Ángela Mata Monterofue designada, por la Administración Chaves Robles, como nueva Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y Presidente del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)la tarde de hoy viernes.

La nuevajerarca,fue Viceministra Administrativa y de Gestión estratégica del MOPT y miembro del Consejo de Administración del CONAVI como Vicepresidentaen la actual administración.

En su paso por el MOPT, fue responsable en la coordinación interna del proceso de propuesta de reorganización de ese ministeriocon base a los lineamientos MIDEPLAN;  también, coordinó el equipo interdisciplinario para texto sustitutivo del proyecto de Ley 23.114 para fortalecimiento de las competencias de la institución.

Fue enlace por parte deObras Públicas y Transporte en el proyecto de reubicación de familias Rey Curréen la Zona Sur. Además,coordinó el proyecto de exploración para el Aeropuerto de Zona Sur. Por último coordinó con COSEVI, el proyecto de Educación Vial en zonas indígenas así como el proceso de Negociación de la PrimeraConvención Colectiva MOPT entre otros proyectos.

Inició su carrera laboral en el ámbito de los recursos humanos, siendo consultora y posteriormente como gerente en empresas como: Chiclera Costarricense S.A., Sykes Latin America y Hotel Radisson.

También formó parte del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y la Cámara Costarricense de la Construcción.

Por último, acumula 12 años de experiencia docente.

La ministra de Vivienda y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Wendy Molina, renunció a sus cargos este viernes.

Su salida fue dada a conocer por el sitio de noticias AmeliaRueda.com y fue posteriormente confirmada a este medio por una fuente del sector. La nota remitida al presidente Rodrigo Chaves no precisa las razones de la dimisión.

La ahora exjerarca fue nombrada “de manera temporal” en los puestos el 5 de julio anterior, tras la renuncia de su antecesora, Jéssica Martínez.

Molina es socióloga de profesión. Cuenta con un doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, además de que es egresada de la maestría en Geografía con énfasis en Ordenamiento Territorial, ambas por la Universidad de Costa Rica (UCR).

Anteriormente, fungía como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas.

En lo que va de la actual administración, 43 altos funcionarios han renunciado a sus cargos, para un promedio de una salida cada 11 días.

Se espera que en el transcurso de la tarde la Casa Presidencial emita un comunicado de prensa sobre la salida de Molina.

La Presidencia de la República anunció que el Presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), puso la renuncia.

Adolfo Ramírez Carballo renunció al cargo argumentando temas personales. Su salida será efectiva a partir del próximo 15 de setiembre, siendo ese su último día a cargo de la institución.

Ramírez asumió la dirección del CNP en octubre del 2022.

El Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, anunciará a su sustituto en los próximos días

Desde 2020 se había desempeñado como subgerente general del CNP.

Con un equipo de trabajo que busca combinar lo mejor de la experiencia y la juventud, el Partido Unidos Podemos en el cantón de Santa Cruz presentó recientemente la papeleta con la que participará en las elecciones municipales de febrero de 2024.

La fórmula para la Alcaldía la encabeza el reconocido santacruceño, Pastor Gómez Ruíz; en la Vicealcaldía le acompaña la Licda. Sandra Álvarez Castillo, y el joven Kendall Enríquez Fallas, aspira a la Segunda Vicealcaldía.

Por su parte, encabezando la papeleta para formar parte del Concejo Municipal santacruceño se encuentran: Cindy Leal Cordero, por el primer lugar, German Chávez Carballo, en el segundo puesto, y Ángela Elena Vallejos Vallejos en el tercer lugar.

Durante la Asamblea de ratificación de la papeleta celebrada en el gimnasio de la Escuela Josefina López y con la presencia de un gran número de partidarios, el candidato Gómez detalló parte de sus prioridades para un eventual gobierno.

“En el cantón de Santa Cruz vamos a tener mínimo 3 prioridades. Una, la seguridad. Vemos cómo se nos está deteriorando la seguridad en el sector costero y en el centro de Santa Cruz, y nosotros no podemos permitir que se empiece a hablar de mucha criminalidad en el cantón. Sabemos que basamos gran parte de nuestras fuentes de trabajo en el turismo, y si el turismo empieza a ver que la criminalidad aquí está muy avanzada, la gente dejará de venir, y eso no lo vamos a permitir”, comentó el aspirante a Alcalde, Pastor Gómez. 

