Por Luis Castrillo Marín.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibió el 23 de marzo (10:54 a.m.) una solicitud para que ese órgano proceda a realizar una investigación que podría terminar en el retiro de las credenciales del regidor de Puntarenas, Mario Rodríguez, quien representa al Partido Liberación Nacional en el seno de ese Concejo Municipal.

Durante el pasado 22 de marzo en una transmisión de vídeo en la red social Facebook realizada por el alcalde de Montes de Oro, Anthony Fallas, el funcionario indicó: “Se vino aquí a estar con nosotros en vivo, Mario Rodríguez. Mario bienvenido, Mario pues es vecino de Montes de Oro, pero es la persona que está a cargo de la Cooperativa”, precisó Fallas.

El material audiovisual hacía referencia al trabajo de una Cooperativa que presta servicio de transporte público entre Miramar y El Roble de Puntarenas empresa donde Rodríguez funge como asesor.

La petición para que el Tribunal lleve a cabo la pesquisa fue pedida -vía correo electrónico- por la vecina de Puntarenas y exregidora de ese cantón (2020-2024), Glenda García, quien solicitó verificar “el cumplimiento del requisito de domicilio”.

Según indica el artículo 22 inciso 1 del Código Municipal para ser regidor es necesario “haber establecido su domicilio en la circunscripción cantonal en la que pretende servir, con por lo menos dos años de antelación a la fecha en la que deba realizarse la votación correspondiente”.

El 23 de marzo (4:06 p.m.) este medio de comunicación contactó a Rodríguez -mediante un mensaje de Whattsapp- para conocer su versión; no obstante, al momento de publicar esta información (5:32 p.m.) aún estaba pendiente la respuesta. A esa misma hora se llamó al regidor liberacionista, pero nunca respondió.

La reciente cumbre encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa generando reacciones en América Latina. El encuentro no solo abrió el debate por la firma de una coalición regional contra los carteles del narcotráfico, sino también por un comentario del mandatario estadounidense sobre el idioma español que ha sido interpretado por muchos como una burla.

En Costa Rica, la participación del gobierno del presidente Rodrigo Chaves en esta iniciativa ha provocado fuertes críticas, especialmente por las implicaciones constitucionales que podría tener para el país y por la actitud mostrada por algunos líderes latinoamericanos durante el evento.

Coalición militar contra el narcotráfico genera debate

Durante la cumbre, Trump planteó fortalecer una coalición regional para enfrentar a los carteles del narcotráfico, iniciativa que contempla el entrenamiento y eventual movilización de fuerzas militares en América Latina, incluso mencionando el uso de “fuerza letal” contra estas organizaciones criminales.

La firma de este acuerdo ha abierto un debate particularmente sensible en Costa Rica, debido a que el artículo 12 de la Constitución Política establece que el ejército está abolido como institución permanente y que la seguridad del país debe estar a cargo de fuerzas civiles.

Esta decisión histórica se remonta a la Guerra Civil de Costa Rica de 1948, tras la cual el país apostó por un modelo de seguridad basado en instituciones civiles y en el fortalecimiento del Estado de derecho.

Aunque Costa Rica ha participado durante años en cooperación internacional contra el narcotráfico —principalmente mediante intercambio de inteligencia y operaciones policiales y marítimas— algunos analistas consideran que integrarse a una estrategia con enfoque militar podría entrar en tensión con el diseño constitucional del país.

Polémica por comentario sobre el idioma español

A la discusión sobre seguridad se sumó otra controversia durante la cumbre, luego de que Trump afirmara que no piensa aprender “ese maldito idioma”, en aparente referencia al español.

El comentario generó críticas debido a que el español es hablado por más de 500 millones de personas en el mundo y constituye uno de los principales elementos culturales de América Latina. Es además el idioma asociado a la obra del escritor Miguel de Cervantes y parte fundamental de la identidad del continente.

La escena también generó cuestionamientos porque varios líderes latinoamericanos fueron captados aplaudiendo o sonriendo durante el momento, lo que para algunos sectores refleja una actitud demasiado complaciente ante comentarios considerados despectivos hacia la región.

