Por Catalina Arguedas. Editorial La Jirafa y Yo.

En un momento en que la educación costarricense ocupa un lugar central en la agenda país, y en el que las alertas sobre los niveles de lectura y comprensión en la niñez de primaria interpelan a toda la sociedad, surgen noticias que invitan a mirar el futuro con esperanza. Una de ellas es la declaratoria de Interés Cultural del libro Leo y Lea, una obra que se suma, con sensibilidad y rigor pedagógico, a los esfuerzos por fortalecer la lectura desde los primeros años de escolaridad.

Publicado por Editorial La Jirafa y Yo, fundada en 2008, Leo y Lea es fruto de una trayectoria editorial sólida y comprometida con la formación de lectores reales desde la infancia. El libro refleja una manera de entender la lectura como una experiencia para comprender, disfrutar, pensar y reconocerse en los textos. Desde sus inicios, la editorial ha sostenido una visión humanista de la lectura, concebida no como una destreza mecánica, sino como un proceso cultural, emocional y formativo que acompaña el desarrollo integral de niños y niñas.

La declaratoria otorgada por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Cultura y Juventud reconoce precisamente ese valor. Según el dictamen técnico, Leo y Lea logra una convergencia singular entre cultura costarricense, entorno cotidiano y proceso lector, mediante historias sencillas, cargadas de ternura y cercanas a la experiencia de la niñez. El libro incorpora de forma natural elementos pedagógicos clave —como la repetición estructurada, el ritmo progresivo y la coherencia textual— y los integra con valores culturales y sociales que fortalecen el sentido de pertenencia y la identidad desde los primeros grados.

La propuesta editorial no se queda ahí. Leo y Lea es el primer libro de una colección escolar compuesta por seis tomos consecutivos, diseñados para acompañar a los estudiantes desde primer hasta sexto grado de primaria. Esta colección ofrece una secuencia lectora progresiva y coherente, complementada por un acompañamiento pedagógico que potencia las cualidades de cada libro y favorece el goce, la comprensión y el disfrute tanto del docente como de los estudiantes en el aula.

En tiempos de crisis educativa, la esperanza se construye con proyectos sólidos, con materiales pertinentes y con libros que nacen del conocimiento profundo del aula y de la realidad de los niños y niñas. Leo y Lea representa esa esperanza concreta: la de volver a poner la lectura en el centro, no solo como objetivo académico, sino como una experiencia significativa capaz de transformar trayectorias educativas y vitales.

La declaratoria de Interés Cultural reafirma que la educación y la cultura caminan juntas, y que iniciativas editoriales comprometidas pueden convertirse en aliadas estratégicas del país. En ese camino, Editorial La Jirafa y Yo continúa aportando, desde hace más de quince años, libros y recursos pedagógicos de comprobada eficacia, convencida de que formar lectores es también formar ciudadanía, sensibilidad y futuro.

Por Esther Castillo Jiménez-editora de los periódicos La Voz de La Pampa y El Sur Sur.

Al despedir un 2025 que deja una huella profunda y dolorosa, el país está obligado a mirarse al espejo con honestidad. Las cifras de asesinatos, los accidentes evitables y la violencia cotidiana no son hechos aislados ni simples estadísticas: son el reflejo de una sociedad que ha venido perdiendo sensibilidad, respeto y sentido de comunidad. Lo más grave no es solo lo que ocurre, sino la forma en que empezamos a normalizarlo.

A este panorama se suma la indigencia creciente, rostros humanos que deambulan entre la indiferencia y el olvido, sin que como sociedad reaccionemos con la urgencia que el drama exige. Se suma también la suciedad que invade comunidades, barrios y mercados, convertidos en botaderos improvisados, mientras muchos pasan de largo como si el deterioro no les perteneciera. Esa ceguera social, esa apatía colectiva ante lo evidente, termina siendo tan dañina como la violencia misma.

En muchas provincias, las carreteras están llenas de huecos que ponen en riesgo vidas todos los días. Algunas son rutas nacionales que dependen del Conavi; otras son caminos cantonales cuya atención corresponde a las municipalidades; y en no pocos casos existe una competencia compartida entre ambas instancias. El resultado es el mismo: mientras se discuten protocolos, competencias y responsabilidades, los huecos siguen ahí y los accidentes también. La desidia burocrática se convierte en cómplice silenciosa del abandono.

