La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó una reducción en las tarifas de autobuses y taxis en todo el país, motivada principalmente por la baja en el precio de los combustibles durante el segundo semestre de 2024.

Las rebajas en autobuses varían según el tamaño de la empresa y si la ruta ha implementado el sistema de pago electrónico SINPE-TP.

En el caso de las microempresas (1-5 autobuses), la disminución alcanza hasta un 2,48%, mientras que para las grandes empresas (más de 35 autobuses) la reducción es de hasta un 1,64%. Un 94,5% de las tarifas reflejarán estos cambios, con rebajas que van desde los 5 hasta más de 100 colones en algunas rutas.

Algunas de las reducciones aprobadas incluyen:

• San José – Alajuela: de ₡735 a ₡725 (-₡10)
• San José – Limón: de ₡3.890 a ₡3.820 (-₡70)
• San José – Liberia: de ₡4.795 a ₡4.715 (-₡80)

En cuanto a los taxis rojos, las tarifas disminuirán entre 5 y 20 colones, dependiendo del tipo de vehículo y la modalidad de cobro. Para los taxis rurales, el banderazo pasará de ₡905 a ₡900, mientras que la tarifa por demora en los taxis de aeropuerto variará levemente, con ajustes de hasta -₡10.

Ante un escenario global marcado por la volatilidad en las reglas del comercio internacional y la creciente competencia por atraer inversión extranjera directa, Costa Rica apuesta por la aprobación del proyecto de jornadas laborales 4×3 como una medida clave para mejorar su clima de negocios y mantenerse como un destino atractivo para las empresas internacionales. La iniciativa, que permitiría horarios de 12 horas diarias durante cuatro días a la semana, con tres días de descanso, se encuentra en su fase final de discusión en la Asamblea Legislativa.

El gobierno costarricense, a través de Pilar Cisneros, jefa de fracción de la bancada oficialista de Progreso Social Democrático, ha manifestado la urgencia de aprobar esta reforma antes de mayo, cuando inicien las sesiones extraordinarias. La medida busca responder a los desafíos planteados por las políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha impulsado aranceles a las importaciones y medidas proteccionistas que afectan el comercio mundial.

“Tenemos que entender que la lucha por atraer inversión extranjera es cada vez más intensa, sobre todo ahora que Donald Trump está promoviendo el establecimiento de aranceles a las importaciones que recibe ese país. Costa Rica no se puede quedar atrás en medio de esta competencia cada vez más fuerte, tenemos que tomar medidas”, afirmó Cisneros.

Beneficios para el sector productivo

El proyecto de jornadas 4×3 está diseñado para beneficiar principalmente a las empresas de zonas francas y sectores estratégicos como la manufactura avanzada y los servicios corporativos, que requieren ciclos productivos continuos. Según José Antonio Salas, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y Representantes de Casas Extranjeras (Crecex), esta reforma posicionaría al país como un destino atractivo para empresas internacionales, especialmente en sectores de alta tecnología.

“La implementación de jornadas laborales flexibles es indispensable para que las empresas internacionales sigan considerando a Costa Rica para diversos proyectos de manufactura avanzada”, destacó Salas.

Además, la iniciativa no afectaría al sector público y ofrecería beneficios tanto para los trabajadores como para las empresas. Los empleados que opten por este régimen recibirían una compensación adicional del 17% al 25,5% por la pérdida de horas extra, y tendrían garantizados tres días de descanso consecutivos, así como evaluaciones semestrales de salud.

Impacto económico y social

El Régimen de Zona Franca, uno de los principales beneficiarios de esta reforma, generó operaciones por $12.276 millones en 2023, equivalentes al 14% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Según un estudio de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), este sector no solo contribuye significativamente a la economía nacional, sino que también promueve la equidad de género, con un 44% de mujeres empleadas, y genera encadenamientos productivos que benefician a pequeñas y medianas empresas (pymes).

Carlos Wong, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas, destacó que la aprobación de las jornadas 4×3 permitiría a Costa Rica competir con países como Panamá y República Dominicana, que ya cuentan con esquemas laborales similares. “El establecimiento de jornadas flexibles posicionaría a Costa Rica como un destino ideal para la atracción de más compañías internacionales”, afirmó Wong.

