El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que los sospechosos detenidos este lunes por el homicidio del subjefe Geiner Zamora forman parte de la organización criminal encabezada por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, que mantiene control de territorios de narcotráfico en la zona de Pococí.

Según explicó el director interino del OIJ, Michael Soto, todos los arrestados —incluidos los presuntos autores materiales y logísticos del ataque— operaban bajo la estructura de “Diablo”, a quien Zamora investigaba por narcomenudeo, robo de ganado y otros delitos. Esa presión habría generado “incomodidad” dentro del grupo, lo que derivó en el homicidio.

La investigación tomó varios meses y requirió la revisión de al menos 300 videos captados en los alrededores de la zona, un proceso que permitió reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque y confirmar la participación de miembros de la estructura criminal.

Soto detalló que alias “Cotoño”, “Gato” y “Mamba” cumplen roles específicos dentro de esta red y que la investigación se centra ahora en consolidar el vínculo de los hechos con el líder principal. 

​“Estas personas son de ese grupo; todo este territorio por narcomenudeo es de ese mismo grupo”, afirmó.

La Fiscalía también indicó que la línea de investigación apunta a la estructura de “Diablo”, considerada una de las de mayor arraigo en la región. 

El fiscal general, Carlo Díaz, subrayó que el ataque contra Zamora representa una señal del nivel de violencia que ejerce el crimen organizado en el país.

Las autoridades mantienen abiertas diligencias adicionales para robustecer la conexión entre los sospechosos capturados y la jefatura de la organización, mientras el caso avanza hacia la etapa judicial.

A partir del 2026, Miguel Arias asumirá la presidencia en la junta directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica (CAACR), esto tras la victoria la noche del sábado de las elecciones institucionales con el partido “Integra Iuris”. La victoria fue completa, lograron obtener todos los puestos en la junta y también la fiscalía de institución.

Horas después del triunfo, Teletica.com conversó con Arias sobre los planes y objetivos de este nuevo grupo que asume puestos que por 16 años en estado en manos del grupo que salió derrotado en el proceso de elección.

“Es tanto, tanto, tanto lo que tenemos que hacer. Tenemos que revisar muchas cosas de las que se han venido quejando los agremiados. La posición del colegio con respecto a ser un ente de opinión, de criterio, referirse a los problemas nacionales. Eso se ha perdido totalmente”, explicó. 

Detalló que para la nueva junta directiva la inclusión será fundamental, a fin de asegurar que las personas mejor capacitadas sean las que formen parte de los órganos institucionales.

“En la administración de esta junta directiva y las que han estado antes, hemos sido muchas personas excluidas de la gestión del Colegio. Me incluyo, porque a mí también me excluyeron, simplemente por tener simpatía por otro grupo que estaba participando en las elecciones. Quitaron mucha gente de mucha experiencia, de mucho prestigio, simplemente por no ser simpatizantes de ellos. Eso no puede ser. La junta directiva no es de un partido ni es de una agrupación“, señaló. 

El nuevo presidente del CAACR detalló que buscarán acercarse a las universidades y otros actores educativos del país para analizar la formación de los nuevos profesionales en derecho, así como estudiar la forma en que está planteada el Examen de Excelencia Académica, requisito indispensable para incorporarse al Colegio y, por ende, ejercer en el país. 

“Hay que buscar la excelencia no solamente en el examen, sino en la elaboración del examen y en la formación de los futuros abogados.  No puede ser solamente un examen para empezar a trabajar, no. Hay que analizarlo desde su génesis”

La junta directiva actual aprobó un rebajo en la nota mínima para aprobar el examen, pasando de 80 a 70. Consultado sobre los cambios específicos que haría en la prueba, explicó que aún es pronto para comunicarlo, “tienen que recibir la colaboración de personas formadas en pedagogía” explicó. 

En cuanto a los cambios que pueden esperar los agremiados, fue breve y claro.

