor ahorro. 

La primera diferencia está en el lugar donde vive el consumidor y la empresa que le suministra electricidad, ya que las tarifas por kilovatio hora varían entre distribuidoras. 

Además, influye si el hogar cuenta con una tarifa horaria que permita aprovechar precios más bajos en determinados momentos del día.

Una cocina eléctrica convencional o una vitrocerámica puede ser menos eficiente, debido a que parte de la energía se emplea en calentar la superficie antes de transferirse al recipiente. En esos casos, el gas puede resultar una alternativa más competitiva desde el punto de vista económico.

La situación cambia cuando se trata de cocinas de inducción, que aprovechan la energía de forma mucho más eficiente. Según Aresep, en estos equipos el costo de cocinar puede ser similar al del gas e incluso menor, dependiendo de la tarifa eléctrica y de los patrones de consumo del hogar. 

También influyen los alimentos que se preparan y el tiempo de cocción requerido. 

No es lo mismo cocinar rápidamente un alimento a la plancha que hervir grandes cantidades de agua durante largos periodos, ya que la demanda energética varía significativamente entre una preparación y otra. 

Por esta razón, Aresep señala que para algunas familias la mejor opción puede ser combinar ambas fuentes de energía, utilizando gas y electricidad según las necesidades de cada momento.

A pesar de que el primer semestre del año suele ser un periodo de menor dinamismo para las arcas nacionales, el Día de la Madre se erige como un salvavidas para el comercio. Este 2026, la celebración del 15 de agosto mantiene su estatus como la tercera fecha más importante para el sector, solo por detrás de Navidad y el Día del Padre, inyectando un aire de optimismo en tiendas, centros comerciales y restaurantes.

Los comercios ya alistan vitrinas y promociones para atender el aumento de la demanda típico de estas fechas. Sin embargo, los expertos en mercadeo y tendencias de consumo advierten que el perfil del comprador ha mutado. “Ya no se trata solo de comprar lo primero que se ve. Los hijos buscan experiencias o detalles más personalizados, alejándose de los regalos genéricos que se estilaban hace una década”, señalan analistas del sector.

La tradición que no pasa de moda

Aun con la evolución en la elección del obsequio, hay un clásico que pervive y se fortalece: la salida a comer en familia. Restaurantes y sodas ya reportan un alto porcentaje de reservas para el sábado 15, convirtiendo la comida en el epicentro del festejo. Para muchos, más que el valor del regalo material, lo que perdura es el momento compartido alrededor de una mesa.

Consejos para un festejo sin contratiempos

Ante el bullicio comercial, la Defensoría del Consumidor y expertos en derechos ciudadanos hacen un llamado a la cautela y a la información. Si el plan es comprar o cenar fuera, recuerde que como consumidor goza de derechos irrenunciables:

• Trato digno: Tiene derecho a recibir una atención respetuosa y a no ser víctima de discriminación por ninguna razón.
• Garantías: Antes de pagar, consulte explícitamente los plazos y condiciones de la garantía del producto.
• Créditos y promociones: No se deje llevar por la urgencia. Lea la letra pequeña de los créditos y verifique que los descuentos publicitados se apliquen correctamente en caja.

“Conocer estos detalles no solo evita inconvenientes, sino que empodera al consumidor para tomar decisiones más acertadas”, concluyen los especialistas. Ya sea con un regalo tecnológico, un ramo de flores o una cena familiar, el 15 de agosto promete mover la economía y los corazones, siempre y cuando la celebración se haga con información y responsabilidad.

La mayor parte del territorio nacional enfrentará una semana sin lluvias, con poca nubosidad, temperaturas elevadas y vientos alisios en disminución, según el pronóstico meteorológico.

El fenómeno responde a la canícula, periodo en el que la estación lluviosa se reduce considerablemente, y se ve reforzado por la influencia del fenómeno de El Niño, de acuerdo con expertos de la región.

Aunque la onda tropical número 31 atraviesa el país, no ha encontrado condiciones favorables para generar precipitaciones. Se espera que sea hasta el próximo domingo, con el paso de la onda tropical número 32, cuando regresen las lluvias.

