El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica impuso una suspensión de tres años en el ejercicio de la abogacía a José Miguel Villalobos Umaña, tras declarar con lugar una denuncia presentada por una pareja en 2025.

La resolución establece una sanción total de 36 meses, distribuida en cuatro periodos de nueve meses, por distintos incumplimientos determinados por el órgano disciplinario.

Entre las faltas señaladas se encuentra el incumplimiento de los deberes de diligencia profesional, así como de los deberes de probidad y corrección. También se determinó una infracción relacionada con la recepción de dinero por un servicio legal que, según la denuncia, no habría sido realizado.

Los nueve meses restantes corresponden a una falta grave en la que el Colegio valoró conjuntamente el incumplimiento del deber de información y la obligación de extender los respectivos recibos por los pagos recibidos.

Además de la suspensión, la resolución ordena a Villalobos devolver ₡6.140.000 a los denunciantes. El reintegro deberá realizarse dentro de los dos meses posteriores a que la resolución quede firme. De no efectuarse en ese plazo, el monto generaría un interés mensual del 2%, según lo establecido en la resolución.

La suspensión comenzará a regir una vez que la resolución sea publicada en el diario oficial La Gaceta.

Villalobos, quien también ocupa un cargo como diputado, cuestionó la competencia del Colegio de Abogados para sancionarlo y argumentó que recientemente renunció a esa organización profesional.

El por tanto de la resolución señala: “Se declara con lugar la presente denuncia seguida en contra del Lic. José Miguel Villalobos Umaña, carné 3465; y, en tal carácter se le impone la sanción disciplinaria total de treinta y seis meses de suspensión, sea tres años, en el ejercicio de la profesión de la abogacía”.

La concentración se realizó frente a los Tribunales de Justicia de Nicoya y tuvo como único participante visible a un ciudadano identificado como Miguel Alan.

Una convocatoria promovida por grupos afines al chavismo en Nicoya, Guanacaste, terminó este martes con la presencia de un único manifestante visible frente a los Tribunales de Justicia de ese cantón.

Bajo un intenso sol y altas temperaturas, el ciudadano identificado como Miguel Alan se ubicó frente a las instalaciones judiciales con una manta en la que planteaba una serie de demandas y exigía la salida de varias figuras públicas.

Entre sus principales solicitudes se encontraba la renuncia de la contralora general de la República, Marta Acosta; el fiscal general, Carlos Díaz; y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.

Las consignas se producen en medio de las diferencias y enfrentamientos políticos que han marcado la relación entre el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Laura Fernández, y distintas instituciones del Estado, particularmente alrededor de temas relacionados con el presupuesto y el funcionamiento del Poder Judicial.

El manifestante también incluyó entre sus demandas la salida de Rodrigo Arias, pese a que actualmente no ocupa un cargo público.

A través de sus redes sociales, Alan afirmó posteriormente que cerca de 10 personas se habían acercado para expresarle su respaldo a la convocatoria. Sin embargo, aseguró que ninguna de ellas estuvo dispuesta a permanecer en el sitio y manifestarse públicamente.

De esta manera, la convocatoria que buscaba reunir simpatizantes del chavismo en Nicoya terminó con un solo participante visible frente a los Tribunales de Justicia, convirtiendo la concentración en una manifestación de muy baja asistencia.

Liquidación presupuestaria revela sumas millonarias sin uso mientras recursos para caminos, basura, deporte, infraestructura y otros servicios permanecen sin ejecutarse

Mientras las comunidades del cantón de Puntarenas reclaman constantemente mejores calles, infraestructura, servicios públicos, espacios deportivos y atención de múltiples necesidades locales, las propias cifras de la Municipalidad con miles de millones de colones que permanecen acumulados en las cuentas bancarias sin transformarse en obras y servicios para la población.