Debate político y cultural en la región

Las dos situaciones —la coalición regional contra el narcotráfico y las declaraciones sobre el idioma español— han intensificado el debate político y cultural en la región.

En Costa Rica, distintos sectores consideran que la discusión no solo pasa por la cooperación internacional contra el crimen organizado, sino también por la defensa de principios históricos del país, como su modelo de seguridad civil y el respeto a la identidad cultural latinoamericana.

Mientras tanto, el tema continúa generando reacciones en redes sociales y círculos políticos, donde se cuestiona cuál debe ser la postura de los gobiernos latinoamericanos cuando se enfrentan a iniciativas o declaraciones que tocan tanto la soberanía institucional como la dignidad cultural del continente.

Acción ante la Sala Constitucional

La controversia también ha escalado al plano legal. El secretario general del Partido Liberación Nacional, Miguel Guillén, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

El recurso surge luego de que el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, firmara la declaración que respalda la coalición hemisférica contra el narcotráfico anunciada por el gobierno de Trump.

La acción cuestiona la legalidad de la adhesión de Costa Rica a esta iniciativa regional, al considerar que podría entrar en conflicto con principios constitucionales relacionados con la ausencia de fuerzas armadas en el país.

Con este recurso, el debate ya no se limita al ámbito político, sino que también se traslada al terreno jurídico, donde la Sala Constitucional deberá determinar si la firma del acuerdo se ajusta o no al marco establecido por la Constitución costarricense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado ante una docena de mandatarios latinoamericanos que no tiene intención de aprender español.

Durante su discurso en la cumbre hemisférica celebrada en Florida, el mandatario bromeó sobre las diferencias lingüísticas con los líderes presentes y aseguró que no tiene tiempo para estudiar otro idioma.

“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo”, declaró entre risas.

Trump también destacó que su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, tiene una “ventaja lingüística” porque habla español.

La declaración se dio durante una reunión convocada por el mandatario estadounidense con líderes de varios gobiernos de América Latina, en el marco de la iniciativa de cooperación regional contra el narcotráfico conocida como “Escudo de las Américas”.

A la cumbre asistieron, entre otros, los presidentes Javier Milei (Argentina), Rodrigo Chaves Robles (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Irfaan Ali (Guyana), José Raúl Mulino (Panamá) y Santiago Peña (Paraguay), entre otros. 

En contraste, mandatarios de países como México, Brasil y Colombia no participaron en el encuentro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la creación de la “Americas Counter-Cartel Coalition”, una alianza de seguridad entre Estados Unidos y varios países de América Latina para coordinar acciones militares, inteligencia y cooperación policial contra organizaciones de narcotráfico y redes criminales transnacionales.

El anuncio se realizó durante la cumbre denominada Shield of the Americas (Escudo de las Américas), celebrada en Miami, Florida, donde participaron representantes de al menos una docena de países del hemisferio occidental, entre ellos Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay. 

Durante el encuentro, Trump aseguró que los carteles representan una amenaza directa para la seguridad regional y afirmó que los países aliados deberán utilizar todos los recursos disponibles para combatirlos.

“La única manera de derrotar a estos enemigos es desatar el poder de nuestros militares”, dijo el mandatario al instar a los gobiernos latinoamericanos a emplear sus fuerzas armadas contra estas organizaciones. 

El presidente estadounidense afirmó que la coalición permitirá compartir inteligencia, coordinar operaciones y realizar acciones conjuntas para desmantelar las estructuras financieras y territoriales de los carteles, incluso con apoyo militar de Estados Unidos si los países miembros lo solicitan. 

Según Trump, el objetivo es “destruir los carteles y redes criminales que operan en el hemisferio”, y no descartó el uso de fuerza militar letal contra líderes del narcotráfico si es necesario. 

Ausencias y contexto político

A pesar de la participación de varios gobiernos latinoamericanos, México, Brasil y Colombia —países clave en la lucha contra el narcotráfico— no participaron en la reunión, lo que analistas interpretan como una señal de divisiones políticas en la región. 

