En junio de 2024, los expertos de Kaspersky realizaron un estudio1 a gran escala sobre la resistencia de 193 millones de contraseñas, comprometidas por programas de robo de información y disponibles en la darknet, ante ataques de fuerza bruta2, Zxcvbn3 y algoritmos de adivinanza inteligente4. Según los resultados de la investigación, el 45% de todas las contraseñas analizadas pueden ser adivinadas por parte de los estafadores en menos de un minuto, y solo el 23% resultaron ser lo suficientemente resistentes: descifrarlas llevaría más de un año.

La telemetría de Kaspersky revela más de 32 millones de intentos de atacar a usuarios con programas de robo de contraseñas en 2023. Estas cifras muestran la importancia de la higiene digital y de políticas de contraseñas adecuadas. En junio de 2024, Kaspersky analizó 193 millones de contraseñas encontradas en varios recursos de la darknet. Estos resultados demuestran que la mayoría de las contraseñas revisadas no eran lo suficientemente fuertes y podían ser fácilmente comprometidas usando algoritmos de adivinanza inteligente. Los analistas indican además la rapidez con la que los ciberataques permiten obtener las contraseñas:

-El 45% (87 millones) en menos de 1 minuto.

-El 14% (27 millones) de 1 minuto a 1 hora.

-El 8% (15 millones) de 1 hora a 1 día.

-El 6% (12 millones) de 1 día a 1 mes.

-El 4% (8 millones) de 1 mes a 1 año.

Los expertos identificaron que solo el 23% de las contraseñas resultaron ser resistentes (44 millones), puesto que comprometerlas les llevaría más de un año. Además, la mayoría de las contraseñas examinadas (57%) contiene una palabra del diccionario, lo que reduce significativamente su seguridad. Entre las secuencias de vocabulario más populares, se pueden distinguir varios grupos:

-Nombres: “hmed”, “nguyen”, “kumar”, “kevin”, “daniel”.

-Palabras populares: “forever” (“siempre”), “love” (“amor”), “google”, “hacker”, “gamer” (“jugador”).

-Contraseñas estándar: “password” (“contraseña”), “qwerty12345”, “admin” (“administrador”), “12345”, “team” (“equipo”).

En este sentido, el análisis mostró que solo el 19% de todas las contraseñas contienen los elementos básicos para conseguir una combinación robusta: una palabra que no esté en el diccionario y una combinación de letras minúsculas y mayúsculas, así como números y símbolos. A su vez, el estudio reveló que el 39% de estas contraseñas también podrían ser adivinadas en menos de una hora usando algoritmos inteligentes.

Según los expertos de Kaspersky, los atacantes no requieren conocimientos profundos ni equipos costosos para descifrar contraseñas. Por ejemplo, un potente procesador de ordenador portátil es capaz de encontrar la combinación correcta para una contraseña de 8 letras minúsculas o dígitos utilizando la fuerza bruta en sólo siete minutos, y las tarjetas de vídeo actuales, en 17 segundos. Además, los algoritmos inteligentes para adivinar contraseñas tienen en cuenta la sustitución de caracteres (“e” por “3”, “1” por “!” o “a” por “@”) y secuencias populares (“qwerty”, “12345”, “asdfg”).

“Inconscientemente, los seres humanos crean contraseñas ‘humanas’: contienen las palabras del diccionario en su lengua materna, con nombres y números. Incluso las combinaciones aparentemente fuertes rara vez son completamente aleatorias, por lo que pueden ser adivinadas por algoritmos. Por ello, la solución más fiable es generar una contraseña completamente aleatoria, utilizando gestores de contraseñas actuales y fiables. Estas aplicaciones pueden almacenar de forma segura grandes volúmenes de datos, proporcionando una protección integral y sólida de la información del usuario”, apunta Yuliya Novikova, responsable de Inteligencia de Huella Digital de Kaspersky.

Los expertos de Kaspersky comparten algunos consejos para crear y almacenar contraseñas:

-Es casi imposible memorizar contraseñas largas y únicas para todos los servicios que utilizas, pero con un gestor de contraseñas solo tendrás que memorizar una clave maestra.

-Utiliza una contraseña diferente para cada servicio. De esa manera, incluso si roban una de tus cuentas, el resto no correrá la misma suerte.

