El Gobierno destituyó a Mario Arce como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

El sorpresivo anuncio lo dio el propio presidente de la República, Rodrigo Chaves, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Entre las razones, mencionó que se trata de un puesto “de libre remoción y de confianza”, así como a la sugerencia de Luis Amador, jerarca de Obras Públicas y Transportes.

“Una recomendación de parte del ministro rector, de la necesidad de reemplazar a don Mario, debido a que no estamos satisfechos con el progreso en los proyectos de Incofer”, detalló Chaves.

“Tenemos la autoridad legal, desde el punto de vista del Consejo de Gobierno, simplemente de llamar a un cambio de jugador, porque sí, pensamos que el Incofer y toda la obra de infraestructura ferroviaria de Costa Rica no estaba avanzando a la velocidad y los proyectos no tenían la calidad que caracteriza a este Gobierno”, agregó.

El puesto será ocupado ahora por Álvaro Bermúdez Peña, quien es profesional en Ingeniería Civil, con una especialidad en Sistemas de Transporte y Planificación Sectorial.

Este viernes 10 de marzo entró a regir la Ley Marco de Empleo Público, que cobija a la mayor parte de las instituciones del Estado costarricense.

El objetivo principal de dicha normativa es gestionar de la mejor manera los recursos humanos y económicos del país.

Laura Fernández, jerarca del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), considera que es un día muy especial porque esta ley rompe un “paradigma en la forma en que se gestionan los recursos”.

“Hoy toma forma y cuerpo una de las reformas más importantes en las últimas décadas. Esta ley fue aprobada por la administración anterior y cobija a la mayor parte de las instituciones del Estado costarricense.

“No cubre al INS, Bomberos y entes públicos estatales, es decir, los colegios estatales; únicamente ellos quedan fuera de la ley, sin embargo, cobija a los tres poderes de la República, universidades, CCSS, régimen municipal e instituciones autónomas del gobierno”, dijo Fernández.

La ministra explicó que, a partir de este viernes, las nuevas contrataciones que realice el Estado deberán de someterse a este nuevo modelo de pago: salario global transitorio y salario global definitivo en un plazo no superior a los seis meses.

El reglamento de la Ley Marco de Empleo Público también fue oficializado tras su publicación en el diario La Gaceta.

“Hay que resaltar que los funcionarios públicos interinos tienen continuidad laboral con sus condiciones y la Ley Marco de Empleo Público no incluye despidos y las personas interinas pueden estar tranquilas”, dijo Fernández.

Las instituciones tienen un año para colocar a las personas interinas en plazas vacantes, algo que es positivo para este grupo de trabajadores.

El salario global transitorio es únicamente para las nuevas contrataciones en el Estado.

“Las leyes tienen un proceso de implementación y no es que, a partir de hoy, todo está listo porque hay una serie de productos que se van a ir desarrollando poco a poco, esto es solo el inicio. Este es un excelente punto de partida, el cual me complace comunicar al país”, agregó Fernández.

Es claro que con esta nueva ley ninguno de los salarios actuales va a disminuir, sin embargo, algunos dejarán de crecer.

El salario escolar seguirá operando en el país tanto para los que ya están en el sector público como para las nuevas contrataciones. No va a haber alteración en este rubro.

Para este fin el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un préstamo de US$450 millones, este le arrendará el inmueble por 25 años al Estado para luego transferirlo. Con este nuevo complejo el Gobierno ahorrará US$23,5 millones anuales por concepto de alquileres.

“Nos complace estar hoy en Costa Rica conociendo el proyecto ganador del concurso arquitectónico del proyecto Ciudad Gobierno, un concurso que desde el BCIE apoyamos hace algunos meses para fomentar la participación de arquitectos de todo el mundo para desarrollar esta importante obra para el país que el BCIE financiará y llevará a cabo en los próximos años”, explicó el presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi.

“La nueva Ciudad Gobierno nos permitirá no solo dejar de gastar más de ₡14.000 millones de colones anuales en alquileres privados, sino que dentro de un par de años les permitirá a nuestros compatriotas contar con una infraestructura propia. Es la muestra de que Costa Rica no es una nación estática, sino que se construye y reconstruye para ser cada vez mejor”,  mencionó el presidente Chaves Robles.