“Se los voy a decir en pocas palabras: Legalidad, o sea, acatar la ley, obedecer las sentencias de los tribunales que han sido desobedecidas. Transparencia, dar cuentas, ser muy transparentes porque lo que ha venido ocurriendo en las juntas, estas es que, por ejemplo, las actas de junta directiva tienen cuatro meses de rezago en su publicación. Entonces, eso no es transparencia. Y por supuesto, inclusión“, detalló. 

Fue claro en que para lograrlo, deben hacer una revisión de las decisiones tomadas por las juntas directivas que les preceden y que sean contrarias a la ley. Al consultarle si sospechan sobre la existencia de una o varias decisiones en esta línea, Arias explicó que, por ser un tema delicado, prefiera no referirse por el momento con detalle. 

El nuevo presidente afirmó que, para unir al colegio y atraer de nuevo a lo que, a su criterio, quedaron excluidos es necesario “una inclusión objetiva, sin amiguismo y sin favoritismo”

“Por ejemplo, formación en los cursos. Hacer un concurso y que la gente presente sus aceptados para hacer la designación y no hacer una designación a dedo para tener un círculo cerrado de gente que capacita. Criterios objetivos para seleccionar a las mejores personas y a la mayor cantidad de personas para que estén ahí capacitando. Hay gente muy, muy valiosa, gente muy buena que no ha sido tomada en cuenta.”, finalizó. 

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de la detención de varias personas vinculadas, en apareciencia, con el homicidio del agente Geiner Zamora, ocurrida en enero anterior en un bar de Guápiles, provincia de Limón.

La operación policial, llevada a cabo durante este lunes por la madrugada, incluyó 14 allanamientos y el arresto, hasta el momento, de más de media docena de personas, entre ellas dos mujeres.

La intervención policial dejó siete personas detenidas. Todas quedaron a la orden del Ministerio Público.

El crimen ocurrió a inicios de enero anterior, cuando Zamora, quien también era subjefe de la delegación de Guápiles, fue emboscado mientras estaba en un bar de la localidad.

Homicidio por presunto conflicto narco

Zamora fue atacado el 31 de enero, pasadas las 9:00 p.m., mientras comía en un bar–restaurante en Guápiles. El gatillero, quien habría salido desde Toro Amarillo en una bicimoto, ingresó al local, le disparó y huyó hacia el sector de Los Lagos, donde abandonó la bicimoto y parte de su ropa antes de escapar a pie.

La investigación señala que el crimen “habría sido ordenado por una estructura criminal dedicada al tráfico local de drogas”. Dado que el subjefe del OIJ lideraba investigaciones vinculadas a esta banda, ese sería el presunto móvil del ataque.

El agente fue trasladado al Hospital Calderón Guardia, donde permaneció cuatro días en condición crítica hasta fallecer el 4 de febrero, tras presentar daños cerebrales irreversibles.

El operativo de esta madrugada

Los allanamientos iniciaron antes de las 4:00 a.m. en 9 viviendas en Pococí, una bodega usada para almacenamiento de droga en Jiménez, una vivienda en La Rita, una vivienda en Siquirres y dos aposentos en centros penales de Alajuela.

Durante las diligencias, los agentes decomisaron evidencia relacionada con el funcionamiento de la organización criminal, cuyo liderazgo estaría conectado con estructuras delincuenciales investigadas desde principios de año.

La hipótesis policial enlaza este caso con una banda que opera desde Turrialba, liderada por un sujeto de apellido Núñez, alias “Coco Pastilla”, contra la cual Zamora desarrollaba una investigación. Días después del homicidio, ya habían sido detenidos otros involucrados, incluido un exagente judicial de apellido Delgado, conocido como “Mr. Músculo”.

Las autoridades mantienen activa la investigación para determinar la participación de cada uno de los capturados en la planificación y ejecución del crimen.

El Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, exigió una rendición de cuentas por la destrucción de las viviendas e infraestructura pública y productiva en la comunidad de Chorreras de San Carlos donde residían 77 familias quienes fueran sacadas de ese lugar.

