La Policía de Control de Drogas allanó tres viviendas y detuvo a cinco sospechosos que están vinculados a una narcoestructura que se dedicaba a la venta de drogas en la comunidad de San Roque, en el cantón de Liberia.

El ilegal negocio estaba a solo pocos metros de la plaza de deportes y de la Escuela Isabel Brown, lo que generaba inseguridad y presencia de adictos que hasta consumían en vía pública los estupefacientes.

Gracias a la intervención policial de los agentes antidrogas se logró detener a Castrillo Arias, con antecedentes por agresión con arma, amenazas agravadas y tenencia y venta de drogas, García Martínez, con expediente judicial por portación ilícita de arma, asalto, robo agravado, robo simple y tenencia de armas prohibidas, Machuca Machuca, con antecedentes por violencia física.

También, se detuvo otros dos hermanos apellidados Duarte Rodríguez, una es una mujer con antecedentes por Infracción a la Ley de Psicotrópicos, introducción de drogas a centro penal, robo agravado y tentativa de homicidio. El otro es un hombre con expediente por agresión con armas y desobediencia.

Dentro de las casas la PCD decomisó diversas dosis de cocaína, crack y marihuana listas para la venta, 61 mil colones y 39 dólares, así como utensilios para la preparación y dosificación de drogas.

Este grupo narco fue denunciado por vecinos de la misma comunidad a la línea confidencial y gratuita 1-1-7-6 Todos los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de Liberia, a la espera de medidas cautelares.

El OIJ de Puntarenas detiene de nuevo a supuesto sicario menor de edad conocido con el alias de “Chiquilín”.

La detención se realizó en Barranca. Al joven le decomisaron una escopeta

Ya lo habían capturado el año anterior, con monitoreo electrónico y detención provisional, pero estaba en fuga.

También detuvieron a otro sujeto mayor de edad.

Además, el OIJ y la Fiscalía realizaron allanamientos en dos casas de la comunidad conocida como “Bulevares”.

Dos hombres, quienes fueron investigados en diferentes causas, aceptaron su responsabilidad por robo y transporte de combustible y fueron sentenciados a prisión.

El primero de los hechos se remonta a mayo del 2018, cuando la Fuerza Pública sorprendió a dos sujetos cortando el poliducto con una segueta en Batán de Matina, Limón. Ante esto, ambos sujetos fueron detenidos y se abrió una investigación en su contra por el delito de robo de combustible.

Casi seis años después, el 9 de abril anterior, estaba previsto el inicio del juicio, pero uno de los imputados, de apellidos Miranda Salazar, aceptó que cometió un delito de robo de combustible y fue sentenciado a cuatro años de cárcel.

El segundo sospechoso de este hecho falleció antes del comienzo de esta fase judicial. Por otra parte, un sujeto de apellidos Salas González, el pasado 11 de abril, el Tribunal Penal de Alajuela le impuso una pena de un año de cárcel por el delito de transporte ilegal de combustible.

Este hombre fue aprehendido en diciembre del 2022 cuando llevaba en un vehículo 6.000 litros de diésel y fue abordado por la Fuerza Pública en San Mateo, Alajuela. Desde entonces, fue investigado pero en el día que estaba previsto el inicio del juicio se acogió a procedimiento abreviado.

Esta es la segunda condena que se le impone a Salas por infracción a la Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas, ya que en diciembre del año pasado

recibió una pena de 5 años por robo y transporte ilegal de combustible (3 años y 4 meses por el primer delito y 8 meses por el segundo).

“Estas condenas sientan un precedente importante, como lo han hecho las otras 29 sentencias relacionadas con infracciones a la Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas. Realmente, necesitamos que los responsables paguen y dejen de poner en peligro la vida de las personas que viven cerca de donde ellos delinquen”, aseguró Karla Montero, presidenta de Recope.

Hallazgo de túneles

En la última semana se descubrieron y destruyeron tres túneles nuevos, con lo cual van 26 estructuras de este tipo desmanteladas en 2024.

