Los imputados, de apellidos Sánchez Pérez, Chavarría Sevilla, Zeledón Chavarría y González Morales, en un caso de supuesta trata de personas que se tramita en los Tribunales de Ciudad Quesada y que se divulgó en medios de comunicación locales de San Carlos y nacionales, llamaron la atención acerca de que este proceso legal aún está pendiente de sentencia; por tanto, priva el derecho de presunción de inocencia.

El origen del litigio se inició en noviembre del 2020 cuando la Policía de Migración allanó un bar y cabinas en San Carlos y otro lugar denominado Latin Divas en Barrio Amón en San José.

Conocido como el caso “4 Stops”, el proceso se encuentra en debate oral y público en el Tribunal de San Carlos con el número de expediente 19-000353-1185-PE, donde se deberá probar un supuesto delito de trata de personas.

De acuerdo con el abogado, Karl Villalobos Hoffmann, representante legal de los acusados, en la actualidad no existe “sentencia alguna que determine la existencia de haberse cometido delito alguno por parte de alguno de los imputados en dicha causa penal”.

“Es lamentable que exista un juzgamiento mediático por parte de alguna parte de la prensa que se limita a reproducir los comunicados de prensa que envían las autoridades mediante un “copiar y pegar” describiendo acciones y hechos que no han sido comprobados, ni verificados en los estrados judiciales, con lo cual se viola groseramente la presunción de inocencia de mis representados en el proceso penal”, expresó Villalobos Hoffmann.

Tema de fondo

El abogado añadió que los imputados en dicha causa penal son propietarios de bares y cabinas legítimamente establecidos con todos los permisos de rigor del Ministerio de Salud, patente municipal e inscritos ante la Dirección de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda, entre otros requisitos.

“Mis clientes son dueños de negocios que nada tienen que ver con explotación sexual alguna, ellos sencillamente desarrollan una actividad empresarial de bares, restaurantes y alquiler de cabinas y no pueden controlar cuál es el oficio o la profesión a la que se dedican las mujeres que frecuentan los negocios y que de manera libre y voluntaria pueden decidir cómo ejercer su sexualidad sin coacciones de terceros”, añadió el profesional en Derecho.

Villalobos Hoffmann indicó que en el Código Penal costarricense no existe ningún artículo que sancione el trabajo sexual, pero el Estado a través de sus órganos represivos “busca prescribir esta actividad de la realidad nacional como si fuera un delito con el agravante de que también pretenden castigar a dueños de bares, restaurantes y taxistas y todo aquel relacionado con las trabajadoras sexuales involucrando a otras personas que nada tienen que ver con esa actividad”.

“En el proceso penal mencionado se ha observado como la Fiscalía ha querido criminalizar el trabajo sexual femenino, pero igual se quieren llevar por delante a negocios que cumplen todos los requisitos de Ley. Con ello se quiere establecer una negación absoluta para que cada mujer, si así lo desea libremente, ejerza como trabajadora sexual que es una decisión que cae dentro de la esfera de lo privado”, añadió Villalobos Hoffman.

Según el artículo 172 del Código Penal para que se configure el delito de trata de Personas –que es distinto al trabajo sexual que no está prohibido- es necesario demostrar que el imputado haya promovido o facilitado la entrada o salida del país, de mujeres o de menores de edad de uno u otro sexo para que ejerzan la prostitución, ilícíto que será reprimido con prisión de cinco a diez años de prisión.

Dos oficiales de la Fuerza Pública de Santa Cruz, Guanacaste, fueron suspendidos de su cargo por supuestamente violar a una mujer en una patrulla.El aparente hecho delictivo ocurrió el viernes 19 de mayo en horas de la madrugada, cuando los policías atendieron un caso de violencia doméstica en la localidad del Cacao.Fuentes policiales le confirmaron que la víctima estaba siendo agredida supuestamente por una de sus hijas, por lo que llamó al 9-1-1 pidiendo ayuda; los oficiales llegaron al lugar y ella pidió que la llevaran donde una amiga que vive cerca.