Ganador del diseño:

En el acto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y la presidenta ejecutiva del INVU, Jessica Martínez Porras anunciaron este martes el ganador del concurso de Ideas Arquitectónicas y Urbanísticas para la construcción de Ciudad Gobierno.

Para este concurso se recibieron, 28 propuestas evaluadas por un jurado calificador conformado por los arquitectos Claudio Acioly; Alfonso Iracheta Cenecorta; María Rojas Eberhard; Eduardo Daniel Brenes Mata y José Luis Cortés Delgado.

El grupo ganador está integrado por 11 profesionales liderados por Franco Micucci, quien es egresado de Universidad Simón Bolívar, Caracas 1989 y también de la Maestría de Arquitectura en Diseño Urbano de la Universidad de Harvard, Cambridge.

Durante el proceso de selección de la propuesta ganadora, el Colegio de Arquitectos de Costa Rica y el CFIA se encargaron de mantener el anonimato de los participantes, esto con el fin de mantener la equidad de condiciones para cada uno de los postulantes.

 “El proyecto de Ciudad Gobierno busca, entre otros objetivos, cambiar esta situación, convirtiéndose en un ejemplo de renovación urbana en el centro de San José, el primero de esa escala en el país. El proyecto transformará aproximadamente cuatro manzanas de la capital, dotándolas de espacios atractivos para el comercio y el repoblamiento habitacional, lo que promoverá a su vez la reactivación económica, mejoras en la seguridad ciudadana y una movilidad más eficiente en el sector”, Indicó Jessica Martínez Porras, coordinadora de la Comisión interinstitucional de Ciudad Gobierno.

Ciudad Gobierno es liderada por una comisión interinstitucional, integrada por los jerarcas del MIVAH, MIDEPLAN, MJP, MH y MOPT, y el apoyo económico del BCIE. También se contó con apoyo logístico CACR y CFIA.

El Proyecto ubicado contiguo a Plaza González Víquez dará paso a oficinas de instituciones públicas, a comercios, servicios y espacios públicos. Ofrecerá una propuesta arquitectónica contemporánea, con consideraciones bioclimáticas e integrará el transporte público del tren interurbano, así como las rutas de autobús, el espacio peatonal, el uso de las bicicletas, entre otros. Esto beneficiará la actividad comercial y la reactivación económica.

La abogada y consultora internacional, Angie Cruickshank Lambert, asumirá la cabeza de la Defensoría de los Habitantes por los próximos cuatro años.

Así lo decidió el Plenario Legislativo, este lunes, con el voto mayoritario de 31 diputados: 18 de Liberación Nacional, más los seis del Frente Amplio y del Liberal Progresista, más el voto de la oficialista Luz María Alpizar.

Su elección puso fin a semanas de parálisis legislativa en el tema, que se enfrascó en un pulso infructuoso, resuelto esta tarde tras el acuerdo de esas tres fracciones.

“Luego de procesos de discusión, análisis, diálogo y pensando en lo más beneficioso para Costa Rica, hoy presento ante este plenario legislativo el nombre de una mujer, una afrodescendiente, que se ha preparado desde su juventud, dedicando su carrera profesional a la promoción y defensa de los derechos humanos, tanto a nivel nacional, regional como internacional”, dijo la liberacionista Katherine Moreira antes de presentar a Cruickshank y anunciar el apoyo mayoritario de su fracción.

El Liberal Progresista, que se había fracturado entre la figura de Kathya Rodríguez y Erick Ulate, encontró también en Cruickshank una figura de consenso, lo mismo que el Frente Amplio, que hizo de su rechazo a la figura de Ulate el norte de la elección.

Cruickshank, máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos, es hija del exdiputado Lincoln Cruichshank y sobrina del también exlegislador Eduardo Cruickshank. Fue asesora legislativa y en 2019 reconocida como una de las 100 personas afrodescendientes menores de 40 años más influyentes del mundo.