Dos de las pasarelas fueron ubicadas en Búfalo de Liverpool, Limón. La primera de ellas, medía siete metros de largo, un metro de ancho y un metro de alto, mientras que la segunda estaba en construcción.

El tercer túnel se localizó en Turrialba, Cartago, y medía siete metros de largo. En este caso, se intervino una toma ilegal.

Hasta las 9 a. m. de este 3 de mayo, Recope ha intervenido 51 tomas ilegales en todo el país, para un promedio de dos por día. Recope recuerda que ante cualquier sospecha de robo, transporte, almacenamiento o venta irregular de combustible, la población puede denunciar a la línea 1-0-0-2, que es gratuita y confidencial.

En medio de la oscuridad de la noche, aferrado a un maletín y ya casi sin esperanzas de que alguien lo salvara. Así fue como oficiales de la Estación de Guardacostas de Flamingo, cantón de Santa Cruz, Guanacaste, encontraron a un joven turista mexicano la noche del pasado 26 de abril.

Se trata de Fernando García Orozco, de 23 años de edad, quien trató de pasar desde Playa Grande hasta Tamarindo, atravesando el estero a nado, pero debido a que la marea estaba alta, las corrientes marinas se lo impidieron, alejándolo de la costa.

Es por ello que García se aferró a su maletín, el cual lo mantuvo a flote hasta que fue encontrado por los guardacostas que fueron notificados, vía 9-1-1 acerca de la emergencia que estaba experimentando el turista.

De inmediato los oficiales lo subieron a bordo de la lancha interceptora GC38-15, tras lo cual lo trasladaron hasta la Estación de Guardacostas de Flamingo, para posteriormente coordinar con personal de la Cruz Roja a fin de realizarle la valoración correspondiente.

Durante el 25 de abril, los oficiales de la Policía Aeroportuaria del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) del Ministerio de Seguridad Pública aprehendieron a un sujeto por presunta violencia intrafamiliar.

Esto ocurrió cuando los policías aeroportuarios realizaban recorridos sobre la Ruta 21 en Liberia de Guanacaste y recibieron una alerta de una pareja sospechosa en un vehículo ubicado en Liberia, Guanacaste.

Inmediatamente, las autoridades aeroportuarias del SVA abordaron el vehículo, logrando de tal forma poner en un lugar seguro a la aparente afectada y procedieron a aprehender al presunto agresor.

Este sospechoso, según reportó la Policía Aeroportuaria, fue identificado como de apellido Muñoz, de nacionalidad costarricense, de 34 años, quien quedó a la orden de la Fiscalía.

Como parte de la lucha que libran las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública contra los delitos transfronterizos, un costarricense fue detenido por el presunto delito de tráfico ilícito de personas.

El cumplimiento tuvo lugar la tarde del martes durante un control vehícular realizado en la Ruta 1 (Carretera Interamericana Norte), en las cercanías del hotel La Colina, cantón de La Cruz, Guanacaste.

El sospechoso, identificado como de apellido Chavarría, trasladaba en un vehículo a un nicaragüense y a un hondureño, ambos en condición migratoria irregular.

Según lo expresado por los extranjeros, Chavarría les estaba cobrando 30.000 colones a cada uno para llevarlos hasta la ciudad de Liberia.

Tras coordinar con la Fiscalía de Liberia, esta ordenó la aprehensión de Chavarría, quien fue presentado ante dicha instancia judicial por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de personas.

Dicho delito, en su forma ordinaria, está sancionado con penas de 2 a 6 años de cárcel, mientras que en su modalidad agravada se castiga con penas de entre 3 y 8 años de prisión.

Los extranjeros que intentaban ingresar ilegalmente al país fueron presentados como testigos ante la mencionada fiscalía, para luego ser entregados a Migración a fin de ser devueltos a Nicaragua.

Por su parte, la Policía de Tránsito le decomisó las placas al conductor por realizar transporte remunerado de personas sin contar con la debida autorización.

