La informalidad laboral continúa siendo uno de los principales retos del mercado de trabajo en Costa Rica. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 38,2% de las personas ocupadas se encuentra en esta condición, lo que equivale a más de 826 mil trabajadores en todo el país.

Esta realidad evidencia que, para una parte significativa de la población, tener empleo no necesariamente implica acceso a garantías laborales ni a protección social. 

La mayoría de quienes trabajan en la informalidad son hombres, y una alta proporción corresponde a personas que laboran por cuenta propia, como vendedores ambulantes o prestadores de servicios sin contrato formal (ver video adjunto en la portada).

Según estimaciones, ocho de cada diez trabajadores independientes operan en la informalidad, una situación impulsada por factores como los costos de formalización, la complejidad de los trámites y la urgencia de generar ingresos para subsistir.

El ministro de Trabajo, Andrés Romero, reconoció el desafío, aunque aseguró que se han dado avances en materia de formalización laboral en el país. Como parte de las acciones para enfrentar este fenómeno, el Ministerio de Trabajo ha intensificado los operativos de inspección en distintos sectores.

Además, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar irregularidades laborales a través de la línea 800-TRABAJO o mediante los canales digitales oficiales, con el fin de fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal participa en ExpoMóvil 2026 reafirmando su compromiso con las personas trabajadoras y sus familias, mediante una oferta de financiamiento accesible, competitiva y diseñada para que más personas puedan hacer realidad el anhelo de tener vehículo propio.

A través de su programa BP Autos, la Entidad pone a disposición del público condiciones preferenciales que facilitan la adquisición de vehículo nuevo —incluyendo opciones tradicionales, híbridas y eléctricas— mediante procesos ágiles, asesoría personalizada y beneficios adicionales durante el evento, en una oferta dirigida a personas asalariadas, pensionadas e independientes, bajo un análisis responsable que considera las condiciones de cada cliente.

Entre las principales condiciones destacan:

• Tasa fija durante todo el plazo en colones, brindando mayor estabilidad y previsibilidad financiera.
• Opción de tasa variable, con tasa fija durante los primeros 24 meses, en condiciones competitivas.
• Financiamiento de hasta un 85% del valor del vehículo, con prima desde el 15%.
• Plazos de hasta 96 meses (8 años), que permiten ajustar la cuota a la capacidad de pago.
• Tres meses de seguro gratis, como beneficio adicional durante la feria.
• Montos de financiamiento de hasta $80.000, en colones o dólares.

Asimismo, el Banco mantiene condiciones especiales en tasas de interés, con opciones diferenciadas según el tipo de vehículo, incentivando especialmente la adquisición de unidades eléctricas y ecoamigables, en línea con su compromiso con la sostenibilidad ambiental.

“En el Banco Popular trabajamos todos los días para que más personas tengan acceso real a oportunidades que mejoren su calidad de vida. En ExpoMóvil estamos acercando soluciones de financiamiento ágiles, claras y responsables, que permiten a las familias dar el paso hacia su vehículo propio con confianza, acompañamiento y condiciones adaptadas a su realidad. Nuestro compromiso es que cada cliente encuentre una opción viable y concreta para cumplir esta meta”, destacó Gina Carvajal, Gerente General Corporativa.

Durante la feria, las personas interesadas podrán recibir asesoría directa de ejecutivos especializados, quienes brindarán acompañamiento integral para identificar la mejor alternativa de financiamiento y avanzar de forma expedita en su trámite.

El Banco Popular invita al público a visitar su stand en ExpoMóvil 2026 y conocer de primera mano las facilidades disponibles, así como explorar las distintas opciones de financiamiento que forman parte de su propuesta de valor.

Para más información, las personas interesadas pueden visitar el stand del Banco en la feria, ingresar al sitio web institucional (www.bancopopular.fi.cr), contactar los canales oficiales de atención o acudir a cualquiera de las oficinas comerciales en todo el país.