Cuando la montaron a la patrulla, se habrían dirigido a un lugar oscuro conocido como el Mango y ahí uno de los policías la colocó en la compuerta del cajón del pick-up y cometió el acto mientras el otro oficial veía lo que pasaba.

Erick Calderón, comisionado de Fuerza Pública, señaló que luego de que los policías fueran denunciados por la mujer, se elevó la causa a nivel disciplinario.

“El 19 de mayo la Fuerza Pública de Santa Cruz atiende un incidente de violencia doméstica, posterior a esta diligencia los policías fueron denunciados y de ahí en adelante ha habido una coordinación con la Policía Judicial. Administrativamente, hemos elevado la causa a nivel disciplinario”, dijo Calderón.
Los dos funcionarios públicos que son investigados tienen 10 y 12 años de trabajar en la Fuerza Pública.

La Fiscalía Adjunta de Santa Cruz confirmó que, dentro de la causa 23-000955-412-PE, se investiga a dos oficiales por el aparente delito de violación, en perjuicio de una persona mayor de edad.

“Ambas personas fueron detenidas el 1 de junio de 2023, luego la Fiscalía solicitó prisión preventiva en contra de ellos y se le solicitó la inhabilitación del cargo.

“El Juzgado Penal ordenó las medidas cautelares de: tener domicilio fijo y estable fuera de la localidad de Santa Cruz, prohibición de ingresar a la localidad de Santa Cruz, pueden hacerlo solo por llamamientos judiciales, no molestar, perturbar e intimidar a la víctima y testigos por ningún medio e inhabilitación de sus funciones por seis meses”, indicó el Ministerio Público.

La Fiscalía apeló la resolución en cuanto a las medidas otorgadas contra el policía que la habría violado, por lo que se debe esperar a que el Tribunal Penal programe una nueva audiencia.

El caso continúa en investigación.

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) confirmó que, tras un análisis realizado en la casa donde vivía el perro que atacó a un niño de dos años en Liberia, los tres animales que habitaban dentro fueron sacrificados.

El menor de dos años y 11 meses caminaba de la mano de su mamá en una calle del barrio La Guaria, venían de regreso a su casa tras dejar a la hermana mayor en el kínder, cuando un perro de raza American Stafford que estaba en una casa con el portón abierto se abalanzó sobre el infante, quien el próximo 10 de junio cumplirá tres años.

Justo en el momento del ataque, un vecino y su pareja se bajaban de un taxi, el hombre corrió para auxiliar al niño y su mamá.

Otros dos canes enfurecidos también intentaron morder al pequeño Yadiel.

“Yo me estaba bajando, le estaba pagando al taxista, en eso veo que estaban atacando al chiquito, yo me tiré de un solo para tratar de ayudar, yo llegué y agarré al chiquito para que no lo mordieran más, el taxista no se fue, muy buena nota me dijo que lo lleváramos al hospital”, contó Yader Almanzor, vecino.

La heroica intervención de los vecinos evitó que el menor sufriera un daño mayor al que ya de por sí había sufrido.

La mujer pensó lo peor al ver que el niño se quedó callado.

“El dueño solo les hablaba, pero ellos no hacían caso, no es la primera vez que pasa esto, ya han agarrado otros perritos también”, agregó María Flores, vecina.

Al pequeño lo reportan fuera de peligro y se recupera en el área de pediatría del Hospital Enrique Baltodano de Liberia.

La madre de Yadiel asegura que llegará hasta las últimas consecuencias, ya que existían quejas de vecinos sobre el comportamiento agresivo de los canes. “Él está consciente, pero casi no habla, imagino que, porque quedó traumado, ayer puse la demanda en la Fiscalía, me dijeron que iban a proceder con el OIJ. Ya le teníamos organizado la fiesta para el 10 de junio, ahora nadie me le va a quitar la marca que tiene”, comentó Marilyn Gómez, mamá de niño atacado.

Funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) visitaron la casa donde estaban los canes involucrados en el incidente.

Tres de los animales mostraban un temperamento muy violento, lo cual representaba un riesgo para la seguridad pública, así lo explicó esa institución en un comunicado:

“Se constató que los perros se encontraban en un patio cerrado con rejas y portones, pero el área era muy pequeña para la cantidad y el tamaño de los animales, lo cual influye directamente en su comportamiento. Esta situación evidencia deficiencias en las condiciones de manejo de los perros y contribuye a su agresividad.

“Los vecinos manifestaron que los ataques a otros animales en la vía pública eran recurrentes cuando los dueños por descuido dejaban el portón del garaje abierto, tal como sucedió en el caso del niño que fue mordido.

“Ante la situación, los propietarios de los perros solicitaron que se procediera a la eutanasia. Los dos médicos veterinarios encargados del caso, de acuerdo con el análisis realizado y en aplicación del artículo 17 de la ley de bienestar animal #7451, tomaron la medida correspondiente”.

Fuente: Teletica.com

Este martes 30 de mayo será un día muy importante para don Mauricio Quesada y su familia, pues los jueces del tribunal penal de Santa Cruz, Guanacaste, darán a conocer la sentencia contra el hombre acusado por el femicidio de su hija, María Fernanda Quesada Gutiérrez, de 28 años.

Un trágico suceso en Tilarán ha conmocionado a la comunidad. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas está al frente de la investigación de un homicidio ocurrido en la localidad de Tronadora, donde perdió la vida Bryan Castillo Jiménez, de 31 años de edad.

El macabro hallazgo tuvo lugar alrededor de las 11 pm en una vivienda, cuando un familiar llegó al lugar y descubrió el cuerpo sin vida de Castillo. Inmediatamente se alertaron a las autoridades competentes, quienes se presentaron en la escena para iniciar las correspondientes pesquisas.

Durante el examen inicial del cuerpo, los agentes del OIJ encontraron heridas causadas por arma de fuego en el cuello y la espalda de la víctima. Estas lesiones evidencian un acto de violencia y suman más incógnitas a este trágico incidente.

Como parte del protocolo, el cuerpo de Bryan Castillo Jiménez fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente y recabar más pruebas que permitan esclarecer los hechos que rodean su muerte.

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando arduamente para recopilar información, entrevistar a testigos y revisar cualquier indicio que pueda llevar al o los responsables de este asesinato.

La noche del jueves, se registró un homicidio en Santa Cruz, el cual fue atendido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 p.m. cuando Elber Chávez Bravo, de 39 años y propietario de un supermercado, se encontraba en su local comercial ubicado a 700 metros del parque de Cartagena.

Según la información proporcionada por el OIJ, un vehículo con seis personas encapuchadas y armadas llegó al lugar. Estas personas ingresaron al establecimiento, momento en el que Chávez Bravo se percató de la situación y aparentemente intentó enfrentarse a los sujetos. En el enfrentamiento, recibió disparos en el pecho, abdomen y cadera.

Tras el incidente, el hombre logró salir de la propiedad y fue ingresado en un vehículo particular. Sin embargo, lamentablemente, falleció mientras era trasladado en el vehículo. El caso se encuentra actualmente en fase de investigación por parte del OIJ, quienes buscan recopilar más detalles sobre lo sucedido, el móvil del crimen y dar con los sospechosos involucrados.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha emitido un comunicado confirmando que los huesos encontrados en el interior de un cocodrilo pertenecen al niño de 8 años que fue atacado en un río en Matina, Limón, el pasado 30 de octubre de 2022.

Después de varias semanas de intensa búsqueda por parte de familiares y vecinos, un grupo de residentes de Cuatro Millas logró capturar al cocodrilo sospechoso de haber atacado al menor. El sábado 26 de noviembre del mismo año, decidieron sacrificar al animal para examinarlo, y durante el proceso, se encontraron varios huesos humanos en su interior.