En el oficio firmado por la Coordinadora de Gestión Documental de la Presidencia de la República, Pamela Rosales Jiménez, se informó que el Mandatario le indicó al Ministro de Seguridad Pública (MSP), Mario Zamora, una explicación concreta y clara de las acciones tomadas para expulsar a los vecinos de la citada comunidad señalando que una denuncia de la activista social, Susan Rodríguez Calvo, denunció “niños desaparecidos después del desalojo de Chorreras”.

Durante la mañana del 25 de noviembre el MSP alegando una orden judicial sacó a las familias de sus humildes viviendas procediendo a la destrucción de las casas de habitación y corrales para el ganado; demás, procedió a demoler una escuela de primaria que había sido construida por el Ministerio de Educación Pública. Además, se quemó una Iglesia Católica según indica un comunicado de prensa de la organización Observatorio Ciudadano.

La nota de Rosales Jiménez, fechada el 4 de noviembre, indica que el día antes se recibió un “correo electrónico dirigido al señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, remitido por la señora Susan Rodríguez Calvo, mediante el cual realiza solicitud urgente pidiendo una versión oficial en relación con el tema de los infantes de Chorreras.

Rodríguez Calvo expresó que lo “sucedido en ese lugar es realmente inaudito porque se aplicó toda la violencia del poder del Estado contra personas de bajos recursos que ahora se quedaron en la calle, incluso el hecho haberle pegado fuego a una Iglesia es un hecho nunca antes visto en la historia de Costa Rica, ese atropello solamente sucede en las peores dictaduras que hacen gala de su intolerancia”.

“Es realmente contradictorio que las mismas autoridades hayan desarrollado un proyecto para levantar una escuela allá por el año 2012 y ahora sea el mismo Poder Ejecutivo el que venga a borrar del mapa a un centro educativo”, lamentó Rodríguez Calvo.

Visita a la zona

El pasado 6 de diciembre un grupo de miembros del Grupo de la Sociedad Civil Observatorio Ciudadano, líderes de grupos comunales y periodistas de medios de comunicación nacionales y de la Zona Norte llegaron a la comunidad de Chorreras para comprobar in situ la devastación ocasionada por el desalojo.

“Aquello parece una zona de guerra como si estuviéramos en Ucrania, no en Costa Rica un país que se precia de tener una larga tradición civilista y democrática. Ahora sí quiero ver que sea cierto el discurso del Presidente Chaves quien diariamente en todos sus discursos se presenta como el adalid del Pueblo Tico”, añadió Rodríguez Calvo.

En la actualidad el Observatorio Ciudadano lleva a cabo una recolecta de víveres y enseres domésticos en favor de las familias expulsadacasa s de Chorreras. Los interesados en realizar aportes se pueden comunicar con Freddy León (tel. 63991585) o Mirian Murillo (tel. 71363930) quienes se encargan de acopiar los donativos para luego entregarlos en la comunidad fronteriza con Nicaragua.

Prepárense para recibir el fin de semana con sol y cielos despejados. Una masa de aire seco se ha posicionado sobre gran parte del país, actuando como un “limpiador atmosférico” natural que reducirá significativamente la humedad y, con ella, la nubosidad.

El Instituto Meteorológico Nacional confirma que este fenómeno nos regalará un día predominantemente soleado en la mayoría de las regiones, ideal para planificar actividades al aire libre, lavar la ropa que el invierno había postergado o simplemente disfrutar de un panorama más luminoso.

Las lluvias, si llegan a presentarse, serán tímidas y de muy baja intensidad, confinándose principalmente al Pacífico Sur y a algunos sectores montañosos del Pacífico Central. Para el resto del territorio, la consigna será el buen tiempo.

En resumen:

• Cielos: Mayormente despejados a nivel nacional.
• Lluvias: Muy escasas y leves, solo en el Pacífico Sur y zonas montañosas del Pacífico Central.
• Consejo del día: Aprovecha este paréntesis soleado. ¡Es un día perfecto para conectar con la luz y cargar energías positivas!

¡Que tengan un excelente y luminoso viernes!

Un 91% de los docentes costarricenses afirmó sentir algún temor de enfrentar una denuncia falsa, según un estudio elaborado por el Colegio de Licenciados y Profesores Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro).

