Las estafas informáticas y la suplantación de identidad concentran el 84% de los delitos cibernéticos en Costa Rica, según el más reciente informe sobre el estado de la ciberseguridad en el país.

El estudio, elaborado por el Laboratorio de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Nacional de Costa Rica, revela que el 62,1% de los casos corresponden a estafas y el 21,7% a robo de identidad, lo que evidencia que los ataques se enfocan en engañar a las personas más que en vulnerar sistemas tecnológicos.

Entre enero de 2018 y agosto de 2025, el país registró 40.457 denuncias por delitos informáticos, con un crecimiento exponencial que multiplicó por 6,4 los casos en ese periodo, según datos del Organismo de Investigación Judicial.

Solo entre 2023 y 2024, las denuncias aumentaron un 96,7%, y en lo que va de 2025 ya se superó el total del año anterior.

 Seguridadinformática

Mayor impacto en la GAM

El informe señala que el 79% de los casos se concentra en la Gran Área Metropolitana, liderada por San José, seguida de Alajuela, Heredia y Cartago, lo que responde a la mayor actividad económica y digital en estas zonas.

En cuanto al perfil de las víctimas, el 86% tiene entre 18 y 64 años, con mayor incidencia en personas de 30 a 39 años, es decir, población altamente vinculada a servicios financieros digitales.

Seguridad desigual y retos tecnológicos

A nivel institucional, el estudio evidencia avances en la adopción de herramientas de seguridad como la autenticación multifactorial y sistemas de gestión de identidades. Sin embargo, advierte que no todas las organizaciones han consolidado controles básicos, como antivirus o antimalware.

También se identifican amenazas como el ransomware, filtraciones de datos y ciberataques, que continúan evolucionando.

Inteligencia artificial: avances y desafíos

El uso de inteligencia artificial en ciberseguridad aún es limitado: solo un 20% de las instituciones la implementa, aunque la mayoría de quienes la utilizan la consideran efectiva.

Entre los principales obstáculos destacan:

• Integración con sistemas existentes
• Costos de implementación
• Calidad y gestión de datos
• Falta de personal especializado

Llamado a fortalecer políticas públicas

El informe concluye que la ciberseguridad debe consolidarse como una política pública transversal, con énfasis en educación, prevención y protección de datos personales.

Entre las principales recomendaciones se incluye reforzar el cumplimiento de la legislación vigente y avanzar en una estrategia nacional para el uso responsable de la inteligencia artificial.

El análisis confirma que, más allá de la tecnología, el principal punto vulnerable sigue siendo el comportamiento humano, lo que convierte la prevención y la educación digital en herramientas clave para reducir estos delitos.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inició la construcción de un nuevo edificio en el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, con el objetivo de fortalecer la atención de pacientes con cáncer y responder a la creciente demanda de estos servicios.

La obra contempla una infraestructura de 11 niveles —ocho pisos y tres sótanos— con una extensión de 30.000 metros cuadrados, ubicada al costado este del centro médico. El proyecto tendrá una inversión superior a los $93 millones y se prevé que esté concluido en junio de 2028.

De acuerdo con la institución, este nuevo espacio permitirá mejorar la atención del Departamento de Hemato-Oncología y otros servicios asociados, incorporando tecnología de punta como dos aceleradores lineales para tratamientos de radioterapia.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, destacó que este proyecto representa un avance significativo en la modernización de la red de servicios de salud. “Permitirá brindar una atención más oportuna, con mejores condiciones para los pacientes y el personal de salud”, indicó.

El edificio incluirá áreas especializadas como oncología y hematología con consulta externa y quimioterapia, farmacia oncológica, laboratorios de hematología, células madre y oncología molecular, así como servicios de medicina nuclear y radiofarmacia.

Además, contará con dos salas de operaciones completamente equipadas, ocho camas de preanestesia y diez de recuperación, lo que permitirá optimizar los procesos quirúrgicos asociados al tratamiento del cáncer.

Según la dirección médica del hospital, la iniciativa responde al aumento sostenido en la demanda de servicios relacionados con prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación oncológica, lo que hace necesaria una infraestructura moderna y especializada.

El proyecto beneficiará directamente a pacientes de la Red Este de Servicios de Salud, incluyendo áreas como Zapote-Catedral, Goicoechea, Coronado y Montes de Oca, así como hospitales regionales y periféricos que remiten pacientes a este centro.

La nueva infraestructura también busca garantizar mayor accesibilidad, continuidad en la atención y un entorno más adecuado para los pacientes, en línea con estándares nacionales e internacionales en el abordaje integral del cáncer.