Hace cuatro años ya había intentado sin éxito llegar a la Defensoría, también con el apoyo mayoritario del PLN, pero perdió el pulso ante Catalina Crespo. Hoy, igual que hace cuatro años, también enfrentó un amplio rechazo.

En contra

“La suerte parece estar echada y está bien; para nosotros, más allá de ganar o perder una elección, se trata de ser consecuentes”, dijo Fabricio Alvarado, cabeza de Nueva República, bancada que se decantó por la figura del exministro Mario Zamora.

“Si la FEUCR y la FEUNA rechazan a un candidato a la Defensoría, lo vemos como una buena señal de que tenemos que seguir apoyando a ese candidato”, añadió.

El oficialismo, que sostuvo hasta el último segundo su apoyo a Erick Ulate, lamentó que por ataques “infundados” su candidato perdió apoyo en el Plenario.

“Erick Ulate pagará el injusto precio de haber sido etiquetado como el candidato del Gobierno, pese a que el presidente Rodrigo Chaves ni siquiera lo conocía, nunca nos apoyó en campaña ni tampoco militó en el PPSD”, dijo Pilar Cisneros.

El PUSC, finalmente, también se negó a tomar una postura de mayoría y puso sus nueve votos a favor del exdefensor José Manuel Echandi.

“Esta elección por dicha llega a su fin, ha sido una elección convulsa, donde las desacreditaciones, ofensas y faltas de respeto han venido para uno u otro candidato. Ha sido una constante y empañaron este proceso, promovido por todos los que estamos aquí sentados”, expresó la jefa socialcristiana, Daniela Rojas.

A partir de la publicación de este reglamento, las panaderías, pastelerías, ebanisterías, talleres, remodelaciones, actividades de servicios y otras, se verán beneficiadas, ya que representan el 65% de las iniciativas de muy bajo, o bajo impacto ambiental que ingresan normalmente a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ya no requerirán viabilidad ambiental para funcionar.

Dentro de esta categoría se pueden además mencionar, todas las obras o proyectos de mejora, reparación y reconstrucción que se ejecuten en infraestructura pública o privada, no requieren viabilidad ambiental. Todas las actividades agrícolas que se han cultivado en algún momento en fincas, incluyendo la rotación, la renovación de cultivos, así como el cambio de actividad agropecuaria a otra actividad agropecuaria, no requerirán de Viabilidad Ambiental.  Por otro lado, se creó el D4 Forestal, donde se establecen requisitos e instrumentos de EIA acordes y específicos para el sector forestal.

Esta transformación histórica de la Setena, se da gracias a la firma de un Decreto suscrito hoy  por  el Poder Ejecutivo que pretende eliminar la  duplicidad de requisitos en tramites  a nivel de las instituciones. Además, se elimina el trámite de la Viabilidad Ambiental a los proyectos, de bajo, o muy bajo impacto ambiental, que hoy se solicita a través del formulario D2.

Solo en el año 2022, éstos representaron 1.644 expedientes que requirieron una revisión de SETENA, lo que se traduce en mayores costos para los ciudadanos y la institución.

Para lograr este hito  de reactivación económica en el país, el gobierno  ha llevado a cabo un proceso de reforma del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en donde  la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) apoyó activamente y se  contó con  la participación de los diferentes sectores del país, con el objetivo de establecer una EIA con un mayor peso en un modelo de seguimiento y monitoreo ambiental, y en las condiciones de fragilidad ambiental de las áreas de los proyectos.

Según explicó el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, “es inadmisible que hoy la SETENA tenga que gastar recursos en actividades de bajo y muy bajo impacto ambiental, y que los emprendedores de proyectos tengan que invertir entre 180 mil y 300 mil colones en recursos económicos propios, en un trámite completamente burocrático, que poco beneficia al ambiente, o al país.

Por su parte el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, explicó que el nuevo Reglamento pretende asegurar una mayor presencia de la SETENA en el campo, para verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos.

