El Ministerio de Seguridad Pública mantiene actualmente más de 20 procesos administrativos activos contra oficiales de la Fuerza Pública por presuntos actos de corrupción, según confirmaron fuentes institucionales.

Estos expedientes son investigados por el Departamento Disciplinario Legal de la institución, instancia encargada de traminar las denuncias que, en este caso, han surgido desde diversos orígenes: redes sociales, ciudadanos, empresas privadas, jefaturas policiales e incluso instancias judiciales. Pese a la diferencia en las fuentes, todas las denuncias deben seguir el mismo procedimiento administrativo interno, sin excepción.

Del total de procesos abiertos, ocho expedientes ya se encuentran en manos de la Inspección Policial, mientras que otros 13 permanecen aún en etapa de investigación preliminar.

Ritmos distintos y suspensiones temporales

Las autoridades reconocen que no todos los casos avanzan al mismo ritmo. Cuando existe una investigación penal paralela por los mismos hechos, los procesos administrativos pueden quedar suspendidos de forma temporal, a la espera de una resolución judicial definitiva.

Cada año, el Departamento Disciplinario Legal recibe más de mil denuncias por distintas faltas cometidas por oficiales. De ese total, entre 350 y 400 casos concluyen con algún tipo de sanción. No obstante, desde el Ministerio de Seguridad aseguran que las denuncias específicamente vinculadas con corrupción han mostrado una disminución en comparación con años anteriores.

Sanciones van desde medidas leves hasta el despido

Dependiendo de la gravedad de los hechos comprobados, las sanciones para los oficiales pueden ir desde medidas disciplinarias menores hasta el despido sin responsabilidad patronal en los casos más severos.

El Ministerio subrayó que todos los procesos se rigen por el debido proceso y que la institución mantiene su compromiso de combatir cualquier acto de corrupción al interior de la Fuerza Pública.

En los últimos meses, la comunidad de Puerto San Pablo, en el cantón de Nandayure, ha dado pasos significativos hacia una mejor conectividad y calidad de vida, con el inicio del proyecto de mejoramiento y asfaltado de la ruta de acceso, impulsado por la Municipalidad de Nandayure.

La obra abarca 2.3 kilómetros de carretera y permitirá transformar esta vía en un corredor más seguro y funcional, beneficiando no solo a los vecinos de la comunidad, sino también a habitantes de las islas del Golfo de Nicoya, como Isla Chira, ya que Puerto San Pablo constituye uno de los principales puntos de conexión marítima de la zona.

El proyecto vial contempla la ampliación del camino, la construcción de sistemas de drenaje, el reforzamiento de la estructura de la carretera y la reubicación de servicios básicos como agua potable, electricidad y telecomunicaciones, garantizando una obra integral, planificada con visión de largo plazo para atender las necesidades actuales y futuras de la comunidad.

Desde el pasado mes de noviembre, personal municipal ejecutó una primera etapa de preparación del terreno, que incluyó la ampliación de la vía, mejoras en el trazado, colocación de alcantarillas, estabilización de puntos críticos y limpieza del entorno. Esta fase inicial se desarrolló con el valioso apoyo de la comunidad y representó una inversión cercana a los ₡100 millones.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su segunda etapa, en la cual empresas especializadas trabajan en la colocación de la base estructural de la carretera y de la carpeta asfáltica que, eliminará, el desgaste en vehículos y las nubes de polvo que afectan la salud. Además, se contempla la construcción de cunetas, rampas, canales y muros de gavión, con una inversión de ₡340.773.433,23.

“Esta obra es de enorme importancia, no solo por la cantidad de personas que habitan en la comunidad, sino también porque Puerto San Pablo cuenta con dos puertos y registra un alto tránsito diario. Se trata del principal acceso a Isla Chira desde Nandayure, por donde se movilizan numerosas personas y una gran cantidad de productos, lo que le otorga a este proyecto un impacto estratégico para la zona. Es una intervención prioritaria para la comunidad; estamos muy satisfechos con los avances alcanzados y con lo que estaremos concluyendo en las próximas semanas”, comentó el ingeniero Tedy José Núñez Morantes, coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Nandayure.

Este proyecto viene a saldar una deuda histórica con Puerto San Pablo y reafirma el compromiso de la Municipalidad de Nandayure con el desarrollo local y la mejora de la infraestructura vial.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) propondrá aumentar el costo de los combustibles en hasta ₡136 el litro de Diésel, debido a la guerra en Medio Oriente.