El cierre del festival Transitarte 2026 se convirtió en una verdadera fiesta musical cuando la agrupación mexicana Los Ángeles Azules subió al escenario principal del Parque Metropolitano La Sabana. Con su característico ritmo de cumbia y sonidos tropicales, la banda azteca logró congregar a miles de personas que colmaron cada rincón del parque, coreando éxitos como “El Listón de Tu Pelo” y “Cómo Te Voy a Olvidar”.

Sin embargo, lo que fue una celebración artística y cultural también dejó un registro de incidentes atendidos oportunamente por la Policía Municipal de San José. Según el parte oficial, se reportaron nueve menores de edad extraviados durante el concierto, todos ellos localizados sanos y salvos tras la activación de los protocolos de seguridad establecidos para eventos masivos.

Además, las autoridades contabilizaron 11 casos de alteración al orden público, 31 intervenciones a vendedores ambulantes que operaban sin permiso dentro del perímetro del festival, y el retiro de 14 pares de placas por mal estacionamiento en zonas restringidas cercanas al parque. En materia de fiscalización antidrogas, se decomisaron 20 dosis de sustancias ilícitas.

Un dato que resaltó en el balance final fue que, pese a la magnitud del evento y las incidencias registradas, no hubo personas detenidas ni oficiales heridos. La Policía Municipal destacó la rápida reacción de sus efectivos y la colaboración de los asistentes para resolver las situaciones sin mayores consecuencias.

Las imágenes del concierto muestran un escenario desbordado por una marea humana ondeando banderas, bailando al ritmo de los acordeones y disfrutando en familia. “La respuesta de la gente fue impresionante. Hubo contratiempos menores propios de un evento de esta escala, pero prevaleció la fiesta sana”, comentó un vocero de la organización.

Desde la Municipalidad de San José hicieron un llamado a la ciudadanía a seguir disfrutando de los espacios culturales con responsabilidad, y anunciaron que evaluarán reforzar los operativos de movilidad y control de ambulantaje para futuras ediciones del festival.

El cierre de Transitarte 2026 quedará recordado como una noche de sabor, color y música, pero también como una prueba superada para los cuerpos de seguridad en la gestión de riesgos en grandes concentraciones urbanas.

El Gobierno de Costa Rica anunció este lunes una ambiciosa iniciativa educativa que busca ampliar las oportunidades laborales y de formación para la población. La administración del presidente Rodrigo Chaves Robles presentó el lanzamiento de la plataforma “Hello Brete”, mediante la cual cerca de dos millones de costarricenses podrán aprender inglés de forma completamente gratuita.

El proyecto se desarrolla en alianza con Open English, una reconocida plataforma internacional especializada en la enseñanza del idioma inglés. Con esta colaboración, Costa Rica se convierte en el primer país del mundo en implementar una estrategia de acceso masivo a este tipo de formación digital.

Según informó el gobierno, la iniciativa tiene como objetivo fortalecer las capacidades del talento humano nacional, mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso a mejores oportunidades en sectores clave como servicios, tecnología y turismo.

El Gobierno adelantó que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre el proceso de inscripción, requisitos y mecanismos de acceso para que la ciudadanía pueda aprovechar este beneficio.

Estados Unidos deportó este sábado a Costa Rica a 25 migrantes extranjeros, los primeros bajo un acuerdo que le permite enviar cada semana a la nación centroamericana esa cantidad de deportados de terceros países mientras resuelven su situación.

El acuerdo fue firmado a finales de marzo en San José por el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, y Kristi Noem, enviada especial del gobierno de Donald Trump para una alianza de seguridad conocida como “Escudo de las Américas”.

Los migrantes deportados son nueve mujeres y 16 hombres procedentes de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos, según la Dirección General de Migración de Costa Rica.

Los deportados podrán retornar voluntariamente a su país, solicitar refugio o aplicar a “un programa de regularización migratoria temporal por razones humanitarias”, agregó Migración.

Costa Rica recibió a unos 200 migrantes de Asia y Europa del Este hace un año desde Estados Unidos, lo que generó fuertes críticas de organismos de derechos humanos porque estuvieron encerrados durante varios meses en un albergue remoto en la frontera con Panamá.

El acuerdo actual permite a Washington enviar cada semana hasta 25 migrantes que tendrán “una condición legal temporal mientras se define su situación”, indicó el gobierno costarricense sobre el convenio que dará continuidad la mandataria electa, Laura Fernández, quien sustituirá a Chaves el 8 de mayo.