Un paso hacia la competitividad

La reforma, que ha sido discutida durante más de 25 años, representa un avance significativo en la modernización del Código de Trabajo costarricense. Alejandro Batalla, presidente del Consejo de Promoción de la Competitividad, señaló que la rigidez del sistema laboral actual dificulta la competitividad del país y no responde a las necesidades de los sectores productivos ni a las aspiraciones de flexibilidad de los trabajadores.

“Este proyecto beneficia tanto a los trabajadores, al ofrecerles nuevas alternativas laborales, como a las empresas que requieren ciclos de producción continuos”, afirmó Batalla.

Por su parte, Irene Chinchilla, vicepresidenta de CF Free Zone, destacó que la iniciativa responde a los distintos estilos de vida y dinámicas de los colaboradores, incorporando una jornada laboral adicional al abanico de opciones ya existentes.

Llamado a la acción legislativa

Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias, hizo un llamado a los diputados para agilizar la aprobación del proyecto, subrayando que se trata de una deuda histórica para el país. “Aprobar este proyecto es un paso importante para fortalecer la seguridad jurídica necesaria para atraer inversión al país y, con ello, generar empleo de calidad”, afirmó Capón.

Con el respaldo del sector empresarial y el gobierno, la aprobación de las jornadas 4×3 se perfila como una medida clave para fortalecer la competitividad de Costa Rica en un contexto global cada vez más desafiante. La iniciativa no solo busca atraer inversión extranjera, sino también generar empleo y mejorar las condiciones laborales, consolidando al país como un destino atractivo para los negocios internacionales.

Articulo de Opinion: Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, Presidente, Junta Directiva Banco Popular.

En el mundo de las finanzas, donde muchas veces la rentabilidad se erige como la única razón de ser, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal destaca por su firme compromiso social con la inclusión financiera y el desarrollo de quienes mueven con esfuerzo y dedicación la economía nacional: las personas trabajadoras.

Por eso, no sorprende que algunos críticos, especialmente aquellos que profesan una devoción irrestricta por el mundo privado, intenten desacreditar con argumentos sesgados a la única entidad bancaria concebida por y para el pueblo costarricense.

Curiosamente, en su afán destructivo, estos personajes rebuscan términos y fórmulas con la esperanza de sembrar duda donde no la hay. Sin embargo, la solidez del Banco es tan contundente que sus ataques no logran repercusión. Los números hablan por sí solos: el Popular finalizó el año 2024 consolidándose como una de las entidades más robustas y confiables.

Un ejemplo es la fortaleza patrimonial que alcanzó los ₡983.295 millones, posicionándose como la institución financiera sistémica más solvente del país. Además, el indicador de suficiencia patrimonial se situó en un 20.36%, muy por encima de otras entidades financieras relevantes.

Pero si los críticos gustan tanto de las cifras, aquí les ofrecemos algunas que, seguramente, preferirían ignorar:

• Crecimiento de activos: El activo del Popular creció un 11.55%, cifra significativamente superior a la de los bancos estatales (7.13%) y privados (2.71%), demostrando su dinamismo y eficiencia.
• Expansión de la cartera de crédito: Registró un incremento del 15.82% (6.88% sin el efecto de la adquisición de cartera de Coopeservidores), superando a los bancos estatales (7.11%) y privados (6.26%). Su participación de mercado en crédito también creció, pasando del 11.66% en 2023 al 12.94% en 2024.
• Incremento en los depósitos a la vista: Crecieron un 39.55%, muy por encima de los bancos estatales (5.30%) y privados (15.81%), aumentando la participación de mercado a un 11.07%.
• Incremento en utilidades: La utilidad generada creció un 41.59%, pasando de ₡15.746 millones en 2023 a ₡22.295 millones en 2024.

Estos logros no solo evidencian la solidez del Banco, y el trabajo profesional de su Junta Directiva, la Alta Gerencia y todo el equipo, sino también su capacidad de innovación y el compromiso con sus clientes y con el desarrollo económico y social del país.

Sin embargo, llama más la atención que estos autoproclamados defensores de la Patria entren en una contradicción total al insistir en atacar a la entidad bancaria que lleva esperanza y apoyo a los sectores más vulnerables. Su entusiasmo por iniciativas legislativas que buscan despojar al Banco de los recursos que administra con eficiencia, para redirigirlos a otros fines, es, en buen costarricense, desvestir un santo para vestir a otro.