Trump también vinculó la iniciativa con una estrategia más amplia para reforzar la influencia estadounidense en el hemisferio y contrarrestar la creciente presencia económica y política de China en América Latina. 

Participación de Costa Rica

Entre los países presentes en la cumbre estuvo Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, cuyo gobierno ha manifestado apertura a fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

La coalición contempla la coordinación de fuerzas militares y policiales, intercambio de inteligencia y apoyo logístico entre los países miembros, con el objetivo de ubicar y desmantelar rutas de tráfico de drogas y estructuras criminales en todo el continente.

Con el objetivo de frenar el flagelo de la minería ilegal en la zona norte, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el canciller Arnoldo André, viajarán este sábado al puesto fronterizo de Peñas Blancas para sostener una reunión de alto nivel con sus homólogos nicaragüenses. El encuentro busca establecer una estrategia de “operaciones combinadas” que permita atacar la cadena de extracción y tráfico de oro que actualmente afecta a Costa Rica en la zona de Crucitas y el cerro Las Conchuditas.

La cita, coordinada a inicios de esta semana, tiene como punto central solicitar al gobierno de Daniel Ortega que refuerce los patrullajes en el Río San Juan. Según informes de inteligencia costarricenses, este afluente se ha convertido en la principal ruta de escape para los miles de kilos de material aurífero que grupos de coligalleros sustraen ilegalmente del territorio nacional.

“La dinámica no es de operativos conjuntos, ya que implicaría, obviamente, que patrullásemos en el río San Juan, lo cual no es territorio costarricense. No son operaciones conjuntas, son operaciones combinadas. Nosotros las haremos en tierra, en territorio costarricense; ellos la harán en el río San Juan y en la ribera y territorio nicaragüense, eso es lo que pretendemos finiquitar y ordenar en esta reunión el día sábado”, explicó Zamora en conferencia de prensa.

El jerarca detalló que una reciente inspección ocular en la conflictiva zona de Crucitas permitió a las autoridades confirmar el modus operandi de los grupos ilegales. “Buena parte del oro que es extraído de territorio costarricense sale por el río San Juan”, afirmó Zamora, razón por la cual se le solicitará a Nicaragua aumentar el número y la frecuencia de los patrullajes fluviales y en su ribera.

La solicitud adquiere una arista particularmente compleja debido a recientes revelaciones. Hace semanas, el ministro Zamora informó a los diputados que existen indicios de que una empresa china, concesionada para la extracción de oro en Nicaragua, podría estar comprando el material robado en Costa Rica, lubricando así un negocio ilegal transfronterizo.

Ante este escenario, se consultó al jerarca cuáles son las expectativas reales de la reunión, tomando en cuenta que el vecino país podría estar obteniendo un beneficio económico de la situación.

“Nosotros simplemente vamos a exponer la información que tenemos, tanto información oficial como información de inteligencia policial de lo que hemos observado en el lugar y, por supuesto, corresponderá a las autoridades nicaragüenses tomar acciones en su territorio de acuerdo a su soberanía y legislación”, respondió Zamora.

Al ser consultado sobre cuál sería el siguiente paso en caso de que la respuesta de la contraporte nicaragüense fuera negativa o evasiva, el ministro optó por la cautela y la gradualidad diplomática.

“Hemos llevado las cosas paso a paso, solicitamos la reunión, nos fue dada este sábado, vamos a ir a esa reunión y vamos a ir hablando conforme paso a paso vamos avanzando en el ordenamiento de esta situación que hoy se da en Crucitas”, finalizó el jerarca.

La reunión estaba pactada inicialmente para realizarse en territorio costarricense, aunque las autoridades están a la espera de finiquitar ese último detalle con la comitiva nicaragüense. La cita de este sábado se perfila como un termómetro crucial para medir la voluntad de cooperación bilateral en un tema que afecta la soberanía y los recursos naturales de Costa Rica.

Fuente: Teletica.com

El Partido Frente Amplio anunció este jueves la conformación de su jefatura y subjefatura de fracción para la primera legislatura del periodo 2026–2030.