Estados Unidos proporcionará ayuda económica y la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU costeará temporalmente el alojamiento y alimentación de los deportados, de acuerdo con el memorando.

El convenio es voluntario y Costa Rica puede “rechazar a quien sea”, dijo Chaves hace un par de semanas.

Noem fue despedida a inicios de marzo como secretaria de Seguridad Nacional por Trump, que le asignó coordinar la alianza regional que sellaron días después en una cumbre en Florida a la que acudieron los presidentes de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Argentina, Panamá y Ecuador, entre otros.

Fuente: teletica.com

En Costa Rica, los casos penales por violencia en centros educativos registran un crecimiento acelerado. Datos de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil revelan que, en apenas tres años, estas causas aumentaron un 82%.

Ante este panorama, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, reconoce el incremento, pero advierte que el origen del problema va más allá de las aulas.

“La violencia no se genera en el aula, viene con una mochila cargada de la casa. El estudiante solo pasa el 12% de su vida en el centro educativo y el resto en su hogar o en la calle”, recalcó Sánchez.

Aun así, el jerarca reconoce acciones que se están llevando a cabo desde el MEP.“Estamos invirtiendo en prevención: más artes, deportes, tecnología, robótica; eso incentiva a los estudiantes a invertir su tiempo en otras cosas”.

Como parte del trabajo, el MEP también ha reforzado medidas de control dentro de los centros educativos.

“Hemos vuelto a protocolos como la revisión de bultos y estamos impulsando sistemas inteligentes de cámaras para prevenir situaciones de violencia”, detalló.

Según el ministro, la problemática, además, está concentrada en zonas específicas del país: “Aproximadamente, el 10% de los centros educativos concentra el 80% de los casos de violencia”.

A pesar del aumento en las cifras, el jerarca sostiene que las acciones actuales están evitando un escenario aún más grave.

“Si no estuviéramos haciendo nada, probablemente la violencia sería aún mayor”, sentenció.

Causas penales en aumento

El reto, sin embargo, sigue siendo estructural: una crisis que se gesta fuera de las aulas, pero que termina manifestándose dentro de ellas.

Este incremento ocurre en un contexto donde también crece el total de causas penales contra menores de edad. En 2023 se registraron 14.193 casos, en 2024 subieron a 15.579 y en 2025 llegaron a 18.781 expedientes, y al 28 de febrero de 2026 ya se registraban 868.

Entre los delitos más frecuentes se mantienen el abuso sexual contra menores de edad, las agresiones con arma y las amenazas agravadas, lo que evidencia un nivel de violencia cada vez más complejo.

En cuanto a homicidios, los casos pasaron de 54 en 2023 a 67 en 2024, y luego bajaron a 45 en 2025.

Desde este lunes13 de abril, las personas que gestionen un documento de identidad ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) deberán dejar explícita su voluntad o negativa a donar órganos y tejidos en caso de fallecimiento.

La medida aplica tanto a cédulas de identidad como a la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM).

La decisión se toma en cumplimiento de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos (n.° 9222), que regula en el país todo lo relacionado con esta gestión de salud.

Desde hoy se les consultará a las personas si desean ser donantes si desean ser donantes de órganos, tejidos o ambos, o bien, si no desean donar o prefieren no responder.

Esa información quedará resguardada en el TSE y será enviada al Ministerio de Salud, institución encargada de administrar el registro nacional de donantes.

“En el caso de los menores de edad que gestionen la TIM, la decisión podrá ser manifestada por quien ejerza la responsabilidad parental del solicitante (es decir, el padre, madre o quienes tengan la responsabilidad parental con sentencia judicial); si no se efectúa la gestión con alguna de estas personas, no podrá incluirse la voluntad para la donación de órganos y tejidos en el documento de la persona menor de edad.

“Resulta importante resaltar que la respuesta indicada por el usuario no aparecerá escrita en el documento de identidad, sino que estará vinculada a un código QR ubicado en la parte posterior de la cédula. A su vez, el código no mostrará directamente la decisión del portador, pues únicamente las autoridades de salud autorizadas podrán consultar la información cuando sea necesario, bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad”, explicó el TSE.

La autoridad electoral precisó que los usuarios pueden cambiar su respuesta cada vez que soliciten el documento de identidad y que dicha actualización será actualizada de manera inmediata.