La Liquidación Presupuestaria 2025 de la Municipalidad de Puntarenas, ajustada con los compromisos ejecutados hasta junio de 2026, arroja un dato revelador:  ₡14 327 millones. De esa suma, alrededor de ₡10 503 millones corresponden a recursos con destino específico y ₡3 824 millones a superávit libre acumulado.

Uno de los aspectos más reveladores del documento consiste en que la propia liquidación identifica una columna denominada “Monto superávit específico de periodos anteriores no incorporados en el periodo 2025 más el presupuestado en el periodo, pero no ejecutado”. Es decir, no se trata únicamente de recursos generados durante un año presupuestario: existe dinero que se viene arrastrando de ejercicios anteriores.

Plata occiosa

Solo el Fondo de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias —Ley 8114— presenta un resultado específico acumulado superior a ₡5 436 millones. Dentro de esa cifra aparecen aproximadamente ₡4 606 millones vinculados con saldos de períodos anteriores y recursos no ejecutados.

El impuesto por movilización de carga portuaria de la Ley 8461 acumula otros ₡2 356 millones, de los cuales más de ₡2 075 millones aparecen en la columna relacionada con recursos provenientes de períodos anteriores o presupuestados pero no ejecutados.

La lista continúa:

• –Recolección de basura: más de ₡821,7 millones acumulados.
• –Comité Cantonal de Deportes: aproximadamente ₡408,1 millones.
• –Depósito y tratamiento de desechos sólidos: más de ₡316,3 millones.
• –Aseo de vías: aproximadamente ₡128,8 millones.
• –Reforma de la Ley 8488: alrededor de ₡117,8 millones.
• –Partidas específicas: cerca de ₡88,8 millones.

La liquidación registra ingresos definitivos por ₡10 530 millones, mientras que el gasto consolidado —incluyendo compromisos ejecutados hasta junio de 2026— llegó a aproximadamente ₡7 736 millones. La diferencia arroja un resultado del período cercano a ₡2 794 millones.

De ese resultado, alrededor de ₡2 019 millones corresponden a saldos con destino específico, mientras otros ₡775 millones corresponden al superávit libre del período.

Solamente en el actual ejercicio presupuestario quedaron miles de millones que no terminaron convertidos en gasto municipal efectivo.

Al cierre de 2025, la Municipalidad trasladó aproximadamente ₡1 513 millones como compromisos presupuestarios para ejecutarlos hasta el 30 de junio de 2026, pero tampoco logró utilizar todo ese dinero.

Según el propio Departamento de Presupuesto, fueron ejecutados ₡1 338 millones, quedando ₡174 millones 427 mil 384,24 sin ejecutar, monto que deberá regresar mediante presupuesto extraordinario.

Es decir, aun después de contar con seis meses adicionales para ejecutar compromisos adquiridos durante 2025, más de ₡174 millones volvieron a quedar pendientes.

La propia Municipalidad explica además que los recursos de financiamiento general que no fueron utilizados pasarán a engrosar el superávit libre, cuyo destino deberá

Más dinero en los bancos

Otro dato llama poderosamente la atención. Los estados financieros señalan que el efectivo que la Municipalidad mantenía en cuentas pasó de aproximadamente ₡12 492 millones en 2024 a ₡15 576 millones al cierre de 2025.

Es decir, durante un solo año el efectivo municipal aumentó aproximadamente ₡3 084 millones.

La propia Dirección Financiera califica esta situación como un “buen flujo de efectivo y crecimiento de liquidez” y señala que el resultado presupuestario según saldos en caja presentó un excedente de ₡2 799 millones.

Por: Argenis Cascante

Cien días pueden ser pocos para juzgar un gobierno en su totalidad, pero sí son suficientes para identificar su estilo, sus prioridades y el rumbo que pretende seguir. Y en el caso de Laura Fernández, una cosa ha quedado clara: su gobierno representa la continuidad del proyecto político de Rodrigo Chaves.