En reunión interna, se acordó que el diputado José María Villalta Flórez-Estrada asumirá la jefatura de fracción, mientras que la diputada María Eugenia Román Mora ocupará la subjefatura.

Según el comunicado, “este acuerdo refleja el compromiso de la agrupación de trabajar de manera colectiva, coordinada y en vínculo permanente con el partido y su militancia”. 

La fracción aseguró que ejercerá una oposición firme frente al gobierno y a las políticas que consideren contrarias a los derechos y al bienestar de la ciudadanía.

Además, afirmaron que se mantendrán como “una fracción propositiva, impulsando iniciativas y construyendo acuerdos en defensa de la democracia y del pueblo costarricense”.

 En un movimiento que marca un quiebre en la relación, a menudo tensa, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la presidenta electa y actual ministra de la Presidencia, Laura Fernández, acudió este jueves a una reunión con los jefes de fracción legislativa con un mensaje claro: dejar de lado los cálculos políticos y enfocar los esfuerzos en una agenda de siete proyectos de ley que el gobierno del presidente Rodrigo Chaves considera “estratégicos” para el desarrollo del país.

En un ambiente que los mismos diputados calificaron como “extraño” por la actitud de apertura del Ejecutivo, Fernández tendió puentes y aseguró que la Casa Presidencial tiene “total disposición y anuencia” para brindar el soporte técnico y político que el Congreso requiera para agilizar la discusión y aprobación de estas iniciativas en las últimas semanas de la presente legislatura.

“Antepongamos cualquier cálculo político o interés de una bandera y trabajemos en estas últimas semanas a conciencia”, instó Fernández a los legisladores, a quienes pidió explícitamente “dejar atrás la campaña política” para concentrarse en los temas prioritarios.

Los 7 proyectos estratégicos

La ministra detalló cuáles son las iniciativas que el Poder Ejecutivo considera impostergables y que forman parte de esta “agenda de país”:

1. Ampliación de la ruta San José – San Ramón: Una obra vital para descongestionar el tránsito en el occidente de la capital y mejorar la conectividad.
2. Proyecto de Resiliencia Climática: Iniciativa busca fortalecer las capacidades nacionales para enfrentar los efectos del cambio climático.
3. Proyectos de Apoyo Presupuestario (Créditos Internacionales): Se busca la aprobación de líneas de crédito con organismos multilaterales para financiar programas sociales y de reactivación económica.
4. Tren Eléctrico Interurbano: Un proyecto de movilidad largamente esperado para el Área Metropolitana.
5. Ley para Agilizar Expropiaciones: Reforma legal que permitiría acelerar los procesos de expropiación necesarios para la ejecución de obra pública.
6. Proyecto para la Explotación Minera en Crucitas: Una iniciativa polémica que busca permitir la minería a cielo abierto en el norte del país.
7. Reforma para la Formación de Médicos Especialistas: Propuesta que busca solucionar el déficit de especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Reacciones y contrapropuestas legislativas

Los jefes de fracción recibieron con beneplácito la actitud conciliadora de la ministra, reconociendo el cambio de tono por parte del Ejecutivo. Sin embargo, la reunión no se limitó a una simple recepción de la agenda gubernamental. Los diputados aprovecharon el espacio para plantear sus propias prioridades y condiciones.

La principal demanda de los legisladores fue la inclusión de otras propuestas que consideran fundamentales, así como la necesidad de renegociar las condiciones de los préstamos internacionales. En particular, solicitaron al Ejecutivo gestionar mejores tasas de interés para los proyectos de crédito que se tramitan en la Asamblea, con el fin de evitar un mayor endeudamiento para el país.

Compromiso con la deuda de la CCSS

Antes de concluir la cita, Laura Fernández abordó un tema que pesa sobre las finanzas estatales: la deuda del Gobierno con la CCSS. La ministra reconoció que “conoce y comprende” la urgencia de esta situación y se comprometió a trabajar “de manera responsable” para encontrar una solución. No obstante, enfatizó que la prioridad inmediata, en las semanas previas al cambio de mando, debe ser la agenda de los siete proyectos presentados.