Los costarricenses que residen en el extranjero también podrán manifestar su voluntad mediante los mecanismos habilitados por el Ministerio de Salud, ya sea a través de sus plataformas digitales, o al gestionar su documento de identidad en el consulado correspondiente.

La donación de órganos o tejidos como córneas, piel y huesos permite que estos puedan ser utilizados para ayudar a otras personas que necesitan un trasplante o tratamiento médico.

El Ministerio de Seguridad Pública mantiene actualmente más de 20 procesos administrativos activos contra oficiales de la Fuerza Pública por presuntos actos de corrupción, según confirmaron fuentes institucionales.

Estos expedientes son investigados por el Departamento Disciplinario Legal de la institución, instancia encargada de traminar las denuncias que, en este caso, han surgido desde diversos orígenes: redes sociales, ciudadanos, empresas privadas, jefaturas policiales e incluso instancias judiciales. Pese a la diferencia en las fuentes, todas las denuncias deben seguir el mismo procedimiento administrativo interno, sin excepción.

Del total de procesos abiertos, ocho expedientes ya se encuentran en manos de la Inspección Policial, mientras que otros 13 permanecen aún en etapa de investigación preliminar.

Ritmos distintos y suspensiones temporales

Las autoridades reconocen que no todos los casos avanzan al mismo ritmo. Cuando existe una investigación penal paralela por los mismos hechos, los procesos administrativos pueden quedar suspendidos de forma temporal, a la espera de una resolución judicial definitiva.

Cada año, el Departamento Disciplinario Legal recibe más de mil denuncias por distintas faltas cometidas por oficiales. De ese total, entre 350 y 400 casos concluyen con algún tipo de sanción. No obstante, desde el Ministerio de Seguridad aseguran que las denuncias específicamente vinculadas con corrupción han mostrado una disminución en comparación con años anteriores.

Sanciones van desde medidas leves hasta el despido

Dependiendo de la gravedad de los hechos comprobados, las sanciones para los oficiales pueden ir desde medidas disciplinarias menores hasta el despido sin responsabilidad patronal en los casos más severos.

El Ministerio subrayó que todos los procesos se rigen por el debido proceso y que la institución mantiene su compromiso de combatir cualquier acto de corrupción al interior de la Fuerza Pública.

En los últimos meses, la comunidad de Puerto San Pablo, en el cantón de Nandayure, ha dado pasos significativos hacia una mejor conectividad y calidad de vida, con el inicio del proyecto de mejoramiento y asfaltado de la ruta de acceso, impulsado por la Municipalidad de Nandayure.

La obra abarca 2.3 kilómetros de carretera y permitirá transformar esta vía en un corredor más seguro y funcional, beneficiando no solo a los vecinos de la comunidad, sino también a habitantes de las islas del Golfo de Nicoya, como Isla Chira, ya que Puerto San Pablo constituye uno de los principales puntos de conexión marítima de la zona.

El proyecto vial contempla la ampliación del camino, la construcción de sistemas de drenaje, el reforzamiento de la estructura de la carretera y la reubicación de servicios básicos como agua potable, electricidad y telecomunicaciones, garantizando una obra integral, planificada con visión de largo plazo para atender las necesidades actuales y futuras de la comunidad.

Desde el pasado mes de noviembre, personal municipal ejecutó una primera etapa de preparación del terreno, que incluyó la ampliación de la vía, mejoras en el trazado, colocación de alcantarillas, estabilización de puntos críticos y limpieza del entorno. Esta fase inicial se desarrolló con el valioso apoyo de la comunidad y representó una inversión cercana a los ₡100 millones.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su segunda etapa, en la cual empresas especializadas trabajan en la colocación de la base estructural de la carretera y de la carpeta asfáltica que, eliminará, el desgaste en vehículos y las nubes de polvo que afectan la salud. Además, se contempla la construcción de cunetas, rampas, canales y muros de gavión, con una inversión de ₡340.773.433,23.

“Esta obra es de enorme importancia, no solo por la cantidad de personas que habitan en la comunidad, sino también porque Puerto San Pablo cuenta con dos puertos y registra un alto tránsito diario. Se trata del principal acceso a Isla Chira desde Nandayure, por donde se movilizan numerosas personas y una gran cantidad de productos, lo que le otorga a este proyecto un impacto estratégico para la zona. Es una intervención prioritaria para la comunidad; estamos muy satisfechos con los avances alcanzados y con lo que estaremos concluyendo en las próximas semanas”, comentó el ingeniero Tedy José Núñez Morantes, coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Nandayure.

