El gobierno de Rodrigo Chaves mantiene un silencio total después de la detención de dos de sus jerarcas en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.

Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y Marcos Castillo, director de Aviación Civil, fueron arrestados durante los allanamientos llevados a cabo a primeras horas de la mañana. También están involucrados en el caso otros funcionarios, entre ellos un individuo de apellido Villalobos y el exministro de Transportes, Mauricio Batalla.

A pesar de que las diligencias judiciales comenzaron antes de las 6 a. m., la Presidencia de la República no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre los arrestos. Ni en las redes sociales ni en los canales oficiales se ha ofrecido declaración alguna, y tampoco ha respondido a la consulta realizada por Teletica a las 2:36 p. m. sobre la situación.

Se espera que el presidente Chaves y su gabinete se pronuncien mañana, alrededor de la 1 p. m., en la conferencia de prensa semanal que suelen ofrecer.

Este silencio oficial plantea interrogantes sobre cómo la administración Chaves maneja los casos de alto perfil dentro de su gobierno.

La Fiscalía de Puntarenas confirmó que un juez ordenó tres meses de prisión preventiva contra una mujer sospechosa de proporcionar información bancaria de 14 mil clientes a una organización criminal dedicada a cometer estafas.

La detenida, de 30 años y conocida como “Topo”, fue capturada el pasado jueves por agentes de la Sección Especializada Contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El arresto se efectuó durante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle El Bosque, en Higuito de Desamparados, San José.

Según la Policía Judicial, la sospechosa trabajaba en una empresa que prestaba servicios a entidades bancarias y, presuntamente, utilizó su acceso a bases de datos confidenciales para vender la información a la organización delictiva.

Esta banda fue desarticulada el pasado 27 de noviembre de 2024, tras una serie de siete allanamientos dirigidos por la Fiscalía Adjunta de Puntarenas. En ese operativo, se intervino un “call center” en Sabana Sur, San José, y se detuvo a 23 personas sospechosas de haber sustraído 125 millones de colones a seis clientes bancarios.

Actualmente, los 23 miembros de la organización cumplen prisión preventiva.

El abogado de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, por quien la DEA ofrece una recompensa de 500 mil dólares, aseguró que no hay ningún contacto entre su cliente y su familia.

El representante legal cuestionó la veracidad de ciertos elementos de la investigación, señalando que las fotografías carecen de fecha y que no hay garantía de que los audios amenazantes hayan sido enviados por Arias Monge.

Alias “Diablo” es considerado uno de los criminales más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Según las autoridades estadounidenses, Arias Monge ha conspirado con diversas organizaciones de narcotráfico para transportar cargamentos de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos, pasando por Costa Rica, Honduras, Guatemala y México.

El requerimiento de la DEA señala que la organización de Arias Monge también intimida a los ciudadanos costarricenses mediante la publicación de imágenes de armas de fuego, mensajes amenazantes y videos de asesinatos. Además, las autoridades han identificado células criminales operadas por él en las siete provincias de Costa Rica.

Su defensa critica que todos los crímenes y organizaciones de narcotráfico desarticuladas en el país sean relacionadas con su cliente. Actualmente, alias “Diablo” es requerido en Costa Rica por tráfico de drogas, homicidio y robo agravado.

Un adulto mayor de 80 años fue rescatado con vida esta mañana por personal de la Cruz Roja en las montañas de Alto Pavas, en Carrizal de Alajuela, después de permanecer desaparecido desde la tarde del lunes. El hombre, quien tiene experiencia en actividades de montaña, había caído a un río y pasó más de 14 horas perdido en la zona boscosa antes de ser encontrado.

Según informaron los equipos de rescate, el octogenario fue localizado alrededor de las 8:00 a.m. de este martes en condiciones estables, aunque presentaba signos de agotamiento por la exposición prolongada al clima y el terreno difícil. Los paramédicos iniciaron de inmediato el proceso de extracción para llevarlo a un lugar seguro, donde evaluaron su estado de salud y determinaron si requería traslado a un centro médico.