“Otra cosa que hemos encontrado a lo largo de estos días que hemos estado visitando el cantón de Santa Cruz, es que también hay muchísima gente que se siente -de una u otra forma- inquieta, y ellos quisieran ver que la municipalidad en muchas cosas sea más ágil; eso es lo que hemos encontrado que la gente nos dice. La municipalidad tiene un recurso humano riquísimo, hay muchísimo profesional, hay mucha gente buena; pero ellos dicen, algo está pasando que hay que articular, y yo creo que falta que el capitán del barco salga adelante y le dé dinamismo a la Municipalidad. La Municipalidad tiene la parte tecnológica, tiene el recurso humano, lo que falta es un capitán del barco para que esa municipalidad pueda seguir dándole respuesta al ciudadano, al usuario de ella, y ahí vamos a estar nosotros”.

Finalmente, Gómez indicó que la última “gran preocupación” de la gente es la calidad de las obras viales que se están ejecutando en el cantón. “Nosotros no podemos ser mezquinos. Este Alcalde ha comprado muchísima maquinaria, pero eso no lo es todo. Las carreteras que se están haciendo tienen un deterioro muy rápido porque lo que se hace, no es realmente lo que se necesita”.

De esta forma, cobijados con la bandera morado y naranja, el Partido Unidos Podemos aspira a seguir consolidándose en el gusto del electorado costarricense y promete a los santacruceños trabajar “para la gente y por la gente”.   

En un esfuerzo por modernizar y armonizar las leyes laborales con los estándares internacionales, la fracción del Frente Amplio en Costa Rica ha impulsado un ambicioso proyecto de ley que busca aumentar el período mínimo de vacaciones anuales y reducir las horas de trabajo semanales.

La propuesta en cuestión, que está generando un intenso debate en la Asamblea Legislativa, apunta a ampliar las vacaciones mínimas de 15 a 22 días por año. Este cambio implicaría que los empleadores estén obligados a otorgar tres semanas de vacaciones después de que un trabajador haya laborado durante 49 semanas, lo que equivale a tres semanas completas de descanso anual.

La iniciativa pretende acercar las regulaciones laborales de Costa Rica a los modelos adoptados por países más desarrollados, que priorizan un mayor tiempo de descanso y jornadas laborales más cortas como un medio para impulsar la eficiencia en el trabajo.

“Esta es otra discusión en la que nuestro país se está quedando atrás en el ámbito internacional, no solo con la Unión Europea, sino también en comparación con otros países de Centroamérica. Panamá y Honduras ya ofrecen períodos de vacaciones más extensos, considerados un derecho al ocio fundamental para el bienestar de las personas. Instamos a la Asamblea Legislativa a estudiar estos proyectos con responsabilidad, porque el tiempo es vida”, declaró Ariel Robles, miembro del Frente Amplio y uno de los impulsores de la reforma.

Esta reforma no solo modificaría varios artículos de la ley laboral para ajustar las regulaciones a las nuevas cifras, sino que también incluye disposiciones transitorias que garantizarían automáticamente una semana adicional de vacaciones a todos los trabajadores que ya cumplan con al menos 49 semanas de empleo continuo con el mismo empleador. Para aquellos que no cumplan con este requisito, se les otorgarían los siete días adicionales tan pronto como alcancen ese nivel de antigüedad laboral.

Paralelamente a la propuesta de aumentar las vacaciones, el Frente Amplio ha presentado un proyecto de ley destinado a reducir gradualmente la cantidad de horas laborales semanales en Costa Rica. La idea principal es que la jornada laboral diurna pase de 48 a 40 horas semanales, mientras que la jornada nocturna se reduciría a 30 horas. Las jornadas mixtas no podrían exceder las 36 horas semanales. Además, se establecerían límites diarios de siete horas para trabajadores diurnos y cinco horas para trabajadores nocturnos. Cualquier tiempo de trabajo adicional se remuneraría como horas extras, con un aumento del 25% en el salario.

“Proponemos este proyecto como una alternativa real y viable para que las personas puedan dedicar más tiempo a disfrutar de sus vidas y sus familias, y para que puedan invertir más horas en su crecimiento personal y en el ejercicio de su libertad. La evidencia demuestra que esto aumentará la productividad laboral”, afirmó Robles.