Este proyecto viene a saldar una deuda histórica con Puerto San Pablo y reafirma el compromiso de la Municipalidad de Nandayure con el desarrollo local y la mejora de la infraestructura vial.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) propondrá aumentar el costo de los combustibles en hasta ₡136 el litro de Diésel, debido a la guerra en Medio Oriente.

También pretende ajustes de hasta ₡85 en el litro de la gasolina Súper y de ₡67 en la Regular.

El planteamiento se hará el próximo viernes a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que tendrá un mes para resolver, por lo que se espera que los nuevos precios entren en vigencia en mayo, explicó en conferencia de prensa la presidenta ejecutiva de la institución autónoma, Karla Montero.

Sin embargo, en un comunicado de prensa circulado tras su intervención, la entidad enfatizó que los precios planteados corresponden a estimaciones con corte a este miércoles, pero los datos oficiales pueden variar para cuando se presente el ajuste tarifario.

La Refinadora señaló que la escalada de tensiones ejerce presión sobre los mercados internacionales, lo que impacta, además del petróleo, los bienes y servicios que dependen del transporte y sus derivados.

Pero la empresa estatal destacó que el tipo de cambio actual (₡468), ha ayudado a moderar parte del impacto de la crisis frente a otras ocurridas en el pasado, como la de Rusia y Ucrania, en el tanto que las compras se hacen en dólares.

Adicionalmente, la institución indicó que cuenta con contratos de suministro y de flete previamente establecidos y con precios fijos, situación que protege al país frente a un encarecimiento del transporte marítimo internacional como el actual.

La entidad agregó que se prevé que en los próximos seis meses se trasladará a los usuarios una devolución de ₡12.000 millones, correspondientes a ahorros conseguidos el año pasado por reducciones en los precios internacionales.

La jerarca garantizó que el país cuenta con suficiente combustible y descartó que vaya a presentarse algún tipo de desabastecimiento producto de la guerra que protagonizan Estados Unidos, Israel e Irán.

Esto por cuanto se ha ejecutado un programa de fortalecimiento de inventarios, particularmente en Diésel y Jet Fuel (combustible de aviación), como medida preventiva para robustecer la capacidad de respuesta ante disrupciones externas. 

Adicionalmente, Montero aseguró que se mantienen arribos semanales de buques con producto.

De momento no existen restricciones para la importación de combustible y los contratos de suministro se cumplen con normalidad, según la presidenta ejecutiva; no obstante, no se descarta que en los próximos meses alguna situación vaya a cambiar producto de la evolución del conflicto.

Frente a esa situación, la jerarca llamó a la ciudadanía a hacer un uso eficiente de los combustibles, compartir el carro durante las movilizaciones u optar por el transporte público.

La Universidad de Costa Rica (UCR) se pronunció oficialmente a favor del expediente N.° 24.413, una iniciativa legislativa que busca reformar el artículo 23 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (N.° 6043) para asegurar el acceso público, libre y sin restricciones a las playas del territorio nacional.

El respaldo fue formalizado por el Consejo Universitario en la Sesión N.° 6983, luego de un proceso de análisis institucional y consulta con diversas unidades académicas. Si bien la UCR calificó el proyecto como “pertinente y de alta relevancia”, también advirtió que requiere mejoras sustanciales para evitar que se convierta en una herramienta insuficiente frente a las presiones inmobiliarias y turísticas sobre los ecosistemas costeros.

Tres accesos mínimos por playa, pero con justificación técnica

Uno de los puntos centrales de la reforma establece que cada playa deberá contar con al menos tres accesos públicos. El Consejo Universitario consideró que esto “constituye un avance significativo en materia de accesibilidad y en la promoción del uso universal de un bien público”. No obstante, señaló que es necesario justificar técnicamente ese criterio y contemplar posibles excepciones según las condiciones geográficas y ambientales de cada sitio.

El proyecto también plantea la creación de un registro oficial de playas y accesos en un plazo máximo de dos años, así como requisitos mínimos para la construcción y mantenimiento de esos accesos, con el objetivo de frenar prácticas que, según el acuerdo universitario, “favorecen distintos grados y modalidades de privatización del espacio público”.

Advertencias: sin sanciones ni estudios ambientales, la ley se debilita

Desde la UCR enfatizaron que la propuesta legislativa aún presenta vacíos importantes. Entre las principales recomendaciones destacan:

• Incorporar evaluaciones de impacto ambiental antes de habilitar cualquier acceso, para evitar daños a manglares, humedales o desove de tortugas marinas.
• Establecer sanciones efectivas contra la obstrucción de accesos, el uso de señalización engañosa (como rótulos que simulen propiedad privada) y el cerramiento ilegal de rutas hacia el mar.
• Asignar a los gobiernos locales la responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura de acceso, con recursos garantizados.