Ante las diferentes denuncias que involucran el decomiso o el rescate de animales silvestres, en operativos policiales y judiciales, autoridades costarricenses participaron en un taller, donde se les brindó capacitación técnica sobre el manejo adecuado de estos animales.

Este taller forma parte del proyecto “Mejora de la capacidad de Costa Rica para combatir el tráfico de vida silvestre”, coordinado por la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental, financiado con fondos de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL), del gobierno de los Estados Unidos de América, que es administrado por Humane Society International (HSI).

Según datos de la Sección Especializada contra Delitos Medioambientales del OIJ, entre el 2022 y el 2023, se realizaron 534 decomisos de animales silvestres. Por otro lado, los datos del Sistema de Trámite y Denuncias Ambientales, del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), señalan que, en el 2023, se realizó el decomiso de 188 animales silvestres en Costa Rica.

Los representantes de las autoridades nacionales que participaron en el taller en el primer trimestre del año, abordaron temas como: recomendaciones para la manipulación de animales silvestres decomisados o rescatados; la protección humana durante su manejo; y la alimentación y el transporte de los animales silvestres. También conocieron de primera mano la aplicación web: Guía para el Manejo de Animales Silvestres Decomisados / Rescatados.

“Para el Ministerio Público, la capacitación continua, junto con la coordinación interinstitucional, son la clave para una aplicación correcta y uniforme del derecho penal ambiental, como nos corresponde por ley. En el caso de estos talleres, conocer la adecuada disposición de los animales silvestres decomisados, sus productos y subproductos, es la mejor forma de garantizar, primero, la protección de esos bienes de dominio público y, segundo, la adecuada sanción para las personas dedicadas a su cacería, tráfico, comercio y trasiego”, señaló José Pablo González, Fiscal Adjunto Ambiental y coordinador de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental.

Por su parte, Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía, indicó que, “Como país líder en materia ambiental, estemos desarrollando este tipo de talleres, ya que la fauna silvestre es un bien de dominio público, cuando un animal silvestre es decomisado o rescatado, debe ser manejado de la mejor manera para que se pueda devolver a su medio natural, esa es la mejor forma de reducir un poco el daño ambiental provocado con su extracción de los ecosistemas. 

Es por ello que desde el momento en que están bajo la tutela de las autoridades, su manejo debe ser técnico y adecuado para que la aplicación de la normativa promueva no solo la recuperación del bien de dominio público, sino que se promueva conservación del bien tutelado; en este caso la fauna silvestre y los servicios ecológicos que brinda.”

“La mayoría de los animales silvestres que son decomisados o rescatados en operativos policiales y judiciales han vivido situaciones de cautiverio, estrés, e incluso maltrato. Es por ello que en HSI buscamos apoyar a las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley para que puedan manejarlos de una forma humanitaria y segura, pensando tanto en los animales involucrados como en las personas”, señaló Andrea Borel, directora ejecutiva de HSI Latinoamérica.  

En los talleres participaron funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública (por medio de la Fuerza Pública, Servicio Nacional de Guardacostas, Policía de Frontera y Servicio de Vigilancia Aérea); del Ministerio de Ambiente y Energía por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC),  la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) y el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA),  del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público.

Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a un hombre con fusiles de asalto, pistolas, droga y dinero en efectivo, muy cerca del lugar donde, hace casi tres meses, mataron a un policía en Herradura, Puntarenas.

El sospechoso, de 28 años, fue aprehendido en el sector de Las Parcelas, luego de que los oficiales recibieran una alerta sobre un aparente homicidio. 

Cuando llegaron al lugar, el sujeto intentó huir con una pistola en la mano, para luego refugiarse en un búnker.

“Al sujeto se le decomisaron cuatro tipos de armas: dos 9 milímetros, un fusil AK-47 y otro AR-15 con diferentes tipos de municiones, así como drogas y dinero en efectivo. 