También pretende ajustes de hasta ₡85 en el litro de la gasolina Súper y de ₡67 en la Regular.

El planteamiento se hará el próximo viernes a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que tendrá un mes para resolver, por lo que se espera que los nuevos precios entren en vigencia en mayo, explicó en conferencia de prensa la presidenta ejecutiva de la institución autónoma, Karla Montero.

Sin embargo, en un comunicado de prensa circulado tras su intervención, la entidad enfatizó que los precios planteados corresponden a estimaciones con corte a este miércoles, pero los datos oficiales pueden variar para cuando se presente el ajuste tarifario.

La Refinadora señaló que la escalada de tensiones ejerce presión sobre los mercados internacionales, lo que impacta, además del petróleo, los bienes y servicios que dependen del transporte y sus derivados.

Pero la empresa estatal destacó que el tipo de cambio actual (₡468), ha ayudado a moderar parte del impacto de la crisis frente a otras ocurridas en el pasado, como la de Rusia y Ucrania, en el tanto que las compras se hacen en dólares.

Adicionalmente, la institución indicó que cuenta con contratos de suministro y de flete previamente establecidos y con precios fijos, situación que protege al país frente a un encarecimiento del transporte marítimo internacional como el actual.

La entidad agregó que se prevé que en los próximos seis meses se trasladará a los usuarios una devolución de ₡12.000 millones, correspondientes a ahorros conseguidos el año pasado por reducciones en los precios internacionales.

La jerarca garantizó que el país cuenta con suficiente combustible y descartó que vaya a presentarse algún tipo de desabastecimiento producto de la guerra que protagonizan Estados Unidos, Israel e Irán.

Esto por cuanto se ha ejecutado un programa de fortalecimiento de inventarios, particularmente en Diésel y Jet Fuel (combustible de aviación), como medida preventiva para robustecer la capacidad de respuesta ante disrupciones externas. 

Adicionalmente, Montero aseguró que se mantienen arribos semanales de buques con producto.

De momento no existen restricciones para la importación de combustible y los contratos de suministro se cumplen con normalidad, según la presidenta ejecutiva; no obstante, no se descarta que en los próximos meses alguna situación vaya a cambiar producto de la evolución del conflicto.

Frente a esa situación, la jerarca llamó a la ciudadanía a hacer un uso eficiente de los combustibles, compartir el carro durante las movilizaciones u optar por el transporte público.

La Universidad de Costa Rica (UCR) se pronunció oficialmente a favor del expediente N.° 24.413, una iniciativa legislativa que busca reformar el artículo 23 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (N.° 6043) para asegurar el acceso público, libre y sin restricciones a las playas del territorio nacional.

El respaldo fue formalizado por el Consejo Universitario en la Sesión N.° 6983, luego de un proceso de análisis institucional y consulta con diversas unidades académicas. Si bien la UCR calificó el proyecto como “pertinente y de alta relevancia”, también advirtió que requiere mejoras sustanciales para evitar que se convierta en una herramienta insuficiente frente a las presiones inmobiliarias y turísticas sobre los ecosistemas costeros.

Tres accesos mínimos por playa, pero con justificación técnica

Uno de los puntos centrales de la reforma establece que cada playa deberá contar con al menos tres accesos públicos. El Consejo Universitario consideró que esto “constituye un avance significativo en materia de accesibilidad y en la promoción del uso universal de un bien público”. No obstante, señaló que es necesario justificar técnicamente ese criterio y contemplar posibles excepciones según las condiciones geográficas y ambientales de cada sitio.

El proyecto también plantea la creación de un registro oficial de playas y accesos en un plazo máximo de dos años, así como requisitos mínimos para la construcción y mantenimiento de esos accesos, con el objetivo de frenar prácticas que, según el acuerdo universitario, “favorecen distintos grados y modalidades de privatización del espacio público”.

Advertencias: sin sanciones ni estudios ambientales, la ley se debilita

Desde la UCR enfatizaron que la propuesta legislativa aún presenta vacíos importantes. Entre las principales recomendaciones destacan:

• Incorporar evaluaciones de impacto ambiental antes de habilitar cualquier acceso, para evitar daños a manglares, humedales o desove de tortugas marinas.
• Establecer sanciones efectivas contra la obstrucción de accesos, el uso de señalización engañosa (como rótulos que simulen propiedad privada) y el cerramiento ilegal de rutas hacia el mar.
• Asignar a los gobiernos locales la responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura de acceso, con recursos garantizados.