“No basta con declarar el derecho si no hay mecanismos de cumplimiento. Hoy vemos playas donde el acceso público es teórico, pero en la práctica está bloqueado por muros, hoteles o condominios”, advirtió una de las voces técnicas consultadas por la Universidad.

Llamado a no analizar el proyecto de forma aislada

Durante la discusión del dictamen, la politóloga Ilka Treminio, representante del Área de Ciencias Sociales ante el Consejo Universitario, hizo una intervención que trascendió el expediente 24.413. Treminio instó a ampliar el análisis hacia otras iniciativas en curso, en particular el proyecto de ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (expediente 22.553), que ha avanzado con rapidez en la corriente legislativa.

Según Treminio, el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR ya había solicitado un pronunciamiento sobre ese otro expediente, y advirtió que “este tipo de propuestas no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un conjunto de reformas que reflejan intereses específicos sobre las zonas costeras”.

La académica alertó que, de no mediar una discusión crítica, se corre el riesgo de profundizar procesos de privatización del litoral que favorecen principalmente a grandes inversionistas, generando formas excluyentes de acceso al territorio. “Podríamos transformar bienes públicos en espacios cada vez más restringidos, subordinados a lógicas de mercado y a dinámicas de apropiación privada”, enfatizó.

Contexto de turistificación y gentrificación costera

El pronunciamiento de la UCR llega en medio de un creciente debate nacional sobre el modelo de desarrollo de las zonas costeras. Desde distintas unidades académicas se señaló que muchas playas enfrentan procesos de turistificación acelerada, gentrificación y presión del mercado inmobiliario, lo que ha restringido el acceso a comunidades locales y al público en general.

“La Universidad de Costa Rica queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”, concluye el acuerdo del Consejo Universitario, que ya fue remitido a la Asamblea Legislativa.

El expediente N.° 24.413 espera ahora su discusión en comisión, mientras organizaciones ambientalistas y vecinales han manifestado su respaldo a las recomendaciones de la UCR y han sumado su voz a la advertencia sobre la urgencia de una mirada integral a toda la legislación marítimo-terrestre.

Este jueves, autoridades judiciales y policiales ejecutan cuatro allanamientos —dos en Puntarenas y dos en Guanacaste— contra una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, la cual está vinculada al Cartel de Sinaloa.

De acuerdo con fuentes policiales, durante los operativos se espera la detención de al menos cuatro personas sospechosas de integrar esta estructura criminal.

Las diligencias forman parte de una investigación más amplia que se remonta a distintos golpes al narcotráfico registrados en 2025, tanto por vía marítima como aérea, y que evidencian el uso de Costa Rica como punto logístico para el trasiego de cocaína.

Uno de los casos clave ocurrió el 16 de abril de 2025 en Quepos, Puntarenas, cuando autoridades de Seguridad Pública, con apoyo de la DEA, decomisaron 840 kilogramos de cocaína ocultos en un yate de lujo con bandera estadounidense. En esa operación fueron detenidos tres hombres de nacionalidad mexicana, identificados con los apellidos Campos, Vidrio y Espinoza. Además, se incautaron $12.681 en efectivo.

Meses después, el 10 de diciembre de 2025, la Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la DEA, desarticuló parte de una red que utilizaba pistas clandestinas cercanas al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, para el envío de droga por vía aérea.

En ese operativo se detuvo a cuatro sospechosos, entre ellos un ciudadano mexicano de apellido Takashima Montoya, señalado como supuesto supervisor de los envíos. Junto a él fueron capturados tres costarricenses, dos sin antecedentes y uno con historial por tráfico internacional de drogas y otros delitos.

Durante las intervenciones, las autoridades decomisaron 400 kilogramos de cocaína, además de equipo logístico como lámparas utilizadas para iluminar pistas clandestinas, radios de comunicación, llantas para avionetas, combustible, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo.

Las autoridades consideran que estos eventos están vinculados entre sí y responden a una misma estructura criminal internacional, con operaciones coordinadas para el transporte de droga desde Sudamérica hacia otros destinos.

Los allanamientos de este 9 de abril buscan reforzar esa línea investigativa y capturar a más integrantes de la organización, en un esfuerzo por debilitar sus operaciones en territorio nacional.

Fuente: Teletica.com