Lo más preocupante no es su postura, sino la falta de rigor en sus argumentos. Omiten, por ejemplo, que el 0.25% del aporte patronal que administra el Popular se traduce en financiamiento para emprendimientos, acceso a vivienda para sectores medios y bajos, y respaldo a iniciativas de educación y justicia social. A fines de 2024, el Banco destinó más de ₡255 mil millones en apoyo a miles de personas trabajadoras y entidades de economía social. Además, en los últimos cinco años ha trasladado ₡48 mil millones a fondos como FOFIDE, CONAPE y la Comisión Nacional de Emergencias.

Sumado a ello, a través del FODEMIPYME, en los últimos cinco años se ha financiado a 8.351 pymes con ₡162 mil millones. Asimismo, junto con el Ministerio de Trabajo, se impulsó el programa BRETE, facilitando la vinculación laboral de 7.857 jóvenes con productos financieros para completar su educación técnica.

Todo este impacto social es posible gracias a la presencia del Popular a lo largo del país, acercando servicios a poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema financiero. Quizá esto incomoda a ciertos editorialistas (y ex editorialistas), políticos y analistas económicos con ansias políticas frustradas, pero para nosotros es un motivo de orgullo.

Y si lo anterior no es suficiente para acallar críticas infundadas, recordemos que el Banco no solo es socialmente responsable, sino también un pilar fundamental del sistema financiero, con una solidez respaldada por organismos supervisores y calificadoras internacionales. La valiente adquisición de cartera de Coopeservidores, por más de ₡411 mil millones, es una prueba de su capacidad estratégica y solvencia.

En definitiva, mientras algunos buscan distraer con ataques sin fundamento, el Banco Popular sigue su rumbo firme, trabajando para más de un millón de clientes y consolidándose como una entidad inclusiva, sostenible y comprometida con el desarrollo de Costa Rica. Si esto incomoda a sus detractores, qué lástima. Nosotros, en cambio, seguiremos adelante, demostrando con hechos lo que otros intentan opacar con palabras.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) designó de manera unánime a Yin Leng Hong Monteverde como su nueva presidenta para el periodo 2025-2027. La decisión se tomó en la sesión celebrada este viernes y su nombramiento será efectivo a partir del 15 de febrero.

Hong Monteverde, quien forma parte del Conassif desde julio de 2024, fue elegida debidoa su experiencia en el sector financiero y su capacidad de análisis para la toma de decisiones fundamentadas, según informó en el ente supervisor a través de un comunicado de prensa. 

Los miembros del Consejo destacaron su liderazgo, orientación a la mejora continua y conocimiento del mercado bursátil, administración de portafolios de inversión, tesorería y finanzas. Es ingeniera en Producción Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica y máster en Finanzas de la Universidad Fundepos-Alma Mater.

El puesto estaba vacante desde finales de 2024, cuando Laura Suárez anunció su salida del cargo, la cual se hizo efectiva el 24 de diciembre. 

Nuevas designaciones en la Sugef

En la misma sesión, el Conassif nombró a Hazel Valverde Richmond como superintendente de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y a José Carlos Rojas Vargas como intendente, ambos por un periodo de cinco años. Valverde asumirá el cargo el 21 de febrero, mientras que Rojas comenzará funciones el 17 de febrero.

La elección de ambos jerarcas se llevó a cabo mediante un proceso de selección abierto y público liderado por el Comité de Nombramientos del Consejo. Se evaluaron requisitos académicos y profesionales, competencias específicas del puesto, pruebas técnicas y entrevistas para determinar la idoneidad de los candidatos.

Valverde, actual gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), cuenta con un bachillerato en Administración de Negocios y una maestría en Banca y Finanzas de la Universidad de Costa Rica, así como una maestría en Gestión de Políticas Públicas de EUNCET Business School. 

Por su parte,Rojas es licenciado en Economía y posee dos maestrías: una en Gestión y Finanzas Públicas por la Universidad Nacional (UNA) y otra en Economía de las Telecomunicaciones por la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El Conassif  informó que decidió llevar a cabo este proceso de selección abierto, a pesar de tener la facultad de realizar nombramientos discrecionales, “con el objetivo de garantizar que las personas elegidas cuenten con la mejor experiencia, formación y habilidades para liderar la Sugef en un entorno financiero cada vez más digital e interconectado”. 

La superintendencia de Sugef quedó vacante tras la salida anticipada de Rocío Aguilar, quien presentó su renuncia en noviembre de 2024, la cual se hizo efectiva al finalizar el año. 