El operativo de búsqueda había comenzado la tarde del lunes, luego de que familiares reportaran su desaparición minutos antes de las 6:00 p.m. Durante la noche, los rescatistas lograron establecer contacto auditivo con el hombre, pero las condiciones climáticas y la densa vegetación impidieron ubicarlo visualmente hasta la mañana de este martes.

“Afortunadamente, el señor seguía consciente y pudo responder a nuestros llamados cuando reiniciamos la búsqueda al amanecer”, explicó un vocero de la Cruz Roja. El adulto mayor vestía camiseta, pantaloneta y botas al momento de extraviarse.

Autoridades destacaron que este es el tercer rescate exitoso de adultos mayores en zonas montañosas de Alajuela en lo que va del año, por lo que recomendaron evitar caminatas solitarias en áreas agrestes, especialmente durante la temporada lluviosa.

El hombre fue trasladado a una clínica local para una evaluación médica completa, donde se confirmó que se encuentra estable y bajo observación. Las autoridades continuarán las indagaciones para determinar las circunstancias exactas de cómo cayó al río y pasó la noche en la montaña.

Estructuras criminales emergentes están utilizando el nombre de Alejandro Arias, alias “Diablo”, para enfrentar a sus rivales y generar miedo en comunidades donde operan, según investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Este modus operandi ha sido detectado en varias zonas del país. Recientemente, en Guanacaste, autoridades desarticularon a los “Diablos Nicoyanos”, una banda que pretendía vincularse con la organización de Arias para fortalecer su influencia ilegal.

La estructura real de “Diablo” tiene su base en Pococí, donde se le relaciona con narcotráfico, homicidios y legitimación de capitales. Actualmente, es el criminal más buscado de Costa Rica.

En un giro significativo, la DEA de Estados Unidos ofreció esta semana una recompensa de $500 mil por información que lleve a su captura, intensificando la persecución internacional en su contra.

El cierre definitivo de la Terminal de Autobuses 7-10, ubicada en Barrio México, San José, ha generado un reajuste en las operaciones de transporte interurbano e internacional. Según información confirmada por El Financiero, las actividades en dicha terminal cesaron el pasado 30 de abril por decisión de Portafolio Inmobiliario, empresa propietaria del inmueble, la cual indicó que el espacio será destinado a un nuevo proyecto.

La terminal, inaugurada en agosto de 2015 con una inversión de $10 millones (aproximadamente ₡5 mil millones), operaba como un centro logístico y de transporte que incluía estacionamientos, áreas de encomiendas, oficinas administrativas, andenes de carga y descarga, así como servicios complementarios como locales comerciales y comedores. Desde sus instalaciones partían rutas hacia destinos nacionales como Jacó, La Fortuna, Ciudad Quesada, Cóbano y Zarcero, además de servicios internacionales a Nicaragua y El Salvador.

Ante el cierre, las empresas de transporte han reubicado sus operaciones en diferentes terminales de la capital. Transportes Jacó y Transmonteverde trasladaron sus servicios a la Terminal del Atlántico Norte, situada 450 metros al norte del Parque La Merced, misma que también albergará las rutas hacia la Zona Norte. Por su parte, Nicabus estableció como nuevo punto de partida y llegada la Terminal Comtrasuli, cercana al Mercado de la Coca-Cola. Mientras tanto, Transportes del Sol operará temporalmente desde esa ubicación hasta finalizar la construcción de su propia terminal, ubicada 75 metros al norte de la antigua 7-10.

Aunque circulan versiones no confirmadas en redes sociales sobre la posible instalación de un centro comercial de origen oriental en el lugar, ninguna fuente oficial ha validado dicha información. Las autoridades competentes y las empresas involucradas no han emitido mayores declaraciones sobre los planes futuros para el inmueble.