En materia de seguridad, la frustración ciudadana es cada vez mayor. La delincuencia actúa, los ladrones asaltan, la Policía los detiene y, en muchos casos, al día siguiente vuelven a estar en la calle por decisiones judiciales que la población no logra comprender. Se repite una y otra vez el mismo patrón: personas con múltiples aprehensiones en su historial continúan delinquiendo, fortaleciendo la sensación de impunidad y debilitando la confianza en el sistema. No se trata de atacar a la justicia, sino de admitir que algo no está funcionando cuando el esfuerzo policial se diluye y la ciudadanía queda expuesta.

Este escenario obliga a una reflexión más profunda, especialmente cuando el país entra en un año electoral. Elegir no puede seguir siendo un acto impulsivo ni emocional. Vale la pena pensar con seriedad quién tiene la capacidad real de poner orden y generar cambios. Pero también es necesario entender cómo funciona el poder en Costa Rica: aquí no manda una sola figura. Por más voluntad que tenga el Poder Ejecutivo, muchas decisiones clave dependen de la Asamblea Legislativa, primer poder de la República.

Y es precisamente ahí donde el país suele quedar entrabado. Proyectos urgentes en materia de seguridad, infraestructura, ordenamiento institucional y atención social pasan meses (y a veces años) empantanados entre comisiones, negociaciones y cálculos políticos. Mientras tanto, la calle sigue cobrando vidas y el deterioro avanza. No se trata de culpar por consigna, sino de exigir responsabilidad a quienes legislan y recordar que gobernar también es decidir a tiempo.

Este no es un llamado a la resignación, es una advertencia. El país no puede seguir tolerando la indiferencia, la impunidad ni la lentitud que cuesta vidas. Un sistema donde el delincuente entra por una puerta y sale por otra, donde los proyectos urgentes duermen en la Asamblea y donde la burocracia pesa más que la seguridad ciudadana, es un sistema que está fallando a su gente. El 2026 exige carácter, decisiones y responsabilidad. Costa Rica no necesita discursos ni excusas: necesita orden, justicia efectiva y una ciudadanía que deje de ser espectadora del deterioro y asuma, de una vez por todas, su papel en el rescate del país.

Por Hernán Imhoff, Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo.

Estamos a muy pocos días de que arranque la Temporada Alta del turismo, un sector que es de capital importancia para el desarrollo y bienestar de cientos -tal vez miles- de familias de la provincia de Guanacaste.

La dinámica de ese mercado se puede sentir a lo largo y ancho de toda la provincia en un sinnúmero de actividades como el transporte, la gastronomía, hotelería, tour operadores y otro largo etcétera de negocios que han logrado generar la calidad de vida gracias a la onda expansiva en la generación de empleo.

Por eso, el reciente anuncio de las autoridades que administran el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber de Liberia en el sentido de que durante los próximos meses llegarán más vuelos procedentes de Canadá y se consolidarán otras rutas en los Estados Unidos, es una excelente noticia.

Este paso hacia el frente nos termina de confirmar que esa terminal aérea es uno de los mejores casos de éxito en la historia de las alianzas público-privadas de Costa Rica porque su entrada en operación puso a Guanacaste en las grandes ligas de los mercados internacionales.

La excelente labor del Aeropuerto se debe complementar con otras decisiones gubernamentales de suma urgencia como; por ejemplo, el mejoramiento de la red vial nacional, la formación de recursos humanos de primera calidad, reforzar la  gestión de mercadeo en países claves y la capacitación en temas como gestión empresarial o servicio al cliente, para mencionar algunos campos.

Estos anuncios deben servir como una experiencia para extraer lecciones aprendidas que permitan gestionar más triunfos en zonas que hasta ahora están fuera del radar del Aeropuerto tal como Sudamérica que en los últimos años ha mostrado un dinamismo con altas cifras de viajeros hacia Costa Rica.

La expansión hacia nuevas regiones permitiría diversificar las zonas desde donde recibimos visitantes permitiendo reducir el riesgo en caso de que otros lugares más tradicionales sufran bajonazos inesperados debido a factores políticos o económicos.

Mientras tanto, es tiempo de felicitar a quienes han hecho posible este nuevo triunfo cuyos excelentes frutos se verán en muy poco tiempo.

Por Catalina Arguedas Vargas, Colegio Europeo.

En los últimos meses, el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha avanzado hacia la divulgación de un nuevo reglamento para regular el funcionamiento de los centros educativos privados. Nos encontramos en una fase decisiva de ese proceso, una que exige especial cuidado, reflexión y apertura al diálogo, dado el impacto directo que esta normativa tendrá sobre miles de estudiantes, familias y comunidades educativas en todo el país.