La reducción propuesta de la jornada laboral sería progresiva, comenzando con un máximo de 45 horas durante los primeros cinco años, luego 43 horas el siguiente año, 41 horas en el año subsiguiente y finalmente 40 horas en el octavo año. Sin embargo, la implementación de la jornada de 40 horas podría acelerarse mediante acuerdo mutuo entre empleadores y empleados.

El Frente Amplio ha destacado que tanto la extensión de las vacaciones como la reducción de las horas laborales cuentan con precedentes históricos e institucionales que respaldan la viabilidad de reconocer nuevos derechos laborales, a pesar de las posibles resistencias de diversos sectores. Un ejemplo mencionado es la introducción del aguinaldo en 1959. Según Robles, “es un cambio gradual, no es de la noche a la mañana, siguiendo la misma lógica del modelo chileno, que está implementando esto en cinco años; nuestra propuesta es que lo hagamos en ocho años para que las empresas puedan adaptarse y hacer posible una jornada laboral de estas características”.

El Ministerio de Hacienda presentó este lunes a los diputados una contrapropuesta a la rebaja del marchamo 2024 que promueve el Congreso.

Se trata de una base sobre la cual los legisladores y las autoridades fiscales se sentarán a negociar a partir de este martes en Cuesta de Moras.

La oficialista Pilar Cisneros explicó que esa propuesta incluye una rebaja de 3.5% para los vehículos de entre ₡2.5 millones y ₡11 millones, que representan la gran mayoría de la flotilla vehicular nacional.

“Eso quiere decir que un carro que pagó el año pasado ₡88 mil de impuesto, este año pagaría ₡66 mil”, dijo la legisladora.

La propuesta de Hacienda, además, mantendría la depreciación en 17 años y no en 10, como proponen los diputados.

Además, según Cisneros, traería rebajas para el 97% de los dueños de vehículos del país.

“Ese 3% restante, que son vehículos mayores a los ₡25 millones, sí tendrían un aumento en el pago de marchamos”, añadió.

El liberal Jorge Dengo, impulsor del expediente que defiende rebajas de hasta 66% en el derecho de circulación, dijo que ya recibió la propuesta del Gobierno, pero que aún no la han analizado a fondo, por lo que se referirá a esta posteriormente.

Sí dijo que, mientras eso sucede, se “prometió” cancelar todos los debates y discusiones pactadas y “guardar la artillería” hasta luego de celebrar mañana esa mesa de trabajo.

Esta tarde también se podría discutir en el Plenario la posibilidad de una eventual vía rápida a ese expediente, siempre y cuando exista la voluntad política de una mayoría de diputados.

El próximo martes 29 de agosto marcará un momento histórico cuando el presidente Rodrigo Chaves tenga el honor de encontrarse con su homólogo estadounidense, Joe Biden.

Casi dos décadas después, un presidente costarricense vuelve a cruzar el umbral de la Casa Blanca en Washington D. C. para ser recibido en la prestigiosa Oficina Oval por uno de los líderes más influyentes a nivel mundial.

La agenda de esta reunión de alto nivel abarcará temas cruciales como migración, seguridad, inversión extranjera, negocios y cooperación, según se anunció la semana pasada.

La última vez que tal encuentro se dio fue durante la administración de Óscar Arias Sánchez, el 6 de diciembre de 2006.

Rodrigo Chaves ha dejado claro su compromiso con la oportunidad de este viaje, a pesar de su predisposición a evitarlos. “No me gusta viajar, ya he viajado más de la cuenta, pero no es prudente para los intereses de Costa Rica no aceptar la invitación. Me preparo para viajar el lunes por la tarde a los Estados Unidos. Primero, en la mañana del lunes recibimos al presidente Gustavo Petro de Colombia y luego nos vamos a Washington D. C. El miércoles regresamos para una gira en Limón (…) Costa Rica está en boca de todos a nivel internacional por el valor de esta democracia, que además tiene una gran reputación en el ámbito internacional”, expresó Chaves durante la conferencia del consejo de gobierno este miércoles.

La delegación costarricense que acompañará al Presidente en este evento histórico incluye al canciller Arnoldo André Tinoco, el ministro de Comercio Exterior Manuel Tovar Rivera, la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones Paula Bogantes, y el ministro de Comunicación y Enlace Jorge Rodríguez Vives. Los detalles específicos de la agenda de la reunión entre ambos mandatarios serán comunicados oportunamente.