Las autoridades advierten que este miércoles se registrarán temperaturas particularmente altas, lo que incrementa la sensación de calor en varias zonas del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica el paso de la onda tropical número 30 sobre Costa Rica. El fenómeno generará un aumento en la humedad durante los próximos días.

A pesar del paso de la onda tropical, los expertos no esperan fuertes aguaceros en el territorio nacional.

El IMN también prevé la continuidad de las condiciones ventosas en diferentes sectores del país.

Otro de los cambios previstos corresponde a la presencia de polvo del Sahara. Los meteorólogos anticipan una disminución en la concentración de este material en la atmósfera.

El aumento en la humedad marcará parte de las condiciones del tiempo durante el paso de la onda tropical número 30.

Los expertos recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico meteorológico ante posibles cambios en las condiciones atmosféricas.

Los efectos de la onda tropical número 29 todavía se sienten este jueves en distintos puntos del país, principalmente en San Carlos, donde las lluvias provocaron viviendas inundadas y alcantarillas colapsadas.

Florencia, La Fortuna, Ciudad Quesada y Aguas Zarcas se encuentran entre las comunidades más afectadas por las condiciones lluviosas.

Por su parte, las consecuencias de las lluvias también alcanzaron la infraestructura vial.

Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) procedieron al cierre de la Ruta 32 desde las 5:50 p. m. del miércoles, debido al desprendimiento de material provocado por la acumulación de agua en los terrenos.

De acuerdo con la Oficina de Prensa del MOPT, durante las primeras horas de este jueves se realizarán labores de limpieza con el objetivo de habilitar el paso lo antes posible.

Por ahora, la principal vía entre San José y Limón permanece cerrada.

Como alternativas, los conductores pueden utilizar las rutas por Turrialba o por Chilamate-Vuelta Kooper, tomando en cuenta las condiciones de las vías y las recomendaciones de las autoridades.

La Sala Constitucional tramita un recurso de amparo relacionado con una solicitud de acceso a información pública en relación con los fundamentos técnicos que respaldaron la elaboración y aplicación del Examen de Excelencia Académica para la incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

El recurso fue presentado por el Licenciado Max Alejandro Rodríguez Gamboa, quien sostiene que el Colegio no respondió oportunamente una solicitud de información presentada el 2 de junio de 2026, mediante la cual requirió documentación relacionada con la construcción técnica del examen, incluyendo acuerdos administrativos, actas, informes técnicos, estudios psicométricos, análisis estadísticos, validaciones académicas, criterios metodológicos y demás antecedentes documentales que sustentaran decisiones relevantes adoptadas durante el diseño y aplicación de la prueba.

La última aplicación del Examen de Excelencia Académica se realizó en abril de 2026 y participaron 1 123 graduados en Derecho, de los cuales 13 obtuvieron una calificación aprobatoria.

Según explicó Rodríguez Gamboa, ante la ausencia de respuesta dentro del plazo correspondiente acudió a la Sala Constitucional mediante un recurso de amparo por considerar vulnerados los derechos consagrados en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, relativos al derecho de petición y al acceso a la información pública.

“El Colegio únicamente emitió una respuesta después de que la Sala Constitucional dio traslado del recurso de amparo. Sin embargo, a mi criterio, esa respuesta no resolvió el objeto de mi solicitud. En lugar de responder si existían o no los documentos técnicos solicitados, desarrolló una explicación sobre las facultades que le confiere el Reglamento del Examen y la forma en que este regula la prueba, pero dejó sin contestar la cuestión central que planteé”, manifestó Rodríguez Gamboa.

El recurrente indicó que la información solicitada no pretendía obtener el banco de preguntas ni revelar el contenido del examen, sino conocer la existencia de los documentos técnicos que respaldaron decisiones administrativas relacionadas con una evaluación cuyos resultados determinan el acceso al ejercicio profesional.

“Nunca solicité conocer las preguntas del examen ni información que pudiera comprometer futuras evaluaciones. Lo que pedí fue saber si decisiones como el incremento del porcentaje de casos prácticos, la metodología utilizada, el tiempo asignado, los criterios de validación y otros cambios relevantes estaban respaldados por estudios, informes técnicos o acuerdos administrativos. Esa información fue la que solicité desde el 2 de junio”, afirmó Rodríguez Gamboa.

