Opinión
Rolando Araya: “Educación actual es mediocre”
Acciones novedosas y específicas salvarían a la educación de la mediocridad en la que ha caído en los últimos dos gobiernos del PAC, según Rolando Araya, candidato de Costa Rica Justa.
Y es que para el candidato, los recursos que se destinan a este sector -8% del PIB – se están invirtiendo de manera errónea.
“Hemos llevado la contribución obligatoria a la educación pública al 8% del Producto Interno Bruto y cada vez salimos más mal en las pruebas PISA”, cuestionó Araya.
Entre las propuestas de Araya para la educación está mejorar la preparación de profesionales en áreas como Matemáticas, Ciencias, Tecnologías e Ingenierías, pensando en la amplia oferta laboral y la cantidad de inversión que existe en dichos campos.
El modelo de Araya se basará en aprovechar los recursos y evitar fracasos como las pruebas FARO, que le significaron al país y al Ministerio de Educación Pública (MEP), un gasto de ¢2 mil millones con resultados lamentables.
“Tenemos una propuesta de transformación educativa que mejoraría aspectos inmediatos, pero también cambiaría el modelo educativo como un todo, debido a que el actual no responde a la época que estamos viviendo”, expresó el aspirante.
Detalló que el principal cambio será aprovechar los recursos de manera eficiente para enseñarle a cada niño la cultura de la no violencia; el amor al estudio, la lectura y a dominar las matemáticas como un experto.
“Cada niño y joven aprenderá matemática aritmética o básica, para que identifique cuánto está perdiendo porque le están cobrando de más en una tasa de interés”, indicó.
Opinión
La juventud también construye país
El compromiso con la niñez comienza en la escuela.
Por Julio Hernández Rojas. Representante ante la Asamblea Nacional de la Persona Joven
Estuve presente el pasado viernes 23 de octubre en la actividad de restauración de la Escuela Ascensión Esquivel, en Liberia, Guanacaste, donde compartí con la presidenta Laura Fernández, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, diputados y otras autoridades.
Una escuela renovada es mucho más que una obra de infraestructura. Es el mensaje de que niñas, niños y adolescentes merecen espacios dignos para aprender, y de que su futuro es una prioridad compartida. Que el mejoramiento de la infraestructura educativa llegue a nuestra comunidad es un paso clave en esa dirección.
Como representante ante la Asamblea Nacional de la Persona Joven por el cantón de Liberia, en el periodo 2026-2027, considero un deber involucrarme en los proyectos que impulsan a la niñez y a la juventud de nuestro cantón y provincia. Mi participación responde a esa convicción y a un interés genuino por acompañar iniciativas con impacto real en las familias liberianas y el desarrollo social de nuestra comunidad.
Creo firmemente que la juventud debe sumarse a estas causas. No basta con observar desde la distancia: nos corresponde involucrarnos, ser voz y ser parte de las soluciones. Cuando las personas jóvenes compartimos espacio con las autoridades del país, se fortalece el vínculo entre las nuevas generaciones y las decisiones que transforman nuestras comunidades.
Obras como esta nos recuerdan que invertir en educación es invertir en el futuro de Guanacaste y de Costa Rica. Corresponde a nuestra generación respaldarlas, cuidarlas y exigir que sigan llegando a cada rincón del país.
Opinión
Nuevos desafíos para el sector turismo
Por Hernán Imhoff. Presidente Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo.
En días recientes el Instituto Costarricense de Turismo convocó a una reunión con varias Cámaras y asociaciones del sector para analizar y discutir el estado actual -nacional e internacional- de este segmento de la economía.
Un esfuerzo de ese tipo resulta fundamental máxime viniendo del ente rector que regula esta materia pero; además, porque mantiene los canales de comunicación abiertos para conocer el diseño y la implementación de las políticas publicas en materia de turismo.
Durante el encuentro se abordaron diferentes temas relacionados con la situación actual del sector turístico costarricense, haciendo especial énfasis en la situación actual de los viajes internacionales y los factores económicos que influyen en las decisiones de los turistas.
Uno de los principales puntos desarrollados fue el incremento en los precios de los combustibles utilizados por las aerolíneas, situación que representa mayores costos operativos y puede traducirse en tarifas aéreas más elevadas, afectando la posibilidad de viajar de muchos visitantes internacionales.
Este tema es de una gran importancia porque un escenario de este tipo podría tener efectos negativos en el corto plazo reduciendo la llegada de visitantes; por esa razón, es necesario diseñar estrategias de mercadeo más intensas y personalizadas que destaquen el posicionamiento del país en nichos claves.

El incremento en los costos de los combustibles de aviación y la reducción de los viajes internacionales representan desafíos importantes para el sector que podrían influir en la demanda internacional por el producto “Costa Rica”, pero es posible tomar medidas correctivas.
Necesitamos fortalecer la conectividad durante el período 2026-2031, principalmente mediante la conservación de rutas existentes y la apertura de nuevas conexiones internacionales.
En ese campo hemos sido muy exitosos, basta nada más observar el ejemplo del Aeropuerto Internacional de Liberia que hoy trae a la provincia de Guanacaste a miles de pasajeros de Canadá, Estados Unidos y Europa.
Los esfuerzos del ICT -y sus socios estratégicos como el gestor Coriport en el caso de Liberia- durante los últimos 20 años han permitido fortalecer las conexiones internacionales.
Sin embargo, las nuevas prioridades no se concentran únicamente en atraer nuevas aerolíneas, sino también en mantener las rutas actuales y ampliar las conexiones existentes especialmente de Europa y Suramérica. Estas estrategias buscan fortalecer la competitividad de Costa Rica frente a otros destinos turísticos internacionales.
Por dicha, el ICT cuenta con un largo historial de éxitos abriendo nuevos mercados, experiencias que se puede repetir en el futuro inmediato para adelantarnos a unos escenarios complejos porque en este campo, como en el deporte, para tener un alto grado de certeza en el éxito lo mejor es pasar a la ofensiva.