Este encuentro entre los líderes de Costa Rica y Estados Unidos ha generado expectativas significativas y subraya la importancia de las relaciones internacionales en el contexto global actual. La oportunidad de abordar temas de interés mutuo representa un paso significativo para ambos países en la búsqueda de soluciones y colaboración en diversos frentes.

El Alcalde de Santa Cruz, Jorge Arturo Alfaro Orias, calificó al Concejo Municipal de ese cantón como un órgano “politiquero, barato y vulgar” debido a que por mayoría simple -en votación de 4 a 3- se aprobó una moción para exigir que el funcionario entregue información acerca de la compra y contratación de maquinaria, compra de terrenos, contrataciones directas, revisión tarifaria de tasas de servicios y datos relacionados con la red de cuido, entre otras áreas.

En favor de la moción votaron los regidores Maricela Moreno, Jorge Rodríguez, Elías Espinoza y Ledys Peña. Mientras que los representantes McDonald Espinoza, Omar Cruz y Mitzy Salazar adversaron la petición.

Según la moción “el no cumplimiento de los acuerdos no solamente son groseros a nivel legal, sino que trae una afectación a la colectividad de administrados, como por ejemplo negarse a realizar una revisión tarifaria por más de 2 años y cuatro meses teniendo una instrucción clara y precisa del Concejo Municipal”.

Además de los citados datos el Concejo pidió detalles acerca del desfogue de aguas y problemática fluvial, vacaciones de funcionarios y adquisición de terrenos.

“Es evidente y manifiesto la negativa del Alcalde Municipal de obedecer los acuerdos del Concejo Municipal, lo cual generaría un incumplimiento de deberes que, en todo caso, puede ser perseguido por las vías legales correspondientes”, señala la solicitud de información.

Los regidores acordaron solicitar al Ministerio Publico investigar el posible delito de deber de probidad e incumplimiento de deberes ante la omisión del Alcalde Municipal de ejecutar los acuerdos y; de paso, solicita la intervención de la Procuraduría de la Ética, Tribunal Supremo de Elecciones y Contraloría General de la Republica de acuerdo con las competencias de esas instituciones.

“Concejo politiquero, barato y vulgar”

Durante la transmisión de la sesión del Concejo mediante la red social Facebook, el Alcalde Alfaro Orias calificó la petición de “política”.

“Esta corporación municipal desde que asumimos en mayo del 2020 nos hemos puesto la camiseta y lógicamente incluye al Concejo Municipal porque las cosas no se hacen solas, pero es vergonzoso ver como vienen a hacer una moción de este tipo en que el objetivo principal es decir: el Alcalde tiene una causa abierta en la Fiscalía por supuestos incumplimientos en algunos acuerdo del Concejo Municipal, si nosotros nos ponemos en eso muy probablemente yo traiga otra moción donde le diga a Ustedes cuántas cosas tiene pegadas este Concejo Municipal, cuántos reglamentos no se han hecho y cuántas cosas no tenemos, al final de cuentas nos convertimos en un Concejo a nivel de este cantón de Santa Cruz politiquero, barato y vulgar”, refutó Alfaro Orias.

Por su parte, el regidor Elías Espinoza indicó que “no vamos ponernos a esa altura de calificar de vulgares porque el que nada debe, nada teme”.

Entretanto, la regidora y presidenta del Concejo Municipal, Maricela Moreno, expresó sentirse “totalmente decepcionada por el trato que el Alcalde hace del Consejo a la luz pública tratándonos de vulgares y otro montón de palabras más que no voy a repetir. Este no es un tema político, simplemente el Alcalde ha venido incumpliendo con acuerdos que este Consejo ha tomado y no ha brindado información”.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz metió leña al fuego tras asegurar en la sesión que la moción de “incumplimiento de deberes” era un movimiento político, debido a que la presidenta del Concejo Municipal, Maricela Moreno, postuló su nombre como candidata a la primera Vicealcaldía por el Partido Liberación Nacional en las próximas elecciones de gobiernos locales que se realizarán en el febrero del 2024.

El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) ha presentado una solicitud al Congreso para que se declare independientes a nueve de sus diputados. En una acción sin precedentes, el PPSD busca separar a los legisladores que anunciaron su respaldo al partido Aquí Costa Rica Manda.

La presidenta del PPSD, Luz Mary Alpízar, comunicó esta solicitud al directorio de la Asamblea Legislativa. La carta dirigida al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, insta a iniciar los procedimientos administrativos necesarios para desligar de la fracción a Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Agüero, Manuel Morales, Jorge Antonio Rojas, María Marta Padilla, Paola Nájera, Ada Acuña y Alexánder Barrantes.