-Las contraseñas pueden ser más seguras cuando se utilizan palabras inesperadas. Incluso si usas palabras comunes, puedes organizarlas en un orden inusual y asegurarte de que no estén relacionadas. También hay servicios en línea  que te ayudarán a verificar si una contraseña es lo suficientemente fuerte.

-Es mejor no usar contraseñas que puedan adivinarse fácilmente a partir de tu información personal, como fechas de nacimiento, nombres de familiares, mascotas o tu propio nombre. Estos suelen ser los primeros intentos de los atacantes.

-Habilita la autenticación de doble factor (2FA). Aunque no está directamente relacionada con la seguridad de las contraseñas, activar el 2FA añade una capa adicional de seguridad. Incluso si alguien descubre tu contraseña, aún necesitarían una segunda forma de verificación para acceder a tu cuenta. Los gestores de contraseñas actuales almacenan claves 2FA y las aseguran con los últimos algoritmos de cifrado.

-Implementa una solución de seguridad fiable, como Kaspersky Premium, para mejorar tu protección. Monitoriza Internet y la dark web y te advierte si tus contraseñas necesitan ser cambiadas.

Si quieres información adicional, haz clic en este enlace de Securelist.

La regidora puntarenense del Partido Nueva República, Kimberly Castro, demandó a sus compañeras del Concejo Municipal, Sidny Scafidi (Partido Liberal Progresista) y Kerlyn Molina (Partido Unidad Social Cristiana), por los supuestos delitos de injuria, difamación y calumnia en relación con un presunto caso de plagio.

El 13 de junio del 2024 específicamente en la Sesión Ordinaria n. 11 del Concejo Municipal, Castro presentó ante el Concejo de forma física un proyecto denominado “Voceros de Paz”.

De acuerdo con Castro ese día utilizó una frase acuñada por ella desde el año 2021 que reza de la siguiente manera: “es más económico educar a un niño que reformar a un adulto” explicando que para el Estado es resulta más ventajoso promover la educación de los infantes que la manutención de los privados de libertad dentro del sistema penitenciario.

“Es menester recalcar que la frase supra citada no está consignada en el proyecto como tal, la suscrita la utilizó durante la exposición únicamente con el fin de enriquecer la exposición”, indica Arias en el documento entregado el 24 de junio en los Tribunales de Puntarenas y que reposa en poder de Guana Noticias.

Durante esa reunión Scafidi retomó la palabra para afirmar: “esa frase ya existe, este, Kimberly, no puede, o sea no está bien que, que ponga que es autoría suya porque las mismas, la misma intención del mensaje ya existe, entonces eso la puede hacer incurrir en plagio…” según indica en el acta de la sesión.

En el debate Molina -quien funge como presidenta del Concejo- expresó de manera textual que “el aporte que dio doña Sindi Scafidi no representa un acto de soberbia, representa un compromiso que tenemos como regidores de presentar documentación clara, sin plagio, sin información falsa… es importante porque son documentos públicos los que estamos extendiendo”, se afirma en el registro de la reunión del Concejo.

Guana Noticias buscó la versión de la presidenta Municipal de Puntarenas el 24 de junio. La representante socialcristiana señaló que: “desconozco el contenido de la querella, ya que la misma no ha sido notificada oficialmente por los Tribunales de Justicia. De tal manera que prefiero no referirme al asunto hasta que se me ponga en conocimiento por las vías respectivas”.

Ese mismo día (11:54 a.m.) se mandó un mensaje -vía Whattsapp- a Scafidi para consignar su punto de vista en la información, no obstante, estaba pendiente la respuesta.

El sábado pasado, un oficial de la Policía Penitenciaria, de apellido González Orellana, fue detenido bajo sospecha de intentar introducir varios artículos prohibidos al Centro de Atención Integral (CAI) Terrazas en San Rafael de Alajuela. Durante una revisión de rutina antes de su turno, se encontraron entre sus pertenencias tres celulares, varios medicamentos, una cuchilla, un vaporizador, cinco cargadores, una cuchara y dos frascos con un líquido amarillento y aceitoso de contenido desconocido.

Estos intentos de contrabando son una preocupación recurrente en las instituciones penitenciarias de Costa Rica. Desde mayo de 2022, las autoridades penitenciarias han decomisado un total de 5,629 celulares y 10,047 artículos electrónicos. Además, en esta ocasión se decomisaron 428 pastillas de clonazepam y 36 pastillas de una sustancia conocida como “juventudes”.