Opinión
Departamento Marítimo Terrestre ofrece versión acerca de trámite en Playa Tamarindo.
Por Giancarlo Hernández Cabalceta. Coordinador Departamento de Zona Marítimo Terrestre Municipalidad de Santa Cruz.
En relación con la información difundida el 20 de octubre de 2026 sobre una solicitud de concesión por un área de seis hectáreas, a favor o en beneficio del señor Kapeta, en Playa Tamarindo, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Santa Cruz aclara:
La solicitud fue presentada en 2018, por la sociedad Tulipán del Oriente S. A, representada por el señor Shon Kapeta y se tramitó inicialmente con base en un oficio del SINAC de ese año que indicaba la inexistencia de áreas de Patrimonio Natural del Estado en el sitio consultado.
Un estudio técnico de 2025 identificó posteriormente el terreno como Patrimonio Natural del Estado, uso bosque, y lo señaló como no concesionable.
Durante una revisión general de avalúos, el expediente fue remitido para actualizar su valoración; sin embargo, esa actuación no equivale al otorgamiento de una concesión, no autoriza el aprovechamiento del terreno ni genera derechos a favor de la sociedad solicitante. La confección de los avalúos responde a la recomendación incluida en el oficio N.o DET-Z-OFC-601-2026 del Instituto Costarricense de
Turismo, remitido a esta Municipalidad, el cual expresa la necesaria adecuación del monto del canon en parcelas afectadas por Patrimonio Natural del Estado, considerando que las áreas comprendidas en esa demarcación corresponden a la administración del SINAC.
Desde el 8 de diciembre de 2025, el expediente no ha registrado actuaciones encaminadas al otorgamiento de la concesión y se encuentra pendiente la consulta al SINAC recomendada en el estudio técnico al interesado. La existencia de un avalúo no permite concluir, por sí sola, que se hubiera decidido concesionar el terreno.
Asimismo, se hace constar que, si bien la Auditoría Municipal efectuó el análisis y la revisión del expediente mediante el oficio AIM-121-2026, en dicho documento delimitó expresamente el alcance de su intervención, al señalar en literalmente:
“Esta Auditoría no determina mediante el presente oficio responsabilidades
administrativas, civiles o penales, ni declara la nulidad o validez de actuaciones
administrativas concretas. La valoración se circunscribe al análisis de los hechos
denunciados y a las debilidades de control interno identificadas durante la
revisión.”
En cuanto a las debilidades de control interno señaladas, resulta necesario contextualizarlas en las limitaciones de recurso humano que enfrenta el Departamento. Pese al esfuerzo del personal por atender sus funciones con diligencia y de la mejor manera posible, el volumen y la complejidad de las labores superan la capacidad operativa disponible, lo que dificulta la atención oportuna de la totalidad de las tareas y el fortalecimiento de los mecanismos de control. Esta circunstancia se expone como un factor que incide en la gestión departamental y que requiere atención institucional para implementar mejoras efectivas.
Se aclara que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) es la entidad estatal competente para emitir, dentro del ámbito de sus atribuciones legales, la aprobación de concesiones y proyectos en la zona restringida de la Zona Marítimo Terrestre.
Opinión
¡Se puso fea la cosa Pariente!
Por Jesús Quesada Rosales. Periodista y Docente.
Estimado lector, traigo a colación esta frase muy característica de la zona de Santa Cruz, con el propósito de hacer visible a través de estas líneas, la pérdida de confianza y la casi nula credibilidad en los liderazgos políticos de muchos de los ciudadanos de este Cantón, para con la clase política actual.
Y es que, no hay que ser muy experto en el manejo de las Redes Sociales, o de los instrumentos de recolección de datos, o en los de sondeo de opinión para comprender el sinsabor que han dejado los constantes escándalos suscitados en este 2026 en la Tierra que baña el río Diriá, y como quien no quiere la cosa, y para hablar en términos de Redes Sociales, algunos liderazgos parecen estar “quemados”.
Los casos que ya son de conocimiento público y que no vale la pena mencionar por ser tema de seguimiento por parte de muchos medios de comunicación, han calado profundo en el escenario político santacruceño, y, nos generan muchísimas interrogantes con respecto a quien debemos cederle nuestra confianza para llevar a Santa Cruz hacia la posición que merece ocupar entre los cantones con mejores índices de desarrollo del país.
Ahora bien, aclaro que mis pensamientos no son una condena previa para los involucrados, (para eso están las autoridades correspondientes), y estas se encargarán de aclarar los hechos, con base en la jurisprudencia, para dar por sentadas las responsabilidades, o no, en los casos investigados. Además, debo mencionar que una investigación, no es una condena porque existe una Garantía Fundamental que es la “Presunción de Inocencia” amparada en el Artículo 39 de nuestra Constitución Política.
Sin embargo, no sé si usted concuerda con este servidor, de que es lamentable que seamos noticia a nivel nacional e internacional por cuestionamientos sobre la ética y los valores que todas las personas debemos tener como ciudadanos conscientes y responsables de nuestro transitar por la vida, sobre todo a los que tienen el honor de ostentar liderazgos públicos. Asimismo, menciono que esto no agrega ningún rédito positivo a esta zona, ya que se genera negatividad por lo ya enumeradas razones y hechos probados sobre las consecuencias de noticias negativas a ciertos territorios del país (esto solo agrega desconfianza, falta de seriedad y estigmatización)
Y es que, en temas noticiosos, para condena de muchos, lamentablemente vivimos tiempos en donde tiene aún más valor el sensacionalismo, el amarillismo o lo negativo, por encima de los temas positivos que se puedan generar.
Por otra parte, le menciono que no pretendo ser un derrotero de ilusiones o “palazos de panteonero” para las aspiraciones de muchas personas que pretenden ostentar puestos de liderazgo político en un futuro próximo. Desde mi óptica, considero que los santacruceños son personas valientes, esforzadas y que sobran seres humanos dignos de representar a su pueblo. Sin embargo, he de resaltar que conllevarán algunos meses para que la confianza se instale de nueva en las ya de por si minadas ilusiones del electorado criollo.