El cierre de la terminal representa un cambio significativo en la dinámica del transporte público capitalino, obligando a los usuarios a adaptarse a las nuevas disposiciones de rutas y horarios. Se espera que en los próximos días se brinden mayores precisiones sobre las alternativas disponibles para los afectados.

osta Rica enfrenta una creciente amenaza debido a la actividad de grupos delictivos y cárteles internacionales que operan en diversas regiones del país. 

Informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Seguridad Pública estiman que alrededor de 300 bandas criminales están activas en el territorio nacional, con un impacto significativo en la seguridad ciudadana. 

La violencia generada por estas organizaciones ha alcanzado niveles sin precedentes, reflejados en el aumento de homicidios (este año se contabilizan más de 232), enfrentamientos armados y expansión territorial de las agrupaciones mencionadas.

Las zonas más peligrosas y la disputa territorial

Rándall Zúñiga, director del OIJ, describe la situación como una lucha constante entre grupos criminales por el control del territorio y las actividades ilícitas.

“Las personas que integran los diferentes grupos criminales, al verse asediadas por un grupo rival o inclusive por la Policía, tratan de repeler el ataque como tal. Ellos todos los días se están enfrentando, están en una disputa territorial, luchando por el control del negocio”, indicó Zúñiga.

Según el jefe policial, las bandas más peligrosas han sido golpeadas por las autoridades y muchos de sus cabecillas están en prisión. No obstante, esto no ha detenido la violencia.

“En la provincia de Limón, en su momento, eran la banda de ‘La H’, la de ‘Peña Rusell’, la del ‘Valle de la Estrella’ y la de alias ‘Diablo’ (Alejandro Arias Monge, el narco más buscado del país), las que han logrado expandir su capacidad territorial no solo en Limón, sino ubicarse en otras partes del país, lo que ha aumentado los conflictos de control territorial internos de Costa Rica y nos tiene con este aumento de homicidios”, explicó Zúñiga.

El conflicto también se ha trasladado a otras zonas del país.

“Los barrios del sur de San José son los más calientes, así como los del norte de San José, como Guadalupe. Este último se debe a la captura del cabecilla alias ‘Sobrino’, lo que ha generado que bandas de León XIII estén tratando de apoderarse de los territorios que controlaba este grupo criminal. 

“Puntarenas centro tiene 10 bandas fraccionadas que están disputándose todo el control territorial, incluyendo la zona de Barranca, El Roble, Fray Casiano, 20 de Noviembre y Puntarenas centro”, agregó el jerarca.

Zúñiga también señaló que hay una expansión de la violencia hacia zonas donde anteriormente no se registraban altos niveles de criminalidad.

“En la parte de Parrita, Quepos y Jacó hay otra situación importante de criminalidad, así como en Guanacaste, principalmente en Santa Cruz y Nicoya, que generan violencia. También hay situaciones nuevas en las provincias de Heredia y Alajuela, que antes no tenían tanta criminalidad, y algunas partes de los anillos en Cartago, como el Proyecto Manuel de Jesús Jiménez y Llanos de Santa Lucía, en el límite de Paraíso”, manifestó el director de la Policía Judicial.

Un panorama cambiante

Las zonas de mayor criminalidad fluctúan con el tiempo. “Hace año y medio teníamos una criminalidad muy fuerte en Batán. En el 2023 cerramos con 51 homicidios en este cantón de Matina, es decir, prácticamente un homicidio por semana. En el caso de Limón, como cantón, teníamos 100 homicidios, pero tras intervenciones del OIJ, se logró reducir esta cifra”, indicó Zúñiga.

Actualmente, el foco de violencia se ha trasladado a los barrios del sur y norte de San José, donde la captura de cabecillas ha desatado nuevas disputas. En Puntarenas, la fragmentación de bandas ha generado un ambiente de constante inestabilidad, mientras que Guanacaste también presenta problemas en Santa Cruz y Nicoya. Asimismo, zonas como Heredia y Alajuela, que antes no tenían altos niveles de criminalidad, han visto un incremento en la actividad delictiva.