“No basta con declarar el derecho si no hay mecanismos de cumplimiento. Hoy vemos playas donde el acceso público es teórico, pero en la práctica está bloqueado por muros, hoteles o condominios”, advirtió una de las voces técnicas consultadas por la Universidad.

Llamado a no analizar el proyecto de forma aislada

Durante la discusión del dictamen, la politóloga Ilka Treminio, representante del Área de Ciencias Sociales ante el Consejo Universitario, hizo una intervención que trascendió el expediente 24.413. Treminio instó a ampliar el análisis hacia otras iniciativas en curso, en particular el proyecto de ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (expediente 22.553), que ha avanzado con rapidez en la corriente legislativa.

Según Treminio, el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR ya había solicitado un pronunciamiento sobre ese otro expediente, y advirtió que “este tipo de propuestas no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un conjunto de reformas que reflejan intereses específicos sobre las zonas costeras”.

La académica alertó que, de no mediar una discusión crítica, se corre el riesgo de profundizar procesos de privatización del litoral que favorecen principalmente a grandes inversionistas, generando formas excluyentes de acceso al territorio. “Podríamos transformar bienes públicos en espacios cada vez más restringidos, subordinados a lógicas de mercado y a dinámicas de apropiación privada”, enfatizó.

Contexto de turistificación y gentrificación costera

El pronunciamiento de la UCR llega en medio de un creciente debate nacional sobre el modelo de desarrollo de las zonas costeras. Desde distintas unidades académicas se señaló que muchas playas enfrentan procesos de turistificación acelerada, gentrificación y presión del mercado inmobiliario, lo que ha restringido el acceso a comunidades locales y al público en general.

“La Universidad de Costa Rica queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”, concluye el acuerdo del Consejo Universitario, que ya fue remitido a la Asamblea Legislativa.

El expediente N.° 24.413 espera ahora su discusión en comisión, mientras organizaciones ambientalistas y vecinales han manifestado su respaldo a las recomendaciones de la UCR y han sumado su voz a la advertencia sobre la urgencia de una mirada integral a toda la legislación marítimo-terrestre.

Este jueves, autoridades judiciales y policiales ejecutan cuatro allanamientos —dos en Puntarenas y dos en Guanacaste— contra una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, la cual está vinculada al Cartel de Sinaloa.

De acuerdo con fuentes policiales, durante los operativos se espera la detención de al menos cuatro personas sospechosas de integrar esta estructura criminal.

Las diligencias forman parte de una investigación más amplia que se remonta a distintos golpes al narcotráfico registrados en 2025, tanto por vía marítima como aérea, y que evidencian el uso de Costa Rica como punto logístico para el trasiego de cocaína.

Uno de los casos clave ocurrió el 16 de abril de 2025 en Quepos, Puntarenas, cuando autoridades de Seguridad Pública, con apoyo de la DEA, decomisaron 840 kilogramos de cocaína ocultos en un yate de lujo con bandera estadounidense. En esa operación fueron detenidos tres hombres de nacionalidad mexicana, identificados con los apellidos Campos, Vidrio y Espinoza. Además, se incautaron $12.681 en efectivo.

Meses después, el 10 de diciembre de 2025, la Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la DEA, desarticuló parte de una red que utilizaba pistas clandestinas cercanas al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, para el envío de droga por vía aérea.

En ese operativo se detuvo a cuatro sospechosos, entre ellos un ciudadano mexicano de apellido Takashima Montoya, señalado como supuesto supervisor de los envíos. Junto a él fueron capturados tres costarricenses, dos sin antecedentes y uno con historial por tráfico internacional de drogas y otros delitos.

Durante las intervenciones, las autoridades decomisaron 400 kilogramos de cocaína, además de equipo logístico como lámparas utilizadas para iluminar pistas clandestinas, radios de comunicación, llantas para avionetas, combustible, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo.

Las autoridades consideran que estos eventos están vinculados entre sí y responden a una misma estructura criminal internacional, con operaciones coordinadas para el transporte de droga desde Sudamérica hacia otros destinos.

Los allanamientos de este 9 de abril buscan reforzar esa línea investigativa y capturar a más integrantes de la organización, en un esfuerzo por debilitar sus operaciones en territorio nacional.