Finalmente, concluyo estas líneas generando una invitación a todas esas personas de bien, que trabajan en las comunidades, para que se involucren en puestos de liderazgo político, no dejemos en las manos de muy pocos, el futuro de muchos, ¡¡¡luchen por esta tierra y por el bienestar de sus ciudadanos!!!
Y como dijo nuestro gran escritor, Isaac Felipe Asofeifa: “De veras hijo, ya todas las estrellas han partido, pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer”
Política
Saidem Vidaurre: Cuando el poder bloquea las voces, la democracia pierde
Artículo de opinión | Saidem Vidaurre
La Municipalidad de Santa Cruz justificó las restricciones a los comentarios en sus redes sociales tras las diligencias judiciales que involucran a varios de sus funcionarios. Sin embargo, el interés público de las publicaciones oficiales exige transparencia, participación ciudadana y respeto a la libertad de expresión.
Una página oficial no es propiedad de quien gobierna. Es un espacio público al servicio de la ciudadanía.
Lo ocurrido con la página oficial de la Municipalidad de Santa Cruz abre un debate que va mucho más allá de un botón desactivado, un comentario bloqueado o una persona que no puede expresar su opinión. Se trata de los límites del poder público frente al derecho de la ciudadanía a cuestionar, fiscalizar y participar en los asuntos que le afectan.
Tras la publicación del comunicado institucional titulado “Posición institucional ante las diligencias judiciales realizadas en la Municipalidad de Santa Cruz”, numerosos usuarios denunciaron dificultades para comentar en la red social municipal. La situación generó cuestionamientos que llegaron hasta el Concejo Municipal, donde las autoridades defendieron la medida alegando la existencia de un reglamento y la necesidad de evitar especulaciones y señalamientos personales.

Pero hay una pregunta fundamental: ¿puede una institución pública restringir la participación ciudadana en una publicación de interés público simplemente porque teme los comentarios que puedan surgir?
Una página oficial no es propiedad de quien gobierna. Es un espacio público al servicio de la ciudadanía.
La libertad de expresión no se concede: se respeta
La libertad de expresión es uno de los pilares de cualquier Estado democrático. No se limita al derecho de hablar cuando todo marcha bien ni a la posibilidad de compartir únicamente mensajes favorables a quienes ejercen el poder.

También comprende la posibilidad de cuestionar lo decisiones, manifestar desacuerdos y exigir explicaciones, especialmente cuando se trata de asuntos de interés público.
El artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica protege la libre comunicación del pensamiento, mientras que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece garantías fundamentales para la libertad de pensamiento y expresión.
En ese contexto, las redes sociales institucionales se han convertido en canales relevantes de comunicación entre los gobiernos locales y sus comunidades. Cuando una municipalidad publica una posición oficial sobre un asunto de interés público, resulta razonable que la ciudadanía espere poder participar en la conversación, de conformidad con las reglas legítimas y aplicables.
No se trata de otorgar permiso para insultar, difamar o amenazar. Se trata de reconocer que la crítica, incluso cuando es incómoda para las autoridades, forma parte de la vida democrática.
Una página oficial no es propiedad de quien gobierna. Es un espacio público al servicio de la ciudadanía.
¿Proteger la comunicación o silenciar las críticas?
La administración municipal ha defendido las restricciones con el argumento de evitar especulaciones y señalamientos personales. Sin embargo, anticipar que los comentarios podrían resultar ofensivos no equivale a demostrar que todas las personas que desean participar actuarán de esa manera.
La moderación de contenidos puede ser legítima cuando existen reglas claras, objetivas, proporcionales y aplicadas de manera consistente. El problema aparece cuando las restricciones se convierten en una barrera general para la participación o se utilizan de forma arbitraria frente a opiniones críticas.
Si una persona publica una amenaza o incurre en una conducta ilícita, corresponde valorar el caso concreto y actuar conforme al ordenamiento jurídico. Pero impedir indiscriminadamente que la ciudadanía comente una publicación institucional plantea una cuestión distinta: la posibilidad de que, en nombre del orden, se termine limitando el debate público.
Una institución no puede confundir la crítica con una ofensa ni asumir que todo cuestionamiento constituye un ataque. Una página oficial no es propiedad de quien gobierna. Es un espacio público al servicio de la ciudadanía.
La transparencia también significa escuchar La Ley Marco de Acceso a la Información Pública, número 10554, establece entre sus objetivos fomentar la participación ciudadana, promover el gobierno digital y fortalecer la transparencia, la auditoría social y la rendición de cuentas.
Estos principios adquieren especial relevancia cuando se discuten actuaciones de una institución pública y asuntos que despiertan preocupación en la comunidad.
El debate también plantea una pregunta sobre la representación institucional: ¿el comunicado refleja exclusivamente la posición de la Alcaldía o constituye una posición de la Municipalidad como institución, incluido el Concejo Municipal?
Aclarar esa diferencia es importante para la transparencia y para comprender quién respalda el mensaje difundido a nombre del gobierno local.
La ciudadanía no solo tiene derecho a recibir información. También debe contar con oportunidades razonables para participar en los asuntos públicos, plantear dudas y exigir respuestas.
Y esa participación cobra todavía más importancia cuando existen investigaciones judiciales de interés público. En estos casos, corresponde respetar la presunción de inocencia y permitir que las autoridades competentes determinen los hechos y las eventuales responsabilidades. Al mismo tiempo, la ciudadanía conserva su derecho a pedir explicaciones sobre la gestión institucional.
Una página oficial no es propiedad de quien gobierna. Es un espacio público al servicio de la ciudadanía.