Mientras en Costa Rica resurgen con fuerza propuestas para incinerar residuos sólidos como supuesta alternativa a los rellenos sanitarios insuficientes, un conjunto de organizaciones sociales, comunales y académicas alza la voz para advertir sobre los graves impactos ambientales y sanitarios de esta tecnología. La discusión tomará un nuevo aire esta semana con la visita de una experta internacional y la realización de un cine-foro en la Universidad de Costa Rica (UCR), así como actividades en la Asamblea Legislativa y un encuentro centroamericano.

La incineración, un proceso que quema desechos a altas temperaturas reduciendo su volumen y generando energía, ha sido presentada en distintos momentos por empresas privadas como una solución “mágica” al colapso de los actuales rellenos. Sin embargo, especialistas advierten que esta técnica produce cenizas peligrosas y emite gases tóxicos que contaminan el aire, el suelo y las fuentes de agua, con consecuencias directas para la salud humana y los ecosistemas.

“La situación actual del manejo de residuos en Costa Rica es una bomba de tiempo”, alerta Mauricio Álvarez, docente de la Escuela de Geografía de la UCR e integrante del Programa Kioscos Socioambientales. “Llevamos más de siete décadas de legislación, pero en la práctica predomina un modelo de grandes rellenos insalubres operados por empresas privadas, sin avanzar hacia soluciones integrales”, añade.

Un cine-foro para abrir los ojos

Como parte de los esfuerzos por ampliar la discusión informada, el próximo jueves 23 de abril, de 3:30 p. m. a 5:00 p. m., se llevará a cabo el cine-foro “¿Qué es la incineración y cómo afecta a nuestras comunidades?” en el auditorio de la Escuela de Tecnologías en Salud (primer piso), sede Rodrigo Facio de la UCR.

La actividad es gratuita y abierta al público, pero por motivos de espacio se solicita completar un formulario de inscripción: https://forms.gle/1mXXgPACLUqnPM7B8

Durante la jornada se proyectará el documental Burning Injustice (2023), que retrata la lucha de activistas latinos en California contra una de las últimas incineradoras de basura en Estados Unidos, evidenciando los impactos en la salud de las comunidades y las resistencias organizadas que lograron su cierre.

Participarán como panelistas:

• Alejandra Parra Muñoz, activista chilena, coordinadora de la Alianza Basura Cero Chile y miembro de la organización internacional Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA).
• Mauricio Álvarez, docente de la UCR y del IDELA-UNA.
• Ronald Arrieta Calvo, doctor en Ingeniería en Biotecnología y docente jubilado de la Escuela de Química de la UCR.

Visita internacional y actividades legislativas

La presencia de Parra Muñoz no es casual. La experta forma parte de una visita internacional impulsada por GAIA —red global que promueve soluciones de “basura cero” frente a los modelos extractivistas— para ampliar el debate centroamericano sobre alternativas sostenibles al manejo de desechos. La agenda incluye un encuentro centroamericano y actividades en la Asamblea Legislativa, donde se espera sensibilizar a diputados y asesores sobre los riesgos de aprobar iniciativas que fomenten la incineración sin una evaluación integral.

En el último año, un colectivo de organizaciones sociales y comunales —en alianza con el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR— ha impulsado foros de reflexión pública en comunidades duramente afectadas por la “basurización”: Miramar, Desamparados, Cariari, La Carpio, Mora, Turrúcares y Osa. En todos estos territorios, las alertas son coincidentes: la falta de una rectoría clara entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Salud, sumada a la creciente influencia de intereses corporativos, ha fragmentado las políticas públicas y permitido que soluciones rápidas como la incineración ganen terreno.

“No se trata de demonizar tecnologías, sino de preguntarnos por qué, después de décadas, seguimos sin implementar la separación en la fuente, el compostaje, el reciclaje inclusivo y la reducción real de la generación de residuos”, cuestiona Ronald Arrieta Calvo.

Con actividades como este cine-foro, los colectivos buscan que la ciudadanía y los tomadores de decisiones entiendan que la incineración no es una solución inocua, sino un retroceso que concentra riesgos en las comunidades más vulnerables y perpetúa un modelo insostenible.