Fuente: Teletica.com

Coopenae-Wink y ACOTEAMA lanzan el programa Amor sin Fronteras, que este año realizará más de 50 intervenciones con perros de terapia en centros hospitalarios de todo el país, entre ellos el Hospital Enrique Baltodano en Liberia. La iniciativa busca aliviar la ansiedad y el estrés de pacientes y familiares en momentos críticos, integrándose como complemento a la atención médica tradicional.

El programa contará con más de siete perros de terapia certificados y visitas dirigidas a unidades de cuidados intensivos, salud mental, pediatría y cuidados paliativos. Además del Enrique Baltodano, las jornadas llegarán al Hospital Monseñor Sanabria (Puntarenas), el Calderón Guardia y el Hospital de Salud Mental en Pavas (San José), y albergues de cuidados paliativos en Pérez Zeledón.

“El cooperativismo nos impulsa a poner a la persona en el centro. Este programa nace de esa convicción, de entender que la salud no es solo física, sino también emocional, y que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios en momentos críticos”, señaló Gustavo Ulloa, jefe de Sostenibilidad de Coopenae-Wink.

Según estudios internacionales, como “Pawsitive Care”, la intervención asistida con perros reduce significativamente la ansiedad en entornos hospitalarios. Coopenae-Wink indicó que las actividades incluyen formación y certificación de voluntarios y animales, y que buscan humanizar la atención médica, mejorar la adhesión a tratamientos y contribuir al bienestar emocional de pacientes y familias.

En el marco del Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril, se anunció que a lo largo de este año se realizarán más de 50 intervenciones con perros en centros hospitalarios de Costa Rica, con el objetivo de llevar compañía y esperanza a miles de pacientes.

En medio de entornos clínicos marcados por la incertidumbre, el dolor y la ansiedad, más de siete perros de terapia comenzarán a recorrer pasillos hospitalarios para brindar alivio emocional a personas hospitalizadas con múltiples padecimientos.

La iniciativa, impulsada por Coopenae-Wink en alianza con ACOTEAMA mediante el programa “Amor sin Fronteras”, contempla visitas en centros de salud como el Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas, el Hospital Calderón Guardia en San José, el Hospital de Salud Mental en Pavas, el Enrique Baltodano en Liberia y albergues de cuidados paliativos pediátricos en Pérez Zeledón, así como en otras zonas alejadas del país. El programa impacta tanto a pacientes como a sus familias, integrándose como un complemento a la atención médica tradicional.

“La salud no es solo física, sino también emocional”

“El cooperativismo nos impulsa a poner a la persona en el centro. Este programa nace de esa convicción, de entender que la salud no es solo física, sino también emocional, y que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios en momentos críticos”, señaló Gustavo Ulloa, jefe de Sostenibilidad de Coopenae-Wink.

El alcance es amplio: abarca desde pacientes en estado crítico en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), hasta población joven, niños, adultos mayores y personas en procesos médicos complejos.

“Estamos llegando a espacios de alta sensibilidad, donde el acompañamiento emocional es tan importante como el tratamiento médico. Ver la reacción de los pacientes confirma que estas intervenciones sí generan bienestar real”, agregó Ulloa.

Respaldado por la evidencia científica

La evidencia científica respalda este modelo. El estudio internacional “Pawsitive Care: Canine-Assisted Intervention for Anxiety in ICU Patients and Family Members”, liderado por la psiquiatra estadounidense Sandra B. Barker, demostró que la terapia asistida con perros reduce significativamente la ansiedad en pacientes y familiares en unidades de cuidados intensivos (p < 0.001), evidenciando mejoras inmediatas incluso en entornos hospitalarios de alta complejidad.

“Esto no sustituye la atención médica, la complementa. Es una forma de humanizar los hospitales y de aportar al bienestar integral de las personas en momentos donde más lo necesitan”, enfatizó Ulloa.

Beneficios de las terapias asistidas con perros

Como complemento a la atención médica, estas intervenciones ofrecen múltiples beneficios:

• Reducen el dolor percibido y los niveles de estrés.
• Disminuyen ansiedad y síntomas depresivos.
• Favorecen la adherencia a tratamientos médicos y medicamentos.
• Mejoran la interacción entre pacientes y personal de salud.
• Apoyan la regulación emocional ante procedimientos clínicos.
• Incrementan la motivación y participación en la recuperación.
• Humanizan los entornos hospitalarios.
• Funcionan como un complemento terapéutico seguro y no invasivo.