La continuidad prometida

Laura Fernández llegó al poder bajo la bandera de la continuidad. Por eso, más que preguntarnos si este es un gobierno nuevo, debemos preguntarnos qué ha cambiado realmente y cuáles son sus resultados concretos.

La continuidad, sin embargo, también significa asumir como propios los aciertos, pero igualmente los problemas que quedaron pendientes durante la administración anterior.

De los micrófonos a los “golpes de Estado”

Los primeros 100 días han estado acompañados por episodios que parecen sacados de una novela política: el polémico “micrófono espía” encontrado en una oficina de campaña, el polígrafo aplicado a funcionarios de seguridad, la explosión ocurrida durante la gira presidencial en Crucitas y, más recientemente, la acusación de un supuesto “golpe de Estado” tras una resolución de la Sala Constitucional.

Todos estos episodios han generado titulares, polémicas y confrontaciones.

Pero gobernar no consiste en producir titulares.

¿Y los resultados?

Costa Rica continúa enfrentando enormes desafíos en seguridad, salud, educación, costo de vida, infraestructura y empleo.

Mientras tanto, buena parte de la agenda política sigue concentrada en enfrentamientos entre el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la prensa y quienes cuestionan al Gobierno.

Los ciudadanos, sin embargo, necesitan algo mucho más concreto: seguridad, servicios públicos eficientes, atención médica oportuna, educación de calidad, empleo y oportunidades.

Las fotografías, los discursos y las publicaciones en redes sociales pueden construir una imagen política, pero no sustituyen la gestión.

¿La misma confrontación?

Una de las grandes interrogantes de estos primeros 100 días es si la continuidad también significa mantener el estilo político que caracterizó al chavismo.

Un estilo marcado por la confrontación, el señalamiento de adversarios y la tendencia a convertir las diferencias políticas en auténticas batallas.

Laura Fernández tiene derecho a defender su gestión y sus simpatizantes tienen derecho a respaldarla. Pero una democracia también necesita gobiernos capaces de escuchar críticas, responder preguntas incómodas y respetar a quienes piensan diferente.

Una crítica no es un golpe de Estado. Una pregunta incómoda tampoco es una conspiración.

Que hablen los hechos

El verdadero balance de estos 100 días no debería hacerse contando fotografías, conferencias de prensa, seguidores o reacciones en redes sociales.

Debe hacerse con resultados.

Cien días no son suficientes para escribir toda la historia de una administración, pero sí para comenzar a identificar su rumbo.

Laura Fernández prometió continuidad. Ahora le corresponde demostrar que esa continuidad no significa simplemente cuatro años más del mismo libreto, con una nueva protagonista.

Porque las novelas presidenciales generan titulares, las polémicas generan clics y las redes sociales generan aplausos.

Pero al final del día, Costa Rica necesita algo mucho más sencillo y mucho más difícil: resultados.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, anunció que interpondrá una querella por el presunto delito de prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, tras la resolución emitida sobre la lista de magistrados suplentes.

El anuncio se da en medio de la controversia generada por el fallo de la Sala IV, que anuló la devolución de la lista de candidatos realizada por la Asamblea Legislativa y extendió, de forma transitoria, el nombramiento de los actuales magistrados suplentes mientras el Congreso adopta una decisión definitiva.

La acción legal anunciada por Jiménez abre un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Poder Legislativo y la Sala Constitucional, en un caso que ha provocado intensas reacciones en el ámbito político y jurídico.

San José. La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado contra la Asamblea Legislativa por la omisión y la demora injustificada en el nombramiento de las magistraturas suplentes del alto tribunal, dejando sin efecto la devolución de la lista de candidaturas realizada por el Congreso y ordenando una medida transitoria para garantizar el funcionamiento del órgano constitucional.

En su resolución, la Sala concluyó que el atraso de la Asamblea Legislativa vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, al impedir que el tribunal pueda sesionar con normalidad y resolver los asuntos sometidos a su conocimiento.