Transparencia en evaluaciones de alto impacto

Los principales estándares internacionales en materia de evaluación educativa, entre ellos los Standards for Educational and Psychological Testing, desarrollados conjuntamente por la American Educational Research Association (AERA), la American Psychological Association (APA) y el National Council on Measurement in Education (NCME), establecen que las evaluaciones de alto impacto deben sustentarse en evidencia documentada sobre aspectos como su validez, confiabilidad, consistencia, metodología de elaboración y adecuación al propósito para el cual fueron diseñadas.

“Cuando una evaluación define si un profesional puede o no incorporarse al ejercicio de su profesión, resulta razonable esperar que las decisiones adoptadas durante su construcción estén respaldadas por criterios técnicos verificables. Ese es precisamente el origen de mi solicitud de información”, expresó Rodríguez Gamboa.

Además del recurso de amparo la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas (UNIRE) -organización que representa a 15 universidades privadas del país– al Colegio la posibilidad de revisar el examen aplicado con fines académicos y de retroalimentación.  Esa organización también solicitó al Colegio de Abogados información relacionada con la prueba; sin embargo, debido a una repuesta negativa UNIRE decidió retirarse del Comité Consultivo del Colegio.

Igualmente, Rodríguez Gamboa presentó un proyecto de Ley con el propósito de fortalecer el marco normativo que regula los exámenes de incorporación a los Colegios Profesionales.

Según explicó, la iniciativa busca establecer reglas más claras sobre la documentación técnica que debe respaldar las decisiones relacionadas con la prueba, fortalecer el acceso a la información pública respecto de los antecedentes administrativos y técnicos que fundamenten modificaciones relevantes del examen e incorporar expresamente la observancia de estándares internacionales

La aplicación de la próxima prueba para incorporarse al Colegio de Abogados se llevará a cabo el 30 de septiembre.

El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) presentó un proyecto de ley que busca impedir que una persona obtenga beneficios legales mientras permanezca prófuga de la justicia.

La iniciativa plantea reformar el Código Procesal Penal y el Código Penal para suspender el plazo de prescripción de la acción penal, así como de las penas, mientras el imputado o condenado se encuentre en fuga.

Especialistas en derecho penal consideran que la propuesta ofrece ventajas en materia de seguridad y justicia, aunque también presenta retos para su aplicación.

La reforma forma parte de la agenda de seguridad que impulsa el oficialismo en el Congreso.

La decisión de la Comisión de Asuntos Sociales de archivar el expediente 24.793, que pretendía eliminar las pensiones vitalicias para expresidentes de la República, volvió a encender el debate sobre los privilegios financiados con recursos públicos.

Con los votos en contra de Anna Katharina Müller Castro, Esmeralda Britton González, Iztarú Alfaro Guerrero, Roberth Junior Barrantes Camacho y Royner Mora Ruiz, diputados del oficialismo y del Partido Pueblo Soberano, la iniciativa fue rechazada. A favor del proyecto votaron Edgardo Araya Sibaja, Karol Vanessa Matamoros Montoya y Víctor Hidalgo Solís.

El diputado Edgardo Araya cuestionó el resultado de la votación y aseguró que la decisión demuestra que, cuando se trata de beneficios para quienes ejercen el poder, el discurso de eliminar privilegios queda de lado.

Los críticos sostienen que mantener este régimen de pensiones también preserva la posibilidad de que, en el futuro, quienes lleguen a cumplir los requisitos legales para acceder a ese beneficio —como podría ocurrir con el presidente Rodrigo Chaves y una eventual expresidenta Laura Fernández, si llegaran a estar cubiertos por la normativa vigente— continúen teniendo acceso a una pensión vitalicia. No obstante, el proyecto no hacía referencia a personas específicas, sino al régimen en general.

Para diversos sectores, la votación representa “más de lo mismo” en la política nacional: mientras se insiste en discursos de austeridad y eliminación de privilegios, iniciativas que buscan suprimir beneficios históricos para la clase política terminan siendo archivadas en comisión.

El rechazo del expediente vuelve a abrir la discusión sobre el uso de los recursos públicos y sobre si las pensiones vitalicias para expresidentes deben mantenerse o eliminarse por completo.