El oficial detenido ha sido puesto bajo la jurisdicción del Ministerio Público, que ahora determinará los pasos legales a seguir en su caso.

Desde que comenzó la administración de Rodrigo Chaves, han sido detenidos un total de 25 funcionarios, entre agentes y administrativos, por intentos similares de introducir dispositivos electrónicos, armas o sustancias ilegales en las cárceles del país.

Los nueve detenidos este martes en Cóbano y Paquera, en Puntarenas, por presunto tráfico de drogas, pasarán los próximos tres meses en prisión preventiva.

Se trata de vendedores finales de estupefacientes en esas comunidades puntarenenses, quienes incluso operaban cerca de centros educativos.

Este es un nuevo golpe que propinan el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos como parte del denominado “Plan Escudo”.

Los allanamientos además permitieron intervenir dos búnkers (espacios clandestinos usados para la venta y el consumo de sustancias ilícitas).

Debido a la neblina que afectó al país la noche de este lunes, 22 vuelos entre comerciales y de carga, sufrieron afectaciones al intentar arribar al aeropuerto Juan Santamaría. 

En detalle, las afectaciones se dividieron en 17 vuelos comerciales y 5 de carga. Del total de afectaciones, únicamente 8 fueron cancelados, de los cuales, 7 eran comerciales. 6 más presentaron demoras y 4 sufrieron desvíos. 

Según informó Aeris, aún esta mañana, seguían llegando vuelos a esta terminal aérea, de los que sufrieron afectaciones. 

Los vuelos afectados eran procedentes de Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Managua y Panamá. 

Por su parte, en cuanto a estas afectaciones provocadas por la neblina, Pedro Parada, de Aviación Civil, aseguró que, a pesar de que  Costa Rica tiene condiciones climáticas particulares en todo el mundo ocurren afectaciones de este tipo. 

30 ciudadanos naturalizados costarricenses tienen juicios pendientes en Estados Unidos por diferentes causas, según dijo la mañana de este lunes el ministro de Seguridad, Mario Zamora.

Lo hizo en audiencia ante la comisión especial que investiga la reforma constitucional para permitir la extradición de ciudadanos requeridos por crímenes vinculados al narcotráfico o el crimen organizado.

“Nuestra comunicación con contrapartes de inteligencia a nivel internacional nos ha permitido identificar 30 personas con nacionalidad colombiana principalmente y venezolanos, que tienen juicios pendientes en EE. UU. y que, al tener la nacionalidad costarricense, no han podido enfrentar la justicia”, aseguró el jerarca.

Zamora insistió en que ese es el mejor ejemplo para demostrar la valía de la reforma planteada por la fracción oficialista y que respalda el gobierno de Rodrigo Chaves.

Dijo, además, que la tesis suya y de las autoridades de Seguridad es que el incremento en la violencia con la que se cometen homicidios en el país es reflejo de la presencia de extranjeros en el país.

“Cuando estudiamos la forma en que se trasladó a Costa Rica la figura del sicariato y las formas de ejecutar el homicidio, que son formas absolutamente lesivas a los derechos humanos, el cuerpo de las personas es destrozado para dar un mensaje a terceros…

“Cuando observamos en qué momento las bandas costarricenses empezaron a adoptar estos patrones homicidas, es cuando notamos esa relación trasnacional entre las bandas locales y esa alta delincuencia que viene de afuera”, aseguró.

“Tenemos la hipótesis de que muchos de estos sujetos radicados en Costa Rica fueron el ente transmisor de patrones homicidas que hoy lamentamos y vemos todos los días en los periódicos”, añadió.

Zamora también precisó que hay una lista de ciudadanos costarricenses “plenamente identificados” en Limón que son requeridos por autoridades de Países Bajos por su participación en grupos dedicados a la exportación de droga desde Costa Rica.

Afirmó, sin embargo, que la mayoría de casos donde ciudadanos son requeridos por otros países no se conocen, pues estos países saben que la legislación costarricense impiden la extradición, por lo que ni siquiera presentan las causas.

La Municipalidad de Santa Cruz, mediante la Oficina de Prensa, informó que a más tardar el 19 de junio quedará reparada la calle de lastre que comunica el centro de esa ciudad con el estadio Cacique Diriá lugar donde se disputarán las medallas del atletismo de los Juegos Deportivos Nacionales Guanacaste 2024.