El poder debe aprender a convivir con la crítica
Quien asume un cargo público acepta una responsabilidad que va acompañada de escrutinio ciudadano. Esto no significa que deba tolerar amenazas o conductas ilícitas, pero sí que debe comprender que las críticas forman parte de sus obligaciones democráticas.
Una publicación institucional no puede transformarse en un escaparate donde solo se permite observar y compartir, mientras se impide participar precisamente cuando el tema genera controversia.
La democracia no se fortalece evitando las preguntas difíciles. Se fortalece respondiéndolas.
Las autoridades municipales tienen la oportunidad de revisar las restricciones, transparentar las reglas de moderación y garantizar que se apliquen sin discriminación por las opiniones expresadas. También pueden habilitar mecanismos efectivos para que la ciudadanía formule consultas y reciba respuestas.
La solución no es cerrar la conversación por temor a lo que pueda decirse. La solución es administrar los espacios públicos con responsabilidad, transparencia y respeto por los derechos fundamentales.
Porque cuando una institución bloquea las voces de sus ciudadanos, no desaparecen las preguntas ni se resuelven las dudas. Lo único que se debilita es la confianza.
Una página oficial no es propiedad de quien gobierna. Es un espacio público al servicio de la ciudadanía.
Y en una democracia, la última palabra no debería pertenecer únicamente a quienes ocupan el poder, sino también a una ciudadanía que tiene derecho a preguntar, cuestionar y exigir cuentas.
Opinión
Las obras hablan… y los hechos también
Por Esther Castillo Jiménez.
Hay reconocimientos que no deberían depender de simpatías políticas. Cuando una persona impulsa una iniciativa, trabaja para hacerla realidad y logra que el proyecto avance, lo justo es reconocer su participación, independientemente de las diferencias que podamos tener con ella.
Hoy, con la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), considero oportuno volver la mirada hacia Gerald Campos, quien, durante su gestión como ministro de Justicia, se preocupó por buscar alternativas, conseguir los planos del modelo penitenciario salvadoreño y avanzar en la concreción de una obra que entonces todavía era un proyecto.
No es la primera vez que me refiero a este asunto. Ya había escrito sobre los méritos de Campos cuando se planteó la construcción. Hoy, con la obra inaugurada, mantengo la importancia de reconocer aquella gestión, sin desconocer que en un proyecto de esta magnitud también intervienen muchas otras personas y entidades.
Porque las obras públicas no nacen de la nada. Detrás de ellas hay decisiones, gestiones, planificación, recursos y trabajo. Y si algo debemos aprender como sociedad es a reconocer los aportes de cada quien, sin permitir que las diferencias políticas nos impidan valorar los hechos.
Eso no significa que debamos cerrar los ojos ante los cuestionamientos. El CACCO tuvo atrasos respecto del plazo anunciado originalmente y su funcionamiento deberá demostrar si cumple con los objetivos para los cuales fue construido. La fiscalización ciudadana es necesaria y las autoridades tienen la obligación de responder por la calidad de las instalaciones y el uso de los recursos públicos.
Pero una cosa es fiscalizar y otra muy distinta es convertir las redes sociales en tribunales donde una afirmación se presenta como verdad sin que nadie se tome el trabajo de comprobarla.
En TikTok y otras plataformas circulan comentarios sobre la nueva cárcel que merecen ser examinados con sentido crítico. Uno de ellos asegura que los servicios sanitarios son de estereofón.
¿Quién verificó los materiales? ¿Existe un informe técnico que lo confirme? ¿Se trata de una observación comprobada o de una afirmación que se repite porque resulta llamativa?
Hasta ahora, no he encontrado documentación técnica confiable que permita asegurar que los sanitarios están fabricados con ese material. Por tanto, no corresponde dar esa versión por cierta.
Si existen dudas sobre la calidad de los materiales o el funcionamiento de algún componente, corresponde a las autoridades aclararlas y ofrecer las explicaciones pertinentes. Pero una cosa es solicitar respuestas y otra muy distinta es convertir una sospecha en una verdad absoluta.
La crítica es necesaria en toda democracia; la descalificación sin pruebas, en cambio, no contribuye a informar ni a construir una opinión pública bien fundamentada.
Tampoco debemos confundir la crítica legítima con la descalificación automática. Quien cuestione el costo, los atrasos, el diseño o la utilidad del CACCO tiene derecho a hacerlo y merece ser escuchado cuando presenta argumentos. Del mismo modo, quien impulsó el proyecto tiene derecho a que se reconozca su participación.
Costa Rica necesita soluciones para enfrentar el crimen organizado y los problemas del sistema penitenciario. La construcción de una nueva infraestructura no resolverá por sí sola todos esos desafíos, pero sus resultados deberán analizarse con seriedad, a partir de su funcionamiento y del cumplimiento de sus objetivos.
Mi posición es sencilla… reconocer los méritos no obliga a guardar silencio ante los errores, así como señalar una deficiencia no autoriza a inventar hechos.
A Gerald Campos le corresponde el reconocimiento por las gestiones que impulsó. A las autoridades responsables les corresponde garantizar la calidad de la obra y rendir cuentas. Y a los ciudadanos nos corresponde informarnos antes de compartir aquello que puede convertirse en desinformación.
Porque una sociedad que solo reconoce los errores y se niega a valorar los esfuerzos pierde la capacidad de distinguir entre la crítica constructiva y el prejuicio.
Las obras hablan, los hechos también… y el tiempo se encargará de mostrar si el CACCO cumple con lo que Costa Rica espera de él.
He dicho.
Opinión
El narco en el Estado de Derecho: ¿Enemigo externo o poder que ya lo atraviesa?
El narcotráfico puede estar reconfigurando las instituciones que dicen combatirlo.
Pensar una respuesta exige ir más allá de la retórica de la guerra.
Por Edgar Arturo Sánchez Mendoza. Politólogo, UCR.
Una incautación de droga en un contenedor comercial. La captura de un capo importante. Otra captura. La caída de un testaferro. Una nueva ruta, un clan desarticulado, una cárcel más llena.