“EL MINAE y  la SETENA, deben enfocarse en el análisis y seguimiento ambiental de los proyectos de mayor impacto ambiental, y en las áreas con mayor presencia de ecosistemas vulnerables ambientalmente .   No en trámites de escritorio burocráticos que datan del 2004. Nada hacemos controlando lo pequeñito si no le damos seguimiento a lo grande”, detalló el jerarca.

“Con esta reforma cumplimos con nuestro compromiso de dejar trabajar a las empresas, empezando por las micro, pequeñas y medianas. En lugar de estar cumpliendo con trámites, queremos que nuestras MiPymes se dediquen a lo que más necesitan: innovar, vender, transformarse digitalmente, ser sostenibles, ser formales, entre otros”, destacó el ministro de Economía, Industria y Comercio, Francisco Gamboa Soto.

Ulises Álvarez, Secretario de la SETENA,  explicó que esta es  una institución que debe contar con procedimientos y requisitos claros de acuerdo a sus competencias, cimentados en la ciencia, la técnica y la norma, para el otorgamiento de Viabilidades Ambientales, cumpliendo a cabalidad con plazos de respuesta y siempre enfocada en un servicio de calidad hacia las personas usuarias,  sociedad costarricense y  emprendedores de proyectos.

Finalmente cabe destacar que este proceso  cumplió con la consulta pública y socialización, del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), se recibieron más de 172 observaciones, de las cuales se acogieron un 34% y un 15% parcialmente.

CAMBIOS DE ESTE NUEVO REGLAMENTO

1.  Mayor resguardo para el ambiente, con Medidas Ambientales con indicadores de seguimiento y monitoreo ambiental para todos los formularios e instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental.
2. Mayor Responsabilidad al Consultor ambiental en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.
3. Simplifica trámites, no solicita requisitos que competen a otras instituciones y a otros momentos de los proyectos, por ejemplo, el permiso de ubicación de las plantas de tratamiento, que ya está regulado por el Ministerio de Salud.
4. No se crean nuevos requisitos, ni obligaciones, ni nuevas tarifas, se reducen los costos por el EsIA, en un 50%.
5. Se reducen los plazos de revisión para todos los formularios, e instrumentos de evaluación de parte de la administración.
6. Se reduce en un 32,9% los términos de referencia de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), adelgazándolos para que se presenten requisitos que sean solamente competencias de la EIA.

El Gobierno del mandatario Rodrigo Chaves Robles nombró recientemente a una joven de La Cruz como enlace territorial de la Provincia de Guanacaste ante Casa Presidencial.

Su nombre es Enid Arrieta Bonilla, ella es orgullosamente cédula 5, nacida en el Cantón de La Cruz, asimismo, es poseedora de una gran hoja de vida, graduada en la Universidad Nacional como Profesional en Comercio y Negocios Internacionales, con diversas pasantías profesionales, se ha desempeñado en las áreas de Logística Comercial y Finanzas, en organizaciones dedicadas a Transporte, Servicios y Gobierno.

Las competencias que tiene a cargo por parte del Gobierno van desde Ejercer representación territorial con los gobiernos locales, confeccionar matrices de proyectos con base en la información enviada por los Ministerios y Presidencias ejecutivas, redactar informes sobre los avances de los proyectos, entre otras funciones.

GuanaNoticias.com, conversó con el Departamento de Prensa de Casa Presidencial, y nos mencionaron:

“El enlace territorial nombrado para la provincia de Guanacaste, es Enid Arrieta Bonilla cuyo currículum y experiencia se anexa a esta nota, además, dentro de las actividades que debe desarrollar está Supervisar que los proyectos/ gestiones activas aprobadas y su gestión no violenten la Ley General de la Administración Pública con el objetivo de evitar los riesgos jurídicos, políticos y administrativos” Mencionaron.

El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica emitió un comunicado este miércoles en el que se pronuncia ante el caso de agresión al periodista liberiano Edward Alfaro por parte del alcalde de Liberia el señor Luis Gerardo Castañeda Díaz.
Esta situación, ha sido del conocimiento público por parte del mismo periodista, en dónde el día lunes, grabó un vídeo donde se escucha al alcalde liberiano pronunciando improperios en su contra e insinuando gestos para retarlo a pelear y finalizando con un golpe hacia el celular que sostenía en sus manos.