“El tiempo apremia y el país no puede esperar. Lo que estamos pidiendo es un esfuerzo extraordinario en este periodo que queda”, justificó Fernández.

Un plazo para la reflexión

Lejos de imponer un ultimátum, la ministra cerró la reunión con una invitación a la reflexión conjunta. “No me tienen que contestar ya, puede ser en una semana o semana y media, que ustedes lo piensen y si hay otro tema que ustedes quieren impulsar lo podemos conversar”, finalizó, dejando la puerta abierta al diálogo y a la construcción de una agenda legislativa de consenso en el ocaso de la administración Chaves.

La pelota está ahora en la cancha de los diputados, quienes tendrán la responsabilidad de definir si este nuevo clima de entendimiento se traduce en leyes aprobadas antes de que el telón caiga sobre el periodo legislativo.

El presidente Rodrigo Chaves y la futura presidenta, Laura Fernández, se reunieron este martes con los 31 diputados de la fracción oficialista, que conformarán el bloque mayoritario del Congreso a partir del próximo 1.° de mayo.

La cita, en la que también estuvieron los vicepresidentes electos, se llevó a cabo en Casa Presidencial en Zapote.

Según informó Presidencia, se trata de “la primera de muchas” reuniones que sostendrá la bancada junto a los mandatarios “por el bien del soberano”.

Fernández, quien ejercerá como ministra de la Presidencia hasta el 8 de mayo cuando asuma formalmente el poder, se reunirá también este próximo jueves con los jefes de fracción de las actuales bancadas para impulsar una serie de proyectos de ley, entre ellos la reforma para permitir la minería a cielo abierto en Crucitas.

 En una nueva polémica en la escena política costarricense, la diputada Pilar Cisneros Gallo, del Partido Progreso Social Democrático, expresó duras críticas al reciente nombramiento del hijo del abogado y futuro diputado José Miguel Villalobos Umaña en la Casa Presidencial, calificando el hecho como una “red de cuido” y distanciándose públicamente de su figura política. 

Durante una entrevista con el programa Interferencia de Radios UCR, Cisneros afirmó que no está de acuerdo con la contratación de José Miguel Villalobos Herrera, hijo de Villalobos, en la asesoría jurídica de Casa Presidencial, aduciendo que esa práctica recuerda redes de favoritismos políticas que ella misma ha criticado en administraciones anteriores. “Eso es red de cuido, por supuesto”, aseguró la diputada. 

Cisneros también manifestó que desconocía el nombramiento hasta que la prensa lo informó, y fue enfática al indicar que no coincide con ese tipo de decisiones, incluso comparándolo con situaciones que ella considera poco transparentes. 

Distanciamiento entre Cisneros y Villalobos

El distanciamiento entre la diputada y Villalobos no es nuevo: en semanas recientes Cisneros ha dejado claro que no mantiene vínculos personales o políticos cercanos con el abogado y futuro legislador, incluso manifestando que “no le defiende, ni le habla, ni es amigo suyo”. Estas declaraciones surgieron en medio de intercambios mediáticos donde se evidenció un marcado distanciamiento entre ambos. 

Además, Cisneros criticó públicamente algunas expresiones de Villalobos durante la campaña electoral, señalando que debió “censurar” ciertas manifestaciones suyas que consideró desafortunadas para la imagen del movimiento oficialista. 

⚠️ Roce con el Presidente Rodrigo Chaves

Aunque Cisneros pertenece al oficialismo y ha sido una figura cercana al presidente Rodrigo Chaves Robles, este episodio del nombramiento ha marcado un punto de tensión entre ambos. La crítica directa de la diputada a una decisión tomada al interior de Casa Presidencial abre interrogantes sobre la cohesión dentro de la coalición oficialista y la relación del mandatario con sus aliados legislativos. 

La magistratura del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó la mañana de este viernes la revisión de la documentación electoral correspondiente a la elección de Presidencia y Vicepresidencias, tras el análisis de las 7.063 Juntas Receptoras de Votos (JRV) instaladas en todo el territorio nacional.