En marzo pasado se realizó una reunión virtual con altos representantes del MEP en la que se anunció la creación de mesas conjuntas de trabajo con el sector privado. Aquella propuesta generó expectativas legítimas de construcción colaborativa y diálogo técnico. Sin embargo, dichas mesas no llegaron a concretarse y, con el paso de los meses, el proceso avanzó mayoritariamente mediante intercambios documentales, sin espacios efectivos de análisis y conversación directa sobre las propuestas de reglamento elaboradas y presentadas por los centros educativos privados, a partir de su experiencia cotidiana.

Entre los aportes técnicos presentados, destaca la propuesta entregada el 7 de octubre por un grupo de centros educativos privados ante el MEP, concebida para aportar insumos concretos y viables a la elaboración del reglamento. Dicho documento plantea una ruta clara y coherente, orientada no solo a facilitar la labor del Estado, sino también a consolidar el papel de las instituciones privadas como socias activas en la formación integral de las nuevas generaciones. Hasta ahora, no se ha contado con retroalimentación ni confirmación formal respecto a la consideración de esta propuesta en el proceso.

El proceso, entretanto, ha seguido avanzando y, a inicios de diciembre, el ministro de Educación anunció que el reglamento se encontraba en su fase final. Este avance refleja un esfuerzo institucional por ordenar y actualizar la normativa del sector, esfuerzo que podría ver ampliado su alcance mediante una revisión conjunta de los aportes presentados por el sector educativo privado

La regulación educativa se fortalece cuando el sector educativo público y el sector educativo privado actúan de manera comprometida, cada uno desde las responsabilidades propias de su naturaleza y con un objetivo común: asegurar una educación de calidad para niñas, niños y jóvenes. La articulación y el intercambio entre ambos sectores enriquecen la política pública y permiten incorporar información valiosa, experiencia acumulada y conocimiento.

Estamos a tiempo. Aún es posible enriquecer el reglamento mediante un trabajo técnico conjunto, con la convicción de que la colaboración entre ambos sectores no responde a una utopía, sino a una oportunidad real para fortalecer la educación de niñas, niños y jóvenes del país.

Por Mario Marciano, vicepresidente Senior de B2B para Liberty Networks.

A medida que entramos en la temporada de mayor actividad comercial del año (Black Friday, Cyber Monday y las compras navideñas), el comercio electrónico se convierte en el centro de la estrategia comercial de la mayoría de las empresas en América Latina.

El tráfico digital aumenta, las plataformas de pago operan al límite y la velocidad de respuesta se vuelve crítica. Sin embargo, los cibercriminales también se preparan para este momento. No actúan por improvisación: estudian el comportamiento de los usuarios, simulan portales legítimos con precisión milimétrica y diseñan fraudes que aprovechan la urgencia, el volumen y la presión comercial de estas fechas.

Por eso, la seguridad durante esta temporada debe planificarse de manera anticipada y estratégica. No se trata únicamente de proteger sistemas, sino de preparar a las personas y los procesos con la misma relevancia que se da al manejo del inventario o a la logística de entregas.

1. La urgencia como puerta de entrada.

Durante esta temporada, la operación tiende a funcionar en “modo acelerado”: los equipos trabajan con plazos cortos y alta presión para cumplir los objetivos comerciales. Precisamente durante este estrés operativo los ciberatacantes encuentran su mejor oportunidad. Correos que simulan solicitudes internas urgentes, llamadas que aparentan provenir de bancos o proveedores y mensajes que incitan a “aprobar rápido antes de que la oferta expire” son tácticas comunes en este momento del año.

La recomendación clave es incorporar el hábito de pausar y verificar antes de actuar. Toda comunicación inesperada o urgente debe validarse mediante un segundo canal. Este simple paso reduce significativamente el riesgo de fraude y previene incidentes que pueden comprometer la operación.

2. Zero Trust: qué significa y por qué importa en temporada alta.

El modelo Zero Trust no es una herramienta ni una configuración; es una forma de operar. Su premisa es simple: no se debe confiar automáticamente en ningún acceso, usuario ni sistema, ni siquiera dentro de la propia organización. Cada acción debe ser verificada.

Esto implica que durante las semanas de mayor actividad comercial no deberían otorgarse accesos temporales “solo por estos días”, ni reducir los niveles de autenticación porque “vamos contra el tiempo”. Por el contrario, en estas fechas debe reforzarse la autenticación multifactor, la validación de la identidad en solicitudes inusuales, el registro detallado de accesos y el monitoreo constante de comportamientos anómalos. Zero Trust es una disciplina.