La cifra evidencia una percepción extendida entre los maestros, que consideran que los protocolos actuales los dejan expuestos desde el primer momento en que se presenta una acusación.

“Hay una serie de leyes que son también una camisa de fuerza para nosotros. Ya la autoridad se ha minimizado, esa autoridad que teníamos en las aulas, ese respeto que había hacia los educadores y hasta los trabajadores de la educación en general, porque hasta el conserje y el guarda eran respetados desde el momento en que se pisaba una institución educativa.

“Ahora con la ley 9.999 hay muchos que se han enterado e incluso piensan que por medio de esas leyes nos pueden sacar dinero, como si tuviéramos muchos. Entre otras cosas. Hay muchos docentes que trabajan temerosos”, explicó la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Vivian Chaves.

La legislación vigente obliga a separar de inmediato al docente mientras se investiga el caso que se le achaca, lo que provoca un impacto social y profesional, antes de una decisión final.

El informe también revela que un 45% de los profesores sufrió agresiones físicas o emocionales por parte de estudiantes o familiares en el último año.

Los sindicatos advierten que estas conductas se han intensificado y que incluso hay grupos de padres que coordinan los ataques.

“En realidad nosotros estamos a tono con el informe que hace Colegio de Licenciados y Profesores. Es un primer informe que dichosamente ya salió a la luz pública, que efectivamente devela la cantidad de violencia que reciben muchos educadores dentro del aula.

“Muchas veces, para no comprarse un problema con las familias, prefieren satisfacer las necesidades de los hijos y poner una nota de 100 y no meterse en problemas, con tal de no recibir una amenaza de violencia”, señaló por su parte la presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilda Montero.

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que ha detectado casos donde se difunden imágenes y mensajes de profesores sin autorización.

Esta y otras formas de violencia son tipificadas en el nuevo Reglamento de Evaluación de Aprendizajes y Conducta que impulsa la cartera y que es analizada por el Consejo Superior de Educación.

Un tenue rayo de esperanza ilumina la delicada situación del niño de dos años y seis meses que fue atropellado la madrugada del sábado en Venecia de San Carlos. Carlos Jiménez Herrera, director general del Hospital Nacional de Niños, confirmó este lunes que el menor, quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), “está mejor, se va recuperando”.

“Para honra y gloria de nuestro Señor… ya respira por sus propios medios”, expresó Jiménez , destacando un avance crucial. El pequeño ya salió del coma inducido al que fue sometido, pero aún debe “esperar estar en una mejor condición neurológica para ya ser trasladado a servicio general”.

El camino hacia la recuperación será largo. El niño sufrió fracturas en la cadera y en ambas piernas, por lo que permanece enyesado, y recibe atención especializada por una inflamación cerebral, consecuencia del severo traumatismo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:21 a.m. del sábado, cuando el menor fue encontrado en la vía pública por un conductor, quien inmediatamente alertó a los servicios de emergencia. Investigaciones preliminares indican que el niño deambulaba solo en ese horario. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Carlos y luego referido al Nacional de Niños.

Un video que circuló en redes sociales mostraba al vehículo involucrado, un pick-up, continuando su marcha tras el impacto. No obstante, las autoridades informaron que el conductor se presentó posteriormente de manera voluntaria ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y estableció contacto con la familia de la víctima.

El OIJ no solo investiga al conductor por el delito de lesiones culposas, sino que también abrió de oficio una línea de investigación por presunto incumplimiento o abuso de patria potestad, enfocándose en las circunstancias que llevaron a un niño de tan corta edad a estar solo en la calle a esa hora de la madrugada.

La comunidad sigue pendiente de la evolución del pequeño, cuya lucha en la UCI se convierte en un testimonio de resiliencia, mientras las autoridades trabajan para esclarecer las responsabilidades legales que rodean este trágico suceso.

La semana pasada, las lluvias torrenciales azotaron Sri Lanka, algunas zonas de la isla indonesia de Sumatra, el sur de Tailandia y el norte de Malasia. El balance por las inundaciones subió este martes a más de 1.200 muertos.