Esa ruta se encuentra en pésimas condiciones llena de una gran cantidad de huecos y sin un sistema de drenaje que canalice las aguas llovidas; por esa razón, el tránsito de vehículos y personas es un verdadero calvario.

De acuerdo con Francisco Mairena, Periodista de la Municipalidad de Santa Cruz, la Unidad Técnica de Gestión Vial –UTGV- del gobierno local realizará la reparación de la ruta a partir del miércoles 19 de junio según indicó en un audio enviado a Guana Noticias.

“Ya eso lo confirmó el Ingeniero, Wender Bonilla, de la Municipalidad”, precisó Mairena.

La inauguración de los Juegos se llevará a cabo el 29 de junio, a partir de las 6 p.m., en las instalaciones del estadio Chorotega de Nicoya. La etapa final de los XLI Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Guanacaste 2024 se realizará del sábado 29 de junio al sábado 13 de julio en los 11 cantones de la provincia en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.

En el caso de estadio Cacique Diriá ese centro deportivo recibirá durante cinco días a unos 700 competidores en atletismo quienes llegarán a Santa Cruz, provenientes de todo el país en busca de una presea.

Una iniciativa del Sistema de Áreas de Conservación (SINAC) y el cual está en la corriente legislativa, busca multar a las personas que ingresen a áreas silvestres protegidas de manera ilegal y como consecuencia, su extravío requiera de la búsqueda y rescate por parte de las autoridades.

De acuerdo con la jefe de Departamento de Prevención y Protección y Control del SINAC, Yeimi Cedeño, se trata de la reforma al artículo 8 y adición de un artículo 9Bis a la Ley 6084, Ley del Servicio de Parques Nacionales, y cuya construcción inicial ocurrió en el 2022.

El texto establece una multa de cinco salarios base, monto que se distribuirá en partes iguales entre el SINAC y la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con Cedeño, dados los antecedentes y los casos que se siguen presentando en el país, en donde la gente continúa ingresando a áreas silvestres protegidas que están restringidas al público, se debe aplicar una cuota de responsabilidad cuando el desenlace es el extravío de las personas.

Datos de la Cruz Roja señalan que solo en lo que se lleva del 2024 se han realizado 61 búsquedas en montañas, operativos que requieren movilizar personal especializado.

“Es importante tener una medida más severa a la que actualmente existe, y que esto sea una manera de desincentivar este tipo de acciones y tengamos incidencia en la conciencia y responsabilidad de las personas de que este tipo de acciones representan un riesgo y, por tanto, no se deben ejecutar, y que, si sigue habiendo incidentes, habrá consecuencias económicas y hasta penales según sea el caso”, afirmó Cedeño.

Este cambio también contempla multas por el hecho del ingreso en sí a estos sitios y por efectuar actividades no autorizadas en las áreas silvestres protegidas, como por ejemplo fogatas y campamentos.

Lo anterior quiere decir que una persona que resulte extraviada deberá cancelar una multa por su ingreso y otra por haber necesitado de búsqueda y rescate.

El proyecto establece multas de hasta tres salarios base para quienes ingresen de forma ilegal a un Área Silvestre Protegida, y para quienes realizan actividades no autorizadas en las zonas de uso público de un Área Silvestre Protegida.

Por su parte, la multa será de cinco salarios base para el operador turístico que promueva y venda tours a sitios no autorizados por diferentes medios

Si el infractor es un operador turístico o sus guías que ingresen con turistas a sitios que estén clasificados de alto riesgo, se le multará con cinco salarios base y el comiso del equipo que porta y se le expulsará de inmediato.

El INA, con el respaldo de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), emprenderá una maratónica labor para lograr que 2.415 personas pescadoras renueven sus “certificados de zafarrancho”, y así puedan tripular embarcaciones de pequeña, mediana y avanzada escala en el territorio nacional, de forma legal y segura, según las disposiciones emitidas por dicho ministerio.

Este certificado obligatorio acredita que las personas tripulantes de embarcaciones se encuentran debidamente capacitadas para atender situaciones particulares de emergencia operacional que se puedan presentar en las embarcaciones. El mismo debe actualizarse cada cinco años.