3. La continuidad operativa es parte integral de la seguridad.

Incluso con buenas prácticas, los incidentes pueden ocurrir. La diferencia entre empresas resilientes y vulnerables no está en evitar todos los ataques, sino en recuperarse rápido. La continuidad debe planificarse antes del pico de actividad: pruebas de los planes de respuesta, definición de roles para decisiones rápidas, rutas alternas de pago en caso de falla y redundancia en los sistemas críticos. En fechas de alto volumen, cada minuto fuera de servicio impacta directamente en los ingresos y la reputación. Prepararse hoy evita improvisar mañana.

4. Preparar a las personas es tan importante como preparar los sistemas

Las empresas suelen reforzar la infraestructura en estas fechas, pero dejan la capacitación para el último momento. Sin embargo, la mayoría de los ataques se detiene en el primer clic, no en el firewall. La formación debe ser práctica y cercana: ejemplos reales de phishing que circulan en el mercado, ejercicios breves que enseñen a reconocer mensajes sospechosos y recordatorios periódicos a través de canales internos que mantengan la atención activa.

Otra pieza clave es contar con un canal rápido y claro para reportar incidentes. Si un empleado duda sobre un correo, un enlace o una llamada, debe saber inmediatamente a quién avisar y qué información compartir. Un equipo empoderado para detectar y reportar a tiempo puede detener una amenaza antes de que se convierta en un incidente.

5. La seguridad es también experiencia del cliente

Cuando un usuario compra durante una fecha de descuentos, busca rapidez y confianza. Si en algún paso percibe un riesgo (un sitio que se ve diferente, una página que carga con lentitud o una solicitud de datos innecesarios), abandonará la compra. Y si sufre fraude, no solo dejará de comprar, sino que también compartirá la experiencia.

Por eso, la seguridad no debe competir con la experiencia digital, sino complementarla. Sitios claros, rutas de pago confiables y mensajes transparentes generan tranquilidad y la tranquilidad se traduce en conversión.

Cómo lo abordamos en nuestra empresa.

En Liberty Networks trabajamos para que la ciberseguridad sea una práctica cotidiana y no una reacción ante el riesgo. No se trata únicamente de implementar controles o tecnologías, sino de motivar, entrenar y acompañar a nuestros equipos y clientes en la adopción de hábitos digitales más seguros. Promovemos conversaciones abiertas, entrenamientos continuos y una cultura en la que cada persona entiende su rol como parte de la defensa. La ciberseguridad forma parte de nuestro ADN operativo: no solo invertimos en tecnología, sino también en formar equipos preparados, conscientes y comprometidos con la protección de nuestra red y de quienes confían en nosotros.

En una temporada en la que el volumen de transacciones y comunicaciones se multiplica, la ciberseguridad se convierte en un pilar estratégico. Las organizaciones que refuerzan sus controles capacitan a su personal y mantienen disciplina en la verificación, no solo reducen riesgos, sino que preservan la continuidad del negocio y la confianza de sus clientes y aliados.

La seguridad no es un requisito: es una ventaja competitiva sostenida.

Por Patrick McGoey, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Playa Sámara.

Hace tres meses la Asamblea General de miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Playa Sámara (ADI-Sámara) definió la formación de una directiva que estará en funciones para impulsar proyectos locales en favor de la comunidad local, asi como de visitantes nacionales y extranjeros.

Nuestra organización desde hace muchos años ha demostrado que tiene un compromiso firme con este distrito del cantón de Nicoya constituido hoy en día como uno de los principales puntos de atracción de turistas.

Para nadie es un secreto que esa actividad económica es la principal fuente de ingresos para las economías locales; por esa razón, trabajar en favor de mejores condiciones en relación con temas como la infraestructura resulta de la mayor importancia para ofrecer un ambiente sostenible con altos estándares de calidad.

Una vez que se definió a los integrantes de la junta directiva de la ADI-Sámara de inmediatos pusimos manos a la obra para comenzar a mostrar los primeros resultados concretos.

Resultados concretos

El paso inicial en esa direccion correcta consistió en unir fuerzas para involucrar a la comunidad en un evento deportivo y musical que concluyó de una manera sumanente exitosa porque con esos fondos se remodeló por completo un Parque Infantil.