“Esto es inaceptable; nuevamente un funcionario público se siente en el derecho de agredir verbalmente a una persona que ejerce el periodismo y, además, da un paso más con la agresión física. Todo esto se convierte en ataques a la libertad de prensa en Costa Rica”, sentenció Yanancy Noguera Calderón, presidenta del Colper.

Asimismo, el comunicado esboza su repudio ante la agresión verbal sufrida por el comunicador, y el rechazo ante la aptitud del funcionario municipal de no ofrecer una disculpa ante los lamentables hechos.
“Lamentamos que, ante la intervención del Colper para buscar una respuesta ante los actos denunciados, el alcalde Castañeda no reconoció su afrenta hacia el periodista, por el contrario, criticó al medio por publicar “informaciones inexactas”. Nuevamente, personas en la función pública, cuya labor es responder ante hechos de interés y tener una alta tolerancia a la crítica en razón de su trabajo, optan por insultar a periodistas. Como era de esperar, cuando se estimula la agresión, ocurre la fase siguiente, la violencia física”.

No obstante, el Colegio ha sido vigilante de todas las manifestaciones por parte de políticos o funcionarios públicos que han generado repudio en contra de sus agremiados, y de las personas que ejercen el Derecho Constitucional de la libertad de prensa.
“Finalmente, denunciamos este hecho por la gravedad de lo ocurrido; esto no se puede permitir en nuestro país, porque el ejercicio de la libertad de prensa debe operar sin ataduras ni miedos. La censura, directa o indirecta, debilitan el ejercicio del periodismo y afectan negativamente la institucionalidad democrática de Costa Rica.” Concluye el comunicado.

El Gobierno de la República rechaza, categóricamente, las aseveraciones sin fundamento ni pruebas hechas por el señor Alberto Vargas y emitidas a través del personaje ficticio Piero Calandrelli.

Las presuntas actuaciones unilaterales y personales de algunos funcionarios vinculados al Poder Ejecutivo y otras dependencias, no reflejan el proceder del Gobierno.

Desde el inicio, la administración Chaves Robles se ha enfocado en establecer una comunicación clara y transparente con la ciudadanía, a través de conferencias de prensa semanales, cadenas de televisión y otros medios, para darles a conocer nuestra firme intención de mejorar el presente y futuro de los costarricenses, como es notorio para la opinión pública.

La más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica constató una reducción del apoyo ciudadano a la gestión del Presidente, Rodrigo Chaves, de casi 11 puntos en relación con el último estudio de esa institución.

Según los investigadores del CIEP en agosto pasado un 79% por ciento de los consultados valoraba de manera positiva el trabajo del mandatario, pero en noviembre esa percepción bajó al 68%. De acuerdo con los resultados las percepciones negativas subieron del 9% al 14%.

“En comparación con los datos obtenidos en la medición de agosto de 2022, las valoraciones positivas sobre la gestión del presidente Rodrigo Chaves disminuyeron en 11 puntos porcentuales, al pasar de un 79% a un 68%. Esto puede ser un primer indicio del fin del período denominado como “luna de miel”. Además, las opiniones negativas sobre su gestión aumentaron con respecto a la medición que valoró sus 100 primeros días de gobierno”, afirma el reporte de los investigadores.

La información del CIEP determinó que “en cuanto a la valoración de la población sobre el rumbo del país, a nivel general la población se muestra dividida. En específico, el 50% de las y los encuestados considera que el rumbo es bueno y muy bueno, frente a un 24% que considera que es malo y muy malo, y un 26% que mantiene una opinión más neutra”.

En coincidencia con las opiniones sobre los principales problemas del país, la percepción de la situación económica actual sigue mostrando amplias valoraciones negativas por parte de la población. En específico el 75% de las personas entrevistadas mencionaron que la situación es mala o muy mala. Únicamente el 11% señaló una calificación positiva (buena o muy buena) según indica el reporte del CIEP que aparece completo en: https://ciep.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2022/11/INFORME-DE-RESULTADOS-DE-LA-ENCUESTA-CIEP-UCR-NOVIEMBRE-2022.html

Los Alcaldes discutieron temas como la falta de infraestructura pública dentro de sus cantones, lo que genera preocupación para el desarrollo de sus comunidades y la colectividad, además otros de los temas a destacar fue el presupuesto.