Formación y estándares internacionales

El modelo incorpora procesos de formación y certificación de perros y voluntarios, garantizando intervenciones seguras y alineadas con estándares internacionales.

El desarrollo del programa ha sido acompañado por procesos de formación y certificación en articulación con el Centro de Terapia Asistida con Canes (CTAC) de Barcelona, organización con más de 25 años de experiencia en intervenciones asistidas con animales y referente en Europa y Latinoamérica.

“Este tipo de iniciativas reflejan el rol que debemos asumir como organizaciones: ser parte activa de las soluciones sociales, innovando en la forma en que contribuimos al bienestar de las comunidades”, concluyó Ulloa.

Una tendencia global en salud

A nivel global, estas terapias se posicionan como una tendencia creciente en los sistemas de salud, al fortalecer la salud mental y avanzar hacia modelos de atención más integrales y centrados en la persona.

De cara al futuro, la integración de terapias asistidas con animales plantea oportunidades relevantes para los sistemas de salud en América Latina, especialmente en el fortalecimiento de la salud mental, la humanización hospitalaria y la evolución hacia modelos de atención más integrales.

Un conflicto a miles de kilómetros de distancia podría empezar a sentirse pronto en la mesa de los costarricenses. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente ya comienzan a reflejarse en los precios internacionales de materias primas, lo que, según expertos, podría traducirse en un aumento en el costo de productos de la canasta básica durante el segundo trimestre del año.

Granos esenciales en la alimentación nacional, como el arroz y el trigo, han registrado incrementos en los mercados internacionales como consecuencia directa de la incertidumbre generada por el conflicto. Esta alza amenaza con golpear el bolsillo de los consumidores costarricenses en las próximas semanas.

A esta situación se suma el encarecimiento del maíz y la soya, insumos clave para la alimentación de aves. De mantenerse esta tendencia, productos de alto consumo como el pollo y el huevo podrían ver aumentados sus precios en el corto plazo, afectando directamente la economía de los hogares.

Fertilizantes: el eslabón más frágil

Uno de los focos de mayor preocupación entre los productores nacionales se encuentra en el mercado de los fertilizantes. La urea, uno de los insumos más utilizados en la agricultura costarricense, ha experimentado un incremento superior al 40% en los precios internacionales. Este aumento, advierten los especialistas, eventualmente podría trasladarse a los costos de producción local y, de forma inevitable, al precio final que pagan los consumidores.

Petróleo y transporte: un cóctel inflacionario

El panorama se agrava aún más con el alza en los precios internacionales del petróleo, lo que eleva los costos del transporte marítimo y terrestre. Este encarecimiento logístico impacta directamente el valor de las importaciones, sumando mayor presión a una economía ya vulnerable a los vaivenes del mercado global.

Un futuro incierto

Para los especialistas en economía, el panorama sigue siendo incierto. La duración del conflicto en Medio Oriente y el comportamiento de los mercados internacionales serán determinantes para establecer qué tan fuerte será el impacto en el bolsillo de los costarricenses en los próximos meses.

Mientras tanto, productores, comercializadores y consumidores permanecen a la espera de señales más claras. Lo que ya es una certeza, advierten los analistas, es que ningún mercado —ni ninguna mesa— queda fuera del alcance de un mundo cada vez más interconectado.

Costa Rica asumió este miércoles la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo que ejercerá del 1 de abril al 30 de junio de 2026.

La representación del país estará a cargo de la embajadora Alejandra Solano Cabalceta, quien también funge como representante permanente de Costa Rica ante el organismo hemisférico.

El acto de traspaso se realizó en la sede de la OEA en Washington D.C., donde Costa Rica asumió además la presidencia de la Comisión General y de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General.

Durante su intervención, Solano destacó el compromiso del país con el fortalecimiento del diálogo político en la región y la cooperación entre los Estados miembros.

La agenda de esta presidencia se enfocará en facilitar la construcción de consensos y apoyar la preparación de la próxima Asamblea General del organismo, que se realizará en junio en Panamá.

La Vicepresidencia del Consejo Permanente estará a cargo del embajador de Canadá, Stuart Savage.

El equipo de la Misión Permanente de Costa Rica ante la OEA lo integran también los ministros consejeros Andrés Vargas, Beatriz Serrano y Raquel Vargas.