Para más información y entrevistas:
Programa Kioscos Socioambientales UCR / Alianza Basura Cero Costa Rica.

Dato práctico:

• Evento: Cine-foro “¿Qué es la incineración y cómo afecta a nuestras comunidades?”
• Fecha: Jueves 23 de abril
• Hora: 3:30 p. m. a 5:00 p. m.
• Lugar: Auditorio de la Escuela de Tecnologías en Salud (primer piso), UCR, sede Rodrigo Facio.
• Inscripción gratuita: https://forms.gle/1mXXgPACLUqnPM7B8

La Fiscalía abrió una investigación por presuntos favorecimientos en el hospital de Puntarenas. Al parecer, serían pacientes de clínicas privadas remitidos al centro médico de la Caja.

El caso está siendo investigado en el Ministerio Público y así fue confirmado ante la consulta de Telenoticias:

“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que dirige una investigación relacionada con los hechos que usted refiere, por el presunto delito de concusión, y actualmente se desarrolla contra ignorado, lo que quiere decir que de momento no existen personas individualizadas como imputadas”.

Telenoticias publicó a finales de marzo, una serie de denuncias al interior del propio hospital, sobre supuestos favorecimientos a pacientes referidos de clínicas privadas.

La Fiscalía investiga el presunto delito de concusión, el cual, según el artículo 355 del Código Penal de Costa Rica, señala que se impondrá prisión de dos a ocho años, el funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial.

El caso también se investiga al interior del Seguro Social. La institución separó al director de ese hospital por un plazo de dos meses.

El caso se investiga ahora tanto en la vía judicial como en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El sismo registrado la madrugada de este miércoles frente a la península de Nicoya corresponde a un evento considerado normal dentro de la dinámica tectónica de la zona, según el Ovsicori.

El movimiento telúrico de magnitud 5.5 ocurrió a las 12:56 a.m., con epicentro ubicado a 78 kilómetros al oeste de Ostional, en Guanacaste, y a una profundidad de 20 kilómetros.

De acuerdo con Esteban Chaves, director del Ovsicori, el evento se originó en el interior de la placa del Coco. “Esta placa, al subducirse por debajo del territorio nacional, particularmente bajo la península de Nicoya, experimenta un proceso de doblamiento”, señaló.

Chaves explicó que este doblamiento genera fracturas internas o fallas, responsables de producir los sismos en la zona. En este caso, el evento sísmico se habría generado en la parte baja de la placa del Coco, lo que define su naturaleza.

“Los sismos en esta región del país no son atípicos, sino parte del comportamiento normal de la dinámica tectónica”, agregó Chaves.

No obstante, señaló la importancia de mantener el monitoreo activo y las redes sismológicas en funcionamiento para comprender la evolución de las secuencias sísmicas que ocurren en el territorio nacional.

Chaves confirmó que de momento este sismo no generó réplicas.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió sobre una serie problemas técnicos contenidos en el proyecto de ley 24.895 que pretende restringir el acceso a los datos personales disponibles en su sitio web.

Actualmente, cualquier persona puede ingresar a la plataforma del TSE y realizar consultas civiles mediante el nombre o número de cédula, accediendo a información como fecha de nacimiento, nombres de los padres, edad, hijos, matrimonios y lugar de votación.

Este acceso ha estado habilitado por más de 20 años; sin embargo, la iniciativa legislativa busca limitar esa consulta pública y devolver a los ciudadanos un mayor control sobre el uso de sus datos personales.

Aunque el TSE coincide en la importancia de proteger la información personal, señala que la propuesta presenta falencias técnicas, principalmente porque los cambios planteados se intentan introducir en la normativa electoral, cuando a criterio del Tribunal, deberían discutirse en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.

El jefe del despacho de la Presidencia del TSE, Andrei Cambronero, explicó que históricamente el Tribunal ha sostenido que los datos disponibles en su plataforma son de carácter público, aunque reconoce que con el tiempo se han realizado ajustes para regular su uso y evitar abusos.