Entre los asistentes estuvieron el anfitrión, Alcalde de Carrillo, Carlos Cantillo Álvarez, Alcalde de Liberia, Luis Gerardo Castañeda Flores, Alcalde de Santa Cruz, Jorge Alfaro, Orias, Alcalde de La Cruz Luis Alonso Alán Corea, Alcalde de Tilarán Juan Pablo Barquero Sánchez, Alcalde de Abangares Heriberto Cubero Morera, Alcalde de Nandayure Geovanni Jiménez Gómez.

No obstante los jefes de cada cantón, acordaron continuar realizando más encuentros para fortalecer el apoyo de trabajo por el desarrollo de la provincia de Guanacaste.

El gobierno de Rodrigo Chaves presentó, este miércoles, un proyecto de ley que permitiría premios económicos a las personas que denuncien actos de corrupción.

La propuesta, que se incluyó entre las promesas de campaña de Chaves y otros aspirantes presidenciales, busca fomentar la cultura de denuncia del país y, además, proteger a aquellos que permitan a las autoridades combatir este mal.

“Este es un abono más a esa deuda histórica, es una ley que, había dicho, es importante para el país y que va a proteger todavía más a las personas que denuncian actos de corrupción y va a premiar a las personas que habiendo denunciado esos actos le permitan al Estado evitar un robo a la población o recuperar recursos ya robados”, dijo el mandatario.

La propuesta resalta la importancia de destinar recursos a incentivar la denuncia mediante protocolos de protección, tanto a nivel físico como jurídico.

“Es darle protección ante amenazas a los denunciantes, las empresas e instituciones que reciban las denuncias tendrán que guardar confidencialidad y si alguien denuncia no se les podrá despedir o suspender por esas denuncias; tampoco se podrá suspender o discriminar a quienes denuncien”, añadió Chaves.

El proyecto fue impulsado desde el Ministerio de Justicia y Paz por el ministro Gerald Campos.

Sobre esa recompensa económica, la propuesta establece que esta sería para las personas físicas o jurídicas que denuncien delitos de corrupción nacional o transnacional, pero una vez en firme la sentencia judicial del delito denunciado. Esa recompensa, sin embargo, está sujeta a dos condiciones: que la condena supere los cuatro años de prisión y que la información brindada por el denunciante haya sido “oportuna e idónea” para permitir la identificación plena del delito o sus autores.

El proyecto deberá ser presentado a la Asamblea Legislativa para su discusión, que recaerá en primer lugar en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Gloria Navas, diputada de Nueva República y presidenta de ese órgano, dijo recibir el proyecto “con agrado” y recordó que si bien ya existe protección a las víctimas, ahora es importante desarrollar una cultura de denuncia y que permita sentirse seguro al hacerlo.

Por medio de un comunicado de prensa, Casa Presidencial informo de forma sorpresiva que desistirá el apoyo, de la candidatura de la expresidenta Laura Chinchilla para presidir el BID.

“El Gobierno de la República y la Cancillería anunciaron que desisten de la candidatura de Costa Rica para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo.” señalo

Aunque el gobierno afirma que la decisión se debió a un estudio exhaustiva realizada por Casa Presidencial. “Esta decisión se basa en un análisis exhaustivo de las candidaturas y la posibilidad de éxito de la nominación, incluyendo varias consultas y evaluaciones a nivel internacional.

“La Presidencia de la República y la Cancillería informan que luego de extensas consultas en el campo internacional vemos poco probable el éxito en ganar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El contexto internacional de este momento no es el oportuno y consideramos prudente no exponer al país a otra derrota en esta ocasión”, anunció el Gobierno.

Para ser elegido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se requieren dos condiciones, la primera, el candidato debe obtener más de la mitad de los votos de los países miembros y la segunda, alcanzar la mayoría de los votos del capital accionario de los países miembros.