Como medida excepcional, los magistrados ordenaron extender el nombramiento de los actuales magistrados suplentes hasta que el Plenario Legislativo cumpla con la elección de las nuevas magistraturas, evitando así la paralización de la Sala Constitucional. Además, condenaron al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por la omisión.

La resolución fue aprobada por mayoría con los votos de los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Jorge Araya e Ingrid Hess. En contra votaron Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar y Anamari Garro.

La falta de nombramiento de magistrados suplentes por parte del Congreso mantenía acumulados decenas de expedientes que no podían ser discutidos ni resueltos debido a problemas de integración y cuórum del tribunal.

La decisión representa un revés para la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, quien había dirigido el proceso legislativo relacionado con la devolución de la lista de candidatos. Con esta resolución, la Sala Constitucional garantiza la continuidad de sus funciones mientras el Congreso adopta una decisión definitiva sobre los nombramientos pendientes.

Qué hace ganar hoy una elección? ¿Cuánto pesan la inteligencia artificial, las redes sociales, las emociones y la percepción del candidato en la decisión del votante? Esas preguntas reunirán en Costa Rica a decenas de estrategas y especialistas nacionales e internacionales durante el XVIII Congreso Internacional de Comunicación Política, que se realizará el 29 y 30 de julio en el Hotel Wyndham San José Herradura.

Entre los participantes destaca el estratega costarricense Danny Quirós, quien adquirió notoriedad pública durante la reciente campaña electoral por su cercanía con Laura Fernández y su participación en su entorno político.

Quirós intervendrá la mañana del miércoles 29, dentro de una agenda que reúne a especialistas de América Latina y España. El Congreso permitirá analizar desde adentro algunas de las herramientas que están transformando la competencia política.

La agenda incluye inteligencia artificial aplicada al conocimiento del electorado, construcción de audiencias digitales, neurobiología del voto, ciberseguridad en campaña, populismo, liderazgo político y nuevas formas de conectar con la ciudadanía.

Entre los conferencistas internacionales Antonio Sola, de España; Daniel Ivoskus, Shila Vilker y Gabriel Slavinsky, de Argentina; Verónica Ríos y Alonso Cedeño, de México; y Yhansuy Ospina y Diego Cardozo, de Colombia. La agenda contempla además foros sobre mujer y poder, partidos políticos, jóvenes y gobiernos locales.

“Costa Rica acaba de vivir un proceso electoral y este Congreso ofrece una oportunidad para analizar, con quienes trabajan directamente en estrategia política, cómo están cambiando las campañas y la relación entre dirigentes y ciudadanía”, señala la organización.

El encuentro es para de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y su apertura oficial será este miércoles 29 de julio, a las 8:30 a. m., en el Hotel Wyndham San José Herradura.

Los medios medios de comunicación tendrán todas las facilidades necesarias para su labor durante la cita.

DATOS CLAVE DEL CONGRESO Qué: XVIII Congreso Internacional de Comunicación Política Cuándo: 29 y 30 de julio Dónde: Hotel Wyndham San José Herradura Apertura: miércoles 29 de julio, 8:30 a. m. Agenda: dos días de conferencias, paneles y foros simultáneos Temas: campañas electorales, inteligencia artificial, comportamiento

Las declaraciones del expresidente Rodrigo Chaves durante la conmemoración de la Anexión del Partido de Nicoya continúan generando reacciones en la Asamblea Legislativa.

La diputada Diana Murillo, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó una moción para expresar el rechazo del Congreso a las manifestaciones realizadas por Chaves durante el acto oficial del pasado 25 de julio en Guanacaste.

En su pronunciamiento, la legisladora afirmó que el Poder Judicial y la democracia costarricense merecen respeto, y cuestionó el contenido del discurso del exmandatario. Según Murillo, las expresiones de Chaves representan un intento por normalizar posturas que, a su criterio, son incompatibles con los principios democráticos del país.