Sumatra devastada

En la isla indonesia de Sumatra, el balance de víctimas subió el martes a 631 muertos y 472 desaparecidos, anunció la agencia de gestión de catástrofes.

Las aguas han bajado, pero la devastación obligó a cientos de miles de personas a refugiarse en albergues, donde luchan por conseguir agua y alimentos. En la región de Aceh, una de las más afectadas, los vecinos que tienen dinero estaban acumulando víveres.

“El agua me llegaba hasta el cuello”, contó a la AFP Misbahul Munir, de 28 años, habitante de Aceh Norte, en la punta septentrional de esa isla indonesia. “Solo me queda la ropa que llevo puesta”, añadió antes de romper en llanto. Para los habitantes refugiados en centros de acogida, “las condiciones son preocupantes. Hay mujeres embarazadas y niños pequeños”, señaló.

El Gobierno indonesio anunció el lunes el envío de 34.000 toneladas de arroz y 6,8 millones de litros de aceite de cocina a las provincias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, las más golpeadas.

Las organizaciones de ayuda afirmaron que trabajan a marchas forzadas para llevar suministros a las zonas afectadas, ante el temor de que los mercados locales se queden sin productos esenciales.

Sri Lanka pidió ayuda internacional

En Sri Lanka, el Gobierno pidió ayuda internacional y utilizó helicópteros militares para llegar a las personas aisladas por las inundaciones y los aludes. Al menos 410 personas murieron y 336 siguen desaparecidas en Sri Lanka, según un nuevo balance divulgado el martes por las autoridades.

Las lluvias cesaron el lunes en Colombo, la capital, y había esperanza de que bajara el nivel del agua. Las autoridades indicaron que aún están cuantificando la magnitud del daño en el centro del país, la zona más afectada.

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, quien declaró el estado de emergencia, afirmó que este es “el mayor y más difícil desastre natural” de la historia del país. Las pérdidas y los daños son las más graves en Sri Lanka desde el tsunami asiático de 2004 que mató a unas 31.000 personas y dejó a más de un millón sin vivienda.

Críticas en Tailandia, dos muertos en Malasia

En el sur de Tailandia, las inundaciones mataron a 176 personas, dijeron el lunes las autoridades, en uno de los fenómenos climáticos más mortales en el país en una década. El Gobierno envió ayuda pero la población ha criticado la respuesta a las inundaciones. Dos funcionarios fueron suspendidos por el deficiente manejo de la emergencia.

Al otro lado de la frontera, en Malasia, dos personas murieron en las inundaciones del estado de Perlis.

Gran parte de Asia afronta actualmente su temporada monzónica anual, que trae fuertes lluvias y suele provocar corrimientos de tierra e inundaciones. El cambio climático ha aumentado la intensidad de las tormentas y las lluvias debido a que una atmósfera más cálida retiene más humedad.

Costa Rica participó en la feria internacional IBTM World 2025, realizada en el recinto Fira Barcelona Gran Vía. Representantes lograron demostrar que poseemos destinos más atractivos, competitivos, en crecimiento y con mayor potencial para la organización de eventos internacionales del segmento MICE.

“Costa Rica finalizó de forma exitosa su participación en la última feria internacional de turismo de reuniones del año, con más de 2.650 compradores y más de 15.000 participantes profesionales. La delegación costarricense ha generado oportunidades de alto valor que fortalecerán la calendarización de eventos para 2026. Este ha sido un año sumamente positivo para el desarrollo de la industria de reuniones en el país.” Rafael Quesada, Jefe del Departamento de Promoción y Segmentos Especializados.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) iniciará el próximo 2 de diciembre la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla en 22 áreas de salud del país, como parte de su estrategia para prevenir brotes que puedan derivar en una emergencia sanitaria.

“La estrategia de la Caja es simple: prevenir la aparición de brotes que provoquen una emergencia sanitaria nacional, por lo que la vacunación es nuestra inversión más eficiente y equitativa para el bienestar de la población”, afirmó la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor Hernández, durante el anuncio oficial.