Una creciente lista de extraditados relevantes hacia los EE.UU. Y, provenientes de varios países latinoamericanos. Y, mientras tanto, el negocio sigue más vivo que nunca.
Las noticias nos ofrecen a diario fragmentos de una trama cada vez más extensa: personas que transportan, protegen o distribuyen drogas; redes que cruzan fronteras y se adaptan a los controles; dinero que llega a negocios legales, y financia campañas políticas, equipos de fútbol o costea conciertos masivos.
Aparecen también denuncias sobre vínculos, sobre la cooptación y la compra de policías, de funcionarios aduaneros, de jueces, de fiscales, de legisladores, de dueños y accionistas importante de bancos privados y hasta de expresidentes y, familiares directos de éstos.
En algunos países, las fuerzas armadas han sido también señaladas por su cercanía -y no en pocos casos, involucramiento directo-, con estas redes. No todas las acusaciones y denuncias tienen el mismo fundamento ni han sido probadas ante la justicia.
Pero la reiteración de estas historias obliga a preguntarnos qué nos están diciendo… ¿Es el narcotráfico todavía un fenómeno criminal que amenaza desde afuera al Estado de derecho? ¿O se ha convertido ya en un actor que lo atraviesa y contribuye a reconfigurarlo, aunque las narrativas políticas dominantes sigan presentándolo como un enemigo externo al que basta con perseguir? Quizá convenga hablar menos de “el narco” como si fuera una organización única, y más, de redes diversas, cambiantes y opacas.
Redes que conectan el cultivo, la fabricación y el tráfico con el lavado de dinero, con la corrupción, con la violencia y con los mercados legales. Su fuerza no reside únicamente en las armas ni en la capacidad de mover cargamentos. También depende su importancia, de la habilidad que se ha puesto de manifiesto para comprar protección, para financiar actividades (ilícitas y, lícitas), infiltrar instituciones republicanas y ofrecer ingresos ahí, donde las oportunidades formales escasean o donde estas son poco atractivas en comparación con el lucro y la avidez que aquello brinda.
La lista de capturas e incautaciones puede alimentar la impresión de que la guerra contra el narcotráfico avanza. Sin embargo, si las rutas se reacomodan, las organizaciones se fragmentan y el negocio conserva su capacidad de expansión, ¿qué significa exactamente “estar ganando”? ¿Se mide la victoria por el número de personas detenidas, por la cantidad de droga decomisada o por la reducción efectiva de la violencia, la corrupción y el poder económico de estas redes?
Un enemigo que atraviesa al Estado La pregunta se vuelve más incómoda cuando quienes dicen combatir el narcotráfico recurren a asesinatos selectivos o arbitrarios, o cuando las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley aparecen comprometidas con aquello que persiguen. Un Estado de derecho no se defiende suspendiendo sus principios: si la fuerza pública puede actuar al margen de la ley, si la justicia, la tutela y la protección se compra o si la sospecha reemplaza las pruebas, la respuesta al crimen también erosiona las reglas que dice proteger. La excepción puede terminar pareciéndose demasiado al problema.
El negocio y sus beneficiarios Y, mientras se repite la retórica de la guerra al narcotráfico, el negocio se diversifica. El dinero circula a través de la compra de tierras y del uso de este para la agricultura o la ganadería, a través de la construcción de condominios en sitios transfronterizos, el establecimiento de gasolineras, la importación de bienes de capital y la proliferación de una red o un sistema intransparente de préstamos informales conocidos como “gota a gota”.
En distintos lugares, en casi toda la América Latina, jóvenes ven en estas redes una vía rápida para obtener dinero, reconocimiento y protección. Su precio puede ser el sometimiento a un sistema de dependencias múltiples y la convivencia con el riesgo permanente a una muerte “prematura” y violenta.
No hace falta imaginar una conspiración para advertir que alrededor de la guerra contra las drogas también se mueven intereses económicos y políticos. La producción y el tráfico de drogas generan enormes beneficios; la persecución moviliza presupuestos, tecnologías, armamento y aparatos de seguridad.
Eso no significa que quienes fabrican armas o equipos policiales controlen el negocio, ni que toda política de combate sea una farsa. Significa que también resultan ganadores de dividendos por el solo hecho de un consumo apreciable de bienes y servicios que terminan en manos de actores diversamente involucrados alrededor del negocio de las drogas y de su combate. El gasto social en este combate nos dice la retórica oficial, es irrenunciable. La dimensión del fenómeno es global. Se vuelven insuficientes las respuestas de un solo país (acaso de una sola región). Las redes de producción y comercio atraviesan fronteras, se conectan a través de y con circuitos financieros y aprovechan diferencias entre legislaciones.
Si el problema es transnacional, la conversación sobre sus causas y sus alternativas debería terminar de configurarse de esa manera. Repetir las mismas estrategias en contextos distintos, sin evaluar sus consecuencias ni sus límites, no termina convertida en una alternativa política seria.
Regular no basta: hay que abrir alternativas. Por eso es necesario discutir sin prejuicios la regulación de las drogas: qué sustancias, bajo qué controles, con qué objetivos y con qué mecanismos de protección. Legalizar el cultivo o el comercio no resolvería por sí solo la violencia, la desigualdad ni la corrupción. Tampoco garantizaría que las redes criminales desaparezcan: podrían transformarse, desplazarse o buscar otros mercados. Pero descartar de antemano cualquier regulación impide examinar si una política distinta podría reducir ciertos beneficios ilegales y proteger mejor a las personas.
La discusión no debe quedarse y ser reducida a la legalización. Sin prevención, atención para quienes consumen, reducción de daños, rehabilitación y oportunidades reales para abandonar las economías ilegales, cambiar una norma no transforma las condiciones que sostienen el fenómeno. Se necesitan alternativas laborales y educativas, instituciones confiables, justicia independiente y políticas capaces de ofrecer seguridad sin convertir la violencia en método habitual de gobierno.