Estos nueve diputados han manifestado públicamente su decisión de no respaldar más al PPSD y de apoyar a otro partido en las elecciones municipales de febrero próximo. Además, han lanzado graves acusaciones de corrupción contra el partido que los llevó al poder.

Junto con esta solicitud, el PPSD también ha solicitado al directorio la destitución de siete funcionarios que actualmente ostentan cargos designados por la fracción gubernamental. También se ha pedido un inventario de las oficinas ocupadas por estos funcionarios, con el fin de que sean ocupadas por nuevos trabajadores designados por la bancada.

Si esta solicitud se aprueba, el PPSD pasaría a convertirse en una fracción unipersonal en el Congreso. Alpízar expresó su confianza en que tanto el Tribunal Supremo de Elecciones como el Directorio Legislativo tomarán decisiones coherentes y respetuosas con la institucionalidad democrática.

La presidenta del PPSD también solicitó que Manuel Morales se inhiba de la discusión debido a un posible conflicto de interés. Asimismo, anunció que asistirá a las reuniones de la fracción bajo protesta mientras no se aclare la legítima representación del partido.

Alpízar concluyó afirmando que esperará la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones sobre las acciones de los nueve diputados y la posibilidad de que estas constituyan una doble militancia, lo que podría llevar a su expulsión del partido.

Una advertencia ha resonado en el ámbito político costarricense, ya que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha destacado que los políticos en el país no pueden mantener doble militancia, es decir, ser miembros de dos agrupaciones electorales al mismo tiempo.

En las últimas horas, se ha dado a conocer que nueve de los diez diputados del Gobierno o Progreso Social Democrático (PPSD) expresan su apoyo a un nuevo partido político, fundado por un asesor del presidente Rodrigo Chaves. Sin embargo, estos diputados no planean renunciar al partido que les permitió obtener un escaño en la Asamblea Legislativa.

“Seguiremos siendo diputados del partido oficialista durante todo el periodo, no se interprete de otra manera, ninguno va a presentar la renuncia a la fracción”, aclaró Daniel Vargas, diputado del PPSD. Esta situación, según el TSE, carece de precedentes.

Andrei Cambronero, letrado del TSE, explicó que aunque la doble militancia no es permitida en Costa Rica según la jurisprudencia del TSE, es el Tribunal de Ética y Disciplina de cada agrupación política el que puede tomar medidas disciplinarias, incluso la expulsión, ante la afiliación simultánea a dos partidos.

La diputada Luz Mary Alpizar, presidenta del partido que llevó a Rodrigo Chaves al poder, está en proceso de preparar una consulta ante el TSE. Al respecto, afirmó: “Estaríamos haciendo las consultas al TSE, más que por un tema electoral, por un tema de cuidado de la democracia, de cuidado del sistema electoral”.

En situaciones similares, los legisladores a menudo optan por declararse independientes, pero esta decisión conlleva la pérdida de ciertos beneficios. Perderían el estatus de jefatura de fracción, lo que significa que no podrían votar en las reuniones de líderes de fracción. También perderían plazas de asesores y otros puestos administrativos, además de reducirse el espacio físico de sus oficinas.

A medida que se desenvuelve esta situación, el país se mantiene atento a las decisiones del TSE y a las posibles implicaciones que esto podría tener en el panorama político costarricense.

El Concejo Municipal de Santa Cruz intentará negociar que la Casa de la Cultura de ese cantón, actualmente en manos del Ministerio de ese ramo, pase a manos del gobierno local.

Una sentencia judicial entregó la Casa al Ministerio de Cultura luego de que estuviera durante muchos años en poder de una Asociación, según indicó el regidor santacruceño, Elías Espinoza

De acuerdo con el regidor del gobierno local gestionará la posibilidad de que el inmueble sea otorgado al municipio para realizar inversiones que mejoren la infraestructura.

En una charla con Guana Noticias, Espinoza destacó que el lugar siempre ha sido propiedad de los santacruceños, pero en años atrás pasó a ser parte del Ministerio de Cultura como resultado de una sentencia.

¿Es cierto que se está perdiendo la Casa de Cultura? ¿Queríamos conocer más sobre el estado actual y qué ha pasado con ese lugar?