Con esta designación, Costa Rica asume un rol clave en la conducción de los espacios de diálogo político regional y en la coordinación de temas estratégicos para el continente americano.

El Sindicato de Personas Trabajadoras, Jubiladas y Pensionadas del Poder Judicial (Sitrajud) solicitó un aumento salarial por razones de “justicia social y equidad económica”.

La gestión fue planteada ante la Corte Plena el 19 de marzo pasado, pero fue hasta este lunes que fue conocida por los magistrados.

El monto pretendido es de ₡10.000, aplicable sobre la base salarial de los casi 14 mil servidores de la Corte Suprema de Justicia. Esto, por ende, incluye tanto al personal que tiene remuneraciones compuestas (por pluses) como nominales (salario global).

Lo anterior se solicitó “en concordancia” con lo aplicado en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el sector público centralizado, según se desprende del oficio SITRAJUD-049-2026.

El documento, además, pide que se reconozca el pago retroactivo de las diferencias en el cálculo de las anualidades tras los cambios introducidos desde 2018 por las leyes de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y Marco de Empleo Público.

“La política salarial del Estado no puede depender de un único indicador macroeconómico, como la relación PIB/Deuda. El impacto del congelamiento prolongado ha recaído con especial fuerza en los grupos con salarios más bajos —auxiliares judiciales, personal técnico, servicios generales y otras categorías— quienes han sostenido la operatividad del sistema judicial pese al incremento sostenido del costo de vida.

“La autonomía constitucional del Poder Judicial debe ejercerse no solo para preservar su independencia orgánica, sino también para proteger a su capital humano ante decisiones administrativas que han sido flexibilizadas en otras instituciones autónomas, como la Caja Costarricense de Seguro Social. La disparidad de criterios interinstitucionales se traduce en un trato desigual que profundiza el deterioro salarial dentro del Poder Judicial”, dice la misiva al justificar el pedido.

La gestión también pide que se aceleren los estudios pendientes para justificar los incrementos por competitividad de mercado. De hecho, los mismos altos jueces ya han acordado la realización de esos análisis, los cuales resultan indispensables para los sindicatos en la corrección de rezago salarial histórico.

De igual forma, la organización de trabajadores reclama que el personal judicial carga con “un peso desproporcionado de las finanzas públicas” mientras persisten fenómenos estructurales, como la evasión fiscal, exoneraciones excesivas y grandes empresas que reportan cero utilidades.

“En este contexto, la ausencia de una defensa firme por parte de los jerarcas del Poder Judicial en favor de sus trabajadores —como sí lo han hecho la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y otras instituciones autónomas que incluso poseen menor rango constitucional respecto de la separación de poderes— coloca objetivamente al Poder Judicial en una posición de complacencia con políticas que afectan injustamente al personal judicial, especialmente cuando la permanencia de algunas jerarquías depende de procesos políticos externos como el voto legislativo”, amplía el documento.

Sin embargo, debe hacerse ver que la Unión Sindical de la Caja de Seguro Social presiona para que el ajuste salarial por concepto de costo de la vida sea todavía mayor al propuesto por la administración.

Los magistrados acordaron este lunes solicitar un informe al respecto a la Dirección de Gestión Humana de la Corte Suprema de Justicia para determinar su viabilidad.

Durante la sesión de este lunes también se conoció otro planteamiento del Sindicato de Personas Trabajadoras, Jubiladas y Pensionadas del Poder Judicial, para crear “un foro amplio y permanente”.

La gestión se deriva de los anuncios hechos por la presidenta electa, Laura Fernández, sobre potenciales reformas a la Corte Suprema de Justicia a partir del próximo periodo constitucional (2026-2030), cuando el oficialismo tendrá mayoría en la Asamblea Legislativa.

“Sostenemos que la mejor defensa de la independencia judicial, de los derechos laborales y de la calidad del servicio público de justicia no es el inmovilismo ni el repliegue, sino la capacidad de reconocer áreas de mejora, construir diagnósticos propios y generar propuestas sólidas con legitimidad social”, apuntó la organización laboral en su gestión.

Específicamente, se requiere un espacio en el que tanto la Corte como sus sindicatos puedan analizar las propuestas de cambios y mejoras institucionales.

Asimismo, se busca que ese foro impulse mecanismos estructurados de apertura, para incluir a la academia, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y usuarios, con el fin de enriquecer el diagnóstico, fortalecer la legitimidad social y evitar reformas carentes de diálogo o sustento técnico.