La estructura, ubicada en el sector de Cangrejal, se encontraba en estado de absoluto deterioro que imposibilita el uso seguro por parte de la niñez de nuestra comunidad. Sin embargo, gracias a ese esfuerzo de la ADI-Sámara el lugar muestra un “rostro” completamente nuevo, seguro y con estructuras modernas. Este proyecto fue posible gracias a que en marzo pasado cuando la ADI-Sámara concretó una alianza con el Dansk Studie Center para que en marzo pasado 35 estudiantes de ese país llegarán a nuestra comunidad, alianza estratégica que le permitió a los alumnos de Dinamarca desarrollar un programa académico y; de paso, conocer las bellezas naturales de esta comunidad de Nicoya. La experiencia ha sido tan exitosa que ahora tendremos una segunda fase gracias en los próximos seis meses.

Este primer éxito es apenas el inicio de un plan de trabajo que estaremos desarrollando en los próximos meses gracias al trabajo desinteresado de un grupo de dirigentes comunales que están comprometidos con las mejores causas y que; además, cuenta con una larga trayectoria en favor de las mejores causas de Playa Sámara.

Como líderes de la ADI-Sámara estamos decididos a convertirnos en una fuerza motora para que nuestra comunidad avance porque solamente de esa manera lograremos mejorar la calidad de vida de quienes tenemos la dicha de vivir en un paraíso de Guanacaste.

Por Esther Castillo Jiménez. Periódicos La Voz de La Pampa y El Sur Sur.

A diferencia de algunas obras nuevas (la radial de La Lima, el túnel de Tres Ríos por La Galera, Limonal/Liberia en ruta 1, o los tramos recientes de la Circunvalación) buena parte de la red vial nacional sigue siendo una vergüenza. Y no es una advertencia ni un presagio: es la realidad diaria de todo el país, un suplicio que llevamos años soportando sin que nadie asuma verdadera responsabilidad.

Ahí están las calles destruidas de Alajuelita, los caminos aledaños de tantos distritos en Alajuela, la vía de Sardinal hacia Playa Matapalo convertida en un viacrucis… y la capital no se queda atrás.

El tramo del Hospital México hacia La Carpio, que forma parte de la red vial nacional, debería estar bajo la responsabilidad del CONAVI (MOPT), pero la Municipalidad de San José denuncia falta de mantenimiento rutinario y limpieza. Los huecos constantes revientan llantas, dañan rótulas y convierten cada viaje en un verdadero riesgo. Esta combinación de abandono institucional evidencia que el problema no es local ni pasajero: es un suplicio crónico que los ciudadanos soportamos todos los días.

En temporada de lluvia la cosa empeora: los huecos se llenan de agua, se vuelven trampas invisibles y cada golpe es una sorpresa amarga. Y mientras el deterioro se hace permanente, el ministro de Hacienda se “cura en salud” diciendo que lo que se recaudará del marchamo 2026 no alcanzará para tapar los huecos. ¿Quién puede creer semejante excusa? ¡Hasta rabia da escucharlo!

Promesas de campaña van, promesas de campaña vienen, tanto del Gobierno Central como de las municipalidades, y todas terminan igual: en el olvido. La gente sigue pagando impuestos, marchamo, combustible, revisiones… pero las calles continúan hechos pedazos.

Esto no es un problema en vísperas de volverse eterno. Es un problema eterno ya, sostenido por la desidia, por la falta de planificación y por la costumbre de hacer anuncios en conferencia, pero no obras en el país real donde la gente vive, trabaja y maneja todos los días.

Por José Antonio Peraza Collado. Politólogo nicaragüense, UCR.

En Nicaragua los nuevos liderazgos del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) que ascendieron a dirigir las cámaras empresariales tomaron dos medidas para fortalecer la organización e insertarla plenamente en los procesos de planificación de la política económica:

1. Conectar a los grupos empresariales más importantes del país con el aparato organizativo del COSEP.

2. Expandir la amplitud de la organización, asegurando la afiliación de negocios y cámaras que había sido, hasta ese momento, independientes. En otras palabras, consolidar al gremio empresarial bajo una sola dirección.

Entre 2012 y 2016, las asociaciones afiladas al COSEP crecieron con la adición de cinco nuevas cámaras y arreglos especiales con otras tres asociaciones. Las nuevas cámaras que se sumaron al COSEP fueron: la de productores y distribuidores de productos farmacéuticos, de energía, de servicios de internet y telecomunicaciones, de palma africana y de tabaco.

En consecuencia, a la luz de su alianza con Daniel Ortega, el COSEP resurgía y se redefinía, en el segundo y tercer mandato de Ortega, ahora el COSEP atraía hacía su órbita a casi todas las organizaciones del empresariado del país.