Entidad alcanzó los ₡983.295 millones de fortaleza patrimonial, consolidándose
como la entidad financiera sistémica más solvente del país.
Gerente General destacó que logros reflejan el compromiso de la Institución con
sus clientes y con la estabilidad del Sistema Financiero Nacional.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal finalizó el año 2024 consolidando su posición como una de las entidades financieras más sólidas y confiables del país, gracias a resultados destacados que superan ampliamente al promedio del sector bancario en diversos indicadores clave.
Ejemplo de lo anterior es lo relativo al indicador de fortaleza patrimonial, donde, al cierre
del año recién terminado, el patrimonio del Popular alcanzó los ₡983.295 millones, consolidándose como la entidad financiera sistémica más solvente del país. Además, el
indicador de suficiencia patrimonial se situó en un 20.36%, muy por encima de las otras
instituciones del Sistema Financiero Nacional.

Gina Carvajal, gerente general del Banco, destacó que estos logros evidencian la responsabilidad de todo el equipo institucional (Junta Directiva, Administración y
personal), permitiendo, ante todo, ratificar el rol social de la institución y el compromiso
para brindar cada vez mejores y más modernos servicios sus clientes, aportando al
mismo tiempo a la estabilidad del sector financiero.

Entre los principales resultados obtenidos por el Banco Popular durante el 2024 destacan:

CRECIMIENTO DE ACTIVOS: Su activo creció un 11.55%, cifra significativamente superior al crecimiento registrado por los bancos estatales (7.13%) y los bancos privados (2.71%), lo que reafirma el dinamismo y la gestión eficiente de la institución.

EXPANSIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO: La cartera de crédito del Banco registró un incremento del 15.82% (6.88% sin incluir el efecto del enorme proceso financiero de adquisición de una parte de la cartera de Coopeservidores), superando a los bancos estatales (7.11%) y privados (6.26%). Este crecimiento también se reflejó en un aumento de la participación de mercado en crédito, pasando del 11.66% en 2023 al 12.94% en 2024.
INCREMENTO EN DEPÓSITOS A LA VISTA: La Entidad reporta un crecimiento en estos depósitos de un 39.55%, un resultado muy por encima de lo registrado por bancos estatales (5.30%) y privados (15.81%). Este desempeño permitió que la participación de mercado en cuentas a la vista aumentara en 225 puntos base, alcanzando un 11.07% frente al 8.82%
registrado en 2023.
INCREMENTO EN UTILIDADES: El Banco Popular logró un aumento del 41.59% en su utilidad generada, pasando de ₡15.746 millones en 2023 a ₡22.295 millones en 2024.

“Estos resultados demuestran la solidez del Banco Popular y del Conglomerado
Financiero, su capacidad de innovación y su enfoque centrado en el cliente. Con una
gestión basada en principios de transparencia, eficiencia y sostenibilidad, la Institución
reafirma su compromiso con el desarrollo socioeconómico del país. Agradecemos la
confianza de nuestros clientes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando
para brindar soluciones financieras que contribuyan al bienestar de las personas, familias,
sectores y las comunidades de Costa Rica”, destacó Gina Carvajal, gerente general de la
Entidad.

Costa Rica obtuvo 58 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional, manteniéndose estancada en la mitad del ranking global sin avances sostenidos en la lucha contra la corrupción.

Aunque el país logró recuperar los cuatro puntos perdidos en 2022, sigue lejos de democracias como Canadá (76) y Uruguay (73), los mejores calificados en la región.

En comparación con los países de la OCDE, Costa Rica sigue rezagada, con una puntuación inferior al promedio de 66 puntos que registra este grupo de naciones.

uany Guzmán León, presidenta de la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), capítulo local de Transparencia Internacional, advirtió sobre la falta de acciones contundentes para combatir la corrupción.

“Nuestra calificación sigue reflejando carencias en transparencia y en la aplicación efectiva de mecanismos de control. Sin un compromiso claro del Estado en la investigación y sanción de grandes casos de corrupción, la impunidad sigue debilitando la confianza ciudadana”, aclaró Guzmán.

Falta de avances y riesgos climáticos

El informe global del IPC 2024 destaca que la corrupción es un factor en la crisis climática, al generar falta de transparencia en el uso de fondos destinados a la mitigación y adaptación ambiental.

En este contexto, Costa Rica enfrenta el desafío de garantizar que los recursos destinados a la protección ambiental no se desvíen o se utilicen de manera opaca.