El proyecto también propone prohibir la venta de datos provenientes del sistema de verificación de identidad. No obstante, el TSE aclaró que esta herramienta no almacena información personal, sino que funciona únicamente como un mecanismo de validación, lo que, a su juicio, evidencia una confusión técnica en el planteamiento.

La iniciativa continúa en discusión en la Comisión Especial de Reformas al Sistema Político y Electoral del Estado, donde se analizan los alcances y eventuales ajustes al texto.

Las estafas informáticas y la suplantación de identidad concentran el 84% de los delitos cibernéticos en Costa Rica, según el más reciente informe sobre el estado de la ciberseguridad en el país.

El estudio, elaborado por el Laboratorio de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Nacional de Costa Rica, revela que el 62,1% de los casos corresponden a estafas y el 21,7% a robo de identidad, lo que evidencia que los ataques se enfocan en engañar a las personas más que en vulnerar sistemas tecnológicos.

Entre enero de 2018 y agosto de 2025, el país registró 40.457 denuncias por delitos informáticos, con un crecimiento exponencial que multiplicó por 6,4 los casos en ese periodo, según datos del Organismo de Investigación Judicial.

Solo entre 2023 y 2024, las denuncias aumentaron un 96,7%, y en lo que va de 2025 ya se superó el total del año anterior.

 Seguridadinformática

Mayor impacto en la GAM

El informe señala que el 79% de los casos se concentra en la Gran Área Metropolitana, liderada por San José, seguida de Alajuela, Heredia y Cartago, lo que responde a la mayor actividad económica y digital en estas zonas.

En cuanto al perfil de las víctimas, el 86% tiene entre 18 y 64 años, con mayor incidencia en personas de 30 a 39 años, es decir, población altamente vinculada a servicios financieros digitales.

Seguridad desigual y retos tecnológicos

A nivel institucional, el estudio evidencia avances en la adopción de herramientas de seguridad como la autenticación multifactorial y sistemas de gestión de identidades. Sin embargo, advierte que no todas las organizaciones han consolidado controles básicos, como antivirus o antimalware.

También se identifican amenazas como el ransomware, filtraciones de datos y ciberataques, que continúan evolucionando.

Inteligencia artificial: avances y desafíos

El uso de inteligencia artificial en ciberseguridad aún es limitado: solo un 20% de las instituciones la implementa, aunque la mayoría de quienes la utilizan la consideran efectiva.

Entre los principales obstáculos destacan:

• Integración con sistemas existentes
• Costos de implementación
• Calidad y gestión de datos
• Falta de personal especializado

Llamado a fortalecer políticas públicas

El informe concluye que la ciberseguridad debe consolidarse como una política pública transversal, con énfasis en educación, prevención y protección de datos personales.

Entre las principales recomendaciones se incluye reforzar el cumplimiento de la legislación vigente y avanzar en una estrategia nacional para el uso responsable de la inteligencia artificial.

El análisis confirma que, más allá de la tecnología, el principal punto vulnerable sigue siendo el comportamiento humano, lo que convierte la prevención y la educación digital en herramientas clave para reducir estos delitos.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inició la construcción de un nuevo edificio en el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, con el objetivo de fortalecer la atención de pacientes con cáncer y responder a la creciente demanda de estos servicios.

La obra contempla una infraestructura de 11 niveles —ocho pisos y tres sótanos— con una extensión de 30.000 metros cuadrados, ubicada al costado este del centro médico. El proyecto tendrá una inversión superior a los $93 millones y se prevé que esté concluido en junio de 2028.

De acuerdo con la institución, este nuevo espacio permitirá mejorar la atención del Departamento de Hemato-Oncología y otros servicios asociados, incorporando tecnología de punta como dos aceleradores lineales para tratamientos de radioterapia.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, destacó que este proyecto representa un avance significativo en la modernización de la red de servicios de salud. “Permitirá brindar una atención más oportuna, con mejores condiciones para los pacientes y el personal de salud”, indicó.

El edificio incluirá áreas especializadas como oncología y hematología con consulta externa y quimioterapia, farmacia oncológica, laboratorios de hematología, células madre y oncología molecular, así como servicios de medicina nuclear y radiofarmacia.