Este reagrupamiento y reorganización del COSEP entre 2006 y 2016 obedeció a lo que Ben Ross Sch neider ha denominado “organización defensiva abarcadora” que es una respuesta de los empresarios a una percepción de posible amenaza.

Dado que el regreso de Ortega al poder representaba una amenaza al sector empresarial, habida cuenta del historial de confrontación entre ambos grupos. Por tanto, el COSEP vio con doble perspectiva: amenazas y oportunidades.

Mientras tanto Ortega, buscó una “gran alianza” con el sector empresarial como parte de su estrategia de consolidación del poder más gradual y menos traumática que en los años ochenta.

Al mismo tiempo, su alianza con los empresarios representaba un pararrayo contra los reclamos de la comunidad internacional, especialmente, de los Estados Unidos por el socavamiento de la institucionalidad democrática y los fraudes electorales desde 2008.

Las lecciones aprendidas por Ortega en los años ochenta le sugerían la necesidad de garantizar la inversión privada, los préstamos y los mercados para garantizar la producción y el crecimiento económico.

La política del “diálogo y consenso” para evitar la confrontación con el régimen de Ortega dio buenos “resultados para el sector privado estimulando altas tasas de crecimiento económico y aumentos de la inversión extranjera”.

Los éxitos del modelo para el sector privado estimularon que el presidente del COSEP llamara a este acuerdo “el modelo COSEP”. A pesar de la aceptación del modelo entre los grandes empresarios y las cámaras del COSEP, el modelo no estuvo exento de detractores dentro de la sociedad civil nicaragüense.

Dentro de esos críticos acérrimos estuvo el periodista Carlos Fernando Chamorro, Director de la Revista Confidencial, quien lo caracterizó como “un sistema cerrado, excluyente, de intermediación directa, en el que la cúpula del sector privado comparece como único actor en representación del resto de la sociedad a negociar los asuntos económicos con el Gobierno, y los acuerdos se convierten posteriormente en leyes, endosadas por un parlamento que no tiene poder de deliberación porque está totalmente sujeto al Ejecutivo”.

Una de las críticas más fuerte al modelo, de parte de Chamorro y de otros miembros de la sociedad civil, fue que el debate público se había trasladado del parlamento, de las universidades y de los medios de comunicación al monólogo de la vicepresidenta, Rosario Murillo.

Mientras la diversidad de voces que tenía el sector privado se había reducido a la vocería de las cámaras empresariales que lidereaba el presidente del COSEP, José Adam Aguerri.

Pero Chamorro no se queda allí y va más allá en su crítica al modelo y señala la ilegitimidad del régimen después del fraude electoral de 2008 y la consecuente represión a la oposición.

Según Chamorro, el modelo se justifica apelando a los resultados económicos obtenidos en los últimos años en los índices de crecimiento económico, exportaciones y atracción de inversiones.

No obstante, lo que no dicen los defensores del modelo, según Chamorro, son las consecuencias de la destrucción de toda la institucionalidad democrática y su sustitución por un autoritarismo sultánico.

Muchos se hacían la pregunta ¿Cuáles serían las consecuencias del modelo para la estabilidad política e institucional del país? Esas preguntas y advertencias no fueron escuchadas y mucho menos atendidas, pero se expresaron de forma diáfana en abril de 2018 cuando estallaron las protestas ciudadanas. *Tercero de una serie de artículos que analizan el panorama político en Nicaragua.

*Tercero de una serie de artículos que analizan el panorama político en Nicaragua.

Por Natalia Zumbado, docente de Español.

En las últimas semanas, el país ha sido testigo de un valioso proceso de diálogo en torno a la actualización del reglamento que norma el funcionamiento de los centros educativos privados.

Lo más edificante de este esfuerzo es que las distintas propuestas presentadas ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) han partido del respeto a la libertad de enseñanza como valor esencial y han propiciado una coordinación sincera entre el propio MEP y las instituciones que, con responsabilidad y visión, buscan construir juntos una normativa moderna por el bien del país.

En este contexto de apertura y colaboración, vale reconocer también el papel de los medios de comunicación que se han interesado en dar seguimiento al proceso. Su cobertura ha permitido que muchos maestros y maestras nos sintamos visibilizados e identificados con nuestro entorno laboral, más allá de la cotidianidad, y nos ha recordado que somos protagonistas del presente educativo y constructores del futuro que el país necesita.