“El país se presenta internacionalmente como un modelo de sostenibilidad, pero la falta de transparencia en el manejo de fondos ambientales podría socavar esa imagen. La lucha contra la corrupción en este ámbito es crucial para sostener nuestro liderazgo en temas ecológicos”, agregó Guzmán.

Medidas para frenar la corrupción

Entre las acciones que CRI considera necesarias para fortalecer la lucha contra la corrupción en Costa Rica, se encuentran la reactivación de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), la implementación efectiva de la ley de protección de denunciantes y testigos de corrupción, y la consolidación de una legislación de acceso a la información pública.

“El país necesita medidas preventivas sólidas, pero también sanciones ejemplares en casos de corrupción que han quedado impunes. La educación y la transparencia deben ser ejes clave en la reconstrucción de la confianza institucional”, concluyó Guzmán.

●      Los principales productos que ingresaron el año anterior fueron cereales, fertilizantes, hierro, y vehículos.

●      Para seguir avanzando, es necesaria la modernización de las instalaciones y así incrementar la productividad y competitividad de la terminal para apoyar el comercio exterior de Costa Rica.

●      En el 2024 SPC invirtió ₡2.612 millones en infraestructura, equipos y capacitación.

●      Entre las toneladas transferidas, se movilizaron 3,1 millones de toneladas en contenedores y  2,4 millones de toneladas en granos.

Caldera, Costa Rica – febrero 2025 – Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) y Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (SPGC) presentaron un positivo balance de su operación durante 2024, con más de 6,3 millones de toneladas de carga transferidas, 638 recaladas y el desembarque de 50.000 vehículos. Estos resultados reflejan el papel estratégico del puerto como el principal del Pacífico costarricense y su impacto en la economía nacional.

El puerto continúa siendo un pilar clave en la generación de empleo, con más de 1.000 puestos de trabajo directos y 6.000 indirectos y en la consolidación de la cadena logística que respalda el comercio exterior de Costa Rica. Gracias al esfuerzo conjunto entre colaboradores, transportistas, clientes y proveedores, SPC ha logrado enfrentar los retos de la operación diaria y responder a las crecientes demandas del comercio internacional.

En 2024, SPC realizó una inversión de ₡2.612 millones en infraestructura, equipos y capacitación, lo que permitió la implementación de nuevas técnicas operativas y programas de formación para sus colaboradores. Sin embargo, los niveles de ocupación en el puerto han alcanzado cifras históricas, lo que pone en evidencia la necesidad de modernizar la infraestructura para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

“Las inversiones realizadas en los últimos 18 años han sido clave para la continuidad y evolución de las operaciones en el puerto, incluso ante los desafíos actuales. Gracias al compromiso de nuestros colaboradores y a un servicio ininterrumpido 24/7, logramos atender el crecimiento en un 11% el volumen de contenedores y en un 20% la carga general en comparación con el año anterior. Esto ha sido posible mediante la implementación de nuevas técnicas operativas, un programa continuo de capacitación y una estrecha coordinación con los usuarios del sector privado, permitiéndonos afrontar con éxito los retos climáticos y de infraestructura”, destacó Ricardo Ospina, gerente general de SPC.”

Durante el año pasado, el puerto se enfrentó a uno de los peores inviernos que ha registrado el país y aun así manejó la mayor operación de contenedores y carga general, movilizando principalmente productos como hierro, madera, cereales, fertilizantes, vehículos y maquinaria pesada.

Compromiso con el desarrollo económico del país

La capacidad actual del puerto enfrenta una presión creciente debido a la falta de infraestructura adecuada para atender la demanda de los costarricenses. Por ello, SPC ha continuado implementando estrategias de descongestión y ha invertido en iniciativas como la capacitación de más de 300 colaboradores a través del Programa BEST, que se ha enfocado en la mejora continua, seguridad en el trabajo y perfección en los procesos.

Este esfuerzo de la concesionaria y de sus colaboradores fue reconocido con el galardón Excelencia Empresarial: Nivel Maduro 2024, otorgado por la Cámara de Industrias de Costa Rica. Adicionalmente se realizaron jornadas de limpieza y siembra de árboles en Playa Caldera en apoyo a la comunidad y se cierra este 2024 con 117 estibadores capacitados en la Academia del Estibador, donde busca  impulsar la cultura efectiva de principios de mejora continua y el compromiso de los diferentes proveedores del puerto con la excelencia operativa.