Además, contará con dos salas de operaciones completamente equipadas, ocho camas de preanestesia y diez de recuperación, lo que permitirá optimizar los procesos quirúrgicos asociados al tratamiento del cáncer.

Según la dirección médica del hospital, la iniciativa responde al aumento sostenido en la demanda de servicios relacionados con prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación oncológica, lo que hace necesaria una infraestructura moderna y especializada.

El proyecto beneficiará directamente a pacientes de la Red Este de Servicios de Salud, incluyendo áreas como Zapote-Catedral, Goicoechea, Coronado y Montes de Oca, así como hospitales regionales y periféricos que remiten pacientes a este centro.

La nueva infraestructura también busca garantizar mayor accesibilidad, continuidad en la atención y un entorno más adecuado para los pacientes, en línea con estándares nacionales e internacionales en el abordaje integral del cáncer.

El cierre del festival Transitarte 2026 se convirtió en una verdadera fiesta musical cuando la agrupación mexicana Los Ángeles Azules subió al escenario principal del Parque Metropolitano La Sabana. Con su característico ritmo de cumbia y sonidos tropicales, la banda azteca logró congregar a miles de personas que colmaron cada rincón del parque, coreando éxitos como “El Listón de Tu Pelo” y “Cómo Te Voy a Olvidar”.

Sin embargo, lo que fue una celebración artística y cultural también dejó un registro de incidentes atendidos oportunamente por la Policía Municipal de San José. Según el parte oficial, se reportaron nueve menores de edad extraviados durante el concierto, todos ellos localizados sanos y salvos tras la activación de los protocolos de seguridad establecidos para eventos masivos.

Además, las autoridades contabilizaron 11 casos de alteración al orden público, 31 intervenciones a vendedores ambulantes que operaban sin permiso dentro del perímetro del festival, y el retiro de 14 pares de placas por mal estacionamiento en zonas restringidas cercanas al parque. En materia de fiscalización antidrogas, se decomisaron 20 dosis de sustancias ilícitas.

Un dato que resaltó en el balance final fue que, pese a la magnitud del evento y las incidencias registradas, no hubo personas detenidas ni oficiales heridos. La Policía Municipal destacó la rápida reacción de sus efectivos y la colaboración de los asistentes para resolver las situaciones sin mayores consecuencias.

Las imágenes del concierto muestran un escenario desbordado por una marea humana ondeando banderas, bailando al ritmo de los acordeones y disfrutando en familia. “La respuesta de la gente fue impresionante. Hubo contratiempos menores propios de un evento de esta escala, pero prevaleció la fiesta sana”, comentó un vocero de la organización.

Desde la Municipalidad de San José hicieron un llamado a la ciudadanía a seguir disfrutando de los espacios culturales con responsabilidad, y anunciaron que evaluarán reforzar los operativos de movilidad y control de ambulantaje para futuras ediciones del festival.

El cierre de Transitarte 2026 quedará recordado como una noche de sabor, color y música, pero también como una prueba superada para los cuerpos de seguridad en la gestión de riesgos en grandes concentraciones urbanas.

El Gobierno de Costa Rica anunció este lunes una ambiciosa iniciativa educativa que busca ampliar las oportunidades laborales y de formación para la población. La administración del presidente Rodrigo Chaves Robles presentó el lanzamiento de la plataforma “Hello Brete”, mediante la cual cerca de dos millones de costarricenses podrán aprender inglés de forma completamente gratuita.

El proyecto se desarrolla en alianza con Open English, una reconocida plataforma internacional especializada en la enseñanza del idioma inglés. Con esta colaboración, Costa Rica se convierte en el primer país del mundo en implementar una estrategia de acceso masivo a este tipo de formación digital.

Según informó el gobierno, la iniciativa tiene como objetivo fortalecer las capacidades del talento humano nacional, mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso a mejores oportunidades en sectores clave como servicios, tecnología y turismo.

El Gobierno adelantó que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre el proceso de inscripción, requisitos y mecanismos de acceso para que la ciudadanía pueda aprovechar este beneficio.