En el país, miles de personas se dedican a actividades de pesca y navegación, y de ellas una importante cantidad tiene el certificado de zafarrancho vencido o próximo a vencer. De ahí que la institución activó una convocatoria sin precedentes para que, a partir de junio, se desarrollen talleres de cuatro horas en varias localidades del territorio nacional que abrirán las puertas para que estas personas obtengan la renovación de sus certificados en un tiempo récord.

“En compromiso con el sector marítimo-pesquero y el desarrollo económico de nuestro país, el INA, junto al MOPT, está facilitando la renovación de los certificados esenciales para la operación segura y legal de las embarcaciones. Esta iniciativa está diseñada pensando en las personas que diariamente generan sus ingresos a través de actividades pesqueras. Con esto, impulsamos la seguridad del sector pesquero, su economía y desarrollo”, enfatizó Juan Alfaro, Presidente Ejecutivo del INA.

Las actividades formativas se realizarán, de manera presencial, en junio, setiembre y octubre, y no tendrán costo para los participantes. La intención es atender a 1.200 personas en junio y a otras 1.245 a partir de setiembre.

Las autoridades extienden un llamado a las personas pescadoras para que participen en la primera ronda de capacitación, del 17 al 21 de junio

-Cantón central de Puntarenas: Salón de Actos de la UTN, Edificio Tobías Vargas.

-Quepos: Salón de la Asociación de Desarrollo Integral de Quepos.

-Garabito (Jacó): Salón de Eventos del Centro Cívico para la Paz de Garabito.

-Manzanillo: Salón Comunal de Costa de Pájaros.

-Paquera: Colegio Técnico Profesional de Paquera.

Para más información, se puede contactar directamente al teléfono 2210-6000 o al correo electrónico [email protected]

En el periodo del 30 de setiembre al 4 de octubre del 2024 se atenderá en los siguientes lugares:

-Guanacaste: Playas de Coco, Huacas, Cuajiniquil y Flamingo.

-Limón: Limón Centro, Talamanca y Las Barras.

-Zona Sur: Osa, Puerto Jiménez y Golfito.

-Zona Norte: Los Chiles, Caño Negro, La Fortuna y Puerto Viejo de Sarapiquí.

-Pacífico Central: Puntarenas Centro, Quepos y Costa de Pájaros.

Para facilitar la inscripción, las personas interesadas deberán presentarse en su lugar de conveniencia 30 minutos antes del inicio de la actividad y aportar la cédula de identidad y el certificado o constancia de curso de zafarrancho vencido o próximo a vencer.

Las personas interesadas deberán estudiar, de previo, una serie de recursos audiovisuales que estarán disponibles en la página web del INA en el siguiente enlace:

Material de apoyo para la renovación de certificados de Zafarrancho por parte del MOPT

Mediante sus redes sociales, el INA dará a conocer las fechas y horas de las convocatorias en las distintas sedes regionales.

Una inspección realizada por representantes de la Municipalidad de Puntarenas en enero pasado confirmó la invasión de la Zona Pública en las cercanías del Faro en el centro de la ciudad porteña; sin embargo, luego de cinco meses de llevada a cabo esa visita en el sector del Barrio El Carmen, el gobierno local nunca ha tomado decisiones concretas para proceder con los respectivos desalojos para recuperar esa área.

Según la resolución MP-ZMT-INF-003-01-2024 del 19 de enero del 2024 –firmada por Patricia Corrales, Coordinadora de la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Puntarenas- que surgió como respuesta ante un recurso de apelación interpuesto por Jonathan González, apoderado de Inversiones Oncequince AGEBE- tres días antes (16 de enero), a las 3:42 p.m., los funcionarios del gobierno local porteño Carlos Leitón (Zona Marítimo Terrestre) y Jeisson Peña (Unidad de Gestión Territorial y Urbana) junto con Mariel García y Alberto Bolaños (Administración Tributaria), llevaron a cabo una visita oficial al lugar.

La inspección de Leitón, Peña, García y Bolaños se produjo luego de que el 1 de setiembre del 2023 la Oficina de Zona Marítimo Terrestre del municipio fuera informada de una denuncia por la ocupación de un terreno municipal en el Barrio El Carmen, frente al restaurante Isla Cocos, según indica el documento en poder de Guana Noticias.