El narcotráfico no es únicamente un enemigo al que se captura ni una mercancía que se decomisa. Es también una red de poder y de intereses que opta por alterar instituciones, economías y vidas. Reconocerlo no supone aceptar que el Estado haya sido derrotado. Supone preguntarnos, con honestidad, si las políticas actuales fortalecen el Estado de derecho o si, en algunos casos, lo debilitan mientras proclaman defenderlo. La pregunta, por tanto, no es solo si estamos ganando la guerra. Es qué entendemos por victoria, quién paga su costo y qué sociedad queda después. Quo vadis?
Opinión
Por qué las empresas mejor conectadas escalan más rápido
Por Danilo Fernandes, vicepresidente y director comercial de B2B para América Latina en Liberty Networks.
Durante años, la conectividad empresarial tuvo un objetivo sencillo: mantener oficinas, plantas, sucursales y empleados conectados. Después, la nube, las aplicaciones SaaS y la colaboración digital elevaron las exigencias de capacidad. Hoy entramos en una nueva etapa. Ya no basta con estar conectados ni con disponer de más ancho de banda: la infraestructura debe sostener múltiples cargas críticas al mismo tiempo, con desempeño constante, seguridad y capacidad para crecer.
La IA ya llegó. La infraestructura no siempre está lista
La inteligencia artificial (IA) está acelerando esa transición. Según The State of AI 2025 de McKinsey, el 88% de las organizaciones ya utiliza IA regularmente en al menos una función del negocio, pero solo alrededor de un tercio ha comenzado a escalarla a toda la empresa. La brecha entre experimentar y escalar deja una lección clara: incorporar tecnología puede ser rápido; conseguir que funcione de forma consistente en toda la organización es mucho más complejo.
En ese punto, la infraestructura deja de ser un tema técnico y se convierte en una variable de negocio.
Cuando una empresa crece, también aumenta la complejidad de su entorno tecnológico. Se incorporan usuarios, sedes, aplicaciones, servicios en la nube, dispositivos y nuevas fuentes de datos. Una aplicación puede funcionar correctamente para cien usuarios y degradarse cuando llega a miles. Una migración a la nube puede cambiar los patrones de tráfico. Una herramienta de IA puede exigir más capacidad, menor latencia y acceso permanente a información distribuida en distintos entornos.
El problema empieza antes de que la red se caiga
El problema no siempre aparece cuando una red se cae. Muchas veces comienza antes, cuando el desempeño deja de ser predecible.
El informe State of AI in the Enterprise 2026 de Deloitte refleja parte de esa tensión. El 42% de las empresas considera que su estrategia está altamente preparada para adoptar IA, mientras la modernización de infraestructura, datos y talento sigue siendo uno de los desafíos para avanzar. Tener una estrategia clara no garantiza contar con la base operativa para ejecutarla a escala.
Por eso, el desempeño ya no debería medirse únicamente en velocidad. Para una empresa, importa que sus aplicaciones respondan de manera consistente, que sus colaboradores puedan acceder a ellas desde diferentes ubicaciones, que los datos estén disponibles cuando se necesitan y que la operación continúe aun cuando aumenta la demanda o aparece una incidencia.
Aquí cobra especial importancia la forma en que se diseñan y administran las redes empresariales. La conectividad privada y dedicada, la gestión de redes de extremo a extremo, la visibilidad sobre el tráfico, la seguridad integrada y el soporte continuo permiten que la infraestructura acompañe al negocio sin obligar a los equipos internos a asumir cada vez más complejidad técnica.
Lo mismo ocurre con la nube. La discusión ya no consiste simplemente en decidir qué aplicaciones migrar, sino en asegurar que las cargas críticas puedan operar, recuperarse y escalar de manera confiable. Las empresas necesitan integrar conectividad, nube, ciberseguridad y continuidad operativa como partes de una misma arquitectura, en lugar de administrarlas como componentes aislados.
La próxima ventaja competitiva se juega en la infraestructura
La magnitud del cambio ayuda a entender por qué este tema será cada vez más relevante. IDC estima que el gasto mundial en infraestructura de IA alcanzó los US$318.000 millones en 2025 y proyecta que superará US$1 billón en 2029. Aunque solemos pensar en IA como software y algoritmos, detrás de cada modelo hay centros de datos, redes, almacenamiento y capacidad de procesamiento que deben comunicarse de forma constante.
También existe una dimensión física que pocas veces se ve. Naciones Unidas señala que más del 99% del tráfico digital internacional viaja por cables submarinos. Para una empresa, sin embargo, el valor de esa infraestructura no está en conocer qué cable transporta sus datos, sino en acceder de forma confiable a aplicaciones, servicios en la nube y recursos digitales, independientemente de dónde se encuentren.
La escalabilidad no depende simplemente de tener más infraestructura. Depende de contar con una base tecnológica que mantenga su desempeño a medida que la organización incorpora nuevas herramientas, crece en usuarios, abre operaciones o atiende más clientes.
Una menor latencia puede mejorar la experiencia de un usuario. Una red con mayor visibilidad puede detectar problemas antes de que afecten la operación. Una arquitectura de seguridad integrada puede reducir la exposición al riesgo. Y una infraestructura administrada puede liberar a los equipos de tecnología para concentrarse en iniciativas que generen mayor valor.
Durante años, la infraestructura fue la parte invisible de la transformación digital. Eso está cambiando. En los próximos años, la diferencia entre las empresas que simplemente adopten IA y aquellas que logren convertirla en crecimiento no estará solo en los algoritmos, aplicaciones o plataformas que elijan, sino en su capacidad para hacer que todo funcione de manera consistente, segura y a escala. La tecnología puede cambiar en meses; una operación limitada por capacidad, latencia, complejidad o seguridad puede perder oportunidades en minutos. Por eso, la conectividad ya no es solamente lo que mantiene funcionando al negocio: cada vez más, será lo que determine hasta dónde puede llegar.