La vacuna está dirigida a personas que viajan a zonas con riesgo de contagio, principalmente en regiones tropicales de África y América del Sur. No obstante, el Ministerio de Salud definió que, de momento, la obligatoriedad aplicará únicamente para quienes viajen a Colombia, medida que se mantendrá hasta febrero del 2026.

Durante las primeras semanas de diciembre, la CCSS habilitará la vacunación en los 22 centros establecidos con los horarios definidos por cada área de salud. Para recibir la dosis, las personas deben hacerlo al menos 10 días antes del viaje, presentar identificación vigente (cédula nacional o de residencia) y el tiquete de avión. La vacunación podrá realizarse en cualquiera de las áreas habilitadas, sin importar la adscripción, según disponibilidad de dosis.

La población objetivo incluye personas mayores de 9 meses y menores de 60 años, costarricenses y residentes. En el caso de niños entre 6 y 9 meses, embarazadas, mujeres en periodo de lactancia y adultos mayores de 60 años, la aplicación dependerá del criterio médico.

La institución habilitó el micrositio www.ccss.sa.cr/fiebre-amarilla, donde se puede consultar información sobre la vacuna, horarios y puntos de aplicación. La CCSS aclaró que no emitirá certificados de vacunación, ya que esta información será recopilada y validada por el Ministerio de Salud. El certificado internacional podrá descargarse mediante la aplicación EDUS, en la sección de certificados.

“Nuestra principal motivación al implementar la vacuna contra la fiebre amarilla obedece a que hoy día no existe un tratamiento específico y el manejo de la enfermedad se centra en aliviar los síntomas. Ante esta amenaza, nuestra mejor defensa es la prevención y la vacuna es, sin duda, nuestra herramienta más eficaz”, agregó Taylor.

El Servicio Nacional de Salud Animal prohibió la extracción y comercialización de moluscos bivalvos ( piangua, mejillón, almeja, ostras) provenientes de la granja ostrícola Ostra Rica. 

El consumo de moluscos bivalvos que contengan altas concentraciones de toxinas marinas representa un riesgo de intoxicación para las personas que los ingieran.

Los sitios de extracción restrigidos son Punta Cuchillo de Paquera y otros espacios costeros como Playa Blanca, el frente del Isla Pan de Azúcar, Punta Curú y frente a Isla Alcatraz. 

La Comisión para la Vigilancia Epidemiológica de la Marea Roja continúa vigilando zonas aledañas a las afectadas para descartar la posibilidad de toxicidad. 

Tres oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos este domingo en el sector de Crucitas, luego de que autoridades policiales les encontraran una suma millonaria de dinero durante operativos contra la minería ilegal. 

Según confirmaron fuentes policiales a Telenoticias (ver video adjunto), la detención ocurrió después de varias intervenciones en puntos utilizados para extracción ilícita de oro. En medio de estas acciones, los oficiales fueron sorprendidos con un total de ₡8.520.000, monto cuyo origen está bajo investigación.

Los detenidos fueron identificados por el Ministerio de Seguridad Pública como Segura Segura, a quien se le decomisaron ₡3.950.000; Moraga Duarte, con ₡3.660.000; y Ramírez Rojas, que portaba ₡910.000 al momento de la inspección.

Las autoridades no descartan que el dinero esté vinculado directamente con las intervenciones recientes en la zona minera. Entre sábado y domingo, los cuerpos policiales decomisaron cinco tómbolas y otros utensilios utilizados para la extracción ilegal, además de realizar partes a motociclistas que se desplazaban dentro del sector.

Las autoridades trabajan en determinar si los funcionarios recibieron el dinero como parte de actividades vinculadas a los operativos; sin embargo, tampoco se descarta que lo hayan sustraído de los campamentos intervenidos.

El Ministerio de Seguridad confirmó que los tres oficiales fueron puestos a la orden de la Fiscalía y que se les abrió un proceso interno para determinar responsabilidades.

Fuente; Teletica.com