El crecimiento de la violencia y la presencia de estas bandas han generado preocupación en la ciudadanía, afectando la percepción de seguridad y el desarrollo económico en algunas regiones. Comerciantes y habitantes de las zonas más afectadas denuncian que viven con temor debido a las constantes disputas entre grupos criminales.

Las autoridades han implementado operativos para desarticular estas organizaciones, pero el fenómeno sigue evolucionando.

“El problema es que cuando logramos desarticular una banda, surgen nuevas estructuras criminales que intentan ocupar su lugar. Es una lucha constante”, señaló Zúñiga.

Para combatir esta problemática, se han anunciado estrategias para fortalecer la seguridad y mejorar la coordinación entre las fuerzas policiales. Sin embargo, los expertos advierten que sin una intervención social profunda y políticas de prevención del delito, el problema seguirá creciendo.

El desafío para Costa Rica no solo radica en contener la violencia, sino en atacar las causas estructurales del crimen organizado.

La falta de oportunidades, el desempleo juvenil y la penetración del narcotráfico en comunidades vulnerables son factores que continúan alimentando este problema. Mientras tanto, las autoridades continúan su lucha contra estas bandas que han puesto en jaque la seguridad del país.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) interpuso este jueves una querella contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, luego de que el mandatario calificara al sindicato como “corrupto”.

Según el secretario general de la ANEP, Albino Vargas, la Junta Directiva Nacional del sindicato tomó la decisión unánime de proceder legalmente por presunta difamación, injuria y calumnia. Antes de presentar la acción legal, la ANEP envió una carta al presidente solicitando una retractación y disculpas públicas en un plazo de 24 horas. En caso de no recibir respuesta, el sindicato procederá con la demanda en sede judicial la próxima semana .

A partir de septiembre de 2025, todos los comercios en Costa Rica que reciban pagos mediante SINPE Móvil deberán registrar cada transacción en el sistema de facturación electrónica, según lo establece el Decreto Ejecutivo N.º 44739-H, publicado por el Ministerio de Hacienda. Esta medida busca reforzar el control fiscal sobre los ingresos comerciales y combatir la evasión de impuestos, aprovechando la trazabilidad que permite esta plataforma del Banco Central.​

Con esta normativa, se actualizan los métodos de pago en la factura electrónica, destacando el nuevo código específico para SINPE Móvil:​

• 01: Pago en efectivo
• 03: Transferencia bancaria
• 06: SINPE Móvil (nuevo código obligatorio)
• Plataforma digital: Para pagos con apps financieras u otros servicios electrónicos​El poder de la información fiscal+1mgd+1KPMG

Aunque la obligatoriedad rige desde septiembre de 2025, Hacienda permitirá que los comercios implementen la medida de forma anticipada desde el 1.º de abril de 2025. Esto con el fin de facilitar la adaptación técnica y evitar contratiempos.​

Para los usuarios de SINPE Móvil, el proceso de pago seguirá siendo el mismo. Sin embargo, ahora recibirán una factura donde constará el uso de esta forma de pago.​

Las autoridades instan a los comercios a actualizar sus sistemas de facturación y consultar con sus proveedores de software para cumplir con esta obligación. También se puede acceder a información oficial en el sitio web del Ministerio de Hacienda.​

Prepararse con tiempo evitará sanciones y garantizará una transición ordenada.

Un hombre sospechoso de retener y agredir a su pareja en un motel de Paso Ancho, San José, permanecerá en prisión preventiva durante los próximos seis meses mientras avanza la investigación en su contra. Así lo confirmó este lunes el Ministerio Público, tras la decisión del Juzgado de Turno Extraordinario de Goicoechea de acoger la medida cautelar solicitada por la Fiscalía Adjunta de Género.