Durante el año anterior, SPC contribuyó al Estado con ₡5.312 millones en canon, ₡4.175 millones en impuestos, y ₡1.659 millones destinados a cumplir la Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacífico. Además, invirtió ₡2.612 millones en infraestructura, equipos y capacitación, para un total de beneficios al estado costarricense en el último año de más de ₡13 mil millones.

SPC reiteró que el puerto requiere una modernización urgente para responder eficientemente al aumento del comercio y fortalecer la competitividad del país. “La modernización de la infraestructura de Puerto Caldera es crucial para mejorar su capacidad operativa, reducir tiempos de espera y fortalecer el apoyo a los sectores exportador e importador de Costa Rica. Estas mejoras no solo impactarán al puerto, sino que también impulsarán el desarrollo económico de Puntarenas y del país en general”, afirmó Ospina.

En 2025, Sociedad Portuaria de Caldera reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible,  con el trabajo colaborativo con los diferentes actores y  trabajar 24/7 para impulsar el desarrollo económico de Costa Rica y garantizar que Puerto Caldera siga siendo una puerta clave para el comercio internacional.

A partir de este jueves 6 de febrero, entrarán en vigencia los nuevos precios de los combustibles tras la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Estas tarifas han sido aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y reflejan un aumento en la gasolina súper, regular, diésel y gas.

Incremento en los precios

El ajuste en los precios se detalla de la siguiente manera:

• Gasolina súper: Aumenta ₡5 por litro, pasando de ₡666 a ₡671.
• Gasolina regular: Aumenta ₡2 por litro, pasando de ₡648 a ₡650.
• Diésel: Aumenta ₡10 por litro, pasando de ₡560 a ₡570.
• Gas (cilindro de 25 libras): Aumenta de ₡7.271 a ₡7.423.

Factores que influyen en el aumento

Según la Aresep, este incremento se debe a tres factores principales:

1. Aumento en los precios internacionales debido a la situación geopolítica y los movimientos del mercado en el hemisferio norte.
2. Variación en el tipo de cambio durante el período de análisis.
3. Actualización del impuesto único a los combustibles, conforme al decreto ejecutivo publicado el pasado 28 de enero.

El Intendente de Energía, Mario Mora, explicó que estos factores han presionado los precios al alza, afectando directamente a los consumidores.

Impacto en los conductores

El incremento en los combustibles afectará el costo de llenar un tanque de 45 litros, dependiendo del tipo de carburante utilizado:

• Gasolina súper:
  • Antes: ₡666 x 45 litros = ₡29.970
  • Ahora: ₡671 x 45 litros = ₡30.195
  • Aumento por tanque: ₡225
• Gasolina regular:
  • Antes: ₡648 x 45 litros = ₡29.160
  • Ahora: ₡650 x 45 litros = ₡29.250
  • Aumento por tanque: ₡90
• Diésel:
  • Antes: ₡560 x 45 litros = ₡25.200
  • Ahora: ₡570 x 45 litros = ₡25.650
  • Aumento por tanque: ₡450

Estos nuevos precios entrarán en vigencia a partir del jueves 6 de febrero, un día después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

La Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) ha destinado un presupuesto récord de ¢50.000 millones para financiar nuevos préstamos educativos en 2025. Con esta meta, se espera beneficiar a 6,410 estudiantes, lo que representa un aumento del 14% en comparación con el año anterior.

Los préstamos cubren una amplia variedad de programas, desde carreras universitarias hasta certificaciones técnicas, tanto nacionales como internacionales, con la posibilidad de incluir gastos como matrícula, materiales, transporte y más.

Además, CONAPE ha creado un fondo de avales para personas de provincias litorales (Guanacaste, Puntarenas y Limón) sin necesidad de fiadores.

Si está interesado, aproveche esta oportunidad con tasas de interés desde el 4%. Visite www.conape.go.cr o comuníquese al WhatsApp 8302-0505. 

La inspección técnica vehicular será más económica, pero quiénes no pasen la prueba, deberán pagar más por la reinspección

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó el miércoles nuevas tarifas para el servicio, que actualmente está a cargo de la empresa Dekra. 

Por medio de una nueva metodología, se definieron montos mínimos y máximos.