Como educadora, he seguido con atención las noticias y conversaciones recientes sobre este tema país tan importante. En especial, me ha parecido muy enriquecedor conocer este proceso que vive Costa Rica tras casi treinta años de mantener un reglamento que regula a los centros educativos privados sin haber sido actualizado desde 1995.

Es realmente valioso ver cómo, después de tanto tiempo, se abren espacios para dialogar sobre la educación desde una mirada amplia y constructiva, donde participan tanto las instituciones públicas como las privadas, cada una desde su aporte y su experiencia.

Durante años, quienes trabajamos en este ámbito hemos sentido la necesidad de contar con un marco claro y equilibrado que reconozca la libertad de enseñar, la autonomía institucional y, al mismo tiempo, la responsabilidad compartida de formar personas íntegras, críticas y comprometidas con su entorno. Por eso, saber que distintas comunidades educativas se unieron para elaborar una propuesta seria y propositiva entregada al MEP el pasado 7 de octubre renueva la confianza en el diálogo y la cooperación.

Dialogar abre también una oportunidad muy valiosa: revisar y aliviar cargas administrativas, duplicidades y procedimientos excesivos que no corresponden al quehacer de la educación privada, favoreciendo así un uso más eficiente de los recursos públicos y contribuyendo a fortalecer la educación pública que todos deseamos ver prosperar.

Lo más valioso de este momento es que el país está haciendo una pausa para reflexionar y mejorar. El MEP ha promovido espacios de revisión y apertura, y los centros educativos, así como las organizaciones que los acompañan, los están aprovechando para construir juntos. Esa actitud de escucha y colaboración demuestra que la educación costarricense sigue siendo un punto de encuentro donde todos compartimos un mismo propósito: brindar más oportunidades, más libertad y más calidad a las generaciones que vienen, en la Costa Rica que tanto amamos.

Por Gerardo Zúñiga Zúñiga, Regidor Propietario de Puntarenas*.

El pasado 7 de noviembre Costa Rica celebró el Día de la Democracia, una fecha que conmemora la histórica lucha del pueblo costarricense por defender el voto y consolidar el sistema democrático en el país. Ese día es un recordatorio de la importancia de la participación ciudadana y la protección de los derechos políticos.

La democracia en Costa Rica tiene raíces profundas que se remontan a la Colonia y se han ido fortaleciendo con el tiempo. A lo largo de la historia, los costarricenses han luchado por sus derechos políticos y han logrado avances significativos, como el sufragio directo y secreto, la extensión del voto a las mujeres y la creación del Tribunal Supremo de Elecciones.

En la actualidad, la democracia costarricense sigue siendo un modelo a seguir en la región. Sin embargo, también enfrenta desafíos y amenazas que requieren la vigilancia y participación activa de los ciudadanos. Es fundamental que los costarricenses sigamos defendiendo y fortaleciendo nuestros valores democráticos, como la libertad, la justicia y la igualdad.

Como regidor, creo que es fundamental promover la educación cívica y la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. Solo mediante el diálogo y la cooperación podremos construir una sociedad más justa y solidaria, donde cada voz cuente y cada ciudadano tenga un papel fundamental en la construcción del futuro de Costa Rica.

El festejo del Día de la Democracia es una oportunidad para invitar a todos los costarricenses a reflexionar sobre la importancia de nuestra democracia y a renovar nuestro compromiso con los valores que la sostienen. Juntos, podemos seguir construyendo un país más democrático, justo y próspero para todas y todos

*Doctor en Derecho, Historiador y Politólogo.

Por Esther Castillo Jiménez.

No escribo estas líneas con odio, sino con el cansancio y la impotencia de quien ve cómo desangran su patria a pedazos.

Desde hace años, Crucitas dejó de ser un nombre, para convertirse en una herida abierta. Ahora, una nueva veta de oro (descubierta muy cerca de la frontera con Nicaragua) vuelve a despertar la codicia y el abuso. En esa zona, grupos de mineros, en su mayoría nicaragüenses, cruzan diariamente la línea divisoria como si fuera un simple camino rural, y han convertido el terreno en una mina a cielo abierto.

He visto los reportes, las imágenes y los testimonios. La escena se repite: camiones cargados de sacos con tierra aurífera salen del lado costarricense rumbo al nicaragüense, donde luego lavan el material para extraer el oro, evitando así la acción de la policía tica. Los operativos del OIJ apenas rasguñan la superficie de un problema inmenso: túneles derrumbados, personas fallecidas, cientos de hectáreas destruidas, árboles arrancados, ríos contaminados con mercurio y suelos que ya no volverán a respirar.