Según el OIJ, los expertos inicialmente descartaron que los huesos más grandes pertenecieran a una persona, pero había fragmentos óseos de menor tamaño que no permitían una identificación inmediata. Estos fragmentos fueron remitidos a la Sección de Bioquímica para determinar su origen, y posteriormente se realizó un análisis científico para extraer el ADN. Después de compararlo con el ADN de los familiares del menor, se confirmó que los huesos encontrados efectivamente pertenecían al niño atacado por el cocodrilo.

Durante la apertura del animal, los lugareños también descubrieron pelo humano que se presume podría ser del menor. Sin embargo, la Policía Judicial ha confirmado que solo uno de los fragmentos óseos encontrados corresponde al niño.

A pesar de que pasaron siete meses desde el trágico incidente, los padres del niño, Julio Rubén Otero Hernández, finalmente han recibido la confirmación oficial de las autoridades sobre la identidad de los restos encontrados. El niño, que vivía con su familia en Rancho Grande de Matagalpa, Nicaragua, había llegado a Costa Rica unas semanas antes del incidente.

Este doloroso desenlace pone fin a la incertidumbre que rodeaba la desaparición del niño y brinda cierto grado de cierre a la familia afectada. Las autoridades continuarán investigando el caso para determinar las circunstancias exactas del ataque y tomar las medidas necesarias para evitar incidentes similares en el futuro.

La Organización de Investigación Judicial (OIJ) sospecha que la narcofamilia recientemente detenida en Guápiles estaba rindiendo cuentas al conocido delincuente alias “Diablo”, líder de una poderosa organización criminal en la zona.

Según las investigaciones, los miembros de esta organización se dedicaban al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, y presuntamente operaban bajo las órdenes y protección de “Diablo”. Durante el operativo de captura, las autoridades lograron incautar una importante cantidad de droga, armas de fuego, dinero en efectivo y otros elementos relacionados con la actividad delictiva.

Se espera que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde se determinará la situación legal de los detenidos y se presentarán las pruebas recopiladas por el OIJ.

Este golpe a la estructura criminal representa un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico en la zona de Guápiles, y demuestra la efectividad de las labores de inteligencia y coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad en el país.

Las autoridades continúan trabajando en el desmantelamiento completo de esta organización criminal y en la identificación de otros posibles vínculos y ramificaciones delictivas.

El OIJ ha reforzado su compromiso de seguir combatiendo el narcotráfico y otras actividades ilegales, velando por la seguridad de la ciudadanía y el bienestar de la comunidad en general.

Ayer, en la localidad de Santabarbara de Santa Cruz, se vivió un tenso episodio cuando un joven aparentemente retuvo a varios individuos utilizando un cuchillo y un palo como amenaza. Según testigos, el joven habría ordenado a uno de ellos que se arrodillara, advirtiéndole que de lo contrario sería apuñalado. Ante esta situación de riesgo, se alertó de inmediato a las autoridades locales.

La fuerza pública acudió rápidamente al lugar de los hechos, pero lamentablemente el joven ya había logrado escapar. Los afectados fueron trasladados a la fiscalía, donde presentaron una denuncia formal. En coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, se emitió una orden de detención contra el sospechoso.

En una operación conjunta, las fuerzas de seguridad de Santa Cruz lograron capturar al individuo en la vía pública de Santabarbara el día de hoy. Inmediatamente, fue trasladado a la delegación de Santa Cruz y posteriormente llevado a las celdas del OIJ para el proceso correspondiente.

Se hace un llamado a cualquier persona que haya sido amenazada por este joven, cuyo apellido es Ramírez, a que presente la denuncia respectiva ante las autoridades competentes. El caso continúa bajo investigación para determinar los motivos y las circunstancias que llevaron a estos actos de amenaza y retención.