“Continuamos realizando acciones preventivas, recorridos e intervenciones en el sector de Las Parcelas en Herradura”, comentó Víctor Fernández, subdirector de la Fuerza Pública de Puntarenas.

Al sospechoso se le incautaron 254 gramos de aparente marihuana, 296 gramos de posible pasta de crack y 107.000 colones en efectivo.

Tanto el sujeto como las armas y las drogas quedaron a las órdenes del Ministerio Público, para decidir su situación jurídica.

Homicidio de policía en Las Parcelas

Fue durante la madrugada del jueves 25 de enero cuando un oficial de la Fuerza Pública murió en un enfrentamiento que mantuvo con delincuentes en el sector de Las Parcelas.

El agente fue herido en la cabeza, por lo que de inmediato fue trasladado a la clínica de la localidad, donde fue declarado sin vida.

La víctima fue identificada como Bryan Josué Rivera Oviedo, de 29 años.

Rivera estaba destacado en la delegación de Paquera, en Puntarenas, y realizaba acciones de apoyo en distintas áreas del territorio nacional. Desde diciembre de 2020, formaba parte de la Fuerza Pública.

Un segundo uniformado fue alcanzado por una bala, pero esta le dio en el chaleco, por lo que optó por resguardarse a la espera de refuerzos.

Varias personas fueron detenidas tras el enfrentamiento armado; sin embargo, el principal sospechoso de asesinar al policía sería el líder de una banda narco investigada por amenazar y arrebatar propiedades a vecinos. Alias “Oso”, identificado con el apellido López y de nacionalidad nicaragüense, cuenta con amplio expediente policial y judicial.

La banda criminal liderada por “Oso” está integrada por nicaragüenses quienes, al parecer, amenaza con armas de fuego a vecinos, los atemorizan para que no llamen a la Policía y poder así continuar con la venta de drogas en el lugar.

Actualmente, “Oso” está en prisión preventiva.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), insta a los familiares de las personas fallecidas cuyos cuerpos se encuentran en la Morgue Judicial en el Complejo de Ciencias Forenses en San Joaquín de Flores en Heredia, a que se acerquen a reconocer y retirar los cuerpos de estas personas, para que les puedan dar sepultura.

Los ciudadanos pueden estar verificando la lista de los cuerpos que se encuentran sin retirar de la Morgue judicial en el siguiente enlace: https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/oficinas/departamento-de-medicina-legal/patologia-forense

El doctor Jorge Aguilar, jefe de la Sección de Patología Forense indicó que el tener estos cuerpos en la Morgue, entre otras cosas puede representar un riesgo de contaminación, pues estos con el pasar de los días segregan algunos fluidos.

Un operativo realizado en Playa Nosara de Nicoya, Guanacaste, el pasado 6 de abril permitió decomisar dosis de marihuana, cocaína, crack, revisar la documentación de 59 archivos policiales, 150 personas abordadas, 3 playas visitadas; además, revisar 34 “tuk tuk”, 59 vehículos y 33 motocicletas.

De acuerdo con los registros del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) la acción policial en ese distrito costero del cantón de Nicoya involucró a más de 20 efectivos que participaron en el despliegue con el fin de incrementar los niveles de seguridad ciudadana en esa comunidad que en últimos años se ha caracterizado por un gran crecimiento inmobiliario, turístico y hotelero.

El Comisionado Elder Monge, Director de la Fuerza Pública de Guanacaste, explicó que el reciente operativo policial en la Comunidad de Nosara en Nicoya se enmarca dentro de un amplio esfuerzo conjunto de las fuerzas del orden para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Subrayó la importancia de mantener una vigilancia constante y activa con el respaldo tanto de la comunidad como de otros grupos colaboradores, como lo es el sector comercial y turístico.

Además, enfatizó que estas medidas son cruciales para mantener el control del área y disuadir a los criminales, asegurando así un entorno seguro y propicio para la convivencia social. El Comisionado Monge reiteró el compromiso de las autoridades para intervenir rápidamente cuando sea necesario, en aras de preservar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.