El imputado, identificado con los apellidos Cantillo Calvo, es investigado por el delito de maltrato, luego de que la víctima fuera rescatada el pasado sábado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública. Los hechos, registrados bajo la causa 25-011740-0042-PE, habrían ocurrido tras una agresión previa en un bar de San Rafael Arriba de Desamparados la noche del jueves.

Agresión captada en video

Un video de las cámaras de seguridad del establecimiento donde se encontraba la pareja muestra el momento en que el sujeto, conocido con el alias “Gazú”, golpea a la mujer y le aplica una llave en el cuello antes de obligarla a salir del lugar. Desde entonces, se desconocía su paradero hasta que fue localizada en el motel de Paso Ancho durante la madrugada del sábado.

La víctima fue identificada como Eylin Marín Martínez, de 34 años, madre de tres menores de edad (dos niños de 15 y 11 años, y una niña de 7). Sin embargo, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) informó que los niños no están bajo su cuidado desde hace dos años.

“Los tres menores están bajo la protección de su padre y abuela paterna desde entonces. El expediente sigue abierto por la judicialización de estas medidas”, explicó el PANI.

Con la prisión preventiva de Cantillo Calvo, las autoridades buscan garantizar que el proceso avance sin riesgos para la víctima, mientras se recaban más pruebas sobre el caso.

En el último día del Operativo Semana Mayor 2025, más de 500 cruzrojistas continúan desplegados en más de 100 puestos a nivel nacional, brindando asistencia humanitaria de forma incansable y velando por la seguridad de la población.

La Cruz Roja reitera su compromiso con la protección y el bienestar de las familias, manteniendo su presencia activa en puntos estratégicos durante esta jornada de retorno masivo.

La institución agradece profundamente la labor de cada voluntario y voluntaria que, con entrega y corazón, sigue marcando la diferencia en momentos clave para el país.

Durante la Semana Santa, la labor de la Cruz Roja es fundamental para prevenir emergencias, atender incidentes y ofrecer apoyo inmediato ante cualquier situación. Su presencia en playas, carreteras y sitios turísticos es clave para brindar una respuesta rápida y eficaz, protegiendo vidas y promoviendo una cultura de prevención y solidaridad.

El Ministerio de Salud, a través del Área Rectora de Salud de Carrillo, llevó a cabo un operativo de inspecciones físico-sanitarias en distintas empresas y campamentos de trabajadores ubicados en este cantón guanacasteco, con el fin de monitorear el cumplimiento del reglamento de estrés térmico y realizar búsqueda activa de casos de malaria.

Una de las empresas inspeccionadas fue Novaltek, además de varios campamentos que albergan a trabajadores temporales durante la zafra de caña y la temporada alta de turismo.

De acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Carrillo cuenta con aproximadamente 50.347 habitantes, pero durante los meses de mayor actividad económica esa cifra puede ascender a más de 100 mil personas. Entre ellos, cerca de 7 mil trabajadores residen temporalmente en campamentos, por lo que el Ministerio ha intensificado sus esfuerzos para garantizar condiciones óptimas de salud y seguridad.

Carrillo es considerado un cantón endémico de enfermedad renal crónica no tradicional, asociada en parte a la exposición prolongada al calor. 

Asimismo, durante las visitas a los campamentos, se realizaron pruebas rápidas de malaria, así como inspecciones de aseo general, manejo de aguas residuales, condiciones de cocina, residuos sólidos, permisos sanitarios y condiciones bajo las cuales estos fueron otorgados.

Aunque el último caso de malaria en la zona fue reportado en 2023 y fue importado desde Nicaragua, el Ministerio mantiene activa la vigilancia para evitar nuevos contagios.

Estas acciones forman parte del compromiso del Ministerio de Salud por garantizar el bienestar de todas las personas, tanto residentes como temporales, en especial en contextos donde las condiciones climáticas y laborales pueden poner en riesgo la salud pública.