Opinión
La “basura” que Laura Virginia le tiró al presidente colombiano
Por: Luis Paulino Vargas Solís
Escuchar a Laura Fernández disertando junto al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, me produjo, de entrada, una sensación de extrañeza.
Primero, por el aspecto de la presidenta: tensa, agarrotada, casi robótica.
Pero más interesante aún fue observar su comportamiento y la forma en que se dirigía al mandatario colombiano.
No pude evitar notar el contraste. En Colombia no vimos a la presidenta gritar, insultar o amenazar, ni tampoco aquella gestualidad —esperpéntica y desmesurada, en opinión del autor— con la que, según Vargas Solís, habitualmente se presenta ante los costarricenses.
Intentó mostrarse sobria y parsimoniosa.
Es decir, para quienes estamos acostumbrados a verla en el ámbito nacional, la mujer que apareció de pie junto al presidente colombiano parecía, según mi percepción, una desconocida.
Y luego vino lo de la “basura”.
Ahí sí, la voló.
La presidenta ya había utilizado esa expresión durante un discurso en Sarapiquí el viernes anterior. Esta vez se la lanzó directamente al presidente colombiano, quien posteriormente respondió retomando la misma expresión.
El intercambio produjo un momento incómodo que, por su naturaleza, terminó trascendiendo el contenido formal de la visita.
Y entonces no pude evitar establecer un vínculo con lo que está ocurriendo con el joven piloto de aviación Daniel Damazio.
Damazio tuvo la valentía de decir algunas cosas que, en mi opinión, son absolutamente ciertas. Lo hizo sin insultar ni faltarle el respeto a la presidenta, pero tampoco recurrió a eufemismos. Habló de manera directa, con lo que considero un torrente de verdad saliéndole por la boca.
Según se ha denunciado públicamente, esto habría puesto en movimiento una fuerte reacción en su contra, en medio de presiones, cuestionamientos y amenazas.
Cuando veo a Fernández utilizando una expresión tan fuerte frente al propio presidente de Colombia, dos cosas me vienen a la mente.
La primera es que, a juicio del autor, la presidenta muestra una capacidad limitada para manejar determinados escenarios políticos y comunicacionales. Vargas Solís sostiene que “la inteligencia de doña Laura Virginia es como una candelita a punto de apagarse, su luz es macilenta y vacilante”.
El autor extiende posteriormente esa crítica al entorno político que identifica como el “chavesato”, al que acusa de privilegiar “la gritadera, la mentira y el insulto”.
La segunda consideración es que, en su opinión, la presidenta no estaría recibiendo el asesoramiento que necesita.
Según Vargas Solís, quienes ejercen el poder pueden terminar rodeándose de personas que simplemente les dicen aquello que quieren escuchar, en lugar de quienes están dispuestos a señalarles sus errores.
Por eso, sostiene, una persona como el aviador Daniel Damazio puede resultar incómoda: porque tuvo el valor de decir lo que consideraba necesario decir.
Al final, la escena diplomática en Colombia deja una imagen que el autor considera difícil de ignorar: una palabra utilizada por la presidenta costarricense para referirse a estructuras criminales terminó siendo retomada por el propio mandatario colombiano en medio del mismo intercambio.
Y ese “bumerán” verbal, más allá de las posiciones políticas de cada quien, abrió una discusión sobre la forma en que Costa Rica proyecta su discurso político hacia el exterior.
#Hipocresía #Torpeza #CostaRica
Opinión
Non grato a mucha honra
Por Luis Castrillo Marín.
Hace algunos meses este servidor publicó la columna Esquipulitas, El Cristo Pobre – Guananoticias unas líneas que criticaban el uso de un símbolo religioso como mero pretexto para desarrollar negocios en el extremo opuesto de los asuntos relacionados con la Fe, todo en el marco de las Fiestas Típicas Nacionales (FTN) de Santa Cruz.
Aquellas breves reflexiones desataron la ira sagrada de algunos de los regidores (no todos) del Concejo Municipal que en un juicio sumario sin derecho a defensa procedieron a designarme como Non Grato en ese cantón.
No obstante, que en principio pensé en presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al final de cuentas decidí esperar pensando en aquel proverbio chino que reza “Siéntate a la orilla del río y verás pasar el cadáver de tu enemigo”.
La evolución de los últimos acontecimientos de meses pasados y del 9 de septiembre (que ironía justo en el Día del Niño) me dieron la razón gracias al trabajo desarrollado en Guana Noticias un medio de comunicación que tomó la decisión editorial de entrarle duro a temas relacionados con las FTN 2026 como: el libramiento de cheques sin fondo entregados a una gran cantidad de proveedores, deudas sin pagar por muchos millones de colones, 100 por ciento de los trámites para adquirir bienes y servicios al margen del Sistema de Compras Públicas, un concierto cancelado y espectáculos taurinos con resultados financieros paupérrimos a pesar de que los tablados estaban abarrotados, apenas para resumir unas cuantas linduras.
Todos esos hallazgos se encuentran debidamente documentados en informes públicos, copia de los cheques que rebotaron en el banco y consultas con fuentes directas -entre otros insumos- en un esfuerzo que permitió sacar a flote el desastre en la gestión de la FTN 2026 evento que dejó números rojos por ¢111,4 millones debido a un modelo de gestión que desde hace muchas décadas ha propiciado para decirlo de manera suave una estructura paralela que dejó de lado la supuesta preservación de las tradiciones religioso-culturales.
El reciente allanamiento realizado por el Organismo de Investigación Judicial en las oficinas de la Municipalidad de Santa Cruz es apenas un capítulo más de una historia que el Ministerio Público ya tramita en el expediente 26-000028-1218-PE proceso en que se investiga a TODOS los regidores por el “aparente manejo irregular de fondos públicos” derivados de la FTN.