En la respuesta de Corrales se indica que la inspección de los representantes del gobierno local concluyó que: “revisado el Plan Regulador Urbano de la ciudad de Puntarenas, surge que esas áreas ubicadas al este del Malecón, conforman parte de las áreas con el Uso Público Institucional, donde no se podía autorizar ninguna otra actividad o uso; sería imposible jurídicamente autorizar cualquier otro uso que no sea institucional” (Ley 4071).

No obstante que hace cinco meses se comprobó la invasión de la zona pública a la fecha la administración del gobierno local porteño permanece sin tomar medidas concretas para recuperar ese espacio.

El 12 de junio (9:27 a.m.) este medio de comunicación envió un correo electrónico a la funcionaria municipal Corrales para conocer las razones de esa falta de acciones específicas en relación con este tema. Sin embargo, al momento de esta publicación (12 de junio: 10:30 a.m.) estaba pendiente la respuesta.

La Ley de Zona Marítima Terrestre en los artículos 17, 20, 62 y concordantes, establece la posibilidad del despido de funcionarios que en conocimiento de una violación de a esas regulaciones no actúen conforme a derecho corresponda.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió una denuncia formal para que se proceda a investigar las condiciones en que se desarrolló una reunión en la Sede de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en el sector del Cocal (Puntarenas), cita donde asistieron representantes de cuatro partidos políticos.

Según la información enviada de manera anónima al OIJ el encuentro de los representantes de las agrupaciones políticas se produjo el pasado 7 de junio a eso de las 5 p.m. cuando al lugar llegaron miembros de los Partidos Aquí Costa Rica Manda, Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional y Liberal Progresista (PLP).

De acuerdo con la página en la red social Facebook Noti Puerto Sin Pelos en La Lengua (PUNTARENAS EL DÍA 7/… – Noti Puerto sin Pelos en la Lengua | Facebook) “el día 7/ 6/ 2024 al ser las 5 p.m. la señora Directora de la UNED, Sindy Scafidi, como anfitriona de una reunión con fines políticos, utiliza la sede de la UNED en el Cocal de Puntarenas”.

La página web de la UNED indica que la Sede del Cocal –dirigida por Sindy Scafidi Ampié, actual regidora del PLP en Puntarenas- promueve los programas que ofrece la Universidad en: colegios, instituciones bancarias, y otras empresas; con el objetivo se asumir un papel más protagonista en el desarrollo de la provincia.

El reporte enviado al OIJ pide que se determine la posible existencia de un Peculado de Uso que se configura cuando un funcionario público emplea, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella”, conducta que puede ser reprimida con tres a dos años de prisión según el artículo 361 del Código Penal. El trámite ante el OIJ recibió el número de gestión 5833.

La Sede de la UNED del Cocal se creó el 1 de julio de 1977 entonces en el edificio del Liceo José Martí. De acuerdo con el website oficial ese centro recibe estudiantes procedentes de diferentes distritos y cantones como: Monteverde, Miramar, Chomes, Esparza, Guacimal, Manzanillo, Caldera, Puntarenas y dos distritos de la Península de Nicoya: Cóbano y Paquera.

En relación con este tema Guana Noticias buscó la versión de Scafidi Ampié el 10 de junio (11:48 a.m.). Mediante un audio enviado por medio de Whattsapp, la Directora de la Sede del Cocal indicó: “Gracias por la oferta, voy a valorarla porque tengo varias personas, varios medios que quieren brindarles un espacio, deme un chancecito por lo menos el día de hoy y les aviso”.

La Contralora General de la República, Marta Acosta, indicó que el proyecto de Ley presentado por el Presidenta de la República, Rodrigo Chaves, para convocar a un referéndum merece un análisis de fondo sobre sus efectos e impacto con la profundidad y responsabilidad que amerita.

Pero “lo que sí es evidente, es que la iniciativa del Poder Ejecutivo se centra, casi por completo, en desmantelar las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General; suprime ámbitos de control y restringe sus funciones sustancialmente en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses”, señaló Acosta.

La Contralora indicó que principios fundamentales como la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública se verían seriamente perjudicadas con el cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública.

“Como ha sido la norma en los argumentos del Presidente, acude como recurso a juicios de valor, falacias e irrespeto sobre cómo opera el Estado y la Contraloría General, así como con ataques alevosos a mí como Contralora, sin fundamento y sin medida, como ya le es usual, cuando carece de argumentación técnica y jurídica”, relató Acosta.

La propuesta de referéndum se tramita en el expediente 24 364.