Voy a hacer un recuento bastante rápido y conciso. La Casa de la Cultura fue inscrita por una Asociación santacruceña, luego hubo una demanda y un juez emitió una resolución que otorga la Casa de la Cultura santacruceña al Ministerio de Cultura. Ahora, el Concejo Municipal se ha dio cuenta que el Ministerio está negociando y propone realizar un convenio para prestarla a la Municipalidad para que invierta dinero en su restauración con el fin de usarla durante  15 años, pero con unas cláusulas bastante problemáticas.

El Consejo considera que la Casa debe regresarse a los santacruceños, pero no como un préstamo. Entonces, nuestra propuesta fue que se aceptara el préstamo siempre y cuando se comprometieran a hacer la entrega definitiva; además, realizar todos los trámites necesarios para inscribir la propiedad a nombre de la Municipalidad y así poder invertir todos los fondos que podamos. Consideramos que es un bien de interés público.

La Municipalidad podría invertir muchos millones pero; al día siguiente alegando un interés público, el Ministerio de Cultura si quisiera la retoma diciendo que solo fue un préstamo por 15 años, aunque se podía renovar por otros 15 más.

¿Y ahora cuál sería la posición de Uds. o qué se vendría, digamos, por parte de la Municipalidad para poder generar alguna inversión o recuperar ese inmueble?

Esto es un asunto político, un tema de consenso, de sentarse a negociar. Entonces, estamos esperando, nuestra consigna como Concejo Municipal, es que la Casa debe ser  devuelta a los santacruceños, a la municipalidad, para que la administre definitivamente, no como un préstamo. Abrimos todos los canales de comunicación. Eso es lo único que el Consejo ha decidido, que tiene que ser regresada de forma definitiva, no como un préstamo.

¿Por qué esa posición?

Porque ha sido una Casa de la Cultura de años para los santacruceños.

¿Han hablado ustedes con la Ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, que santacruceña?

Muy poco, muy poco. Ella mandó una carta u oficio donde dice que ese tema no le corresponde. Yo, obviamente, apelaría a que es una santacruceña más, que sabe la historia de la Casa de la Cultura y que tiene el acercamiento con las autoridades necesarias para hacerles ver que la Casa es santacruceña y debe regresar a manos de los santacruceños. Apelo; por supuesto, a sus antecedentes como santacruceña y como alguien que posiblemente también utilizó la Casa para practicar algún instrumento y muchas cosas más.

A poco más de seis meses para que se realicen los próximos comicios, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recuerda que, el próximo 3 de agosto vencerá el plazo para que renuncien a sus cargos los funcionarios públicos indicados en el párrafo segundo del artículo 146 del Código Electoral, que deseen aspirar a los cargos de alcaldías, vicealcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, intendencias, viceintendencias y concejalías municipales de distrito, así como sus suplencias.

El cronograma electoral establece dicho término para el periodo 2024-2028, y añade que -en ningún caso- las renuncias podrán regir con posterioridad a esa fecha (3 de agosto).

Las personas funcionarias mencionadas en la citada normativa electoral, sujetas a esta prohibición son:

• Presidencia y Vicepresidencias de la República.
• Ministros(as) y viceministros(as).
• Miembros activos del servicio exterior.
• Contralor(a) y subcontralor(a) generales de la República.
• El(la) defensor(a) y el (la) defensor(a) adjunto(a) de los habitantes.
• El (la) procurador(a) general y el (la) procurador(a) general adjunto(a).
• Quienes ejerzan la presidencia ejecutiva, o sean miembros(as) de las juntas directivas, directores ejecutivos, gerentes y subgerentes de las instituciones autónomas y todo ente público estatal.
• Los oficiales mayores de los ministerios.
• Los miembros de la autoridad de policía.
• Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
• Los magistrados y toda persona empleada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
• Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial que administren justicia.
• Quienes tengan prohibición en virtud de otras leyes.

También, el TSE reitera a estas personas que, mientras no renuncien a sus puestos actuales, deberán abstenerse de participar en las actividades proselitistas de las agrupaciones partidarias, asistir a clubes o reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos y hacer ostentación partidista de cualquier otro género.

En caso de que los servidores públicos ya citados, contravengan estas prohibiciones, se podrá ordenar su destitución, e imponer inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de 2 a 4 años. Las Elecciones Municipales se realizarán el domingo 4 de febrero de 2024, donde se elegirán 6.212 puestos de elección popular, en los 84 cantones del país