Mientras tanto, nuestro país carece de los efectivos necesarios para custodiar esa frontera porosa. La policía hace lo que puede, pero es poco ante la magnitud del saqueo. Y lo más indignante es escuchar al presidente Daniel Ortega lanzar amenazas y bravuconadas por el simple hecho de que Costa Rica defienda su soberanía sobre el río San Juan, cuando a la vista de todos, compatriotas suyos están desmantelando el suelo costarricense sin que su gobierno mueva un dedo para detenerlo.

¿Dónde queda el respeto a los límites? ¿Dónde está el mismo celo que se exige cuando se trata de proteger el río San Juan? No se puede pedir soberanía para un lado y pisotearla para el otro.

Los discursos encendidos desde Managua contrastan con el silencio cómplice frente a una devastación que, en la práctica, también afecta a Nicaragua: los ríos no entienden de fronteras y el mercurio que corre por el San Juan será veneno para ambos pueblos.

Sé que muchos de ustedes trabajan ahí por necesidad. Lo comprendo. Pero la pobreza no puede ser excusa para destruir lo poco que nos queda de naturaleza. En esa frontera hay vidas que valen más que cualquier pepita de oro, hay bosques que guardan el agua de dos naciones, y hay un patrimonio que debería unirnos, no dividirnos.

A quienes llegan a Crucitas con pico y pala les pido que miren más allá del saco de tierra que cargan en sus espaldas. A quienes los mandan, los contratan o se enriquecen con su esfuerzo, les exijo que den la cara y asuman su culpa. Y a las autoridades de ambos países, que asuman su deber: custodiar lo que aún queda, antes de que ese oro se convierta en polvo y vergüenza.

Costa Rica ha sido un país de paz, pero no de cobardía. La defensa del territorio no se hace con fusiles, sino con dignidad y memoria.

Si el oro se agota, todavía podremos reconstruir la tierra. Pero si se agota el respeto, no habrá frontera que nos salve.

Con respeto, pero también con firmeza.

Por Bruno Sánchez, Presidente de la Asociación Panameña de Surf.

La última versión de los Juegos Deportivos Centroamericanos -cuya edición 2025 se organizó en Guatemala– terminó de ratificar a Panamá como el país que presentó la mejor Selección Nacional de Surf del Istmo durante esas justas donde nuestra  delegación dominó ampliamente el medallero en la disciplina de las olas.

Ese equipo patrio cosechó un total de nueve medallas: Cinco de oro, dos de plata y la misma cantidad de bronce, muy por encima del resto de países en un resultado que nos catapultó como los nuevos protagonistas de la región en este deporte.

La llegada del Surf panameño a la cima de los citados Juegos abre un capítulo histórico en el Istmo porque es la primera vez que logramos esa posición desde que en el año 2017 esa disciplina llegó a las justas en calidad de exhibición.

La victoria contundente es el producto combinado de varios factores que sumados arrojaron este saldo extremadamente positivo para el deporte de Panamá.

En primer lugar, la Asociación Panameña de Surf (APS) ha organizado unos 100 eventos naciones (entre ellos el Circuito Nacional) y más de 20 internacionales, espacios de competencia que han permitido incentivar la aparición de nuevos atletas, elevar el nivel del rendimiento y acumular una valiosa experiencia.

Además, el Circuito ha logrado constituirse en una marca que ya tiene un prestigio bien ganado gracias al trabajo paciente de la APS creada en 1994 que luego de más de tres décadas de labores sumó lecciones aprendidas en la preparación técnica de los equipos nacionales y; además, implementó políticas eficientes para la atracción de patrocinadores, entre otras fortalezas.

Otro de los grandes pilares que nos permitió capturar el protagonismo del Surf en los Juegos de Guatemala fue el apoyo decidido de PANDEPORTES y del Comité Olímpico de Panamá. Sin esa mano amiga la presentación de la delegación nacional en Guatemala hubiera sido casi imposible debido, entre otros factores, debido a los altos costos del traslado de todo el grupo hacia esa nación hermana.

Esas dos organizaciones nos brindaron el soporte logístico necesario para que nuestros deportistas tuvieran las mejores condiciones, ese factor resultó vital para que ellos se convirtieran en el grupo que logró sobresalir sobre las olas de Playa Hawaii en el Departamento de Santa Rosa, escenario del Surf en las competencias 2025.

Las victorias en las citadas justas de la región nos llenan de ilusión, ratifican que el país tiene talento de sobra en este apasionante deporte pero; sobre todo, nos confirman que estamos en el camino correcto para seguir en lo alto de la ola.