La iniciativa también recibió el respaldo de otros diputados de distintas fracciones, quienes manifestaron preocupación por el tono del discurso y por los constantes cuestionamientos dirigidos hacia las instituciones del Estado, especialmente al Poder Judicial.

Las reacciones surgen luego de que Rodrigo Chaves preguntara a los asistentes al acto oficial si tenían miedo de una dictadura o del cierre del Poder Judicial, afirmando que algunos sectores buscan infundir temor entre la población. Sus declaraciones provocaron un intenso debate político y han sido interpretadas de manera distinta por oficialismo y oposición.

Mientras los diputados que apoyan la moción consideran que es necesario defender la institucionalidad democrática y la separación de poderes, sectores afines a Chaves sostienen que sus palabras forman parte de una crítica al funcionamiento de algunas instituciones públicas y del sistema judicial.

Se espera que la moción sea discutida en el Plenario Legislativo en los próximos días, en medio de un ambiente de creciente tensión política entre el Ejecutivo y diversos sectores de la oposición.

En la misma jornada en que presentó una nueva agenda de proyectos de seguridad que requiere respaldo legislativo para avanzar, la presidenta Laura Fernández Delgado volvió a elevar el tono contra la oposición y, particularmente, contra el Partido Liberación Nacional (PLN), con una serie de declaraciones que profundizan el distanciamiento entre Casa Presidencial y una de las principales fuerzas políticas del Congreso.

Lejos de tender puentes para negociar las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, la mandataria cerró filas con el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, y rechazó de plano la petición del jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, de destituirlo.

“Puede esperar sentado”, respondió Fernández al ser consultada sobre la solicitud del diputado, dejando claro que el Gobierno mantiene su respaldo al jerarca pese a las críticas de la oposición.

La presidenta también cuestionó el liderazgo de Ramírez y aseguró que sus posiciones no representan a toda la bancada verdiblanca.

“Liberación Nacional no es solo Álvaro Ramírez. En Liberación Nacional hay un montón de diputados buenos, gente que estoy segura está asqueada y avergonzada de haber dado la adhesión casi que al Frente Amplio.”

Pero el momento de mayor tensión llegó cuando Fernández acusó al jefe de fracción del PLN de arrastrar a todo el partido hacia una estrategia de bloqueo político.

“Muy equivocado está ese señor al pretender echar a toda esa fracción en un saco tan bajo como volverse un partido comunista y obstruccionista”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron pocas horas después de que el Ejecutivo presentara su nueva agenda legislativa, cuya aprobación depende, precisamente, de acuerdos con las distintas bancadas de oposición. En ese contexto, el discurso de la mandataria evidenció un nuevo endurecimiento de la relación política con el PLN.

Por su parte, el ministro Rodrigo Chaves Robles recordó una reunión privada que sostuvo días atrás con el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, como ejemplo del deterioro en la relación entre el Ejecutivo y esa bancada. Según relató, el encuentro terminó en apenas unos minutos y sin ningún avance.

“Tuve una reunión privada con Álvaro y fue un verdadero fracaso. No duré cinco minutos antes de decirle: ‘Señor, no me haga perder mi tiempo, me paro y me voy'”, relató.

Así, mientras el Ejecutivo busca respaldo para sacar adelante sus reformas en la Asamblea Legislativa, el intercambio de señalamientos entre Casa Presidencial y el PLN vuelve a poner en evidencia un ambiente político marcado por la confrontación y con escasas señales de acercamiento.

La Sala Constitucional confirmó que nueve expedientes relacionados con el presidente Rodrigo Chaves permanecen paralizados debido a la falta de magistrados suplentes, lo que impide integrar el Tribunal en los casos donde existen inhibitorias.

Entre los expedientes pendientes figuran recursos de amparo vinculados con el trámite del levantamiento de la inmunidad presidencial y actuaciones del Ministerio Público.