Ahora cabe preguntarse si ese cuerpo deliberativo también declarará Non Grato al OIJ o la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ¿Qué dirá ahora el regidor que propuso la moción en mi contra que en aquella oportunidad seguramente se autopercibió como un soldado de las Cruzadas de la Edad Media en combate contra un Infiel?
Tal vez deba llamar a la Santa Sede para que lo asesoren cuando sea llamado a indagatoria judicial y; de paso, puede pedir una colaboración para que le paguen los honorarios del abogado. En esos trances la ayuda divina siempre es importante se lo dice un graduado de la secundaria en un Colegio Salesiano.
Y acerca de la sanción que me impuso el Concejo Municipal solamente me queda parafrasear al Emperador Julio César: “Vine, vi y vencí”.
Opinión
Zona Muy Turbulenta
Por Luis Castrillo Marín.
En el gracioso mundo de la Municipalidad de Santa Cruz se rebasan todos los límites de la imaginación tanto que superan las febriles mentes (pienso en Gabriel García Márquez o Franz Kafka) de quienes crearon personajes fantásticos como el tramador del gitano Melquiades o el gris burócrata Gregorio Samsa que en una infausta mañana se despertó convertido en escarabajo.
Dentro de los muros de ese (des) Gobierno Local se producen actos tan inusitados que hubieran aportado “ene” cantidad de insumos para escribir novelas por doquier o; mejor dicho, tragedias griegas porque en la tierra de la raza (in) diferente mientras haya monta de toros o se coman tortillas el mundo se puede ir al carajo.
El intento de una sociedad anónima por obtener en concesión 6,6 hectáreas de Patrimonio Natural del Estado (PNE) es un capítulo más en una larga seguidilla que ya suma: Fiestas Típicas Nacionales finalizadas con un enorme déficit, arreglos millonarios de carros cuyo valor era tan bajo que mejor hubiera sido convertirlos en chatarra o el asfaltado de vías que se deterioran a las pocas semanas con el paso de los primeros carros.
Ahora tenemos un nuevo frente en la gestión de la Zona Marítimo Terrestre que más bien deberíamos rebautizar como Zona Muy Turbulenta habida cuenta de las explicaciones que se ofrecen para justificar el error de tramitar una eventual concesión de un área inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del Ministerio del Ambiente y Energía.
La explicación resulta hilarante: “Un error involuntario” debido al exceso de trabajo; no obstante, que desde el 2019 el Instituto Costarricense de Turismo ya había advertido la condición de PNE del lugar en el Distrito de Tamarindo valorado en apenas en ¢166,9 millones y; por esa razón, el eventual pago del canon anual de la concesión habría sido por un monto relativamente bajo seguramente para no ahuyentar a los amigos “inversionistas” siempre tan preocupados por el Bien Común, el Progreso de la Humanidad y esa rara avis de la jerga corporativa que llaman Responsabilidad Social Empresarial.
Por supuesto, el reciente affaire de la Zona Muy Turbulenta -destapado por la Oficina de la Auditoría Interna del Municipio– ameritaría al menos una investigación exhaustiva de parte del Concejo de Regidores, pero en honor a la verdad primero se desatará el Armagedón antes que ese cuerpo deliberativo mueva un dedo para sentar las responsabilidades del caso.
Y si de la Fiscalía santacruceña del Ministerio Público se trata tampoco debemos esperar un mínimo de acción porque en ese cantón sirve más un toro capado que el Organo Acusador del Estado.
Aquí no ha pasado nada…Requiescat in pace per secula seculorum.
Opinión
Nuevas oportunidades para Guanacaste
Por Hernán Imhoff. Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo.
El tema de la longevidad se ha convertido en un sello que distingue a la Península de Nicoya en el mundo entero como una región de Costa Rica que destaca porque ofrece a los nacionales y extranjeros grandes facilidades para desarrollar estilos de vida saludables.
Esa condición -apoyada en baluartes como las tradiciones gastronómicas con base en alimentos como el maíz, un clima adecuado y bajos niveles de estrés- ha permitido que la provincia de Guanacaste haya empezado abrirse un nicho cada día mayor en el llamado “turismo de bienestar”.
Definido como aquel mercado en que los visitantes buscan prácticas como el yoga o la meditación -entre otras- esta tendencia se ha venido consolidando a pasos agigantados en muchas partes del mundo para mostrar cifras de muchos dígitos.
La consultora de mercados Global Market Insights revela que el turismo de bienestar se estimó en $USD 975 200 millones en el 2025. Además, se prevé que suba desde $USD 1,06 billones en el 2026 hasta $USD 2,16 billones en el 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,2%.
Esos datos, junto con las facilidades como la operación exitosa del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber de Liberia, brindan un panorama esperanzador para que Guanacaste pueda liderar un proceso de mercadeo intensa destinada a la atracción de ese tipo de visitantes.
Una estrategia de ese tipo debe contar con el apoyo decidido de las autoridades gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil como la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo que podemos aportar los insumos necesarios que permitan diseñar una hoja de ruta exitosa.
Es preciso sumar fuerzas para explorar estas nuevas oportunidades que tendrían un impacto enorme sobre una gran cantidad de sectores paralelos como: servicios de salud, lugares de retiro especializados, atención en centros para personas de la tercera edad, para citar apenas algunos de los segmentos que se podrían beneficiar.
Necesitamos aprovechar el boom mediático de la provincia guanacasteca como una de las zonas azules del mundo para multiplicar ese mensaje en con la mayor amplitud posible porque tenemos grandes fortalezas que nos brindan ventaja frente a nuestros competidores.
En la provincia contamos con profesionales de la salud de enorme capacidad técnica, una infraestructura de hoteles y alojamientos de primer mundo, experiencias culturales de gran atractivo para un público altamente educado; además, un sector empresarial pujante.
Ya es tiempo de tomar decisiones de política pública que conviertan la longevidad -y sus aliados estratégicos- en proyectos concretos que nos permitan incrementar el posicionamiento como líderes mundiales en el turismo de bienestar.
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