Estados Unidos deportó este sábado a Costa Rica a 25 migrantes extranjeros, los primeros bajo un acuerdo que le permite enviar cada semana a la nación centroamericana esa cantidad de deportados de terceros países mientras resuelven su situación.

El acuerdo fue firmado a finales de marzo en San José por el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, y Kristi Noem, enviada especial del gobierno de Donald Trump para una alianza de seguridad conocida como “Escudo de las Américas”.

Los migrantes deportados son nueve mujeres y 16 hombres procedentes de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos, según la Dirección General de Migración de Costa Rica.

Los deportados podrán retornar voluntariamente a su país, solicitar refugio o aplicar a “un programa de regularización migratoria temporal por razones humanitarias”, agregó Migración.

Costa Rica recibió a unos 200 migrantes de Asia y Europa del Este hace un año desde Estados Unidos, lo que generó fuertes críticas de organismos de derechos humanos porque estuvieron encerrados durante varios meses en un albergue remoto en la frontera con Panamá.

El acuerdo actual permite a Washington enviar cada semana hasta 25 migrantes que tendrán “una condición legal temporal mientras se define su situación”, indicó el gobierno costarricense sobre el convenio que dará continuidad la mandataria electa, Laura Fernández, quien sustituirá a Chaves el 8 de mayo.

Estados Unidos proporcionará ayuda económica y la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU costeará temporalmente el alojamiento y alimentación de los deportados, de acuerdo con el memorando.

El convenio es voluntario y Costa Rica puede “rechazar a quien sea”, dijo Chaves hace un par de semanas.

Noem fue despedida a inicios de marzo como secretaria de Seguridad Nacional por Trump, que le asignó coordinar la alianza regional que sellaron días después en una cumbre en Florida a la que acudieron los presidentes de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Argentina, Panamá y Ecuador, entre otros.

Fuente: teletica.com

En Costa Rica, los casos penales por violencia en centros educativos registran un crecimiento acelerado. Datos de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil revelan que, en apenas tres años, estas causas aumentaron un 82%.

Ante este panorama, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, reconoce el incremento, pero advierte que el origen del problema va más allá de las aulas.

“La violencia no se genera en el aula, viene con una mochila cargada de la casa. El estudiante solo pasa el 12% de su vida en el centro educativo y el resto en su hogar o en la calle”, recalcó Sánchez.

Aun así, el jerarca reconoce acciones que se están llevando a cabo desde el MEP.“Estamos invirtiendo en prevención: más artes, deportes, tecnología, robótica; eso incentiva a los estudiantes a invertir su tiempo en otras cosas”.

Como parte del trabajo, el MEP también ha reforzado medidas de control dentro de los centros educativos.

“Hemos vuelto a protocolos como la revisión de bultos y estamos impulsando sistemas inteligentes de cámaras para prevenir situaciones de violencia”, detalló.

Según el ministro, la problemática, además, está concentrada en zonas específicas del país: “Aproximadamente, el 10% de los centros educativos concentra el 80% de los casos de violencia”.

A pesar del aumento en las cifras, el jerarca sostiene que las acciones actuales están evitando un escenario aún más grave.

“Si no estuviéramos haciendo nada, probablemente la violencia sería aún mayor”, sentenció.

Causas penales en aumento

El reto, sin embargo, sigue siendo estructural: una crisis que se gesta fuera de las aulas, pero que termina manifestándose dentro de ellas.

Este incremento ocurre en un contexto donde también crece el total de causas penales contra menores de edad. En 2023 se registraron 14.193 casos, en 2024 subieron a 15.579 y en 2025 llegaron a 18.781 expedientes, y al 28 de febrero de 2026 ya se registraban 868.

Entre los delitos más frecuentes se mantienen el abuso sexual contra menores de edad, las agresiones con arma y las amenazas agravadas, lo que evidencia un nivel de violencia cada vez más complejo.

En cuanto a homicidios, los casos pasaron de 54 en 2023 a 67 en 2024, y luego bajaron a 45 en 2025.