En total, la Sala IV reporta 123 expedientes detenidos por la ausencia de magistrados suplentes, una situación que también afecta procesos sobre salud, empleo público, pensiones, acciones de inconstitucionalidad y otros asuntos relacionados con derechos fundamentales.

La Sala Constitucional advirtió que, mientras la Asamblea Legislativa no complete el nombramiento de los magistrados suplentes requeridos, continuará legalmente imposibilitada para dictar resoluciones definitivas en estos casos.

La presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, afirmó que la falta de nombramiento de magistrados suplentes en la Sala Constitucional mantiene detenido el trámite para que la Corte Plena conozca la solicitud de levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, relacionada con la causa por el presunto financiamiento electoral paralelo de la campaña de 2022.

Según explicó la magistrada, el nombramiento de al menos un magistrado suplente permitiría integrar el tribunal y avanzar con el análisis del expediente. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa continúa sin alcanzar los votos necesarios para elegir a los suplentes de la Sala IV, en medio de un fuerte debate político sobre las razones del bloqueo. 

“La afirmación de que existe una estrategia deliberada para proteger a Rodrigo Chaves corresponde a una interpretación o posición política y no ha sido demostrada como un hecho. Para mantener un enfoque periodístico, es recomendable atribuir ese señalamiento a quienes lo sostienen y diferenciarlo de los hechos verificados.”

El alcalde de Santa Cruz, Jorge Arturo Alfaro, afirmar públicamente que la actual vicealcaldesa, Mitsy Salazar, podría ser la figura que impulsaría el Partido Auténtico Santacruceño de cara a las elecciones municipales del año 2028.

Las declaraciones del mandatario local fueron dadas a conocer a través de la página “Encuentro Municipal”, durante una actividad realizada el domingo 12 de julio en el parque del cantón de Cañas. La entrevista fue posteriormente publicada en dicha plataforma.

Desde hace varios meses, distintos sectores del cantón habían señalado el protagonismo que la vicealcaldesa ha venido adquiriendo en diversas actividades oficiales junto al alcalde, lo que alimentó las especulaciones sobre una eventual candidatura para dar continuidad al proyecto político que actualmente gobierna el cantón.

La confirmación surge además en un escenario político donde recientemente trascendió la eventual candidatura del abogado Saidem Vidaurre por el partido regional Súmate el cual se mantiene en proceso de inscripción ante TSE, agrupación con la que buscaría participar en las elecciones municipales de 2028. En ese contexto, algunos analistas y vecinos consideran que el anuncio del alcalde marca oficialmente el inicio del movimiento político rumbo a la próxima contienda electoral.

Durante la entrevista, incluso el propio alcalde afirmó que “ya la campaña comenzó”, dejando entrever que el panorama electoral empieza a tomar forma en el cantón.

Consultado sobre quién sería la persona llamada a continuar el proyecto del Partido Auténtico Santacruceño, Jorge Arturo Alfaro manifestó:

“Lógicamente yo me debo a un partido santacruceño, que se llama Auténtico Santacruceño, un partido que nació del pueblo, lógicamente este servidor ya ganó dos, aunque votó un 10% menos de la población, la gente cree en un partido cantonal, la gente cree en un partido que tiene identidad, en este caso va hacer una mujer, muy probablemente va a ser la señora vicealcaldesa, que ha seguido la línea, desde que la conocí en el colegio de Villarreal, hemos trabajo juntos ella como asistente de dirección y yo como director, ella tiene ese carácter, ella tiene esa potencia para poder seguir dirigiendo un cantón y que al pueblo lo tengan bien.”

Con estas declaraciones, el alcalde realiza hasta ahora el pronunciamiento más claro sobre la persona que considera como la principal opción para representar al Partido Auténtico Santacruceño en las próximas elecciones municipales, aunque la candidatura deberá formalizarse conforme a los procesos internos de la agrupación política y la normativa electoral vigente.