Las acciones en Playa Nosara tuvieron el apoyo del MSP, la Reserva de la Fuerzas de Policía y la Policía Turística. El distrito nicoyano de Nosara posee una extensión territorial de 134,57 kilómetros cuadrados. Para el año 2022 contaba con una población estimada de 7 213 habitantes.

Jornada de capacitación

Además del operativo el mismo 6 de abril, siempre en Nosara, la Dirección de la Policía Turística, al mando de la Comisionada Kattia Chavarría, con la Academia Nacional de Policía llevaron a cabo una capacitación impartida a oficiales de la Reserva de la Fuerzas de Policía y la Policía Turística en temas como apoyo al turista, así visitas a hoteles para la prevención contra eventuales tachas y robos, entre otros ilícitos..

La Comandante Olga Gómez, Directora de la Reserva de la Fuerzas de Policía, señaló que el encuentro “permitió actualizar conocimientos en esta materia tan importante para estar al día en las últimas tendencias relacionadas con la táctica y la estrategia”.

“Este tipo de encuentros resultan sumamente importantes porque sirven, entre otros objetivos, para discutir temas y compartir casos de éxito que nos permitan mejorar el trabajo de campo que se realiza día a día y que nos permite ir mejorando acciones en favor de la ciudadanía”, destacó Gómez.

Gracias a las acciones operativas realizadas en todo el país, durante el primer trimestre del año, por parte de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad, 562 armas de fuego ya no serán usadas por la delincuencia.

De estas armas 318 son pistolas, 148 son revólveres y 60 son armas largas, entre las que se encuentran ametralladoras y otras armas de guerra. 

Las autoridades de Seguridad Pública también le han arrebatado al hampa 36 armas de fuego de fabricación artesanal, mientras que 10.688 municiones han sido sacadas de las calles del país durante este mismo período.

Como parte de la lucha que libran las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública contra los delitos transfronterizos, en lo que va del año ocho sospechosos de tráfico ilícito de personas han sido detenidos por la Policía de Fronteras.

Los casos más recientes tuvieron lugar el pasado fin de semana en el cantón de La Cruz, Guanacaste, cuando los oficiales fronterizos, con el apoyo de miembros del Servicio Nacional de Guardacostas, detuvieron a dos conductores que transportaban ciudadanos nicaragüenses en condición migratoria irregular.

Las dos aprehensiones se registraron en la localidad de Cuajiniquil, distrito de Santa Elena, cantón de La Cruz.

En ese sitio el Sábado Santo las autoridades interceptaron un vehículo conducido por un nicaragüense de apellido Ortega, quien transportaba seis nicaragüenses en condición migratoria irregular.

Ellos manifestaron que abordaron el vehículo en Peñas Blancas y el destino era Liberia, ciudad donde una vez que llegaran harían una recolecta entre todos para pagarle a Ortega.

El otro caso también ocurrió en Cuajiniquil, pero el Domingo de Resurrección, cuando los oficiales fronterizos interceptaron un vehículo guiado por un costarricense de apellido Chávez, el cual transportaba a cuatro ciudadanos nicaragüenses en condición migratoria irregular.

Los extranjeros indicaron que el conductor les estaba cobrando 25 mil colones por llevarlos hasta Liberia.

Los dos conductores fueron aprehendidos y remitidos a la orden de la Fiscalía de Liberia, la cual los podría procesar por el presunto delito de tráfico ilícito de personas, el cual en su forma ordinaria está sancionado con penas de 2 a 6 años de cárcel, mientras que en su modalidad agravada se castiga con penas de hasta 8 años de prisión.

De esta manera ascienden a ocho el total de sospechosos de tráfico ilícito de personas detenidos entre enero y marzo de este año por la Policía de Fronteras, pues además de estas dos aprehensiones en La Cruz, en Los Chiles se han registrado cinco detenciones y una en Kilómetro 35 de Golfito, zona sur.