Por ejemplo, en el caso de carros livianos la tarifa pasa de ¢7.015 a un mínimo de ¢4.898 y un máximo de ¢5.794 cuando se trata de la inspección.

Mientras que la reinspección para este mismo auto pasará de ¢1.879, a un monto entre los ¢3.795 y ¢4.489.

La nueva tarifa asigna los costos del servicio en función del tiempo que tarda la atención de cada vehículo.

Este ajuste regirá una vez que sean publicadas en el diario oficial La Gaceta.

Esta semana, la revista Estrategia y Negocios (E&N) presentó los resultados de la segunda edición del estudio Reputación en Centroamérica 2024: el valor de la confianza. En el ranquin, el ICE y kölbi se ubican entre las primeras 10 marcas con mayor confianza entre los costarricenses.

De la misma forma, Grupo ICE y el ICE sobresalen en el escalafón de las empresas más confiables del país.

La investigación se llevó a cabo entre febrero y abril de 2024, con una muestra de 2.426 personas en todos los países de la región. Identificó atributos clave para consolidar la confianza de los consumidores, como estabilidad, experiencia y calidad de productos y servicios.

“El estudio destaca el propósito social de las empresas, y ahí es donde la Corporación y sus marcas agregan valor económico, social y ambiental para beneficio de toda la sociedad. Por eso, las personas confían en nosotros, lo que es un respaldo para toda la fuerza de trabajo”, indicó Marco Acuña, presidente de Grupo ICE.

El informe advierte sobre el desafío de reconstruir la confianza en un contexto caracterizado por la desinformación y la polarización. Estos factores dificultan la consolidación de la confianza empresarial y enfatizan la importancia de una comunicación transparente y responsable por parte de las empresas.

Los resultados para Costa Rica subrayan que la confianza es el pilar de la reputación institucional, y se traduce en ventajas significativas para las marcas. Este valor también impulsa una mayor participación en los mercados, facilita la captación y la retención del talento para las organizaciones, incrementa el valor empresarial y fortalece el liderazgo en el sector.

La investigación concluye que los públicos especializados confían en las empresas que ofrecen productos de calidad, estabilidad y beneficios tangibles. El 56% de los entrevistados está dispuesto a defender a una marca confiable ante las críticas. Otros factores relevantes son la innovación, el prestigio y la experiencia corporativa.

La agencia de calificación crediticia S&P Global ha confirmado el rating de solidez financiera «A+» a largo plazo con perspectiva estable de Solunion, la compañía de seguros de crédito y de caución y de servicios asociados a la gestión del riesgo comercial.

S&P Global destaca en su informe de calificación el adecuado perfil de riesgo empresarial de Solunion, su «sólido perfil de riesgo financiero» y el bajo nivel de riesgo asociado al reaseguro, gracias a la protección que otorga que la mayor parte de sus acuerdos se realizan con sus accionistas.

Asimismo, indica que la perspectiva estable del rating refleja que la compañía mantendrá durante los próximos dos años un sólido posicionamiento en el mercado, tanto en España como en Latinoamérica, así como una adecuación de capital por encima del 99,9% del nivel de confianza de S&P Global y el mismo nivel de reaseguro. A su vez, S&P Global considera que Solunion continuará registrando resultados positivos y mantendrá su senda de crecimiento rentable en los próximos años, tal y como ha venido reportando en el último lustro.

El informe de S&P Global también subraya, entre las principales fortalezas del modelo de negocio de Solunion, su «desarrollada red de distribución» y su reconocida reputación y conocimiento de marca, respaldados por sus dos accionistas, MAPFRE y Allianz Trade. En este sentido, S&P Global menciona la «importancia estratégica» de Solunion para sus dos socios, así como la relevancia del apoyo operativo y financiero de ambos, resaltando la experiencia comercial de MAPFRE y el conocimiento de Allianz Trade en políticas de suscripción y control de riesgos.

«Estamos muy orgullosos de haber recibido esta calificación de S&P Global, que supone el reconocimiento a nuestra solvencia y a nuestra fortaleza, pero también a la labor desarrollada por nuestros equipos en España y los países de Latinoamérica en los que estamos presentes, en favor del crecimiento del tejido empresarial y de la economía en general», destaca José Ramón Alegre, Director General de Solunion. «El rating A+, con perspectiva estable, reafirma nuestra posición en el mercado y nos anima a seguir avanzando para ofrecer las mejores soluciones y la máxima calidad de servicio, conforme a los más altos estándares».