Según informó el órgano electoral, el escrutinio de las JRV habilitadas en el extranjero se retomará una vez que ingresen dos tulas pendientes provenientes de La Habana, Cuba, y Shanghái, China.

Asimismo, el TSE anunció que el próximo lunes 16 de febrero dará inicio el recuento total de la votación para diputaciones a la Asamblea Legislativa, como parte del proceso oficial de escrutinio definitivo.

Con la conclusión de la revisión presidencial en las juntas nacionales, el proceso avanza conforme al cronograma electoral, en un contexto donde distintos actores políticos han emitido criterios sobre la transparencia de los comicios.

El diputado electo del Frente Amplio, José María Villalta, cuestionó con dureza las recientes declaraciones del aspirante a ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, y aseguró que su actitud no refleja un perfil conciliador para el cargo.

Villalta señaló que las manifestaciones del aspirante evidencian un estilo que, a su criterio, podría generar confrontación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

“Las recientes declaraciones del aspirante a ministro de la presidencia Rodrigo Chaves sobre las fracciones de oposición de la nueva Asamblea Legislativa tienen un lado positivo y otro muy preocupante, pero a la vez revelador.

Es positivo -y nos llena de orgullo- que el chavismo tenga claro desde ahora que para hacer chanchullos no contará con la fracción del Frente Amplio. Tenemos y seguiremos teniendo en la próxima legislatura una fracción unida, integrada por gente que no se vende y que tiene claridad sobre los principios que prometimos defender ante el electorado. Esta fracción no se prestará para manosear la Constitución, recortar derechos y libertades de la gente o poner magistrados amigos del crimen organizado. En el gobierno lo saben y eso es bueno.

Lo que no es para nada esperanzador es el estilo que auguran estas declaraciones para el nuevo gobierno de doña Laura Fernandez. Básicamente son un manual sobre cómo fracasar estrepitosamente en el ministerio de la presidencia: anunciar que intentará dividir a la fracción de oposición más grande, ningunear a las fracciones minoritarias, el tono hostil e irrespetuoso, clasificar a los nuevos diputados como “buenos” y “malos” (buenos los que piensan como el aspirante a ministro, malos todos los demás).

En realidad es un comportamiento bastante inmaduro y totalmente ayuno de profesionalismo. Lo opuesto a lo que debe ser un ministerio de la presidencia, salvo que el objetivo sea generar desconfianza, dinamitar puentes y crear un clima de confrontación permanente entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo.

Cuesta creer que doña Laura quiera iniciar su gobierno de esa forma. Rodrigo Chaves, si esta fue su entrevista de trabajo para el nuevo puesto, en cualquier empresa seria no lo vuelven a llamar.”

La bancada del Frente Amplio anunció públicamente un compromiso para rechazar propuestas relacionadas con la reelección presidencial y cualquier intento de levantar las garantías constitucionales e individuales, según un pacto político firmado por sus siete diputados electos. 

La declaración, emitida días después de las elecciones en las que Laura Fernández, de Pueblo Soberano, obtuvo la presidencia, plantea una firme oposición a modificaciones legales que permitan la reelección del presidente y a iniciativas del Poder Ejecutivo para suspender derechos constitucionales con el objetivo de combatir el crimen organizado y el narcotráfico. 

El pacto incluye además la defensa de la separación de poderes y los derechos humanos, pilares que, según el Frente Amplio, deben preservarse ante lo que consideran posibles amenazas a las bases democráticas del país. 

El diputado José María Villalta invitó a otras fracciones legislativas a suscribir el acuerdo, destacando que estas acciones funcionarán como un “dique democrático” frente a iniciativas que, en su opinión, podrían afectar derechos fundamentales. 

La discusión política se da en un contexto más amplio en el que la nueva administración y su partido oficialista buscan consolidar poder tras ganar la presidencia y una mayoría simple en la Asamblea Legislativa, aunque sin alcanzar una supermayoría que permitiría cambios constitucionales profundos.