Fuente: teletica.com

La edición 15 de la Copa Chorotega TYR 2026 se llenó de emociones en la Piscina del Polideportivo de Nicoya desde el pasado viernes 27 y hasta el domingo 29 de marzo.

El fuerte calor del sector nicoyano no fue obstáculo para que los atletas de las categorías Infantil A (9-10 años), Infantil B (11-12 años), Juvenil A (13-14 años), Juvenil B (15-17 años) y Mayor (18 años y más) lo dieran todo en la piscina, en búsqueda de bajar los tiempos personales, de cara a algunos eventos internacionales que se aproximan en próximas semanas.

Como es el caso de Adrián Vargas del Piratas, quien se prepara para estar en República Dominicana en abril, lo cual este evento funciona para agarrar ritmo de competencia.

“Ha sido superfuerte, hemos estado entrenando superduro, los compañeros, todo el equipo, hemos estado apoyándonos y poniéndole mucho, este es un torneo superbonito, un ambiente superlindo, y es un torneo que nos sirve mucho para agarrar ritmo de competencia para el torneo en República Dominicana, quedamos dentro de dos semanas. Entonces aquí estamos poniéndole poniendo mucho, para agarrar ritmo para lo que viene” indicó Vargas.

Por su parte, el entrenador de la Asociación de Natación de Santa Ana Johan Marín manifestó que para este evento trabajaron con mucha intensidad y buscando las pruebas específicas por atleta.

“Nosotros nos pusimos una meta, para este evento este eventualmente tener la mejor forma física para tener una buena presentación. Estuvimos trabajando 12 semanas de alta intensidad, volumen, poniendo las pruebas más específicas dentro de lo que pudiera salir la especialidad de alguno de los nadadores.” concluyó Marín.

Se contó con la presencia de 525 nadadores, representados en 26 asociaciones deportivas de las categorías Infantil A (9-10 años), Infantil B (11-12 años), Juvenil A (13-14 años), Juvenil B (15-17 años) y Mayor (18 años y más) que se encuentren federados en la temporada 2025-2026.

Este torneo se celebró en la piscina del Polideportivo de Nicoya y fue organizado por la Federación Costarricense de Deportes Acuáticos (Fecoda), con el aval del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y el respaldo de la Municipalidad de Nicoya y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Nicoya.
 

Rusia niega que está enviando drones a Irán.

El Kremlin rechazó este jueves un reporte de Financial Times que asegura que Rusia está a punto de completar un envío de drones a Irán. “Se están difundiendo muchas mentiras en los medios, no les presten atención”, declaró el portavoz Dmitri Peskov a periodistas.

El diario británico, que publicó la información el miércoles, citó a funcionarios de inteligencia occidentales que afirmaban que el régimen de Vladimir Putin estaba en proceso de entregar drones a Teherán a finales de marzo. (afp/reuters)

Irán lanza cinco tandas de misiles contra Israel en poco más de dos horas

Irán lanzó este jueves cinco andanadas de misiles a las zonas de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa en poco más de dos horas, de los que se registraron caídas de fragmentos en varios puntos.

Seis personas resultaron heridas en Kafr Qasim, una localidad de mayoría árabe al este de Tel Aviv, precisó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom. (dpa/efe)

Dos personas mueren por la caída de restos de un misil en Abu Dabi

Dos personas murieron y tres resultaron heridas por la caída de escombros de un misil interceptado en las afueras de Abu Dabi, indicó la oficina de prensa del gobierno de la capital de Emiratos Árabes Unidos.

Irán continúa este jueves con sus ataques de represalia contra Israel y los países del golfo Pérsico, a los que acusa de servir como plataformas de lanzamiento para los ataques estadounidenses. (afp/dpa)

Irán busca cobrar peaje por el tránsito por Ormuz

Las agencias de noticias Fars y Tasnim, ambas cercanas a la Guardia Revolucionaria de Irán, citaron al diputado Mohamad Reza Rezaei Kochi, quien afirmó que el Parlamento estaba trabajando para formalizar el cobro de tasas para el paso de los barcos.

“Nosotros garantizamos su seguridad y es natural que los barcos y petroleros paguen”, declaró. Con su férreo control del tráfico a través del estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el océano abierto, Irán ha estado bloqueando los barcos que considera vinculados a Estados Unidos e Israel y solo permitiendo el paso a un número reducido de otros. 

Fuente: Teletica.com