En las últimas horas, se ha reportado el hallazgo de un cuerpo calcinado en la playa de Punta de Pelecho, ubicada entre Playa Brasilito y Playa Flamingo, a unos 400 metros de la costa. El descubrimiento fue realizado por un grupo de pescadores que transitaban por la zona en la madrugada del día de hoy.

Según informes preliminares, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de calcinación y no ha sido posible identificarlo. Las autoridades han confirmado que se trata de un hecho criminal y han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fallecimiento y la identidad de la víctima.

Rudy Arauz, vecino del lugar, encontró los restos del cuerpo a unos 400 metros al este de la playa mientras buscaba unas vacas junto a un grupo de personas. En un primer momento, Arauz pensó que se trataba de algún animal muerto, pero al acercarse se dio cuenta de que se trataba de una persona, posiblemente de sexo femenino.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra en el lugar de los hechos, realizando las pericias necesarias para recabar pruebas y esclarecer lo sucedido. Además, se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial sobre el estado del cuerpo y las posibles causas de su muerte.

Como parte de la lucha que libra la Policía de Fronteras contra los delitos transfronterizos, en lo que va del presente año, ascienden a 11 la cantidad de presuntos traficantes de personas aprehendidos en el cantón de La Cruz, Guanacaste.

El caso más reciente tuvo lugar el pasado fin de semana en la localidad fronteriza de Peñas Blancas, cuando los oficiales fronterizos interceptaron un vehículo procedente precisamente de la línea limítrofe.

El auto era guiado por un costarricense de apellido Lara, quien transportaba a dos nicaragüenses, uno de ellos residente y el otro en condición migratoria irregular, los cuales indicaron que habían ingresado al país por un paso no habilitado.

Posteriormente contactaron a Lara, quien, según los extranjeros, le cobró 50 dólares a cada uno para trasladarlos hasta la ciudad de Liberia, por lo cual los nicaragüenses fueron llevados a la Fiscalía de esa ciudad en calidad de testigos.

Lara fue aprehendido y remitido a la orden de la citada fiscalía, la cual lo podría procesar por el presunto delito de tráfico ilícito de personas, el cual en su forma ordinaria está sancionado con penas de 2 a 6 años de cárcel, mientras que en su modalidad agravada se castiga con penas de entre 3 y 8 años de prisión.

Gracias a los constantes patrullajes que realiza la Fuerza Pública, a lo largo de los cantones de la frontera norte, fue posible asestarle un nuevo golpe al contrabando de mercancías desde Nicaragua, al ser interceptado un cargamento de artículos de higiene personal con un valor aproximado a los 20 millones de colones.

Según el reporte policial, el cargamento fue detectado en la localidad de El Rosario, a unos cuatro kilómetros al sur del centro de Upala, en la ruta que conduce al cantón de Cañas, Guanacaste.

En ese sitio los oficiales le ordenaron al conductor de un camión detenerse, tras lo cual encontraron a bordo gran cantidad de mercadería, por lo que procedieron a solicitarles las facturas de los productos a los ocupantes del vehículo.

El camión era conducido por un nicaragüense residente de apellido Pérez, quien era acompañado por un costarricense apellidado Villalobos, los cuales no lograron presentar la documentación que comprobara el debido pago de los impuestos, todos al parecer introducidos ilegalmente desde Nicaragua.

Es por ello que, tras coordinar con la Policía de Control Fiscal, el cargamento, consistente en 146.664 desodorantes, 6.120 cremas dentales y 152.000 unidades de chicles, fue decomisado y puesto a la orden de dicho cuerpo policial.

De esta forma no solo se evita un perjuicio económico a los establecimientos comerciales que no expenden productos contrabandeados, sino a las personas consumidoras, pues los productos introducidos ilegalmente al país no cuentan con ningún permiso sanitario que garanticen el haber sido producido y transportado acorde a la legislación sanitaria.